El abogado Pedro Ovelar, representante legal del vicepresidente Pedro Alliana y la funcionaria Montserrat Alliana, manifestó a Nación Media que el segundo del Poder Ejecutivo está sufriendo la continuación de una campaña que pretende desgastar su imagen y capital político. Esto luego de los últimos ataques mediáticos que hablan de la instalación de una supuesta “claque familiar” de Alliana; Ovelar sentenció que esto no posee ningún tipo de fundamentos, remitiéndose a las pruebas concretas.

“Ya quedó clarificado que esto no constituye un hecho ilícito y el vicepresidente no es responsable ni se configuran hechos de nepotismo. Entonces, se busca instalar ataques mediáticos, cuando los allegados al vicepresidente no ingresaron durante la administración de Santiago Peña, sino por concurso y durante gestiones pasadas; solo tergiversan y manipulan la información”, manifestó Ovelar.

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Puntualizó que no se puede hablar de nepotismo y mucho menos de la instalación de una claque familiar, catalogando las acusaciones como una mentira y manipulación obvias por parte de un sector de la prensa al que señaló más bien como operador político. Remarcó que a través de publicaciones se busca influir en la opinión pública, comenzando una evidente campaña para el 2028.

“Nada de lo publicado constituye un ilícito penal o siquiera administrativo y tanto el vicepresidente de la República como sus allegados no han violado la ley. Las publicaciones tampoco pueden ser consideradas como prueba en ningún juicio o proceso porque exponen datos sacados de contexto; todo esto solo expone que se busca afectar la gobernabilidad con mentiras, estos medios están en campaña y se ve a través de sus ataques”, subrayó.

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Empezando por Alliana y su esposa, Fabiana Souto, ambos ocupan cargos otorgados por elección popular, sus ingresos y desempeño constituyen un factor legítimo. En cuanto a los allegados del vicepresidente, Rodrigo Daniel Souto, su cuñado, ingresó por concurso al Ministerio de Agricultura y Ganadería en el 2018 y luego trasladó su rubro. Ricardo Rodrigo Torres Alliana, funcionario de antigua y larga carrera, ingresó a la función pública en 1994 y desde el 2018 trabaja en la Entidad Binacional de Yacyretá (EBY).

Nancy Ortiz de Souto, suegra de Alliana, ingresó a la función pública en el 2008 como practicante ad honorem del Juzgado Penal de Garantías en Ñeembucú. En el 2012 fue contratada en el Ministerio Público, como asistente administrativa, y en el 2013 fue nombrada como asistente fiscal de la Unidad de Delitos Ambientales; luego de un concurso realizado por el Consejo de la Magistratura fue designada por la Corte en agosto del 2019 como Defensora Pública.

En cuanto a María Victoria Souto Ortiz, cuñada de Alliana, es licenciada en Nutrición y es contratada en el Instituto de Previsión Social (IPS), su ingreso se dio en febrero de 2021. Jimena Souto, prima política del vicepresidente, se desempeña en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) como técnica administrativa, luego de efectuarse su ingreso el 23 abril de 2023, siendo su fecha de notificación como funcionaria el 13 de julio de 2023.

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Nélida Noemí Encina Antola, exnovia de Alliana, ingresó a la CSJ en el año 2010. Patricia Zarza Alliana, prima del segundo al mando, se desempeñó como funcionaria de la Itaipú Binacional desde 1992 hasta 1998 y actualmente cuenta con 9 años de antigüedad como funcionaria de la Municipalidad de Pilar. En cuanto a Víctor Aníbal Brizuela Arguello, esposo de Zarza Argüello, ingresó al Ministerio Público en el año 1996.

En cuanto a Montserrat Alliana, hija del vicepresidente, la misma fue nombrada durante el gobierno de Mario Abdo Benítez en el Ministerio de Justicia. Mientras que Carlos Zarza, muy conocido en el mundo automovilístico como “Carlos Zarca”, ingresó a la EBY también durante la gestión de Abdo Benítez y la administración de Nicanor Duarte Frutos.