La Corte Suprema de Justicia rechazó por mayoría de votos la acción de inconstitucionalidad promovida por la exsenadora Kattya González, considerando improcedente su pretensión de reincorporarse a la Cámara Alta tras su destitución.

Con una mayoría de 6 votos contra 3, los ministros de la Corte sostienen la improcedencia de la acción planteada por la exsenadora de la oposición, quien pretendía volver a ocupar su banca tras su pérdida de investidura en el 2024, según publicó el periodista Jorge Torres, en sus redes sociales.

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González basó su demanda en el supuesto incumplimiento de la mayoría calificada y de las formalidades previstas en la Resolución 429 del año 2023, emitida por el Senado, alegando que dichas reglas debían regir al momento de su juzgamiento por parte de sus pares.

En tanto, el máximo tribunal de Justicia fundamentó su rechazo argumentando que la citada resolución no se encontraba vigente cuando se llevó a cabo el juzgamiento de González. En el voto mayoritario se resaltó que el artículo 11 de la propia normativa establecía que entraría en vigor al día siguiente de su aprobación, condición que invalidó el reclamo de la exlegisladora.

Dicha Resolución No. 429/2023 fue aprobada, como primer punto del “Orden del día”, en la misma sesión en la que se juzgó la pérdida de investidura de Kattya González: el 14 de febrero de 2024, hecho que fue puesto de resalto por la misma accionante, en su escrito de demanda.

Por ende, manifiestan los ministros de la Corte que la Resolución 429/2023 (que imponía la mayoría absoluta de dos tercios y regulaba el procedimiento de pérdida de investidura de un senador) empezaba a regir recién al día siguiente al de su aprobación, es decir, el día 15 de febrero de 2024 y, por ende, no se encontraba vigente el 14 de febrero, fecha de la sesión extraordinaria del Senado, en la que se juzgó a la exsenadora Kattya González y, como punto previo, en la misma sesión, se aprobó la resolución 429.

Vale recordar que la resolución No. 429/2023 exigía que la pérdida de investidura de un senador se diera con el voto con una mayoría calificada: mayoría absoluta de dos tercios (30 senadores sobre 45, que es el total de senadores que integran la Cámara). La exsenadora Kattya González se agravió que fue expulsada solo con el voto de 23 senadores.

En tanto, la exsenadora González, alegó en todo momento, que la resolución 429 ya se encontraba vigente al momento de su juzgamiento y que fue omitida por sus pares al condenarla a perder su investidura de legisladora.

Además, los magistrados justificaron técnicamente su postura basándose en los principios de la Constitución Nacional y en la precedencia jurídica, concluyendo de manera unánime que no se requería la mayoría de dos tercios invocada en la demanda.

También corresponde señalar que se dejó asentado en los votos en mayoría de los ministros de la Corte que la resolución 429 del Senado, contraviene disposiciones expresas de la Constitución, entre los que se señala, la exigencia de un voto con mayoría calificada (mayoría absoluta de dos tercios, contando el número total de integrantes del Senado, es decir, 30 senadores de 45), cuando que el art. 185 de la Constitución indica expresamente que, cuando la Constitución no requiera una mayoría especial para la cuestión a resolverse, se aplicará la mayoría simple (la mitad más uno de los miembros presentes).

Señalaron igualmente los votos dados en mayoría que no hubo trasgresión al derecho a la defensa de la Sra. Kattya González pues se le dio oportunidad de pronunciarse, que la actora estuvo presente en la discusión del debate, como así mismo fue escuchada, sin embargo la demandante no ejerció su defensa, no ofreció prueba ni solicitó prórrogas por decisión propia, prefiriendo desarrollar un discurso de tinte político que no se refería a su defensa sino que se referían a una crítica a sectores políticos y a personas en particular.

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El presidente de la Cámara de Senadores, Basilio Núñez, cuestionó que la exsenadora Kattya González tenga acceso a información privilegiada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en relación a su causa, incluso el sentido y la cantidad de votos para resolver su acción que podría permitir su regreso o no al Senado, luego de ser expulsada a través de un juicio político en febrero del 2024.

“No sé de qué cheque en blanco habla la senadora, con mucho respeto lo digo, recordaba yo que los ministros en su mayoría fueron nombrados por este Senado, pero en el Gobierno anterior con el presidente de la República anterior, entonces mal haríamos nosotros en manejar esa información que, evidentemente ella maneja, una información privilegiada, saber hasta la cantidad de votos, como votan, asusta”, cuestionó Núñez a los medios de prensa en el Senado.

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Recordó también que cuando realizó declaraciones sobre la posible decisión de los miembros de la Corte, fue cuestionado y señalado, pero en el caso de González y su acceso a este tipo de informaciones no se realizaron cuestionamientos.

“En mi caso yo hice una declaración hace unas semanas y decían que manejaba todo, ¿y qué pasa ahora entonces?, la misma situación o peor, porque maneja con números, y les habla una persona que rara vez aparece por el Poder Judicial”, sostuvo el titular del Congreso.

Por otra parte, también apuntó a que las autoridades de los demás poderes y extrapoderes del Estado fueron designados en el periodo anterior y aseguró que el oficialismo no ejerce ninguna presión a los mismos, más aún al poder Judicial.

“Ellos pusieron el fiscal general, pusieron los ministros de la Corte, hasta el contralor actual, nosotros encontramos a estas personas que están trabajando con sus luces y sus sombras, entonces, respetar la institucionalidad y cada poder. Vamos a esperar el resultado de la Corte y después vemos”, sentenció.

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El presidente del Congreso Nacional, Basilio Núñez, repudió el doble discurso de la oposición que discursea contra los “privilegios y las prebendas” en torno a la reforma de la caja parlamentaria, pero calla sobre el auténtico “jubilado vip” en su sector. El Senado aprobó ayer la jubilación a los 60 años, el aporte del 24% para legisladores activos y la prohibición de aportes del Estado.

Uno de los principales críticos a la continuidad de la caja parlamentaria es el senador Ignacio Iramain (Encuentro Nacional), quien reemplaza a Kattya González, expulsada por tráfico de influencias en febrero de 2024; cuyo padre, Marcial González Safstrand, cobró G. 853 millones, hasta diciembre de 2025, por un aporte de solo G. 142 millones en su paso por la Cámara Alta (2008-2013).

“A quién creen que le engañan ustedes, los números no mienten ya que en su sector hay un jubilado que se beneficia con un menor aporte con lo que nosotros estamos pagando. El señor Marcial González Safstrand es un jubilado vip“, recriminó Núñez, durante su intervención en la sesión ordinaria de ayer miércoles en la Cámara Alta.

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González Safstrand llegó a ocupar en dicho periodo una banca por el Partido Patria Querida (PPQ). “Hay que hablar con números, este señor probablemente ya llegó a cobrar G. 1.000.000.000. No hagamos discursos populistas, entonces también hay jubilados vip de su sector, así como de otros partidos tanto liberales y colorados”, fustigó Núñez.

El legislador agregó que “prefiero estar en el 85 % de la población que no recibe jubilación que ser beneficiado de esta forma”. Las afirmaciones de Núñez surgieron tras defender la iniciativa y argumentar que este parlamento ingresó con “reglas impuestas” en periodos anteriores y que no eligieron ser “aportantes vip”.

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Durante la charla con periodistas invitados en el pódcast “Paraguay adelante”, el presidente de la República, Santiago Peña, se refirió sobre el problema estructural que afecta a las municipalidades, lo que deriva en denuncias y pedidos de intervención, resultando en destituciones como la del Miguel Prieto, apartado de la intendencia de Ciudad del Este por la Cámara de Diputados por hechos de corrupción.

En principio, el jefe de Estado fue consultado acerca de su opinión personal acerca de las destituciones de la senadora Kattya González del Partido Encuentro Nacional, en febrero de 2024, por tráfico de influencias, y del esteño Miguel Prieto, del Partido Yo Creo, en agosto último, calificados como “víctimas” por el periodista que hizo la consulta.

“Orlando Arévalo, que fue destituido de la Cámara de Diputados, se convirtió en una víctima”, dijo Peña por la paradoja del planteo. “O sea, ¿por qué el opositor que es destituido es una víctima y el colorado, por suerte se le echó? Porque el periodo pasado se echaron a siete legisladores. Esa es la construcción de una mirada. El opositor destituido es una víctima, el colorado destituido es un acto de justicia”.

No obstante, respecto a lo ocurrido en el Senado, dijo: “Yo creo que fue una decisión autónoma de un cuerpo colegiado donde se debatió, donde había diferentes opiniones y finalmente primó la decisión de la mayoría, de una mayoría multipartidaria porque no fue solamente, los votos fueron públicos, no fueron solamente votos del Partido Colorado quienes destituyeron a Kattya”.

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“En el caso de Miguel Prieto, y voy a hacer la aclaración, no voy a hablar de la destitución de Miguel Prieto, sino la intervención de las dos municipalidades más grandes”, alertó Peña. “Esto de alguna manera también refleja un problema estructural, porque mucha gente prefiere decir qué desastre es la administración municipal de Asunción de Nenecho, pero el problema de Asunción es un problema estructural, que el Estado paraguayo lo resolvió a partir del año 2003, porque la Municipalidad de Asunción y de Ciudad del Este, que tiene un problema estructural, financiero y administrativo enorme, era la realidad que tenía el Paraguay en el año 2002: default selectivo, no pagaba salario, tenía una informalidad tremenda”.

“A partir del gobierno de Nicanor Duarte Frutos, se empezaron a sentar bases y el Estado paraguayo fue creciendo en credibilidad y eso le permitió tener el grado de inversión, pero las municipalidades con el pretexto de la autonomía municipal se quedaron atrás porque entendieron que la falta de reglas y la discrecionalidad era una fortaleza y en realidad es su mayor debilidad y eso se vio reflejado en estas dos intervenciones a partir de enormes cuestionamientos por parte de la Contraloría, pasaron por todo su proceso político, de validación, aprobación de la Cámara de Diputados, fueron los interventores, presentaron los informes en el caso de Ciudad del Este, Miguel Prieto, decidió no renunciar, fue destituido y en el caso de Asunción (Óscar Rodríguez) decidió renunciar. Yo no creo en esa historia de que cuando un opositor es destituido es una víctima y cuando un colorado bien echado”, remarcó el mandatario.