El congresista es investigado por producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso con relación a su título de abogado. Foto: Gentileza
Juez comunica a la Comisión Permanente pedido de desafuero de Hernán Rivas
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En el transcurso de este viernes, el juez de Garantías Miguel Palacios comunicó a la Comisión Permanente del Congreso Nacional, liderada por Colym Soroka, la formulación de imputación y el pedido de desafuero del senador Hernán Rivas. El congresista es investigado por producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso, con relación a su título de abogado.
Al respecto, se remitió a la instancia legislativa la copia de los antecedentes del caso, con la finalidad de que la Cámara Alta resuelva sobre la inmunidad de Rivas, para que sea sometido a la justicia ordinaria y se fije de esta manera su imposición de medidas cautelares mientras dure el proceso de investigación.
La investigación al senador Rivas nace a raíz de las sospechas de falta de autenticidad del título de abogado y del certificado de estudiosexpedido por la Universidad Sudamericana, en donde se consignó que el legislador cursó la carrera de Derecho entre el 2010 y 2015. No obstante, según el acta del Ministerio Público, no existen documentos académicos que avalen esto.
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El pedido de desafuero fue solicitado este último jueves por la agente fiscal Patricia Sánchez, quien investiga el caso. “Del relato fáctico atribuido a Hernán David Rivas Román es posible sostener la existencia de indicios suficientes sobre la autoría del mismo en la producción mediatade la matrícula de abogado y en el uso de dicha matrícula en conjunto con el título de grado y el certificado de estudios, de los que se sospecha sería falso”, indican desde la Fiscalía.
Por otra parte, Soroka adelantó que daría curso favorable para incluir el pedido de desafuero en el orden del día de la sesión ordinaria prevista para el miércoles, teniendo en cuenta que se necesita de la aprobación de los integrantes de la Comisión Permanente para la convocatoria a una sesión extra de la Cámara Alta. Se necesita un total de 11 votos para citar a los senadores.
Accionistas de empresa propietaria del Shopping Paris de Ciudad de Este fueron imputados por supuestos hecho de lesión de confianza y estafa. Foto: Archivo
Imputan a cinco accionistas de empresa dueña de Shopping de CDE
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Ciudad del Este. Agencia Regional.
El fiscal Osvaldo Zaracho Romero, de la Fiscalía Regional de Ciudad del Este, imputó a cinco personas, entre accionistas y ejecutivos de la firma K & K Shopping’s S.A., por supuesta apropiación, lesión de confianza, estafa, producción mediata de documentos públicos de contenido falso y su uso.
La empresa K & K S.A. es la propietaria del Shopping Paris de Ciudad del Este. Los procesados son: Elizabeth Kim Jang,presidenta del directorio, apoderada y representante legal de K & K Shopping´s S.A.; Kim Jang, accionista; Nam Jun Kwon, vicepresidente del directorio; Antonio Ramón Galeano Vega, síndico titular y Alexis Florentín Gauto, secretario de asamblea.
La investigación abarca una serie de actuaciones societarias realizadas entre mayo de 2025 y marzo de 2026, las cuales, según la Fiscalía, perjudicaron a dos accionistas del grupo KAO/WANG, Rosana Ming Kao y Hasiao Hua Wang
La Fiscalía detalla que el capital de la empresa era de G. 103.000 millones y estaba distribuido en partes iguales entre los grupos KIM y KAO/WANG. La situación cambió tras la asamblea del 5 de mayo de 2025, que resolvió reducir a G. 38.850 millones mediante el rescate de acciones y estableció pagos de G. 3.207.500.000 para una de las accionistas y G. 28.867.500.000 para la otra.
En la imputación se indica que, las sumas citadas quedaron a cargo de la sociedad para su entrega a las titulares, pero nunca habrían sido abonadas. Un comprobante emitido por la propia empresa el 26 de mayo de 2025 consignó como pagado el monto de G. 26.558.100.000, tras una retención tributaria de G. 2.309.400.000 sobre la suma mayor.
Sin embargo, la Fiscalía sostiene que el dinero jamás ingresó a las afectadas. De hecho, el 15 de enero de 2026, una de ellas fue convocada para firmar los recibos correspondientes, pero se negó con el argumento que los valores continuaban impagos.
Paralelamente, la composición accionaria volvió a tener modificaciones sustanciales, según el escrito fiscal. El 18 de diciembre de 2025, el capital se incrementó de G. 38.850 millones a G. 49.350 millones mediante la emisión de 210 acciones adjudicadas a una sola accionista, cuya participación subió del 50 % al 61 %, reduciendo la del grupo KAO/WANG al 39 %.
Posteriormente, el 13 de marzo de 2026, se ejecutó un nuevo aumento hasta alcanzar los G. 103.350 millonescon 1.080 nuevas acciones. De estas, 560 respondían a un supuesto aporte de G. 28.000 millones y fueron adjudicadas nuevamente a la misma persona, quien pasó a controlar el 71 % de la firma, dejando a las dos afectadas con un 29 % conjunto.
La investigación señala que estos aportes —por un total de G. 38.500 millones— no habrían sido efectivamente integrados, emitiéndose acciones sin que la sociedad recibiera el capital.
La Fiscalía solicitó un plazo de cuatro meses para concluir la etapa preparatoria debido a la complejidad del caso y al volumen de documentación por analizar, requiriendo la aplicación de medidas alternativas a la prisión para todos los procesados.
Violencia familiar: crónica de una brutal agresión que habría sufrido una mujer de su pareja
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Ciudad del Este. Agencia Regional.
Una mujer denunció haber sido golpeada brutalmente por su pareja, persiguiéndola por toda la casa hasta que gritó, el hombre se apartó de ella y pudo correr a pedir a auxilio. La fiscal Viviana Sánchez imputó a un hombre de 42 años por el supuesto hecho de violencia familiar. Asimismo, solicitó al Juzgado Penal de Garantías la prisión preventiva del imputado.
El hecho habría ocurrido a las 22:00 del viernes 28 de agosto, en una vivienda del barrio Santo Domingo de Presidente Franco. Según el escrito fiscal, el ahora imputado llegó a su domicilio presuntamente bajo los efectos del alcohol y, ante la negativa de su pareja de abrirle la puerta, habría forzado el acceso a la vivienda.
Una vez dentro, habría insultado a la mujer, la despojó de su teléfono y arrojado al piso, después de que ella hubiera intentado comunicarse con el sistema de emergencias 911 de la Policía Nacional. Posteriormente, la siguió hasta la habitación, donde la empujó contra la pared y la golpeó en la cabeza, ocasionándole lesiones.
Sin embargo, la víctima pudo liberarse y se dirigió hasta la sala, pero el hombre la persiguió y volvió a agredirla, golpeándola en la espalda y el brazo. En un momento dado, la mujer cayó al suelo, pero el hombre siguió propinándole golpes, de acuerdo a lo expuesto en la imputación.
En ese momento la víctima comenzó a gritar para pedir que parase con la agresión, momento en que el hombre la habría dejado y ella pudo salir de la casa para pedir auxilio y acudir a la comisaría de la zona y presentar la denuncia correspondiente.
En el marco de la investigación del hecho, la fiscal dispuso que una médica forense del Ministerio Público inspeccionara a la víctima. La profesional pudo determinar que la mujer presentaba varias lesiones en diferentes partes del cuerpo.
Como elementos incriminatorios, la Fiscalía cuenta con el informe policial, las actas de denuncia y procedimiento, la declaración de la víctima y el informe médico forense. Finalmente, la representación fiscal solicitó al Juzgado Penal de Garantías de Presidente Franco la aplicación de prisión preventiva. El procesado permanece recluido de manera provisoria en sede policial, a disposición del Juzgado.
El senador Ramón Retamozo reclamó a los postulantes presentar planes concretos para mejorar la institución y conocer sus principales falencias. Foto: Gentileza
Legislador critica que candidatos a defensor del Pueblo se presentan “sin planes reales”
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El senador Ramón Retamozo, de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública, cuestionó a los postulantes que aspiran a ocupar los cargos de defensor del Pueblo y defensor adjunto, por dedicar mayor tiempo de sus exposiciones a la presentación de su currículum y prácticamente sin propuesta o programa de trabajo.
El legislador señaló que durante las audiencias públicas tuvo que hacer un llamado a la atención, porque cada postulante a los que le ha tocado escuchar hasta ahora, se ha dedicado a presentar su preparación académica, y experiencia.
Pero, señaló que casi nadie habla sobre lo que tiene previsto hacer para mejorar la institución, o de su plan de gestión, y lo más grave es que casi nadie maneja el presupuesto que tiene la Defensoría del Pueblo.
“Me parece que si uno pretende llegar al cargo, uno tiene que tener ya la radiografía de esa institución. Tiene que tener ya todas las falencias punteadas y qué van a hacer para que mejore esa institución. Necesitamos un defensor o una defensora del Pueblo que lidere todos los procedimientos que se realizan a nivel país, ya sea en lo judicial, en lo social, en todos los sentidos”, remarcó.
El senador Retamozo indicó que a su criterio el defensor del Pueblo debe estar involucrado en todos los aspectos. Señaló que son cargos sumamente importantes para la sociedad, ya que tienen que cuidar al pueblo, afirmando que el cargo se podría comparar como el cargo de un fiscal general del Estado.
“Debe tener monitoreados todos los procedimientos en donde hay falencias, donde hay abandono, donde se está cometiendo injusticias, abusos por nuestra gente y ahí tiene que estar el defensor o la defensora del Pueblo”, remarcó.
Kemper destacó eficiencia de la CGR bajo gestión colorada: “Datos matan relato”
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El senador colorado Patrick Kemper salió al paso de las críticas de la oposición, que califica de “farsa” la conformación de las ternas para los cargos principales de la Contraloría General de la República (CGR) tras la inclusión del actual contralor Camilo Benítez, quien busca su reelección.
Kemper afirmó que, bajo la gestión de Benítez, el órgano extrapoder tuvo un crecimiento significativo en los controles y resultados en cuanto a la fiscalización y controlar del uso de los recursos económicos, financieros y patrimoniales del Estado.
El parlamentario manifestó que muchas de las denuncias por hechos de corrupción que actualmente salen a la luz, particularmente en entidades como el Instituto de Previsión Social (IPS), los municipios de Asunción y de Ciudad del Este, son producto de los trabajos realizados por la dirección actual de la Contraloría.
“Esas denuncias son parte del informe de la Contraloría. Gran parte de todas las denuncias que hoy están saliendo de IPS y de otras instituciones son producto del trabajo de los auditores de la Contraloría General de la República. Los datos matan el relato”, manifestó ante la intención de la oposición de desestimando el reiterado discurso opositor, que señala un supuesto intento de copamiento por parte del oficialismo colorado.
El legislador recordó que hasta abril de 2019 las declaraciones juradas eran de carácter reservado, mientras que actualmente más de 1.600.000 declaraciones juradas están disponibles de manera pública, gratuita y de fácil acceso. Según Kemper, esta apertura permitió generar antecedentes para investigaciones por posibles casos de enriquecimiento ilícito.
A la vez destacó el aumento de los informes de análisis patrimonial. “Hasta el 2019 se habían generado 256 informes de análisis patrimonial de gestiones anteriores”, indicó. En contraste, afirmó que entre 2019 y 2026 se realizaron 1.217 informes, lo que representa un incremento del 375 %.
En cuanto a los sumarios por incumplimiento de la obligación de presentar declaraciones juradas, señaló que antes de 2019 no existían procesos de este tipo, mientras que actualmente hay 1.073 sumariados, con multas por G. 8.856 millones, de las cuales aproximadamente el 26% ya fue cobrado.
El actual contralor Camilo Benítez conforma la terna elaborada por el Senado y remitida a Diputados. Foto: Gentileza
Kemper también resaltó el alcance de las auditorías sobre autoridades. “Hoy se hicieron auditorías sobre presidentes, expresidentes, ministros de Corte, exministros de Corte, ministros del Poder Ejecutivo”, manifestó. A esto sumó más de 69 sumariados por conflictos de intereses y 325 informes remitidos al Ministerio Público.
Uno de los datos que consideró más relevantes fue el impacto económico de las investigaciones de la Contraloría. “Hasta el 2019, el resultado del impacto económico de los trabajos investigativos de la Contraloría representaban 35 millones de dólares. Del 2019 al 2026, como bien estaba mostrando el presidente, casi, casi es 1.000 millones de dólares”, puntualizó.
El senador también destacó la digitalización de las rendiciones de cuentas, que actualmente se realizan de manera online, y la incorporación de tecnología para el control del gasto público. A la vez resaltó la implementación de mecanismos de transparencia e integridad. Según indicó, actualmente existen 224 unidades de transparencia y anticorrupción operativas en los tres poderes del Estado.
Por otra parte, defendió el desempeño internacional de la institución y recordó que Paraguay ocupó por primera vez la presidencia de la OLACEFS durante el periodo 2023-2025, tras una elección por unanimidad en México. “No es justo cuando se habla de que esta gestión es ineficiente. Fortalecer una institución como esta es apostar realmente a tener un Estado más eficiente y, sobre todo, que la aplicación de los fondos públicos, producto de los contribuyentes, de todos los paraguayos, sean aplicados de forma eficiente para beneficio de todos ellos”, indicó.