En la Cámara de Diputados se presentó un proyecto de ley que por primera vez busca establecer un marco jurídico integral para el uso de drones en el país, conocidos técnicamente como Aeronaves Pilotadas a Distancia (RPA) y Sistemas de Aeronaves Pilotadas a Distancia (RPAS). Son firmantes del documento los diputados Diego Candia (ANR-Central); María Ida Cattebeke (ANR-Pdte. Hayes); Yamil Esgaib (ANR-Capital); Pedro Ortíz (ANR-Central); y Francisco Petersen (ANR-Boquerón).

La iniciativa es el resultado de una Mesa Técnica Interinstitucional que funcionó durante cuatro semanas, integrada por representantes de la Comisión de Defensa Nacional, Seguridad, Inteligencia y Orden Interno de Diputados, la Fuerza Aérea Paraguaya, la Dirección General de Material Bélico (Digemabel), la Policía Nacional y la Dirección de Técnica Legislativa de la Cámara Baja, explican los proyectistas.

La normativa apunta a establecer el registro obligatorio de los drones ante la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), la Fuerza Aérea Paraguaya o la Digemabel, según el tipo de aeronave y su uso; así como la identificación electrónica remota (Remote ID), que permitirá rastrear en tiempo real la ubicación de cada equipo.

Otro aspecto destacado es la categorización de drones por peso y por tipo de operación, que van desde el uso recreativo hasta operaciones de seguridad y defensa. Igualmente, la habilitación de pilotos, con distintos niveles según la complejidad de la operación, y la creación de centros de instrucción supervisados por la Dinac; así como fijar zonas restringidas, como los alrededores de aeropuertos, instalaciones militares, centrales eléctricas, cárceles y zonas fronterizas, donde el vuelo de drones estará prohibido salvo autorización expresa.

Un apartado importante aborda los sistemas de mitigación y neutralización, que quedarán bajo control de la Digemabel y la Fuerza Aérea, incluyendo la creación de un Sistema Integrado de Detección y Neutralización de Aeronaves Pilotadas a Distancia (Sidenrpa). Además de un régimen de sanciones, que clasifica las infracciones en leves, graves y muy graves, con multas, decomiso de equipos y suspensión o cancelación de habilitaciones, además de la posible remisión de casos a la justicia penal.

El proyecto “que regula el uso de Aeronaves Pilotadas a Distancia (RPA) y Sistemas de Aeronaves Pilotadas a Distancia (RPAS) en la República del Paraguay” define que Dinac se encargará de la regulación técnica y la habilitación de pilotos; la Fuerza Aérea Paraguaya, de la defensa del espacio aéreo; Digemabel, del control de los componentes de doble uso; la Policía Nacional, de la fiscalización en tierra; y el Mitic junto con Conatel, de la gestión del espectro radioeléctrico que utilizan estos equipos.

Un grupo de legisladores de la Cámara de Diputados presentó un proyecto de ley “De garantía de continuidad terapéutica y prevención de desabastecimiento de medicamentos esenciales”, iniciativa que busca fortalecer el sistema nacional de abastecimiento de medicamentos esenciales mediante la implementación de mecanismos preventivos, reservas estratégicas, sistemas de alerta temprana y mayores estándares de transparencia y control.

El documento fue presentado por los legisladores de varias bancadas: los colorados Hugo Meza, Mauricio Espínola; los liberales María Constancia Benítez, Adrián Vaesken, Diosnel Aguilera y el independiente Raúl Benítez. La propuesta busca asegurar a los pacientes del sistema público el acceso oportuno e ininterrumpido a los medicamentos, de manera a evitar que deficiencias administrativas o logísticas pongan en riesgo la vida y la salud de los mismos.

La presentación se enmarca en lo que establecen los artículos 46 y 68 de la Constitución Nacional, referidos al principio de igualdad y al derecho a la protección integral de la salud; y en los compromisos internacionales asumidos por el Estado paraguayo, según se expresa en la exposición de motivos.

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De acuerdo a la exposición de motivos, señala que se establece que las disposiciones de esta ley serán aplicables para las instituciones que administren medicamentos financiados con recursos públicos, tales como el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social; el Instituto de Previsión Social; el Hospital Militar; el Hospital Policial; así como el Hospital de Clínicas.

A través de esta iniciativa, los proyectistas proponen la creación del Sistema Nacional de Alerta Temprana para el Abastecimiento de Medicamentos Esenciales (SINATAME), el cual deberá emitir alertas automáticas cuando exista una disminución en el stock de fármacos.

A su vez, la alerta será emitida cuando existan retrasos en procesos licitatorios, incumplimientos contractuales; riesgos de desabastecimiento internacional, así como medicamentos con vencimientos próximos. Los avisos deberán comunicarse simultáneamente a la Contraloría General, la Defensoría del Pueblo; la DNCP; el Ministerio de Salud y la Presidencia del IPS.

Los legisladores proyectistas solicitan que las instituciones elaboren anualmente un Plan Integral de Abastecimiento de Medicamentos basado en el consumo histórico, la demanda proyectada y la información epidemiológica. Además, plantean la creación del Portal Nacional de Transparencia del Abastecimiento de Medicamentos, el cual publicará informaciones sobre el stock disponible, los medicamentos agotados, medicamentos críticos; y la fecha estimada de reposición.

A su vez, proveerá información sobre los contratos vigentes; las empresas proveedoras; los procesos licitatorios; además de la ejecución presupuestaria. Establece, igualmente, que el Poder Ejecutivo incorporará en el Presupuesto General de la Nación los créditos necesarios para la implementación de esta ley.

En el documento se definen como medicamentos esenciales aquellos incluidos en el Cuadro Básico Nacional de Medicamentos, y aquellos declarados críticos por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social o por el Instituto de Previsión Social. Estos son los fármacos para enfermedades oncológicas, hematológicas, trasplantes, VIH/SIDA, tuberculosis, enfermedades autoinmunes y la hemofilia.

Asimismo, son incluidas las enfermedades raras; diabetes insulinodependiente; insuficiencia renal crónica; y de salud mental cuando la suspensión del tratamiento implique riesgo para la vida o la integridad del paciente.

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Un grupo de choferes de plataformas digitales de movilidad acudió al Congreso Nacional para solicitar agilizar el estudio de un proyecto de ley que regula la actividad en este rubro. Los recurrentes fueron recibidos por las autoridades de la Comisión de Justicia, Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.

Durante el encuentro, los conductores exteriorizaron su preocupación por la demora en el tratamiento de la iniciativa legislativa. Expresaron que la ausencia de una regulación específica mantiene al sector en una situación de incertidumbre jurídica.

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Aclararon que el proyecto aún se encuentra en estudio en la Cámara de Senadores, como cámara de origen, donde transita su primer trámite constitucional. Explicaron que aún está pendiente la emisión de dictámenes e informes solicitados a diversas instituciones competentes, razón por la cual solicitaron el acompañamiento del bloque asesor para impulsar el avance de la propuesta.

Precisamente, el objetivo central del proyecto de ley es establecer un marco jurídico uniforme para la prestación de servicios mediante plataformas digitales en todo el territorio nacional. La propuesta busca brindar seguridad jurídica a usuarios, conductores, repartidores, empresas y organismos públicos.

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El senador recordó el extenso historial de corrupción que salpicó a representantes de dicho sector político que estuvieron al frente del órgano extrapoder.

El titular del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, salió al paso del discurso de copa­miento por parte del ofi­cialismo colorado que pre­tende instalar la oposición en el proceso de la próxima elección del contralor y sub­contralor general de la Repú­blica. Con el fin de refutar “la maniobra”, el senador recordó el extenso historial de corrupción que salpicó a representantes de dicho sec­tor político que estuvieron al frente del órgano extrapoder.

“Ante las declaraciones del senador Eduardo Naka­yama, que llama a la oposi­ción a hacer el vacío si el car­tismo propone a un contralor y subcontralor afiliados a la Asociación Nacional Republi­cana, vale recordar la histo­ria reciente de la Contraloría: De los últimos 5 contralores impulsados por la oposición, 3 afrontaron procesos penales graves y fueron condenados”, manifestó.

Para sostener su postura, Núñez detalló cronológica­mente los casos de los excon­tralores de extracción opo­sitora que terminaron ante la justicia. “El excontralor Daniel Fretes del Partido Liberal Radical Auténtico, quien estuvo al frente de la institución durante los años 1995 al 2000 fue condenado en 2006 a 12 años de cárcel y multa millonaria por lavado de dinero y asociación crimi­nal (caso UTCD, desvío de USD 16 millones). Absuelto luego por la Corte. Orga­nizó una máquina de lavar dinero”, indicó.

El legislador acotó: “El excontralor Óscar Rubén Velázquez Gadea también fue representante del Par­tido Liberal y del Partido Unión Nacional de Ciudada­nos Éticos durante los años 2010 al 2015. También fue condenado a 4 años de cár­cel (confirmado por la Corte Suprema en 2021) por lesión de confianza en el caso de la secretaria vip”.

A la vez, el parlamentario recordó el caso del excontra­lor José Enrique García Áva­los, quien fue representante del tercer espacio opositor entre los años 2016 y 2019. “Él también fue condenado en el 2023 (confirmado por la Corte en 2024) por pro­ducción de documentos no auténticos e instigación a subordinado por el caso Ive­sur. Enfrentó múltiples cau­sas por enriquecimiento ilí­cito y lavado”, refirió.

Núñez indicó que dichos antecedentes ocasionaron que la ciu­dadanía perdiera la confianza hacia la institución encargada de fiscalizar, vigilar y controlar el buen uso de los fondos, bienes y recursos del Estado.

“La Contraloría perdió credibilidad con estos antecedentes. Hoy necesitamos romper ese ciclo: un proceso de selección transpa­rente, meritocrático y basado en trayectoria técnica, no en color político ni pactos. No se trata de copar la institución, sino de ele­gir a los mejores para fiscalizar con seriedad y recuperar la con­fianza ciudadana”, sostuvo en sus redes sociales oficiales.

Agregó que “rechazamos los bloqueos por cálculo electoral. Para­guay merece una Contraloría independiente y eficaz. Prioricemos el interés nacional por encima de las maniobras de sectores retar­datarios de la oposición”.