La reorganización de las instituciones públicas que se busca desde el Ejecutivo serán trabajadas a través de proyectos de ley presentados ya en la administración anterior: el del servicio civil que se propuso en octubre de 2022 y su complemento, el de reforma administrativa del Estado, presentado en julio de 2023. Sobre este último, el Ejecutivo planteó algunas modificaciones a principios del año, entendiendo que ambos proyectos son necesarios y tendrán un impacto significativo.
“La reforma administrativa del Estado permitirá reordenar las instituciones y sobre eso se presentarán las modificaciones del gobierno sobre el proyecto de ley del servicio civil. La intención es completar lagunas y aprender de los errores que se han cometido”, explicó la viceministra de Talento del Ministerio de Economía, Andrea Picaso, en el programa “Arriba hoy”, emitido por GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
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La viceministra recordó que con los mencionados planteamientos se habla de un amplio marco de reformas del Estado. Adelantó que desde las próximas semanas se estará trabajando en la presentación de las modificaciones planteadas por el Ejecutivo. Entre algunos factores a ser contemplados, habló de la conformación de las diferentes instituciones, la contratación de más funcionarios, así como la permanencia de los mismos en la función pública.
“Estos criterios pretenden ordenar la estructura misma del Estado porque no contamos con una ley que ordene las instituciones. El paso seguido sería acomodar el servicio civil y en este mecanismo estamos trabajando”, indicó Picaso. Esto, trabajando bajo el respeto de las atribuciones de cada una de las entidades a ser reestructuradas.
“Esto tiene que ver con la autoridad de la aplicación de la ley. Otro de los pilares del proyecto de ley tiene que ver con la profesionalización del servicio civil, con el objetivo de incrementar los niveles de calidad y competitividad en el sector público”, manifestó. Por otra parte, con respecto a los casos de nepotismo, si bien existe una ley para evitar dicha práctica, no se descarta una mejor redacción sobre la ley para fortalecer los controles y mecanismos de prevención.
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