El Juzgado Tercera Penal de Cartagena declaró culpable y condenó a Margareth Lizeth Chacón Zuñiga, por su implicancia en el crimen del agente fiscal paraguayo Marcelo Pecci, ejecutado en una playa privada de Barú, el 10 de mayo del 2022. La barranquillera de 43 años de edad es sindicada como la principal responsable de organizar y financiar el asesinato.
“Fue una dama de compañía, que no perdió detalle de la planeación del asesinato del fiscal Pecci”, puntualizó el fiscal de la causa Mario Burgos. Según una publicación realizada por el medio de comunicación colombiano, El Tiempo, la mujer acompañó la logística del asesinato de Pecci junto a los hermanos Andrés Felipe Pérez Hoyos y Ramón Emilio Pérez Hoyos, confesos financiadores del crimen.
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De acuerdo a las investigaciones, se determinó que Chacón Zuñiga participó en varias reuniones 5 días antes de ejecutar la muerte de Pecci, quien se encontraba de luna de miel con su pareja, la periodista Claudia Aguilera. Agrega además que los encuentros fueron concretados en las ciudades de Medellín (Antioquia), Aguachica (Cesar) y en Cartagena (Bolívar), donde asesinaron al agente de la Unidad Especializada de Lucha contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico.
El Ministerio Público colombiano también sostiene que la camioneta de la mujer fue utilizada para transportar el dinero y las armas utilizadas para acabar con la vida de Pecci, razón por la cual Burgos afirma que debe ser sentenciada por homicidio agravado en concurso con tráfico, fabricación y porte ilegal de armas de fuego o municiones.
De esta forma solicita que sea sentenciada a 42 años y 7 meses de cárcel, mientras que la defensa de la familia Pecci, ejercida por el abogado colombiano Francisco Bernate, solicita una pena de 57 años de prisión.
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Argentina: enfermera condenada a prisión perpetua por crimen de cinco bebés
- Buenos Aires, Argentina. AFP.
Una enfermera fue condenada a prisión perpetua ayer miércoles por matar a cinco bebés e intentar acabar con la vida de otros ocho en un hospital argentino, reportaron medios locales, que publicaron un video de la lectura de la sentencia. La enfermera Brenda Cecilia Agüero inyectó de forma irregular potasio e insulina a recién nacidos entre marzo y junio de 2022, tomando dosis de los “carros de paro”, usados para emergencias y sin control de inventario, según la investigación de la fiscalía.
Agüero es “autora penalmente responsable del delito de homicidio calificado por procedimiento insidioso reiterado, cinco hechos, en concurso real (...) y homicidio calificado por procedimiento insidioso en grado de tentativa reiterado, ocho hechos, (...) informándole la pena de prisión perpetua", dijo la secretaria del tribunal.
En el código penal argentino, el agravante de la “insidia” se aplica en casos en que el victimario recurre a un engaño o artificio para cometer el daño. Los bebés, nacidos sanos, fallecieron en circunstancias inicialmente inexplicables, mientras que ocho sobrevivieron por la rápida intervención médica. Todo ocurrió en el servicio de neonatología del hospital materno infantil de la provincia de Córdoba, 700 km al noroeste Buenos Aires.
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El juicio, resuelto tras seis meses por ocho jurados populares y dos jueces, también juzgó a 10 imputados, entre exfuncionarios provinciales y profesionales de salud, por encubrimiento e incumplimiento de deberes, incluyendo un exministro y un exsecretario de Salud de la provincia de Córdoba (centro), además de la exdirectora del hospital.
Agüero, había negado los cargos en enero. Aseguró al tribunal que “no tienen pruebas” y acusó a los medios de pintarla como “asesina serial”. De los otros 10 imputados, cinco fueron hallados culpables, pero con condenas menores, y otros cinco fueron absueltos, entre los que estaban los exfuncionarios provinciales, constató el medio local Infobae. La prisión perpetua implica que Agüero, detenida en 2022, no podrá solicitar libertad condicional antes de cumplir 35 años de reclusión, conforme al código penal argentino.
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Asesinato en Taguató: rechazan reducción de pena de hermanos condenados
El juez de ejecución penal de Filadelfia, Chaco, Carlos Alberto Lezcano, rechazó reducir la condena a los hermanos José Rosa y Carlos Leonor Vera Medina, quienes fueron condenados a 6 años de pena privativa por los hechos punibles de abigeato y robo agravado en el marco del suceso del cuádruple homicidio registrado en la estancia Taguató, de Mariscal Estigarribia, Chaco, donde fueron asesinados dos adultos y dos niños.
Por su parte, la querella adhesiva representada por el abogado José Dos Santos se opuso al pedido de la defensa de los condenados argumentando que “ el pedido de redención formulado por los condenados no corresponde debido a que no se tienen datos certeros y carecen de credibilidad, debido a que se observa que todas las planillas han sido confeccionadas en un mismo momento, además llama la atención que la hora de entrada y salida en todas las planillas son las mismas, lo cual resulta imposible, por ejemplo no se registra hora para salida de almuerzo según la planilla”, indicó la querella.
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El magistrado Lezcano señaló que “conforme al análisis de la cuestión planteada, esta judicatura constata que no existen méritos que solventen con convicción el otorgamiento de la redención a favor de los condenados, por lo que se resuelve no hacer lugar al incidente de redención con costas a la perdidosa”, refiere el argumento del juez de ejecución.
Condena
La Justicia condenó a 30 años de cárcel más10 años de medidas de seguridad totalizando 40 años de pena de privativa de libertad a Vicente Ramírez y su esposa Elizabeth Duarte Villalba, acusados por el cuádruple homicidio registrado en la estancia Taguató de Mariscal Estigarribia, departamento de Boquerón.
Asimismo, el colegiado condenó a 12 años y 6 meses de cárcel a Cesáreo González, tras ser encontrado culpable por el delito de abigeato y producción de documentos no auténticos. Mientras que los hermanos José Rosa y Carlos Leonor Vera Medina fueron condenados a 6 años de pena privativa por los hechos punibles de abigeato y robo agravado. Por su parte, el abogado Ricardo Ramírez fue condenado a 5 años de cárcel por abigeato.
En el crimen fallecieron Alcibiades Ayala Coronel, su esposa Francisca Nidia Núñez y sus dos nietos pequeños. El homicidio ocurrió en julio del 2019 en la citada localidad chaqueña. El agente fiscal, Andrés Arriola, acusó a los procesados por homicidio doloso, abigeato, robo agravado, hurto especialmente grave, asociación criminal, producción de documentos no auténticos y reducción.
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Fiscalía pide rechazar prisión domiciliaria para expresidenta argentina Kirchner
Los fiscales de la causa por la que fue condenada la expresidenta argentina Cristina Kirchner por corrupción solicitaron al tribunal que rechace otorgarle prisión domiciliaria para purgar una pena de seis años, señalaron fuentes judiciales este martes.
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron al juez el rechazo de la prisión domiciliaria porque consideraron que “no se advierten las razones humanitarias que la justifican”, según el dictamen divulgado por el Ministerio Público Fiscal.
La líder de centroizquierda, de 72 años, puede solicitar la prisión domiciliaria por ser mayor de 70 años, pero el beneficio es a discreción de los jueces.
Su defensa había esgrimido además razones de seguridad al citar el intento de asesinato que sufrió la expresidenta en 2022, cuando un sujeto intentó dispararle a corta distancia a la cabeza sin que las balas salieran.
De prosperar la postura de la fiscalía, Kirchner sería alojada en una cárcel común.
Presidenta del Partido Justicialista y principal líder de la oposición, Cristina Kirchner anunció que se presentará el miércoles ante los tribunales para iniciar el cumplimiento de su pena.
Seguidores y partidarios de la dos veces presidenta (2007-2015) y vicepresidenta (2019-2023) convocaron a una movilización para el miércoles, para la que llegarán delegaciones desde varios puntos del país, en lo que se prevé será una marcha multitudinaria hacia los tribunales.
El tribunal puede notificar a Kirchner en forma remota para evitar que acuda a la sede judicial acompañada de una gran movilización popular.
“No está sola”
En las puertas de la casa de Kirchner la presencia de seguidores es permanente pese a las bajas temperaturas del invierno austral.
“Vengo de Rosario -340 km al norte de Buenos Aires-, vine en tren con la bicicleta y traje la bolsa de dormir para quedarme esta noche acá y mañana acompañar en la marcha”, dijo a la AFP Huara Gatti, de 33 años y empleada en el área de Cultura de la alcaldía rosarina.
Entre los manifestantes se comparte mate, una infusión criolla, y otras bebidas calientes para paliar el frío. “Hay que estar porque es un momento muy importante, muy triste, doloroso. Es una forma de darle un abrazo a la distancia y que sepa que no está sola”, dijo Gatti.
Algunos deciden permanecer, otros pasan a expresar apoyo y siguen con sus actividades. Automovilistas hacen sonar sus bocinas en señal de solidaridad, pero también hay quien les grita a los manifestantes “¡Van a ir todos presos!”.
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“Le tienen tanto odio, quieren la foto, están haciendo todo para verla con pulsera electrónica, con el cartel de presa, quieren morbo”, reflexiona Gisela Cava, una vendedora de 45 años que lleva una camiseta con la frase de Kirchner “La patria es el otro”.
Administración fraudulenta
El jefe de gabinete, Guillermo Francos, evaluó este martes que “la reacción inicial (de la militancia peronista) no va a ser la misma a lo largo del tiempo”.
“Habrá que ver si se convierte en un show permanente. Ese no es el sentido de una condena judicial”, agregó en declaraciones al canal A24.
La Corte Suprema confirmó el martes pasado una condena a seis años de prisión e inhabilitación política perpetua contra Kirchner por administración fraudulenta en contratos de obras públicas en la provincia de Santa Cruz (sur).
La decisión se conoció días después de que la exmandataria anunciara su candidatura a diputada en las legislativas de la provincia de Buenos Aires de septiembre próximo. De haber resultado electa, habría obtenido fueros como legisladora por cuatro años.
La Corte Suprema, integrada por tres miembros y con dos cargos vacantes, rechazó revisar la causa como lo había pedido Kirchner, quien argumentó que hubo parcialidad y falta de pruebas.
El presidente ultraliberal Javier Milei había intentado llenar las vacantes de la Corte al nombrar dos jueces por decreto, pero la decisión fue rechazada por el Congreso.
Kirchner pidió cumplir su condena en un departamento en el barrio de Constitución, en la capital argentina, a minutos del Congreso Nacional.
- Fuente: AFP
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A 9 años del atentado que sacudió PJC: el legado violento de la muerte de Jorge Rafaat
Este domingo 15 de junio se cumplen 9 años del terrible asesinato de Jorge Rafaat Toumani, alias Sadam, quien fue acribillado con armas de guerra en la ciudad fronteriza de Pedro Juan Caballero, capital del departamento de Amambay. El crimen organizado demostró su fuerza con este atentado en que se utilizó una poderosa ametralladora antiaérea.
El terrible ataque contra el empresario fronterizo se registró a las 20:00 horas del miércoles 15 de junio de 2016, cuando el capo narco estaba a bordo de su camioneta Hummer, con chapa paraguaya OAN 927. Fue emboscado repentinamente por una camioneta Ford 250 y otras dos camionetas Toyota Hilux.
De los rodados descendieron más de doce personas que formaban parte de distintas organizaciones criminales, que se juntaron para poder perpetrar el brutal y fatal ataque para liquidar a Rafaat. La camioneta del fallecido recibió más de 200 disparos de una ametralladora antiaérea de calibre 50, que perforaron el doble blindaje y acribillaron al objetivo con 16 proyectiles.
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La ametralladora
La ametralladora antiaérea estaba empotrada en una base de metal en el interior de una camioneta, especialmente adaptada para que uno de los sicarios pueda maniobrar el arma de alto poder. Rafaat estaba custodiado por dos camionetas de su seguridad personal, pero sus guardias nada pudo hacer ante la logística de los sicarios.
Los atacantes cubrieron todos los ángulos en la zona de la emboscada sobre la popular avenida Teniente Herrero de Pedro Juan Caballero, frente al Mercado Municipal y a metros de una institución educativa.
Minutos de terror y pánico
La tranquilidad en el barrio San Gerardo se alteró bruscamente por momentos de terror y pánico ante el brutal atentado. Los disparos se escucharon durante varios minutos, y los vecinos se vieron obligados a resguardarse del tiroteo lo mejor posible en sus casas; mientras los transeúntes, totalmente desorientados, apenas atinaron a arrojarse al suelo e intentar escapar.
Los custodios de Rafaat respondieron a los disparos, pero luego tuvieron que huir ante la superioridad de los criminales. A 200 metros de la zona del atentado estaba situada la Comisaría Segunda de Pedro Juan Caballero, por lo que los agentes policiales llegaron rápidamente y comenzaron a disparar para intentar repeler a los criminales, quienes dejaron abandonada la ametralladora de guerra, con cientos de municiones y chalecos antibalas, tras lograr su objetivo.
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Juicio oral y condena
Los jueces de Sentencia de Pedro Juan Caballero, Mirna Ocampos y Santiago Núñez, aplicaron una condena de 28 años de cárcel, más 7 años de medida de seguridad, totalizando 35 años de pena para Sergio Lima Dos Santos por el asesinato de Rafaat. Estará recluido en Tacumbú hasta julio de 2053.
El Ministerio Público logró demostrar la responsabilidad del acusado en los hechos punibles de homicidio doloso, asociación criminal y tenencia de armas de fuego, en un juicio oral y público. El fiscal del caso fue Marcelo Pecci, asesinado en Colombia en mayo de 2022.
Empresario y narco
En Paraguay, Rafaat era conocido como un próspero empresario de Pedro Juan Caballero, donde tenía una compañía dedicada a la comercialización de neumáticos; mientras que, para Brasil, representaba una pieza clave en el tráfico de drogas.
Para las autoridades brasileñas, Sadam disputó la herencia dejada por Fernandinho Beira-Mar, líder de la organización criminal Comando Vermelho, preso en Brasil desde 2002 tras haberse refugiado en Paraguay a fines de los años 1990. Además, Rafaat había sido procesado por enviar desde Paraguay unos 492 kilos de cocaína en agosto de 2004. En ese momento, la operación fue abortada por agentes federales que interceptaron el enorme cargamento en Sao José do Rio Preto, en el estado de São Paulo (Brasil).