Armindo Torres, director de Declaraciones Juradas de la Contraloría General de la República, explicó que a la institución contralora no le corresponde, y de hecho tiene prohibido por ley, indagar sobre los ingresos que pudo haber tenido el presidente Santiago Peña, durante los años 2017 al 15 de agosto del 2023, cuando asumió la presidencia, periodo en que estuvo alejado de la función pública realizando actividades del ámbito privado.

En comunicación con La Nación/Nación Media, señaló que en todo caso les correspondería a otras instituciones hacer las indagaciones respecto a que si se justifica o no el incremento patrimonial en esos años, presentado en su declaración jurada al asumir al frente del Ejecutivo.

El director realizó esta aclaratoria ante la denuncia penal planteada por sectores de la oposición, patrocinados por la exsenadora y abogada Kattya González y el abogado Felino Amarilla, quienes cuestionan el incremento patrimonial registrado por Peña, antes de asumir la presidencia de la República.

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“Del periodo 2017 al 15 de agosto del 2023, la Contraloría General no tiene competencia para investigar. Pero sí tiene competencia en el periodo 2014 al 2027, que fue funcionario público y a partir de la asunción como presidente a la fecha, que aún no contamos con una nueva declaración jurada”, comentó.

Señaló que el día que presente una nueva declaración, ya sea a mitad de su gestión (que no es obligatorio) o cuando termine su mandato recién tendrían una nueva declaración con el que podrán indagar.

“Pero del Periodo 2027 a agosto del 2023, la Contraloría no puede, ni debe indagar atendiendo a que en ese tiempo el presidente se estaba desempeñando en el sector privado, porque la Contraloría no tiene competencia, la Contraloría solo indaga sobre funcionarios públicos”, acotó.

Mencionó que, en todo caso, le correspondería a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), verificar cómo obtuvo los ingresos declarados en su declaración jurada.

“Todo eso se puede corroborar a través de la DNIT, la Seprelad (Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes), si se pagó impuestos sobre ese incremento patrimonial, pero la Contraloría no puede dictaminar una correspondencia de bienes, cuando él estuvo en el sector privado", acotó.

No obstante, mencionó que hasta ahora desconoce que exista algún reporte de actuación sospechosa dentro de los bienes del mandatario. “Hasta ahora no tenemos conocimiento sobre esto, o al menos que se haya emitido algún dictamen de las instituciones correspondientes”, precisó.

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La senadora de la disidencia colorada Blanca Ovelar calificó como una buena contribución el proyecto de reforma del servicio civil impulsado por el gobierno de Santiago Peña con el fin de que Paraguay impulse la jerarquización de la carrera del funcionario público y eliminar así las inequidades existentes.

“Esta ley es una muy buena contribución y yo abogo para que afecte a todos los poderes del Estado. Será una contribución importante para jerarquizar el servicio público que tiene la enorme trascendencia de trabajar por el bien público devaluada por algunas interpretaciones y malas aplicaciones donde se notan privilegios”, mencionó.

La iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo fue presentada por el Ministerio de Economía y Finanzas al Congreso Nacional el pasado 16 de setiembre y será evaluada este miércoles 13 de noviembre por la plenaria del Senado.

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“Creo que el país necesita jerarquizar a sus funcionarios públicos para que el Estado funcione y cumpla con su cometido. Necesitamos funcionarios públicos probos, con conceptos claros de la ética y hacia ahí tenemos que apuntar, no hay que renunciar a eso. Las normas tienen que ser claras y transparentes, la sociedad tiene que conocer cuáles son los criterios por los cuales se ingresan, para eso hay que empoderar a la sociedad para que exija”, manifestó la legisladora a los medios de comunicación.

Las afirmaciones de Ovelar fueron respaldadas por su colega Esperanza Martínez, líder de la bancada opositora, quien afirmó que “necesitamos que el sistema público garantice derechos por igual a los trabajadores, sea cual sea el poder en el cual esté trabajando la persona”.

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El senador Líder Amarilla remarcó que, teniendo en cuenta la presentación de tres propuestas antinepotismo, desde la Cámara Alta se debe colaborar en torno a la unificación de las reglamentaciones a ser estudiadas. Indicó que resulta innegable la necesidad de contar prontamente con una ley con reglas más claras en torno a los casos de nepotismo, pero que la misma debe poseer todos los buenos factores recomendados.

“En la Comisión de Legislación se va a estudiar el proyecto artículo por artículo para analizar el proyecto en limpio. Veremos cómo ir fusionando todas las propuestas con el objetivo de sacar una ley que beneficie al país en general y sea tanto aplicable como productiva”, señaló el senador, enfatizando en la necesidad de avanzar con el mayor consenso posible en torno a la propuesta legislativa.

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Recordó que entre las propuestas se encuentra la iniciativa popular, la cual cuenta con sugerencias interesantes, además de la planteada por el senador Eduardo Nakayama y otra presentada por el senador Basilio Núñez. Puntualizó que se debe analizar muy bien varios factores, como los derechos ya adquiridos para los trabajadores, los cuales no pueden ser vulnerados, sino más bien garantizados.

“Ese tipo de cuestiones se debe ajustar, por lo que trabajaremos para hacerlo bajo el marco constitucional y ofrecer un proyecto realmente beneficioso para la ciudadanía en general, sin atropellar derechos adquiridos. Sería una combinación de proyectos, para así sacar lo que más convenga”, afirmó el congresista para la 1020 AM, con el objetivo de trabajar bajo una reglamentación suficientemente abarcativa.

Si bien aclaró que aún no ha tenido la oportunidad de interiorizarse por completo sobre cada una de las propuestas presentadas, está consciente de que para avanzar sobre una ley definitiva la misma debe ser integradora y contener las respuestas más urgentes a las problemáticas más reclamadas en torno a los casos de nepotismo. Reiteró la importancia del proyecto y la posibilidad de contar con una reglamentación más resolutiva.

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Lourdes Torres - Periodista - lourdes.torres@nacionmedia.com

La viceministra de Capital Humano y Gestión Organizacional, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, Andrea Picaso, habló sobre el trabajo que lleva adelante, destacando que encontraron mucha heterogeneidad tanto en la organización institucional como del funcionariado público. Indicó que su gestión está enfocada en dos prioridades, la primera, los proyectos de leyes que están en estudio, y que su aprobación permitirá mejorar la condición de los servidores públicos. Por otra parte, la formación profesional de los funcionarios brindando cursos mediante postulaciones.

En comunicación con el Diario La Nación/Nación Media, Picaso brindó detalles de la gestión que lleva adelante esta institución que fue recientemente creada mediante la Ley promulgada el año pasado que crea el Ministerio de Economía y Finanzas, fusionando al Ministerio de Hacienda, con la Secretaría de la Función Pública; que pasó a ser lo que es hoy el Viceministerio de Capital Humano y Gestión Organizacional; y la Secretaría Técnica de Planificación cuyas funciones están hoy en el Viceministerio de Economía y Planificación.

En lo que compete a sus funciones, explicó que como bien señala el nombre del Viceministerio de Capital Humano y Gestión Organizacional, están enfocados en la gestión de lo que es el ingreso y promoción de los servidores públicos, así como la formación para el desarrollo. Entonces, la prioridad está en mejorar el aspecto legal y de seguridad para el funcionariado, y para eso están trabajando en los proyectos de Ley que se han presentado sobre la Función Pública y el Servicio Civil, así como el de Organización Administrativa del Estado.

Además, indicó que el aspecto de la profesionalización del servidor público, permitirá jerarquizar al funcionario, y de esa forma llegar al ciudadano con un servicio público de calidad. “Hemos encontrado mucha heterogeneidad tanto en las instituciones, como entre los funcionarios públicos. Entonces, mi prioridad tiene que ver con dos pilares; primero entendemos que con los proyectos de Ley que estamos trabajando se puede mejorar la condición de los trabajadores, servidores públicos. Porque les da previsibilidad y cobertura. Por otra parte, está la formación, la profesionalización que es el otro pilar principal, porque les dará la jerarquización se servicio civil”, explicó.

La viceministra Picaso resaltó la gestión que lleva adelante el Instituto Nacional de Administración Pública (INAPP), reconocida por el Ministerio de Educación y Ciencias, desde hace varios años, busca potenciar mucho más la participación y el impacto del INAPP entre los servidores públicos.

“Siempre hubo cursos y capacitaciones sobre gestión del capital humano, que es la competencia directa del Viceministerio y también de la ex Secretaría de la Función Pública. Pero hoy buscamos potenciar mucho más, y para ello ya se hizo un trabajo de identificación de necesidades para brindar capacitación en el contexto actual, para determinar qué se necesita mejorar para un mejor servicio a la gente”, explicó.

Resaltó que este año iniciaron a una serie de capacitaciones, y sumarán otras, como por ejemplo un curso de Derecho Administrativo Público, dirigido para abogados del sector público, entendiendo que esta materia es muy amplia por la cantidad de normativas administrativas vigentes y lo que se busca es brindar una actualización.

Para ello, se logró un acuerdo con la Procuraduría General de la República y se está llevando adelante en el Instituto del Banco Central del Paraguay, que brinda unas instalaciones adecuadas para la capacitación. “Desde el INAPP estamos buscando articular las acciones que puedan dar un impacto positivo en la profesionalización a todo lo que es el sector público relacionado al derecho”, acotó.

Por otro lado, la viceministra Picaso, no quiso dejar de resaltar el aspecto de la Gestión Organizacional que es la otra pata fundamental del viceministerio, que hace al desarrollo organizacional, su estructura y el fortalecimiento de las instituciones; así como los sistemas de información a la ciudadanía. Al respecto, recordó que este viceministerio tiene a su cargo la rectoría de la Ley 5189 sobre la Obligatoriedad de brindar información sobre recursos públicos sobre remuneraciones asignadas al servidor público.

“Son informaciones públicas que reportan las diferentes instituciones de la administración Central, descentralizada, gobernaciones y municipalidades, que reportan al Viceministerio y esta información se publica, para que la ciudadanía y cualquiera que esté interesado pueda saber sobre estos datos”, precisó.

También destacó que el viceministerio cuenta con un área de inclusión de derechos humanos. En ese sentido, destacó que cuentan con un departamento de inclusión que provee a las instituciones públicas el servicio de intérpretes con lengua de señas. Destacó que el jefe de esta área es justamente una persona con discapacidad, pero se destaca por desarrollar sus funciones como jefe de departamento y proveyendo el servicio de intérprete a las instituciones públicas que así lo requiera.

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