El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, realizó un informe en conferencia de prensa sobre el operativo Umbral 3.5 que se desarrolló entre la noche de ayer domingo y las primeras horas de este lunes, en el cual fueron trasladados más de 600 reos con condena firme del Centro Nacional de Prevenidos (ex Tacumbú) a otros centros penitenciarios.

“Hoy queremos anunciar queremos anunciar la culminación del operativo Umbral 3.5, que es la continuidad del operativo 3.0, que consistió en la reconversión de la ex Penitenciaría Nacional de Tacumbú al nuevo Centro Nacional de Prevenidos”, informó el secretario de Estado.

“En la fecha de hoy y ayer domingo fueron trasladadas en total 618 personas privadas de libertad, tanto del Centro Nacional de Prevenidos a ‘Martín Mendoza’ de Emboscada, como de Ciudad del Este a la penitenciaría Centro de Reinserción Social de Minga Guazú”, agregó.

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“Este operativo conlleva el gran trabajo articulado, desde una política del Gobierno, a través del Consejo de Defensa Nacional, y tanto la Policía Nacional, el Ministerio del Interior, las Fuerzas Armadas de la Nación con el Ministerio de Defensa, involucrados en estos operativos que ya nos tiene acostumbrados a esa coordinación entre las fuerzas y los resultados previstos”, resaltó Nicora.

En el marco de este trabajo conjunto “fueron empleados 24 ómnibus de traslado para este operativo, 420 agentes de la Policía Nacional, 182 agentes de las Fuerzas Armadas de la Nación y 137 funcionarios administrativos de seguridad del Ministerio de Justicia”, de acuerdo al informe del ministro de Justicia.

“Con este nuevo operativo podemos concluir que finalmente, tanto el Centro Nacional de Prevenidos como la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este cuentan exclusivamente con personas procesadas y ya la penitenciaría regional de centro de reinserción Minga Guazú cuenta con casi el 90 % de su capacidad y en Martín Mendoza se encuentra ya a un 80 % de su capacidad. Con todos estos traslados que responden a un nuevo modelo de gestión penitenciaria, pero que se enmarca en los programas de seguridad del Gobierno nacional”, resaltó el ministro.

Puntualizó que el traslado de las personas privadas de libertad hace parte de la política e seguridad del Gobierno nacional, encabezado por el presidente Santiago Peña. “Este resultado tiene para la ciudadanía mayor seguridad, mayor control, y también de esta forma, al reordenar el sistema penitenciario podemos ejercer de mejor manera los programas de reinserción social y también separar aquellos altos perfiles que no quieren reinsertarse a la sociedad con toda la fuerza y toda la firmeza del Estado paraguayo”, sentenció.

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El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, confirmó que, en coordinación con el ministro de Defensa, Óscar González, se dispondrán de herramientas para el derribo de drones ante el episodio registrado ayer miércoles en la penitenciaría de Minga Guazú (Alto Paraná), que derivó en una requisa por la vulneración que podría representar para la seguridad del recinto penitenciario.

“En horario de la tarde de ayer, entrando ya a la noche, recibí el reporte del director general de Establecimientos Penitenciarios donde mencionaba el reporte del avistamiento de un dron sobrevolando la penitenciaría de Minga Guazú en el sector donde están los módulos 7 y 8, que son de alta y máxima seguridad”, expuso Nicora, este jueves, en entrevista al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Ante esta situación, el ministro de Justicia solicitó la cooperación de las Fuerzas Armadas para la utilización de elementos especializados para el derribo de los artefactos que sobrevuelan el perímetro de las penitenciarias.

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“Tenemos dos trabajos, todo parte en base a la Ley de emergencia penitenciaria, que es una herramienta que nos sirve mucho para trabajar con las fuerzas de seguridad, las Fuerzas Armadas de la Nación tiene un equipamiento antidrón y tuve una conversación con el ministro Óscar González, ya solicité contar con ese equipamiento, ese complemento de las Fuerzas Armadas”, detalló el titular de la cartera.

Explicó que desde el Ministerio de Justicia no cuentan con estos elementos específicos y el personal capacitado para su uso por lo que solicitó la cooperación del Ministerio de Defensa y a partir de ahora se podrá contar con el antidrón.

“El sobrevuelo de un dron puede ser para recabar información, puede ser también para entregar elementos prohibidos, sustancias prohibidas, como también armas, entonces estamos hablando de una cuestión de seguridad muy importante dentro del sistema. Aquí lo que se entiende es que se puede estar recabando información de infraestructura, ubicaciones, los movimientos, qué tipo de personal está, qué cantidad, en qué horarios”, explicó Nicora.

El sobrevuelo del dron se registró en módulos donde se encuentran personas privadas de libertad (PPL) con perfiles de mediana y alta peligrosidad, en su mayoría integrantes de una organización criminal brasileña Primer Comando de la Capital (PCC).

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“Avanzamos hacia un enfoque de reinserción social, haciendo hincapié en la seguridad de los paraguayos”, señaló el ministro de Justicia.

“El sistema penitenciario paraguayo está viviendo una transformación histó­rica como política criminal y seguridad del gobierno del presidente Santiago Peña”, dijo el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, al anunciar que a partir de ayer las peni­tenciarías mixtas en el Para­guay quedan eliminadas.

“Avanzamos hacia un enfo­que de reinserción social, haciendo hincapié en la seguridad de los paragua­yos. Con esta medida se eli­mina el histórico problema de hacinamiento que tene­mos en el sistema peniten­ciario para mujeres privadas de libertad, cumpliendo por primera vez con lo que reza nuestra Constitución Nacio­nal”, manifestó Nicora en una conferencia de prensa en Mburuvicha Róga.

Las afirmaciones del alto fun­cionario de Estado surgieron tras detallar los logros obte­nidos durante el operativo Umbral 2.5 que es la conti­nuidad del operativo Umbral 2.0, el cual fue impulsado para el cierre de la peniten­ciaría Buen Pastor y la habi­litación del Complejo para Mujeres Privadas de Liber­tad de Emboscada (Comple).

En un hecho de alta relevancia internacional para el Gobierno del presidente Santiago Peña, la delegación del país, encabezada por el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, presentó hoy el informe nacional ante el Grupo de Trabajo del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, durante durante la 52ª sesión del Grupo.

El ministro Nicora estuvo acompañado por la delegación conformada por el viceministro de Justicia, Rafael Caballero; el embajador Raúl Cano Ricciardi; representantes del Ministerio de Justicia; la directora general de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Belén Morra; el defensor público general, Javier Dejesús Esquivel; y la directora de Derechos Humanos del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, Leticia Ocampos.

Durante la sesión desarrollada en el Palais des Nations en Ginebra, el Estado paraguayo expuso los avances históricos y los desafíos pendientes en materia de protección y promoción de los derechos fundamentales.

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En ese marco, el ministro Nicora resaltó que la República del Paraguay se destaca por tener un alto nivel de cumplimiento de las recomendaciones anteriores, habiendo aceptado el 96 % de las sugeridas en 2021. “Este esfuerzo se ha canalizado a través del sistema SIMORE Plus, una herramienta clave para el monitoreo de políticas de derechos humanos que ha servido de modelo regional", indicó.

Señaló que el Paraguay resalta su rol activo en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la reciente reacreditación con Estatus “A” de la Defensoría del Pueblo, lo que garantiza que la institución cumple con los estándares internacionales de independencia y eficacia.

Asimismo, destacó que uno de los pilares de la gestión ha sido la mejora de los indicadores socioeconómicos. “Entre 2022 y 2025, Paraguay logró una reducción histórica de la pobreza monetaria, bajando del 24,5 % al 16 %, mientras que la pobreza extrema alcanzó su punto más bajo registrado (2,4%)”, indicó.

Explicó que estos resultados se atribuyen a programas estratégicos como Hambre Cero, que universalizó el almuerzo escolar para más de un millón de niños, y el fortalecimiento de redes de protección como Tekoporã y la Pensión Universal para Adultos Mayores.

Reveló también que el acceso a la vivienda se dinamizó mediante el programa Che Róga Porã, facilitando créditos hipotecarios con un fuerte enfoque en la inclusión de mujeres y migrantes.

En el ámbito jurídico y de salud, el ministro señaló que el Estado ha implementado la Ley de Salud Mental 7018/22, que prioriza un enfoque humanitario y comunitario. En cuanto al empleo, la Estrategia de Formalización 2025-2028 busca reducir la informalidad laboral, apoyada por herramientas digitales como EmpleaPy.

Por otro lado, indicó que la lucha contra el abuso de drogas se ha abordado de manera integral con el Plan SUMAR, que articula la prevención y el tratamiento, especialmente para poblaciones vulnerables y adolescentes en conflicto con la ley.

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El ministro destacó un cambio de paradigma en el sistema penitenciario bajo un nuevo modelo de gestión centrado en la dignidad humana. “Un hito fundamental fue la ejecución de los operativos Umbral 1 y 2, que permitieron, por primera vez en la historia del país, la separación efectiva entre personas condenadas y procesadas, tanto en el sector masculino como en el femenino", resaltó.

Mencionó que esta reorganización busca eliminar el hacinamiento y facilitar los programas de reinserción social, incentivando la educación y el trabajo mediante nuevas normativas de redención de penas.

En su informe, el ministro detalló los avances específicos para diversos sectores sociales; como la autonomía económica y participación política de las mujeres, junto con el alcance territorial de Ciudad Mujer Móvil.

En cuanto a la niñez, destacó el programa Abrazo con el que combate el trabajo infantil, mientras que para las personas con discapacidad, la Ley 7371/25 marcó un hito al reemplazar el modelo de interdicción por uno de capacidad jurídica plena con apoyos.

Mencionaron los esfuerzos por garantizar la seguridad territorial de los pueblos indígenas, la implementación de leyes contra el racismo para afrodescendientes y el fortalecimiento de la lucha contra la trata de personas y el cambio climático.

Finalmente, señaló que el gobierno de Paraguay reconoce que aún persisten desafíos en la reducción de desigualdades, la formalización del empleo y la mejora de los servicios públicos. Por ello, el Estado mantiene su firme decisión de impulsar políticas basadas en evidencia, con enfoque de derechos humanos y coordinación internacional.

“Con esta presentación, Paraguay consolida su posición en el ámbito multilateral como un país comprometido en la implementación de las observaciones, comentarios y recomendaciones que surjan de este examen, los cuales serán una hoja de ruta fundamental para consolidar una institucionalidad inclusiva, transparente y centrada en la dignidad de todas las personas”, concluyó.

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