El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, indicó que requerirán a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) el cruzamiento de datos sobre los ingresos de los directores, jefes de seguridad y funcionarios encargados de la admisión de las penitenciarías tras concretarse el pasado domingo 25 de octubre la fuga de reos del Centro Penitenciario Martín Mendoza de Emboscada. A la vez manifestó que pedirán a la Contraloría General de la República (CGR) la auditoría de los bienes.

“Debemos trabajar con la Seprelad para el cruzamiento de los ingresos de los directores, jefes de seguridad y los encargados directos de la admisión de los controles de ingreso de personas y de encomiendas ya que ahí se generan los focos de corrupción. Nosotros en algún momento cuando tuvimos problemas hemos remitido pedidos de control a la Contraloría para ver los ingresos y bienes que están a nombres de estos funcionarios y yo creo conveniente renovar ese trabajo porque es parte del esquema para la detección de hechos irregulares”, refirió en el programa “Cara o Cruz” de Unicanal.

Nicora comentó que su cartera llegó a implementar el polígrafo como herramienta de control de confianza, evaluación y selección de los funcionarios penitenciarios como por ejemplo en la cárcel de Minga Guazú. “Es un elemento que no marcó un alto rango de resultados negativos en cuanto al cuestionario que fue implementado, pero sí fue un elemento que nos ayudó para decidir la renovación de contratos o no. Esta herramienta fue enfocada justamente en los nuevos penitenciarios”, puntualizó.

A la vez dijo que Paraguay próximamente firmará un acuerdo que le permitirá contar con tecnología para la detección de dispositivos irregulares en las penitenciarías del país. “Ahora estamos trabajando en una alianza estratégica con un país para tener esa tecnología”, mencionó.

Los datos recabados mediante la investigación fiscal y policial refieren que los reclusos burlaron los controles de seguridad mediante corte de barrotes y el uso de sogas confeccionadas con sábanas y frazadas, aprovechando una zona perimetral que se encontraba sospechosamente sin el resguardo de agentes penitenciarios.

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El proyecto, liderado por el doctor Juan Martens del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) a través de PROCIENCIA, cuenta con una inversión de G. 2.200 millones y se desarrolla en tres penitenciarías.

La iniciativa integra salud física, salud mental y criminología para generar evidencia que contribuya a mejorar la gestión penitenciaria y los procesos de reintegración social.

La investigación se desarrollará en las penitenciarías de Tacumbú, Emboscada y Coronel Oviedo, establecimientos que concentran el 39 % de la población penitenciaria del país. La propuesta busca generar información útil para orientar decisiones institucionales, mejorar los servicios sanitarios y fortalecer los procesos de rehabilitación y reintegración social.

Para ello, articula tres componentes: salud física, salud mental y criminología.

En el área de salud física, el proyecto contempla acciones de detección temprana y manejo de enfermedades crónicas no transmisibles, como diabetes, hipertensión arterial y enfermedades cardiovasculares. También prevé evaluaciones nutricionales, elaboración de menús equilibrados y medidas de prevención de enfermedades infectocontagiosas, además de acciones vinculadas al Programa Ampliado de Inmunización (PAI).

Durante la presentación, el D.Sc. Benjamín Barán, ministro presidente del Conacyt, señaló que los proyectos multicéntricos representan una oportunidad para poner el conocimiento científico al servicio de la ciudadanía y responder a desafíos concretos del país.

Así también, destacó que la inversión en ciencia, tecnología e innovación contribuye a formar investigadores, fortalecer las instituciones y producir conocimiento sobre la realidad paraguaya. Asimismo, señaló que los proyectos estratégicos de mayor duración y con recursos específicos amplían las oportunidades para desarrollar investigaciones con capacidad de incidir en distintos ámbitos de la sociedad.

El doctor Víctor Ríos Ojeda, ministro de la Corte Suprema de Justicia y consejero del Conacyt por las Universidades Públicas, expresó la disposición institucional de acompañar esta iniciativa y otras propuestas científicas que involucren a investigadores, universidades y magistrados.

A su vez, el doctor Alberto Joaquín Martínez Simón, presidente de la Corte Suprema de Justicia, expresó el interés institucional en acompañar el desarrollo de la investigación científica.

Por su parte, el doctor Roque Orrego, presidente del INECIP, destacó la importancia de que la investigación y el fortalecimiento institucional cuenten con financiamiento público nacional. El apoyo estatal, en este caso, permite desarrollar un trabajo conjunto orientado a mejorar las capacidades de las instituciones paraguayas.

El proyecto se alinea con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030 y plantea la generación de evidencia como un recurso para fortalecer las políticas públicas. Su alcance no se limita a la atención de necesidades inmediatas, sino que también busca dejar capacidades instaladas en los equipos e instituciones que participan en su ejecución.

La iniciativa incorpora igualmente la salud de los funcionarios penitenciarios. Según explicó el doctor Juan Martens, líder de la investigación, ya se iniciaron evaluaciones integrales de salud al personal en la penitenciaría de Coronel Oviedo.

Otro de los ejes del proyecto es la adecuación e implementación del Sistema de Información Hospitalaria (HIS) en el ámbito penitenciario. La herramienta permitirá organizar la información sanitaria de manera segura y actualizada, además de facilitar la articulación con los sistemas de salud pública del Paraguay.

Durante la presentación, el doctor Juan Martens señaló que uno de los objetivos es avanzar hacia un sistema que permita consultar el historial de las personas privadas de libertad, incluida su trayectoria sanitaria, por parte de los actores autorizados. Contar con información organizada puede facilitar el seguimiento de los casos y aportar elementos para la toma de decisiones.

La incorporación de tecnología se complementa con el fortalecimiento de los procedimientos institucionales. De esta manera, la investigación busca que los datos generados puedan utilizarse para mejorar la atención y la coordinación entre los servicios involucrados.

El proyecto es ejecutado por el INECIP y reúne a instituciones académicas y organismos públicos con experiencia en salud, educación en contextos de encierro, epidemiología, políticas alimentarias y gestión penitenciaria.

Participan la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), la Facultad de Ciencias de la Salud y la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Caaguazú (UNCA), la Universidad Nacional de Pilar (UNP), la Universidad Sudamericana, el Ministerio de Justicia y el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP).

La articulación entre estas instituciones permite reunir conocimientos de distintas disciplinas para abordar un problema que no depende de un solo organismo.

La investigación busca, además, aprovechar la experiencia acumulada de los equipos académicos y ponerla al servicio de las necesidades del sistema penitenciario.

La iniciativa busca contribuir al desistimiento criminal, entendido como el proceso mediante el cual una persona se aleja de la actividad delictiva, a través de mejores herramientas de evaluación, atención sanitaria y gestión penitenciaria.

El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, defendió el trabajo realizado por el personal de sanidad y guardias de la Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza (UPIE) para socorrer al exgobernador de Central, Hugo Javier González, en la noche del domingo 6 de setiembre, tras el incidente que lo dejó con graves heridas a nivel craneoencefálico. El alto funcionario aseguró que se actuó con rapidez para asistir y derivar al paciente a un centro de mayor complejidad.

“Está a la vista, se tardó aproximadamente 20 minutos entre que se toma conocimiento del hecho, transcurre menos de 60 segundos en que se abre la celda y se constata la situación de Hugo Javier y a los 5 minutos ya teníamos a tres personales de salud atendiendo a Hugo Javier, ya sentándolo en la silla de ruedas para no movilizarlo y remitirlo al Centro de Salud”, dijo Nicora este jueves a los medios de prensa.

Aseguró que todo el personal obró bien y estuvo a la altura de las circunstancias. “No se perdió tiempo esperando una ambulancia porque se consideró que él necesitaba una atención urgente, entonces se tomó la decisión de trasladarlo en la menor cantidad de tiempo posible, tal es así que las 11:12 se toma conocimiento del hecho y las 11:30 él estaba camino al Hospital de Barrio Obrero”, apuntó.

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Así también resaltó que cada una de las personas que estuvieron involucradas están documentadas y presentadas, y también recabadas por el Ministerio Público. En este sentido, citó a todo el personal involucrado en la asistencia inmediata al paciente en ese momento.

“Haciendo un recuento rápido, no tengo un número exacto, pero tenemos a los dos jefes de guardia que son los primeros que acuden, la persona privada de libertad, después viene el personal de sanidad, ahí ya son seis personas, después ya vienen dos agentes penitenciarios más a acompañar, y cuando ya bajan a la sanidad existen otras dos personas más, más el personal del móvil del traslado. Estamos hablando de aproximadamente de 15 a 16 personas”, detalló el ministro.

Por otra parte, el titular del Ministerio de Justicia pidió respetar el trabajo de investigación que está realizando el Ministerio Público sobre lo que ocurrido con Hugo Javier González. Sostuvo que no se pueden sacar conclusiones de manera acelerada por la complejidad del caso.

“Nada está cerrado al 100 %, lo que nosotros pedimos desde la institución del Ministerio de Justicia es dejar que el Ministerio Público haga su trabajo y tener la paciencia necesaria, porque la complejidad de estos casos sacar una conclusión pasada las 48 o 72 horas”, señaló.

También manifestó que existe una gran confianza en que Hugo Javier se pueda recuperar y tener de primera mano los detalles de lo ocurrido, y con eso cerrar todas las dudas que se dieron en medio del debate de las circunstancias en que sufrió los golpes.

“Sí ya se tiene indicios de lo que pudo haber ocurrido, pero nosotros como institución responsable no vamos a sacar ninguna conclusión hasta que el caso esté cerrado, y creemos, confiamos en que Hugo Javier se va a recuperar, y esperemos que él también pueda dar su versión en primera persona de qué fue lo que ocurrió, confiamos en que así va ser”, apuntó.

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La Comisión de Justicia, Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, recibió al ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, para analizar el episodio que afectó recientemente al exgobernador del Departamento Central, Hugo Javier González. El titular de dicha cartera brindó detalles de las condiciones de seguridad en el sistema penitenciario.

Los miembros de esta mesa asesora formularon consultas sobre las circunstancias en que se produjo el episodio que afectó gravemente al exgobernador y respecto a los procedimientos aplicados posteriormente para la asistencia y traslado a un centro hospitalario, desde el penal “La Esperanza”.

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El diálogo se centró, en las condiciones de seguridad existentes en los establecimientos penitenciarios y los protocolos para responder a situaciones de emergencia, con especial énfasis en la necesidad de contar con mecanismos de respuesta adecuados y una atención oportuna.

Al respecto, el ministro Nicora se refirió a las supuestas amenazas contra Hugo Javier González e indicó que el Ministerio de Justicia no cuenta con información al respecto. Expuso los procedimientos aplicados tras el incidente y las acciones desarrolladas para asistir y trasladar al exgobernador a un centro hospitalario.

Esta comisión asesora es presidida por Yamil Esgaib, quien destacó la importancia de fortalecer la capacidad de respuesta del sistema penitenciario ante este tipo de situaciones. Estuvo acompañado de sus colegas colorados Alejandro Aguilera y Daniel Centurión, quien es vicepresidente del referido bloque de asesoramiento de la Cámara Baja.

“Creo que hubo una intervención inmediata, pero lo ideal es que cada penitenciaría tenga ambulancias a disposición. El protocolo para casos en los que se produzcan hechos como este debe contar con información o mapeo de los hospitales cercanos al lugar de reclusión”, sostuvo.

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