La coordinadora de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este (CCDCE) y exasesora, Magdalena Montiel, indicó que la administración del exintendente y líder del Partido Yo Creo, Miguel Prieto, ya debió ser intervenida en el año 2020 a raíz de los diversos hechos de corrupción en su administración.

“Nosotros nos espantamos, hay muchas investigaciones que no llegamos a concretar con denuncias penales, pero que sí merecen. Para nosotros que le conocimos fue una gran decepción, porque yo estuve en el equipo de la gente que estuvimos apoyándole”, indicó este viernes, en una entrevista con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media, durante una emisión especial desde la capital de Alto Paraná.

Señaló también que “yo fui contratada por Prieto como asesora y la idea fue orientarle a su administración porque cuento con mucha experiencia en el tema de la gestión pública, pero a los dos o tres meses ya empezaron los problemas con su equipo. Ellos criticaron la administración de la exintendenta Sandra McLeod y cometieron los mismos vicios, con muchas irregularidades en su comienzo”.

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Montiel detalló que de las más de 53 denuncias que posee Prieto un total de 15 fueron impulsadas por la organización no gubernamental. “En el 2020 la administración de Prieto ya debió ser intervenida por todas las irregularidades cometidas. En la pandemia del Covid-19 surgieron todas las irregularidades y luego de las denuncias que fueron realizadas por el exconcejal Celso Kelembú Miranda, como contraloría nosotros empezamos a rastrear y profundizar más las investigaciones”, comentó.

Entre las 15 causas judiciales impulsadas por la contraloría ciudadana, que lograron una gran repercusión a raíz de las fehacientes pruebas y el estado judicial en que se encuentran figuran la de Tía Chela y Tajy. Este caso es catalogado como el “primer golpe” de Prieto y sus aliados a raíz de un presunto perjuicio patrimonial de más de G. 2.130 millones a través de kits de alimentos durante la pandemia, en el año 2020.

En dicha causa, Prieto está enfrentando un juicio oral y público. El proceso penal por lesión de confianza contra el líder de Yo Creo se centra en un supuesto negociado en la compra de kits de alimentos que debían ser destinados a familias vulnerables durante la pandemia del Covid-19, en una presunta compra amañada de 25.000 cestas de alimentos a través de la despensa que da nombre a la presenta causa.

Mientras que en el caso Tajy, Prieto y sus excolaboradores se encuentran imputados por lesión de confianza, asociación criminal y administración en provecho propio. El Ministerio Público refiere que, el 11 de junio del 2020, la administración de Prieto efectuó el pago irregular de G. 306.188.500 a favor de la empresa proveedora Tajy por mercaderías que no fueron entregadas, constituyéndose en un hecho de corrupción y perjuicio a las arcas del municipio.

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• Por Juan Marcelo Pereira
• juan.pereira@nacionmedia.com

“El despilfarro del dinero público que inauguró Miguel Prieto en su gestión, al frente de la municipalidad de Ciudad del Este, sigue tan campante“, sostuvo Magdalena Montiel, coordinadora de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este, tras repudiar la serie de millonarias y dudosas licitaciones realizadas por su heredero, Daniel Pereira Mujica, en pleno año electoral.

“Pereira Mujica es el cerebro de toda la administración corrupta de Prieto, él fue que armó todo el esquema y fue por eso que heredó la popularidad y el poder en la municipalidad“, indicó al diario La Nación/Nación Media.

Las afirmaciones de Montiel surgieron tras la licitación lanzada por el intendente esteño, para la adquisición de agua mineral por G. 1.000 millones que, según justifican, es para el consumo de las visitas y funcionarios. Este llamado se realiza en medio de los problemas que agobian a la ciudad como los baches, el tránsito caótico y la inseguridad.

“Todo lo que se hacía en la administración de Prieto pasaba por Pereira Mujica, quien al principio era director de Administración y Finanzas de la municipalidad y posteriormente fue su asesor principal. Era él quien establecía el esquema de corrupción, es por eso que todo esto no nos sorprende“, lamentó.

De acuerdo a la publicación periodística realizada por la Unidad de Investigación de Nación Media, en base a informaciones del portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), Pereira Mujica prevé la compra de botellones de 20 litros y botellitas de 500 ml de agua mineral con un cupo de hasta G. 1.000 millones.

Rara­mente, este monto subió exponencialmente ya que, históricamente el monto para la adquisición de agua rondaba aproximadamente los G. 176 millones hasta G. 200 millones. Según se puede visualizar en la página de la DNCP, el Plan Anual de Contrataciones (PAC) del año 2026 estable­cía un tope de G. 500 millones para la compra de agua mine­ral al incluir la adquisición de las botellitas de 500 ml.

Sin embargo, desde la Uni­dad de Contrataciones de la comuna esteña duplicaron el monto argumentando que es por la buenísima oferta que encontraron y por la necesi­dad de surtir en buenas can­tidades los refrigerios institucionales.

"Solicitamos acceso a información pública y nos niegan, en el caso particular de este llamado todavía no fue adjudicado, pero una vez que suceda, nosotros veremos si ameritará la presentación de una nueva denuncia. Es llamativa la cantidad y el monto total de la compra, no se justificaría, al menos que sea para todas las instituciones que posee la municipalidad. Hay que ver si la provisión de este insumo será efectivizada porque tenemos casos de aquellas compras que se facturaron, pero que efectivamente no vinieron a la municipalidad como se dieron por ejemplo con los casos Tía Chela y Tajy", dijo Montiel.

Agregó que “el esquema de corrupción sigue tan vigente y esto es culpa de la inacción del Ministerio Público. De todas las denuncias penales que realizamos contra Prieto desde el año 2021 hasta la fecha y solo se tiene 3 imputaciones de las 50 acusaciones en su contra y esto seguirá así si sigue la impunidad que se ve y se palpa”.

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La Unidad de Contratacio­nes de la Municipalidad de Ciudad del Este alega mejor precio de compra, pero el valor unitario que orilla los G. 14.000 por botellón de 20 litros es el mismo del mer­cado. En el caso de la lici­tación planteada debiera ampliamente la diferencia considerándose de que es una adquisición a gran escala.

Calendario en manos y precio unitario estimados en el lla­mado, la compra por G. 1.000 millones de Pereira Mujica equivale a 72.000 botellones de 20 litros o 520.000 bote­llitas de medio litro. Según el Pliego de Bases y Condi­ciones la provisión es desde junio del 2026 hasta diciem­bre del 2027.

Considerando los 5 días hábi­les de trabajo establecidos en la municipalidad, sin descon­tar feriados, asuetos ni jorna­das de huelga, etc., tenemos 494 días de junio de este año a diciembre del 2027. Es decir, la compra de Pereira Mujica equivale por lo bajo al sumi­nistro de 145 botellones de 20 litros por día en su insti­tución, una cantidad bastante alta que exigiría el ingreso de miles de sedientos contribu­yentes a la comuna.

"Las que son favorecidas con las licitaciones siguen siendo empresas de maletín que iniciaron su funcionamiento en la época de Prieto. No se tiene en cuenta las necesidades reales que tiene la ciudadanía como por ejemplo tener calles en buen estado", cuestionó Montiel.

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Con juegos, canciones y entrega de obsequios, el fuero de la Niñez y la Adolescencia de Capital, dependiente de la Corte Suprema de Justicia, cerró este lunes 15 de diciembre su calendario judicial 2025 con una actividad recreativa destinada a niñas, niños y adolescentes, hijos e hijas de funcionarios judiciales.

El encuentro, impulsado por la coordinadora del fuero, jueza Bettina Ovando, tuvo lugar en el primer piso de la Torre Sur del Palacio de Justicia, donde funcionan los despachos y secretarías especializadas. Participaron cerca de 30 menores, en un ambiente pensado para celebrar y visibilizar el derecho a una infancia digna, también dentro de los espacios judiciales.

“La empatía no debilita la Justicia, la fortalece”, expresó Ovando durante la jornada. Y agregó: “Cada decisión que tomamos en este fuero no solo implica un análisis legal, sino también un acto de responsabilidad humana frente a situaciones complejas y, muchas veces, dolorosas”.

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La magistrada valoró el trabajo coordinado del equipo multidisciplinario, que incluye defensoras públicas, fiscales del fuero y personal de juzgados, resaltando su compromiso con un enfoque sensible, profesional y humano.

Más allá del carácter lúdico, la jornada reafirmó el rol de una justicia especializada que no se limita al expediente, sino que busca estar cerca de las personas, sobre todo de quienes más necesitan ser escuchados. “La Justicia para niños, niñas y adolescentes no es un anexo, es una necesidad estructural para una sociedad más justa”, concluyó Ovando.

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Desde la Coordinadora de Víctimas de la Mafia de los Pagarés consideran un avance la nueva ley promulgada por el Poder Ejecutivo que establece límites de embargos a funcionarios públicos. Los afectados por el esquema de estafas insisten en el pedido de juicio político a los ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

“Nosotros hemos recibido la noticia de la promulgación de la ley que protege los salarios. Por lo menos eso es lo que manejamos, vemos los alcances y consideramos que es un avance, por un lado. Dentro de este proceso de lucha es un avance y el resultado de las movilizaciones que hemos realizado”, declaró Pedro Coronel, vocero del grupo, en diálogo con la 1000 AM.

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A su criterio, la normativa es insuficiente para dar una salida a la problemática que afecta a 17.000 personas a nivel nacional, en su mayoría docentes.

“Los relatos de los compañeros demostraron la realidad de cómo se está viviendo en el país. En ese marco, esa protección permitiría sobrevivir a los compañeros. No dignificar la vida ni garantizar sus derechos. No es de largo alcance, es solamente un pequeño calmante para nosotros”, manifestó.

Sobre el punto, mencionó que las movilizaciones continuarán, para seguir reclamando la sustitución de los nueve miembros de la máxima instancia judicial.

“Ese proyecto no puede el Gobierno ni las instancias correspondientes utilizar para decir que la mafia se termina porque es absolutamente incierto eso. Porque solamente permite cobrar más, pero no habla en ningún momento de estrategias ni de leyes que puedan enfrentar a la mafia. Quiere decir que con esto se pueden alargar los descuentos, pero no terminar. Y los juicios irregulares seguirían. Por lo tanto, que es absolutamente insuficiente esto”, finalizó.

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