“Se está cerrando el círculo para que el distrito de María Auxiliadora sea uno de los polos de desarrollo más importantes del Paraguay”, dijo el mandatario Santiago Peña, al inaugurar las obras de construcción e interconexión de una subestación de 220/23 kilovoltios (kV), perteneciente a la Administración Nacional de Electricidad (Ande), y la entrega de 67 soluciones habitacionales mediante el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH).

Desde la Ande detallaron que la nueva subestación cuenta con una potencia de 83,34 megavoltio-amperio (MVA), lo que permite quintuplicar la capacidad energética frente a la demanda actual en la zona.

La obra eléctrica beneficiará directamente a unos 20.000 clientes no solo de María Auxiliadora, sino también a Edelira, Natalio, Rafael del Paraná y Yatytay, fortaleciendo el desarrollo agroindustrial.

“La energía eléctrica es la que traerá empleos, industrias, comercio. Esta capacidad que hoy quintuplica la necesidad que hoy tenemos es planificar a largo plazo, es proyectar un desarrollo", comentó Peña.

La infraestructura incluye un patio de 220 kV con dos transformadores de 41,67 MVA, una línea de transmisión de 220 kV de aproximadamente 90 kilómetros (María Auxiliadora–Santa Rita), 23 celdas de 23 kV, de las cuales 16 están destinadas a alimentadores, además de 10 kilómetros de líneas protegidas.

“Estos cables, hierros, transformadores, representan empleo de calidad, oportunidades, más dinero en el bolsillo. Yo no voy a descansar hasta que esto sea una realidad”, manifestó.

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A la vez, desde presidencia se detalló que se concretó la ampliación de la Subestación Santa Rita, incorporando doble barra en 220 kV, nuevas posiciones de transformación y líneas subterráneas. La inversión total asciende a aproximadamente USD 26.000.000, financiada por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), en el marco de la Licitación Pública Internacional N.º 1596/2020.

Con relación a la entrega de viviendas, fueron beneficiadas 45 familias de María Auxiliadora y 22 familias de Edelira. Las mismas cuentan con dos habitaciones, sala, cocina, comedor, baño y lavadero, financiadas por el Parque Tecnológico Itaipú (PTI).

“No vamos a parar, vamos a seguir luchando para que cada uno de los compatriotas tenga una vivienda. Quiero aprovechar para poder transmitir que en pocos meses más vendremos de vuelta aquí para inaugurar un Centro Integral de Atención a la Primera Infancia, para que los niños de este distrito puedan tener más oportunidades. Se recibirá a niños desde los 6 meses hasta los 3 años para que luego puedan ingresar al sistema escolar y forjar ese gran futuro”, anunció Peña.

Por otra parte, el presidente informó a los pobladores que avanza a pasos firmes el proyecto para impulsar la construcción de la ruta que unirá a las localidades de María Auxiliadora y Yatytay. “Esta es una obra que hace años se viene anhelando y es el sueño de muchos ciudadanos”, afirmó.

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“Parece que estamos esperando que sucedan hechos luctuosos”, afirmó el titular del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, este lunes al urgir la aplicación de la normativa 7269 de Prevención, Control y Erradicación de la Violencia en el Deporte, promulgada por el Ejecutivo en junio del 2024, ante los disturbios que ayer obligaron a suspender el partido entre Olimpia y Cerro Porteño en el estadio Defensores del Chaco.

“Esta ley que está en vigencia fue muy bien trabajada junto con la Asociación Paraguaya de Fútbol, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, así como la Secretaría Nacional del Deporte”, dijo el senador al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

“Esta ley es de prevención, si no actuamos y no nos consideramos todos culpables, se tendrán hechos que lamentar. Los dirigentes ya no tienen que dar entradas de favor a hinchadas organizadas violentas. Se tiene que controlar a quienes se les adjudican las entradas, implementar las tecnologías como se hace en varios países como, por ejemplo, los datos biométricos“, dijo Núñez.

La ley plantea una serie de sanciones para los deportistas, aficiona­dos y organizadores que promuevan o permitan los hechos de agresividad en sus eventos. Entre las conductas de violencia se encuentran establecidas no solo la física, sino también los cánticos o la portación de carteles con mensajes ofensivos en el estadio e incluso en las inmediaciones de la sede del evento. También se castiga a quienes financien a los grupos organizados (barrabravas).

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La normativa también establece la creación del Registro Nacional de Eventos Deportivos (Renades). “La policía misma ya debería estar cargando los datos sobre el registro para discriminar a los hinchas violentos”, comentó. Con relación a las sanciones, independientemente a un castigo penal para hechos concretos de agresión o destrozos, se establecen multas para los infractores.

También se establece la prohibición de acceso a los aficionados, o de la organización en el caso de los clubes. Sin embargo, la ley no estipula entre los castigos la posibilidad de pérdida de la categoría o descenso.

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El titular de la Cámara de la Industria Química Farmacéutica (Cifarma), Gerardo García, calificó como una grata noticia el compromiso del gobierno del presidente de la República, Santiago Peña, en desembolsar la suma de USD 180 millones entre abril y mayo para el pago de la deuda que mantiene el Estado con el sector.

“Recibimos esa grata noticia, es un monto bastante importante y existe un compromiso de pago por parte del ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, el cual representa casi el 20 % de la deuda pendiente. Nos explicó de donde provenía los fondos y que la prioridad absoluta del gobierno es pagar la deuda“, indicó este lunes al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

García acotó: “Para el pago del 80 % restante nos pidió 15 días de plazo para poder sentarnos de nuevo y encontrar una solución y si es posible ya tener instrumentado la posibilidad de cesión de deudas de nuestras facturas al banco. Se armó un equipo de trabajo con nuestros abogados para que puedan ponerse de acuerdo con las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas y así tener un documento apetecible para negociar con los bancos y bajar las deudas de forma favorable”.

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La propuesta acordada establece que el 80 % de los USD 180 millones se destine al pago por provisión de medicamentos y el 20 % a otros servicios sanitarios. “Es importante señalar que fue la primera vez que, en una reunión que tuvimos con la gente del Ministerio de Economía y Finanzas, participaron todo el equipo del Ministerio de Salud Pública, desde la ministra María Teresa Barán, sus viceministros, así como el director financiero. Esto fue muy importante porque al final la entidad que a nosotros nos debe es el Ministerio de Salud Pública”, comentó.

García agregó que “anteriormente cuando nos reuníamos y al no participar el Ministerio de Salud Pública, se dudaba hasta incluso de la deuda. Nosotros confiamos mucho en Lovera, si hay alguien que conoce el presupuesto de punta a punta es él y si no hay una solución desde el punto de vista de las recaudaciones, estamos seguro que él va a sugerir otras alternativas”.

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El abogado Claudio Lovera, representante legal de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), calificó como “bastante predecibles” las estrategias que son adoptadas por la defensa del titular del banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar y los 8 imputados por lavado de dinero para frenar la investigación fiscal y evitar un juicio oral y público.

“Ahora comenzaron con recusaciones en sede fiscal y judicial. Yo creo que van a proseguir con esa estrategia que es bastante predecible, la defensa afirma que es un caso prescripto, ellos en realidad quieren extender lo más que puedan los plazos de la investigación para que en algún momento se sientan habilitados a plantear algo así“, afirmó Lovera a la 1330 AM.

Las afirmaciones de Lovera surgieron tras la paralización de la audiencia de imposición de medidas para Zaldívar, que debió ser desarrollada el pasado 15 de abril ante el juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú.

“La estrategia es netamente tratar de descabezar la investigación y ver que pueden pescar en ese contexto. Ellos se presentan como víctimas del sistema judicial y acto seguido realizan recusaciones”, dijo Lovera al argumentar que la defensa a la vez emplea una cobertura mediática en un intento de apartar a los acusadores para anular el proceso.

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La audiencia quedó trabada luego de que la defensa de uno de los imputados Celio Tunholi haya recusado a los camaristas Mario Camilo Torres, Paublino Escobar y Silvana Luraghi, miembros del Tribunal de Apelación en lo Penal Especializado en Delitos Económicos, Corrupción y Crimen Organizado.

Esta situación obliga a la Sala Penal de la máxima instancia judicial a pronunciarse antes de continuar con las diligencias. La Fiscalía tiene plazo hasta el 30 de abril para presentar su requerimiento conclusivo, que puede derivar en acusación o sobreseimiento.

Hasta que no haya una resolución de la Corte, el avance del proceso seguirá suspendido por los recursos planteados por las defensas. En la causa también se encuentran imputados Jorge Vera Trinidad, Eleno Martínez Duarte, Eduardo Queiroz, José Miguel Páez Corvalán, Nora Cecilia de Cardozo, María Clemencia Pérez y María Celeste Leoz de Ribeiro.

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