El presidente de la Asociación de Asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS), Eduardo Aguayo, se refirió acerca del contrato colectivo firmado a principios del 2023 para los trabajadores de la previsional, afirmando que el documento debería analizarse proporcionalmente, debido a que podría favorecer al planillerismo y clientelismo político.
“Por un lado, estamos en desacuerdo, cuando existe una distorsión en cuanto al usufructo de los derechos de manera perniciosa, como pasó con una funcionaria que sin ningún tipo de justificativo utilizaba sus días de reposo. No estamos en contra del contrato colectivo porque consideramos que es una de las garantías que mayores mejoras establece”, puntualizó.
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Aguayo refirió que se debería realizar un análisis de algunos parámetros establecidos en el contrato colectivo, que se encuentran mayormente relacionados con la mala utilización de los permisos laborales. Por otra parte, sentenció que una garantía establecida e innegociable es luchar por mejoras de condiciones laborales, lo cual no se encuentra en discusión sobre el contrato en cuestión.
“Se debe ajustar a la realidad porque si fuese real que los funcionarios pueden acceder a 266 días libres al año, la previsional estaría vacía de trabajadores. Esto obedece a cuestiones de planillerismo o gente colocada a partir del clientelismo político, quienes utilizan de manera inadecuada o hasta ilegal el contrato colectivo”, sentenció para la 1020 AM.
El contrato cuestionado establece también beneficios con días de licencia o permisos, por causas que no necesariamente podrían ser justificadas; ante esto, Aguayo dijo tajante que se debe saber diferenciar los campos de análisis. Por otra parte, remarcó que el establecimiento de un mejor contrato colectivo no afectaría los fondos jubilatorios, aclarando que resulta engañoso decir que tanto el sistema de salud como las reservas técnicas de los jubilados y pensionados corren algún tipo de riesgo.
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