La senadora por el Frente Guasu, Esperanza Martínez, analizó la gestión que se desarrolló en el Senado este año, asegurando que el pleno debería tomar mayor conciencia sobre determinados proyectos de ley y analizarlos con más capacidad crítica. Para la parlamentaria, debe haber una mayor vinculación del colegiado legislativo hacia las necesidades reales de la ciudadanía, así como hacia sus exigencias.
“Espero que la racionalidad prime en la Cámara y espero que el Senado recupere su trabajo histórico. Más allá de las dificultades que ha tenido el pleno y seguirá teniendo, no podemos continuar de la manera en que lo hacemos; yo soy una optimista perpetua y pienso que será posible llegar a estos logros, pese a que en ocasiones resulte complicado”, expresó para la 780 AM.
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La legisladora aseguró que, como representante nacional, no dejará de reclamar ante el pleno todo lo que considere negativo o poco constructivo dentro del quehacer parlamentario. Para Martínez, la poca posibilidad de plantear disensos y escuchar diferentes voces sobre un planteamiento de ley, representa algo a lo cual no debe apuntar la Cámara, incentivando así a la generación de más discusiones productivas.
Con respecto a las propuestas legislativas que se encuentran en puerta para ser analizadas, Martínez recordó el proyecto de la devolución premiada, planteada desde la Cámara Baja. Para la senadora, resulta crucial que se genere un espacio de debate amplio y tratar de evitar que esa figura termine constituyendo una salida para el delito de enriquecimiento ilícito.
“Sobre nuestra institucionalidad y nuestra convivencia pacífica, deberíamos intentar, en tiempos tan difíciles, atender los problemas de la gente, que posee problemas económicos serios. Tan solo esta Navidad será muy complicada para la ciudadanía; la realidad que tenemos es muy compleja”, lamentó la senadora, afirmando que ante dicho factor los parlamentarios deben contribuir con debates más serios.
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Diputados avanza en ley para regular la propaganda electoral en redes sociales
La Comisión de Asuntos Electorales, presidida por el diputado liberal Arnaldo Valdez resolvió solicitar el parecer de varias instituciones antes de dictaminar acerca del proyecto de ley “Que regula la propaganda electoral en redes sociales y plataformas digitales”.
Esto, con el objetivo de adecuar el Código Electoral paraguayo a las nuevas formas de comunicación política que predominan en la era digital.
La iniciativa pretende modernizar el marco normativo vigente que actualmente está enfocado principalmente en medios tradicionales y soportes físicos, incorporando los espacios virtuales al ámbito de control y fiscalización de la Justicia Electoral.
Según los fundamentos de la propuesta, la necesidad de esta regulación responde al creciente protagonismo de las plataformas digitales en los procesos electorales, especialmente entre los jóvenes. Datos citados en el proyecto señalan que el 47,4 % de este sector de la población obtiene información sobre asuntos electorales principalmente a través de redes sociales.
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El diputado Valdez explicó que con el propósito de dotar a la iniciativa de un sólido respaldo técnico y jurídico, la Comisión de Asuntos Electorales resolvió solicitar informes y opiniones institucionales al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), al Ministerio Público y al Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC). “La intención es evaluar la viabilidad operativa de los mecanismos propuestos y fortalecer las capacidades de control y fiscalización de las instituciones involucradas”, refirió
Uno de los aspectos centrales del proyecto es la protección de los datos personales en el ámbito político. En ese sentido, la propuesta prohíbe expresamente el uso de técnicas de segmentación o micro-targeting basadas en perfiles ideológicos o afiliaciones políticas obtenidas sin consentimiento de los ciudadanos, buscando evitar prácticas de manipulación electoral mediante el uso indebido de grandes volúmenes de datos.
Registro de Publicidad de política digital
Asimismo, el documento contempla la creación de un Registro Obligatorio de Cuentas para la publicidad política digital, herramienta que permitiría al TSJE y a la ciudadanía conocer el origen de los recursos destinados a campañas en internet y reforzar la transparencia del financiamiento electoral.
La iniciativa también incorpora disposiciones relacionadas con el uso de nuevas tecnologías. Entre ellas, establece restricciones para la utilización de contenidos falsificados mediante inteligencia artificial (deepfakes) con fines de desinformación, además de exigir la identificación de materiales generados por IA.
Igualmente, extiende el período de silencio electoral a la publicidad paga en plataformas digitales durante las 48 horas previas a los comicios.
Por otro lado, se prevé la implementación de mecanismos de cooperación con grandes empresas tecnológicas para facilitar el acceso a bibliotecas de anuncios y fortalecer los procesos de control y auditoría electoral.
Finalmente, el proyecto plantea una aplicación gradual de las nuevas disposiciones, fijando una vacatio legis hasta el ciclo electoral de 2032, con el fin de permitir que el TSJE desarrolle las capacidades tecnológicas necesarias y se consoliden los mecanismos de transparencia en el ámbito digital.
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Diputados sanciona ley para restaurar la histórica casa de Serafina Dávalos
Por unanimidad, la Cámara de Diputados sancionó el proyecto de Ley que crea la Comisión Nacional para la restauración y puesta en valor de la casa de Serafina Dávalos. Luego del análisis que realizó el plenario durante la sesión ordinaria de la fecha, el documento fue aprobado con lo que la normativa quedó sancionada y el documento será remitido al Poder Ejecutivo para su consideración.
En uso de la palabra, la diputada colorada Cristina Villalba, titular de la Comisión de Presupuesto, fundamentó el dictamen favorable del ente asesor al respecto de esta iniciativa. “Con la aprobación de este proyecto se podrá tener una mirada de restauración de las casas históricas tanto en la capital como en el interior del país”, expresó.
La legisladora mencionó que Serafina Dávalos constituye una de las figuras más trascendentes de la historia nacional, siendo la primera mujer paraguaya en obtener el título de doctora en Derecho y Ciencias Sociales y pionera de la participación femenina en los ámbitos académicos, jurídicos y políticos.
“Su pensamiento y acción representaron un aporte fundamental en la defensa de la igualdad, la educación y los derechos civiles de las mujeres paraguayas”, añadió.
En pleno centro de Asunción
El inmueble está ubicado específicamente sobre las calles Luis Alberto de Herrera, entre Estados Unidos y Tacuary, es considerado de alto valor histórico, cultural y simbólico para la República del Paraguay y, especialmente, para la memoria de las luchas por los derechos de las mujeres en nuestro país. Según denuncias, la antigua casa de Serafina Dávalos, quien fuera la primera abogada del Paraguay, se encuentra en estado de total desidia y abandono.
Ante esta realidad, se propone la creación de una instancia interinstitucional que permita articular esfuerzos entre organismos del Estado, gobiernos locales, universidades, organizaciones de la sociedad civil y entidades vinculadas a la preservación patrimonial y a la promoción de los derechos de las mujeres.
Finalidad de la comisión
La mencionada comisión nacional tendrá como finalidad impulsar las acciones necesarias para la recuperación integral del inmueble, promover mecanismos de cooperación institucional, gestionar recursos presupuestarios y establecer acuerdos que permitan concretar la restauración y posterior utilización del espacio como un centro de memoria de las luchas y derechos de las mujeres.
El proyecto establece que la comisión nacional de restauración estará integrada por representantes de varias instituciones competentes que durarán en sus funciones por el término de un año.
Cabe mencionar que el inmueble ya había sido declarado “Bien de Valor Patrimonial Cultural” por la Secretaría Nacional de Cultura (SNC), y pertenece actualmente al Instituto de Previsión Social (IPS).
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Diputados: dictaminan a favor del pago de intereses por deudas en obras públicas
Las comisiones de Presupuesto y de Cuentas y Control de la Cámara de Diputados emitieron dictamen a favor del proyecto de ley de pago de intereses por certificados de obra y la emisión de títulos de deuda pública. El diputado César Cerini, presidente de la Comisión de Cuentas, explicó que este proyecto es muy importante para cumplir con las empresas de obras.
“Hemos decidido aprobar ese proyecto de ley para que se pueda honrar también con este sector ya es sumamente importante, sabemos que las empresas requieren de muchos recursos, generan mucha fuente de trabajo, y que ellos sigan trabajando también y no tengan ningún tipo de problema”, señaló el legislador a los medios.
También expresó que existe una preocupación por el bajo presupuesto que cuenta el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). “Siempre es preocupante por los recursos que se está disponiendo, sabemos que el Ministerio de Obras Públicas ha disminuido su presupuesto, prácticamente la mitad, son 570 millones de dólares, que siempre fue más de 1.000 millones de dólares”, mencionó.
La iniciativa plantea autorizar al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones al pago de intereses moratorios derivados de obligaciones no canceladas dentro de los plazos contractualmente establecidos, correspondientes a certificados de obras de infraestructura ejecutadas para entidades de la administración central.
Así también, contempla el reconocimiento de intereses moratorios hasta una tasa máxima del 9,9 % anual, aplicable a obligaciones mantenidas con proveedores, consultores y contratistas.
Este proyecto ya cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores, y también tiene el dictamen favorable de la Comisión de Obras de Diputados, fue incluido en el orden del día de la sesión ordinaria de la Cámara Baja de este martes.
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Senado abre investigación sobre emisión de títulos superiores presuntamente falsos
El senador Basilio Núñez, presidente de la Cámara de Senadores, encabezó la instalación de la Comisión Especial de Investigación de carácter transitorio para el estudio de los hechos relacionados con la emisión, comercialización y utilización de títulos, diplomas y certificaciones de educación superior, formación técnica, profesional y de posgrado, presuntamente falsos o irregulares, que se llevó a cabo este lunes en la Cámara Alta.
Como primera medida, se conformó la mesa directiva, que quedó integrada por el senador Patrick Kemper, como presidente; la senadora Esperanza Martínez, como vicepresidenta; y el senador Dionisio Amarilla, como relator.
Asimismo, integran la comisión los senadores Blanca Ovelar, Derlis Maidana, Lizarella Valiente, Juan Carlos Galaverna Ortega, Zenaida Delgado, Rafael Filizzola, Celeste Amarilla, Noelia Cabrera y Yolanda Paredes.
Ruta de Trabajo
Tras su designación como presidente de la Comisión, el senador Patrick Kemper explicó que durante la reunión se definieron los lineamientos iniciales de trabajo y los mecanismos que permitirán recepcionar denuncias ciudadanas.
“Conversamos sobre los canales que vamos a habilitar para que cualquier ciudadano pueda presentar denuncias, así como sobre una plataforma virtual que estaremos socializando próximamente. Básicamente, hemos definido la hoja de ruta del trabajo que desarrollaremos”, señaló.
Indicó además que la comisión convocará a representantes de las distintas instituciones vinculadas al ámbito educativo y desarrollará una labor investigativa con el objetivo de elaborar un informe final dentro del plazo inicialmente establecido de seis meses, periodo que podría ampliarse si las circunstancias así lo requieren. Adelantó que el informe incluirá recomendaciones y eventuales propuestas legislativas.
Entre las primeras convocatorias previstas figuran autoridades del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES), del Consejo Nacional de Educación Superior (CONES), así como representantes de universidades públicas y privadas. No obstante, aclaró que aún no se definieron los días ni los horarios de las reuniones de la comisión.
Por su parte, la senadora Esperanza Martínez sostuvo que uno de los primeros casos a ser investigados debería ser el de la Universidad Sudamericana, atendiendo a las denuncias que la involucran.
Según manifestó, dicha institución habría expedido alrededor de 2.500 títulos en un periodo de tres a cuatro años en unas veinte carreras, por lo que consideró necesario que sea uno de los primeros casos analizados para desarrollar una metodología de investigación.
Añadió que la comisión buscará identificar y exponer posibles mecanismos de corrupción que pudieran haberse instalado dentro del sistema de educación superior.
A su turno, el senador Dionisio Amarilla ratificó las expectativas generadas en torno a la comisión y destacó la importancia de profundizar las investigaciones.
Consideró que una de las primeras medidas debería ser solicitar al Ministerio de Educación y Ciencias un informe detallado sobre el registro de títulos de grado y posgrado expedidos en los últimos años.
La senadora Lizarella Valiente enfatizó que la situación resulta especialmente grave para quienes han obtenido sus títulos mediante años de esfuerzo, inversión y sacrificio personal.
Asimismo, advirtió que el uso de títulos presuntamente irregulares para el ejercicio profesional o para acceder a beneficios dentro de la función pública podría configurar un perjuicio para el Estado paraguayo, por lo que consideró necesaria la participación del Ministerio Público.