Desde la Procuraduría General de la República indicaron que llevan adelante acciones para defender los intereses nacionales ante la deuda de USD 17 millones que fue interpuesta por el Tribunal Arbitral a favor de la firma Mota-Engil. Actualmente están a la espera de la resolución de un primer recurso de aclaratoria y posteriormente se presentaría un pedido de nulidad.
“Todavía se está planteando recursos contra el laudo y voy a asumir posiciones, siempre en defensa del Estado paraguayo por lo menos hasta que quede firme el laudo, y eso todavía no está firme porque está siendo objeto de un recurso de aclaratoria y posteriormente estamos evaluando interponer un recurso de nulidad eventualmente”, confirmó el procurador Marco Aurelio González.
El representante del Estado paraguayo ante el tribunal precisó que la nueva acción será planteada recién una vez que el órgano resuelva el recurso de aclaratoria y en este sentido, afirmó que es cauteloso en sus declaraciones respecto a quiénes deberían asumir la responsabilidad de la deuda de modo que esto no sea utilizado perjudicialmente contra los intereses nacionales.
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No obstante, expresó lo siguiente: “el análisis jurídico señala que el gobierno anterior no tuvo razón cuando hizo las alegaciones para suspender el contrato. Se puede ver que en realidad cuando el anterior gobierno ganó las elecciones vino haciendo anuncios públicos, críticas sobre el metrobús fue generando una actitud reactiva por parte de la gente de Mota-Engil”.
Las declaraciones del gobierno de Mario Abdo se refería públicamente a futuras suspensiones del contrato, esto sin antes conversar con representantes de la firma encargada de la obra del Metrobús, lo que ocasionó un desgaste en la relación, la que finalmente se vio crispada cuando de forma unilateral se decide poner fin a las obras y al contrato con Mota-Engil.
“Si se hace un análisis económico, hasta el momento en que se rescindió el contrato, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) había pagado USD 27 millones. Si se hubiese continuado la obra y se destinase estos USD 17 millones que implica la pérdida, tendríamos una avance donde tendríamos casi terminado el metrobús”, señaló el procurador ante la 1080 AM.
Un tribunal arbitral impuso al Estado el pago de USD 17 millones más intereses computados a la firma Mota-Engil, que fue la encargada de la construcción del metrobús. Por otro lado, este mismo órgano reconoció que la empresa tiene una acreencia de USD 100.000 a favor de Paraguay. Es de señalar que esta resolución aún no está firme, por lo que nuestro país aún plantea acciones ante una fallida gestión del gobierno de Abdo.