El pleno de la Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto de ley que declara emergencia penitenciaria en todos los centros penitenciarios y centros educativos por el periodo de un año. Esta normativa también autoriza la contratación de más personal y el financiamiento para obras de infraestructura para el mejoramiento del sistema penitenciario. La iniciativa pasa ahora a la Cámara de Senadores.
El presidente en ejercicio de la Cámara de Diputados, Carlos Arrechea, llevó a un cuarto intermedio la sesión ordinaria, y se convocó a una extraordinaria para tratar el proyecto de ley que declara en situación de emergencia todos los establecimientos penitenciarios y centros educativos del territorio nacional y establece los objetivos y el plan de seguridad penitenciaria con el concurso de las fuerzas públicas.
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El pedido del tratamiento de este proyecto fue presentado por el diputado Marcelo Salinas, quien solicitó la sesión extraordinaria tras la reunión que se dio ayer con el ministro de Justicia Ángel Barchini, sobre la necesidad de continuar con la emergencia penitenciaria en el país. “Ayer tuvimos una reunión en mesa directiva con el ministro de Justicia donde presentó un proyecto de ley por el cual se declara emergencia”, manifestó el legislador.
Durante el debate la diputada Cristina Villalba, en representación de la Comisión de Presupuesto, explicó los alcances de esta normativa, estudio del proyecto de ley acordado con el ministro de Justicia y los parlamentarios.
“Este proyecto de ley tiene como objeto declarar en situación de emergencia todos los establecimientos penitenciarios dependientes del Ministerio de Justicia por el plazo de 365 días. Autoriza reglamentar el plan de seguridad con el concurso de las fuerzas públicas en la seguridad y vigilancia de todos los establecimientos penitenciarios, a fin de fortalecer la seguridad perimetral e interna, y mejorar el sistema de seguridad en los centros penitenciarios”, refirió la legisladora.
Indicó que se contempla la autorización al Ministerio de Justicia gestionar recursos y la contratación por la vía de la excepción a personal penitenciario. “Autorizar al Ministerio de Justicia la contratación de personal en carácter de excepción con lo dispuesto en la Ley 1626/0 de la función pública y sus reglamentos, autorizar al Ministerio de Justicia a gestionar los recursos presupuestarios para llevar adelante las obras de infraestructura y la compra de equipos tecnológicos de seguridad para atender las necesidades impostergables en materia penitenciaria”, mencionó.
Igualmente, la ley establece “encomendar al Ministerio de Economía y Finanzas la atención preferencial en carácter de prioridad a los procedimientos requeridos por el Ministerio de Justicia para la transferencia de créditos presupuestarios, así como para la obtención de los mismos por los mecanismos legales”.
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