Desde la Procuraduría General de la República, encabezada por Marco Aurelio González, se informó que el Gobierno definirá la siguiente semana la estrategia procesal parcial que adoptará ante la pérdida de la demanda contra la empresa Mota-Engil, que costará al Estado la millonaria suma de USD 16 millones. Incluso se pretende que el país pague las costas del juicio.
El caso fue impulsado por la firma portuguesa en el 2018, con la decisión del entonces presidente Mario Abdo Benítez, a través del entonces titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Arnoldo Wiens, de suspender las obras del Metrobús.
“Estamos analizando las acciones, los recursos que vamos a plantear eventualmente. Nosotros tenemos un plazo de 15 días. Estimamos que en la semana que viene vamos a estar definiendo una estrategia procesal parcial”, sostuvo el procurador, este viernes, mediante una entrevista con medios de comunicación desde la sede de la PGR.
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Al asumirse la decisión en forma apresurada e improvisada y sin buscar alternativas para continuar las obras, se incurrió en el incumplimiento del contrato por parte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) con dicha empresa y, consecuentemente, se originó la demanda que hoy afecta al Estado paraguayo.
“Vamos a decidir si vamos a ir por la vía del recurso de nulidad o si pedimos alguna aclaratoria ante el Tribunal Arbitral”, puntualizó González. En la búsqueda de revertir esta situación desfavorecedora, el alto funcionario del Ejecutivo indicó: “Esta actuación fue negligente por parte del gobierno anterior. Queremos dar la seguridad de que protegeremos el erario con argumentos”.
Detalló también que el tribunal decidió que el Estado paraguayo debe pagar a la firma además de lo que ya pagó, UDS 13 millones más intereses, llegando así a los USD 16 millones. A la vez indicó que por su parte, Mota-Engil debe pagar al MOPC la suma de USD 100.000.
González agregó que Paraguay fue obligado a pagar casi USD 5 millones debido a que ejecutó una póliza en contra de una orden expresa del tribunal, incluso ofreció una garantía para que no se proceda a la ejecución. Con la suma total de intereses, hasta el 31 de diciembre, Paraguay debe pagar USD 16 millones. El Estado ya logró pagar a la empresa un monto de USD 27 millones.
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