La presidencia de la República emitió un decreto mediante el cual da por terminada las funciones del representante de los empleadores en el Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS), el cual fue designado por el expresidente Mario Abdo Benítez. Asimismo, se nombró a un nuevo consejero y a su suplente.
“Se nombra al señor José Emilio Argaña Contreras como miembro titular del Consejo de Administración del IPS, en representación de los empleadores, en reemplazo del señor Miguel Ángel Doldan Martínez”, expresa el decreto emitido por el Poder Ejecutivo este 14 de diciembre. Asimismo, el documento añade: “Nómbrase al señor Carlos José Machuca Vidal como miembro suplente del Consejo de Administración del IPS en representación de los empleadores”.
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De esta forma, el Consejo quedó integrado de la siguiente manera, Jorge Brítez como presidente del órgano, Aníbal de los Ríos representante del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, Carlos Alberto Pereira Olmedo representante del Ministerio de Trabajo, Víctor Eduardo Insfrán Dietrich como representante de los Trabajadores y José Jara Rojas, representante de los Jubilados.
Con la última designación, el Consejo de la previsional quedó completamente renovado en cuanto a sus integrantes. Argaña fue presidente del Banco Nacional de Fomento (BNF) hasta el año 2000 y es hijo del extinto vicepresidente, Luis María Argaña.
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Ejecutivo reglamenta ley de utilización de pavimento rígido en obras viales
El Poder Ejecutivo emitió el decreto N.° 1683 mediante el cual se reglamenta la ley N.° 5841/2017 que “establece la utilización de pavimento rígido en los proyectos viales”, con esta reglamentación será posible la utilización de cemento de industria nacional en las obras viales, lo cual impulsará la generación de empleo y durabilidad de los proyectos, según explicaron.
“El decreto reglamentario de pavimento rígido es un decreto que se tenía que reglamentar hace más de siete años y hoy finalmente se está dando inicio a una transformación en infraestructura, pavimento rígido con cemento nacional”, expresó Claudia Centurión, ministra de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
El anuncio fue realizado a través de las redes sociales del mandatario, Santiago Peña, quien aseguró que esto representa un paso trascendental para nuestro país, puesto que se hace realidad una reglamentación largamente esperada. De acuerdo a lo que explicó el presidente, esta normativa habilita a que el cemento pueda ser utilizado en obras viales, lo cual dará impulso de la mano de obra, además de una mayor durabilidad a la red vial.
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“¡Apostamos al desarrollo con infraestructura de calidad! Con el decreto reglamentario de la ley de pavimento rígido en proyectos de obras viales, promovemos la utilización de cemento de industria nacional, generando empleo e impulsando obras de mayor durabilidad, para beneficio de todos los paraguayos”, expresó el jefe de Estado.
El decreto establece plazos para la aplicación gradual de la ley, y de acuerdo a esto, se establece que el MOPC deberá planear, programar, presupuestar y contratar la construcción de pavimento rígido en un porcentaje del 15 % del total de las obras viales programadas para el 2024, el 20 % del total de las obras viales programadas para el 2025, el 25 % del total de las obras viales del 2026, el 30 % del total del 2027 y subsiguientes.
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El desequilibrio financiero en el IPS fue heredado de la gestión anterior
La gerente de Prestaciones Económicas del Instituto de Previsión Social (IPS), Vanessa Cubas, indicó que en la previsional se está tomando una serie de medidas a modo de recuperar la estabilidad que atraviesan los diferentes fondos y en específico la caja de jubilaciones y pensiones, que arrastra problemas desde el 2020.
“El fondo común de jubilaciones y pensiones entró en desequilibrio desde el 2020 y todavía no se recuperó, esa es una situación de desequilibrio financiero que hemos heredado y que nos vemos obligados a administrar con responsabilidad en el marco de la ley”, expresó Cubas en contacto con la 650 AM.
La gerente indicó que se encontraron con dicha situación cuando ingresaron a la institución en agosto del 2023, a esta altura, ya es de público conocimiento el desequilibrio financiero que atraviesa el IPS, manifestó y afirmó que otra de las cajas que cuenta con endeudamientos enormes, en el fondo de enfermedad y maternidad.
“En ese contexto hemos analizado la situación y las instancias técnicas financieras, actuarial, jurídica y hemos elevado un paquete de medidas, algunas administrativas, otras de reformas legales que buscan de manera paulatina recuperar ese desequilibrio financiero en el que hemos encontrado la institución”, precisó.
Una de las medidas administrativas tomadas por el Consejo, fue la de revocar las resoluciones de este mismo órgano, mediante las cuales se elevó el haber mínimo jubilatorio. Dicho incremento se dio sin que se previeran nuevos ingresos y la previsional se vio obligada a recurrir a sus reservas para poder cumplir con los jubilados.
“El haber mínimo jubilatorio que por ley tendría que ser el 33% del salario mínimo, pero en el 2020 por resolución de Consejo se modificó ese piso de la ley y se elevó al 50% del salario mínimo y en el 2021 se elevó al 75%”, recordó. Cubas mencionó que otro paquete de medidas fue remitido al Congreso, el cual debe aprobar estas iniciativas que ayudarían al IPS a mejorar sus ingresos y permitiría la recuperación financiera paulatina.
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Modificaciones en el IPS responden a multimillonarias deudas, sostienen
Vanessa Cubas, gerente de Prestaciones Económicas del Instituto de Previsión Social (IPS), habló de las modificaciones del Consejo de Administración, para aplicar la ley sobre los haberes, evitar que los egresos superen los propios ingresos y frenar los subsidios a quienes aportaron por debajo.
“Nos vimos obligados a plantear estas medidas por las condiciones en las que encontramos la previsional en agosto del 2023. No es un secreto la crisis que existe en el IPS, en sus finanzas, en los fondos de maternidad, sin mencionar que hemos heredado deudas multimillonarias”, dijo.
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Recordó además la pesada herencia en el fondo de jubilaciones y pensiones, que quedó desequilibrado. Así, se resolvió revocar resoluciones del 2020 y 2021, de las cuales con una dudosa legalidad se había elevado el piso del haber mínimo jubilatorio, del 33 % al 75 % del salario mínimo.
“Al revocar las resoluciones, se vuelve al 33 %. Ninguno de nuestros jubilados tendrán reducciones en sus haberes, pero sí significa que desde el 7 de mayo liquidaremos las jubilaciones al menos en un 33 % del salario mínimo”, explicó en “Fuego Cruzado”, por GEN/Nación Media.
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Una crisis arrastrada
El reordenamiento responde al desequilibrio financiero desde el 2020, donde el Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones empezó a quedar en crisis porque los ingresos a través de los aportes y las rentas generadas no alcanzan para cubrir los egresos, por lo que se utilizan las rentas de las reservas.
“En el 2023, el déficit del Fondo de Jubilaciones fue mayor a G. 370 mil millones, lo cual se cubre usando las rentas de las reservas, lo que se traduce en el 28 % de las mismas. De continuar en el mismo camino y velocidad, en unos años las rentas ya no alcanzarán y deberemos usar las reservas”, indicó.
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Sanciones
Cubas remarcó que las modificaciones planteadas son únicamente para aquellas personas que tienen un haber mínimo muy por debajo del 33 % del salario mínimo. Por otra parte, tras las resoluciones ilegales, se procedió a un examen especial por parte de la Contraloría.
“Nos ha requerido toda la información y documentos, hemos enviado todo. Como resultado de ese análisis, el camino a seguir es la denuncia ante las instancias pertinentes”, refirió, destacando los procesos de transparencia que están siendo priorizados desde la previsional.
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Policía administrativo para IPS
Dos hechos trascendentes se dieron esta semana; por un lado, tras eficientes y duras negociaciones con representantes de Brasil, Paraguay logró un acuerdo en el precio de la tarifa de Itaipú, además de royalties, compensación de energía y hasta utilidades de capital; segundo, nos enteramos que el Consejo de Administración del IPS aprobó un anteproyecto de ley que modifica su carta orgánica.
En el primer caso hasta el sector industrial felicitó al Gobierno por el resultado obtenido. Esto significa que con el dinero que entrará se podrán realizar las tan necesarias y retrasadas infraestructuras que –según estiman– en tres años podrían posicionar al Paraguay en el camino de la industrialización, generando mejores fuentes de empleo para los ciudadanos y mayores ganancias para los empresarios. Pero la gente festeja lo que considera importante: que Ande no aumentará de precio y que los “cortes de luz” ya no serán frecuentes.
En el segundo caso, en el de IPS proponen sumar los últimos 120 meses del salario del trabajador para jubilarlo con ese porcentaje, no como era hasta ahora con el porcentaje de los últimos 36 meses.
Este cambio se debe a que supuestamente un trabajador que durante toda la vida ganó, por ejemplo, el salario mínimo, en los últimos tres años antes de jubilarse comienza a aportar como si fuera un gerente. Por lo tanto, se jubila como gerente, pero solo aportó el monto mínimo y se genera un déficit.
Buscar soluciones justas para los trabajadores debería ser un deber para el IPS; sin embargo, todas las soluciones van en contra de los demás honestos aportantes que durante años se sacrificaron.
Tomando el salario mínimo de los últimos diez años podríamos hacer un cálculo para darnos cuenta de que siempre el empleado es el que pierde. Primera pregunta: si Juan, que gana sueldo mínimo, se jubilara hoy, ¿por qué debe cobrar menos de lo que gana en este momento si ese es el nivel de vida que lleva? Segunda pregunta: ¿cuánto cobraría haciendo el porcentaje de los últimos diez años?
Teniendo en cuenta los salarios mínimos de los últimos diez años 1.824.055 (2014), 1.824 055 (2015), 1.964.507 (2016), 2.041.123 (2017), 2.112.562 (2018), 2.192.839 (2019), 2.192.839 (2020), 2.289.324 (2021), 2.550.307 (2022) y 2.680.373 (2023). El total es 21.671.984, que dividido entre 10 sería 2.167.198. Es decir, de estar ganando 2.680.373 pasará a cobrar 2.167.198, o sea 513.175 guaraníes menos de lo que gana hoy. ¿Por qué?.
Si el cálculo se hiciera sobre los tres últimos años, veríamos que la suma alcanza 7.520.004, y dividiendo entre tres años, el mismo jubilado tendría que cobrar 2.506.668. Es decir, cobraría 339.470 más que haciendo el cálculo de los diez años.
El problema no son los trabajadores ni los empresarios, el error viene del mismo IPS, que no actúa como policía administrativo. Los controles que realiza son completamente ineficientes y por esa falta deben pagar los que no pueden defenderse, o sea, los empleados a quienes por ley se les obliga a aportar, pero a la hora de jubilarse les cambian las reglas para pagarles menos y que vivan como mendigos.
Conozco casos en los que las empresas descontaban el aporte a sus colaboradores, pero que no llegaban al IPS. Y si el empleado cuestionaba, era despedido. ¿Qué hace el IPS para proteger a estos ciudadanos? Miles de empleados quedaron sin posibilidad de jubilarse por esta razón y deberán trabajar hasta morir sin opción de la jubilación. Y siguen aportando, pero llegarán al final –si llegan– cuando sea tarde y no podrán disfrutar de su derecho.
El Consejo de IPS debe cambiar de mentalidad, ejercer el control como deben y defender los intereses de los aportantes.