El titular de la Cámara de Senadores y del Congreso Nacional, Silvio Ovelar, al igual que el presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre, han firmado este miércoles las respectivas resoluciones por las cuales se declara asueto para todo el funcionariado permanente y contratado del Poder Legislativo, para este jueves 7 de diciembre.
El funcionariado público y legislativo se tomarán lo que popularmente se conoce el “puentazo” de Caacupé, debido a que volverán a sus respectivas funciones el lunes 11 de diciembre.
Conforme a la resolución 1.045 firmada por el senador Silvio Ovelar y la resolución número 1.089 firmada por el diputado Raúl Latorre se dispone declarar asueto todo el día jueves 7 de diciembre atendiendo la fiesta religiosa más popular del país, que es la celebración del día de la Virgen de Caacupé que es este viernes 8 de diciembre.
“Reconociendo que la mayoría del pueblo paraguayo profesa gran devoción a la Virgen de Caacupé, realizando peregrinaciones desde distintos puntos del país, hasta la Basílica de Caacupé, en los días previos al 8 de diciembre”, expresa el considerando de la resolución firmada por el titular de la Cámara Alta y el Congreso.
Cabe recordar que el día viernes 8 de diciembre, fecha que se celebra la principal celebración religiosa del día de Caacupé, está declarado como Feriado Nacional para todos los trabajadores del país.
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Vinculan al hijo de Santiago Peña con el despojo de 310.000 hectáreas en el Chaco
El abogado y exministro del Interior, Francisco de Vargas, acompañado por su colega Michelle Byun, denunciaron ante la Cámara de Senadores que Gonzalo Peña, hijo del expresidente de la República, Santiago Peña, intercedió con el despojo de 310.000 hectáreas en el Chaco con el objetivo de comercializar créditos de carbono a empresas multinacionales.
La denuncia fue presentada ante la comisión especial de Investigación sobre presuntos hechos de corrupción en el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), liderada por el senador del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Líder Amarilla.
De acuerdo a la acusación, las tierras fueron arrebatadas de la secta Moon, movimiento religioso de origen coreano asentado en la zona de Puerto Casado, mediante vínculos políticos y con el complaciente aval de varias instituciones del Estado bajo el mando de Santiago Peña, como la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), la Procuraduría General de la República y el Ministerio de Defensa.
Byun, quien se desempeña como presidenta de la secta, detalló que la pérdida de las hectáreas fue concretada por una demanda impulsada por un antiguo integrante del grupo. Agregó que dicha sentencia judicial violó la Ley de Seguridad Fronteriza y que las tierras estarían siendo transferidas a cuatro supuestas empresas de maletín que pertenecerían a Kiantar Betancourt, quien es sindicado como socio comercial de Gonzalo Peña.
“Queremos señalar los vínculos políticos que afectan directamente a esta cuestión. De esto hemos tomado conocimiento a través de publicaciones periodísticas (vínculo entre Peña hijo y Bentancourt). Inclusive han viajado a países extranjeros, llámese Estados Unidos y Dubái, para la comercialización de los bonos de carbono, y ahí no hace falta que yo ilustre para que se entienda la cantidad de bonos de venta de carbono que puede obtenerse a partir de 312.000 hectáreas de bosque chaqueño”, refirió de Vargas a medios de comunicación.
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El abogado manifestó también que “esperemos que ahora, habiéndose desbloqueado políticamente esta cuestión, por lo menos así lo entendemos, estas instituciones empiecen a ejercer las acciones judiciales”.
Los créditos de carbono serían comercializados a empresas multinacionales que tienen como finalidad compensar su huella ambiental, cumplir con metas de sostenibilidad como la carbono neutralidad o responder a exigencias de mercados regulados.
Desde el movimiento religioso, requieren a la comisión especial de investigación de la Cámara Alta que se investiguen las denuncias que salpican a Gonzalo Peña y Betancourt, ciudadano colombo-estadounidense, quien negó tener vínculos societarios con el hijo del exmandatario recluido actualmente en la sede del Regimiento Escolta Presidencial por los hechos punibles de lesión de confianza, asociación criminal y administración en provecho propio en el marco de la causa judicial Ueno Bank.
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Senado busca dar celeridad al pago de liquidaciones a afectados de Ueno Bank
La Comisión de Legislación de la Cámara de Senadores convocó a una reunión con autoridades del Ministerio de Trabajo y representantes de los trabajadores afectados por el cierre de Ueno Bank S.A.
Se instaló una mesa de trabajo para analizar la situación laboral y buscar mecanismos que permitan garantizar el cobro de sus haberes y las liquidaciones correspondientes.
El presidente de la citada comisión asesora, Derlis Maidana, adelantó que se aguarda la presentación de un proyecto de ley que permita atender la problemática y brindar respuestas concretas a los trabajadores afectados.
Dijo que el próximo lunes se podría analizar la propuesta y avanzar con celeridad en su estudio y tratamiento en plenaria del Senado. La intención es que la iniciativa obtenga media sanción y pueda ser tratada por la Cámara de Diputados en su sesión ordinaria del próximo martes.
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Hay 41 empresas vinculadas al caso
Por su parte, la ministra de Trabajo, Mónica Recalde, abogó por la celeridad en el tratamiento del citado proyecto de ley. Indicó que la institución ya trabaja en una propuesta para facilitar el cumplimiento de estas obligaciones.
“Vamos a aplicar los artículos 247 y 248 del Código del Trabajo, que establecen justamente estos créditos privilegiados ante cualquier situación que se pueda presentar”, significó.
Detalló que existen 41 empresas vinculadas al caso y anunció que se gestionará una extensión de la cobertura del seguro del Instituto de Previsión Social (IPS) para los afectados. También informó que se trabajará en la determinación de los montos correspondientes a las liquidaciones individuales.
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PGN 2027: Diputados aprueban versión del Ejecutivo con ajustes
La Cámara de Diputados aprobó en general este jueves el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027, manteniendo la versión presentada por el Poder Ejecutivo, con ajustes. La propuesta obtuvo 67 votos a favor y ninguno en contra, mientras que nueve legisladores no votaron.
La aprobación se dio tras una postergación previa solicitada por el Ejecutivo para introducir modificaciones. Durante la sesión, el tratamiento continúa con el análisis de los recortes y modificaciones planteados por los parlamentarios para cada institución del sector público, entre ministerios y entidades descentralizadas.
La sesión se extendió por más de nueve horas, durante las cuales los diputados analizaron punto por punto los reajustes propuestos por el Ejecutivo.
La propuesta de adenda plantea un ajuste neto de G. 1.783.532 millones, equivalentes a unos USD 276 millones, en todas las fuentes de financiamiento, en la búsqueda de la racionalización y optimización del gasto público impulsada por el presidente de la República, Pedro Alliana.
El presupuesto aprobado quedó fijado en G. 166.322.078.980.116 (unos USD 25.754 millones), lo que representa un incremento del 11,2 % respecto al ejercicio 2026; distribuidos en G. 87,9 billones para la Administración Central y G. 78,4 billones para las entidades descentralizadas.
La presidenta de la Comisión Bicameral de Presupuesto (CBP), diputada Cristina Villalba, expuso el dictamen del organismo asesor donde se recomendó aprobar la adenda remitida por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) e incorporar modificaciones presupuestarias por G. 241.000 millones.
Este fue emitido el pasado 29 de octubre, tras dos meses de trabajo que incluyeron reuniones con autoridades de organismos y entidades del Estado, gremios de funcionarios públicos y representantes de la sociedad civil.
Adenda y redistribución
La propuesta presentada por el Poder Ejecutivo contempla recortes en las distintas fuentes de financiamiento del PGN con el objetivo de reducir gastos de funcionamiento y reorientar recursos hacia sectores prioritarios.
Entre los principales ajustes se establecieron reducciones en pasajes, viáticos y gastos de traslado del 40 % en rubros como mantenimiento, limpieza, alquileres, servicios bancarios, catering y combustibles y del 30 % en publicidad, consultorías, equipos de transporte y muebles y enseres.
También se contempló una disminución del 20 % en remuneraciones extraordinarias, adicionales y bonificaciones. Las medidas alcanzan a distintos organismos y entidades del Estado, aunque se establecen excepciones para determinadas instituciones y objetos del gasto, como los recursos destinados a medicamentos, educación y obras públicas.
El proyecto aprobado en Diputados pasa ahora a la Cámara de Senadores que cuenta con un plazo de 15 días corridos para el estudio del proyecto con las eventuales modificaciones.
El Poder Ejecutivo tiene tiempo hasta el 31 de diciembre para promulgar u objetar (vetar) la Ley del Presupuesto, ya que la nueva normativa debe entrar en vigencia el 1 de enero del siguiente ejercicio fiscal.
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Latorre garantiza seriedad en el tratamiento de juicio político al FGE
El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, sostuvo que todos los pedidos de juicio político que se presenten serán abordados y tratados con mucha seriedad.
En este caso, la oposición impulsa el libelo acusatorio para activar el juicio político al Fiscal General del Estado (FGE), Emiliano Rolón, a quien responsabilizan por una lenta acción en el caso Ueno Bank y el expresidente de la República, Santiago Peña.
“Aparentemente son varios los juicios políticos que se van a presentar contra diferentes autoridades, me toca ejercer en ese sentido un delicado rol institucional consagrado por la Constitución y yo voy a velar porque cada uno de esos planteamientos sea tratado con la misma seriedad que fue tratado el juicio político del expresidente de la República”, aseguró Latorre a los medios de prensa.
El argumento de la oposición es que el fiscal general actúo de manera lenta, tanto en proceso como con otras denuncias presentadas anteriormente contra Peña. Al respecto, Latorre recordó que la acción de las instituciones de Paraguay fue valorado en el exterior.
“Yo creo que todos esos tipos de procedimientos y la situación en general van ser abordados y, serán expuestas las preocupaciones, los desacuerdos en el proceso de tratamiento del juicio político. Amen de la cuestión en particular del Ministerio Público, sí hay que decir y esto se habla en el mundo, la reacción de las instituciones paraguayas ante lo acontecido”, resaltó.
En este sentido, señaló que “se produjo este evento, se procedió a la modificación de la ley que priorizaba el pago de los ahorristas, se procedió con un juicio político con mucha velocidad, por unanimidad, por el cual los diputados y senadores aprobaron el juicio político al expresidente de la República, que fue imputado, que se procedió a su detención y cuyo proceso en este momento está siendo dirimido por la justicia donde existe un gran esfuerzo institucional para cumplir con todos los ahorristas”.
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