El Sindicato de Funcionarios del Ministerio Público del Paraguay (Sifumip) y el Sindicato de Funcionarios Empleados y Trabajadores del Ministerio Público – “SIFETRAMIPAR”, emitieron un comunicado conjunto ante recientes publicaciones periodísticas que refieren sobre una supuesta implicancia de algunos de sus miembros en actividades ilícitas en Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná.
Ambos gremios de funcionarios de la Fiscalía enfatizaron que no tolerarán ni respaldarán ninguna conducta delictiva por parte de los funcionarios de la institución. Mencionan además que no asumirán responsabilidad alguna por terceras personas que pretendan hacerse pasar por trabajadores del Ministerio Público.
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Los sindicalistas remarcan que, en caso de que se confirme cualquier indicio o sospecha respecto a la participación de funcionarios en actividades delictivas, estos deberán rendir cuentas y enfrentar las consecuencias legales correspondientes.
Este pronunciamiento que está firmado por los delegados sindicales de Ciudad del Este, Tomás Alberto Acosta, del SIFUMIP, y Vidal Ramírez, de SIFETRAMIPAR, surge en respuesta a publicaciones en medios de prensa y redes sociales, referentes a supuestos funcionarios del Ministerio Público involucrados en actividades al margen de la ley. Estas publicaciones han generando preocupación y especulaciones en la opinión pública. Ambos sindicatos, mediante este pronunciamiento, reafirman su compromiso con la transparencia y la legalidad.
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Ñemby: Fiscalía allanó vivienda y rescató a un perro víctima de crueldad
Tras una serie de denuncias, el Ministerio Público allanó una vivienda en la ciudad de Ñemby y rescató a un perro en terribles condiciones de salud, que pasaba todo el día atado y presentaba graves heridas en todo el cuerpo. Las autoridades abrieron una causa penal contra la propietaria por presunta crueldad animal.
El procedimiento estuvo encabezado por la agente fiscal Lourdes Bobadilla, quien junto con una comitiva policial y la Dirección de Defensa Animal llegaron hasta una vivienda ubicada en el barrio Villa Anita de Ñemby. La intervención se realizó tras una serie de denuncias por las pésimas condiciones en la que se encontraba el perro.
Los técnicos de la dirección de defensa y protección animal se encargaron de inspeccionar al can que presentaba lesiones severas en la piel y los ojos, además, aparentemente estaba bajo de peso. Al llegar al sitio se encontraba atado a la intemperie pese a que la jornada fue bastante lluviosa.
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“El animal, un perro mestizo de pelaje marrón, presentaba lesiones en los ojos y en la piel, según la denuncia presentada. Mediante la información proporcionada por los denunciantes se pudo individualizar el inmueble donde se encontraba la mascota”, detallaron en el informe de la Fiscalía.
En el sitio lograron identificar a una persona como la presunta propietaria del animal y la misma será convocada para prestar declaración en el marco de la investigación que quedó abierta por un supuesto hecho de maltrato animal, previsto en la Ley de Protección y Bienestar Animal.
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La violencia no da tregua: registran 20 feminicidios y 36 huérfanos en lo que va del año
El Programa de Datos Abiertos del Ministerio Público reveló un alarmante balance sobre la violencia de género en el país, registrando 20 víctimas de feminicidio en lo que va del año. Estas muertes violentas han derivado en la apertura de 19 causas penales, debido a que uno de los expedientes investiga el trágico asesinato de dos mujeres de forma simultánea.
La radiografía de la violencia expone una problemática sistémica que trasciende el asesinato, sumando 28 víctimas de tentativa de feminicidio. Asimismo, la Fiscalía reportó una muerte violenta caratulada provisionalmente como homicidio, seis casos de agresiones graves cometidas por exparejas y cuatro causas por tentativa de homicidio que afectaron a víctimas colaterales, entre ellas, un niño.
El perfil de las víctimas y agresores en relación con las edades se tiene que el rango etario de las víctimas fatales es desgarrador, abarcando desde los 12 hasta los 80 años, incluyendo a una menor que ni siquiera alcanzaba los 12 años de edad. Por su parte, los agresores tienen edades comprendidas entre los 18 y los 80 años.
En cuanto a la nacionalidad y la comunidad indica que 18 de las mujeres asesinadas eran de nacionalidad paraguaya, una de origen brasileño y dos pertenecían a comunidades indígenas. A su vez, la violencia destruyó familias enteras: 14 de las víctimas eran madres, dejando un saldo de 36 hijos huérfanos, de los cuales 26 son menores de edad (considerados víctimas indirectas).
Geografía y temporalidad del horror
El departamento Central se consolida como el epicentro del peligro para las mujeres, concentrando 12 de las 20 víctimas. El resto de los casos se distribuye en Concepción (3), Canindeyú (2), Asunción (1), Alto Paraná (1) y Caazapá (1).
Temporalmente, los meses más críticos fueron enero, con 6 reportes, y marzo, con 4. El resto de los crímenes se distribuyó entre julio (3), mayo (2), agosto (2), abril (1), septiembre (1) y octubre (1). En cuanto a los días de la semana, la violencia no dio tregua: los lunes y viernes registraron la mayor incidencia con 4 casos cada uno, mientras que los domingos, martes, jueves y sábados sumaron 3 casos por día.
El entorno y el arma
Los datos echan por tierra la idea de que el peligro está únicamente en la calle. El 75 % de los feminicidios (15 casos) ocurrió dentro de una vivienda, mientras que 5 se perpetraron en la vía pública.
Respecto a los métodos utilizados, los atacantes recurrieron principalmente al uso de armas blancas en 11 de los casos. Las armas de fuego cobraron la vida de 6 mujeres, mientras que las causantes de las muertes restantes fueron la asfixia (1 caso) y traumatismos por golpes severos (2 casos).
Vínculo con el atacante y situación procesal
El círculo más cercano sigue siendo el más peligroso. Las parejas actuales (8) y las exparejas (8) representan el 80 % de los agresores. El resto de los crímenes fue cometido por conocidos (2), un padrastro (1) y un propio hijo (1).
En el ámbito judicial, 15 presuntos responsables ya se encuentran formalmente imputados por el Ministerio Público. La impunidad por vía del suicidio se dio en 5 de los autores, quienes se quitaron la vida tras cometer el crimen. Por último, un sospechoso que contaba con orden de captura internacional fue detenido en Brasil, país donde será sometido a la Justicia.
El informe del Ministerio Público recuerda que la violencia de género no se limita al asesinato; engloba todo acto o acción sistemática que cause daño psicológico, físico o sexual, así como las amenazas, la coacción y la privación de la libertad, tanto en el ámbito público como en la intimidad del hogar.
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Acusan por cohecho pasivo y piden juicio oral contra exfiscal de Emboscada y su auxiliar
La fiscal Yeimy Adle acusó por cohecho pasivo agravado al exfiscal de Emboscada, Bernardo Javier Elizaur Aguirre, y a su exauxiliar, Lilian Andrea Florenciano Alfonso. El caso investiga una supuesta negociación de dinero para beneficiar a un procesado por lesión grave. Ante esto, el Ministerio Público solicitó que la causa sea elevada a juicio oral y público.
De acuerdo con el escrito acusatorio, los procesados habrían solicitado inicialmente G. 7.000.000 a la abogada defensora Corazón de María Corrales (representante de Mauricio Soel Méndez Gómez), a cambio de presentar un sobreseimiento provisional. Posteriormente, el monto habría aumentado a G. 10.000.000 para otorgar una salida procesal favorable. La investigación sostiene que Florenciano mantenía las comunicaciones con la defensa, mientras que Elizaur tenía a su cargo la decisión sobre el requerimiento fiscal.
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El 21 de septiembre de 2025, ante la falta de pago, el entonces fiscal acusó formalmente a Méndez por lesión grave y producción de riesgos comunes. La fiscal Adle señala que dicha acusación se presentó sin contar con los elementos médicos que la propia Fiscalía consideraba indispensables, pues el diagnóstico de la víctima seguía pendiente y aún no existía un dictamen del médico forense. “Esta secuencia revela que la posición procesal de la Unidad Fiscal no respondía a la existencia de elementos objetivos de convicción, sino que estaba supeditada al pago solicitado a la defensa”, indica el escrito.
El 13 de octubre de 2025, durante una entrega vigilada autorizada judicialmente, la abogada defensora y la hermana del procesado acudieron a la sede fiscal de Emboscada. Florenciano recibió G. 7.000.000, dinero que posteriormente fue hallado en el cajón del escritorio que utilizaba, quedando pendientes los G. 3.000.000 restantes. Tras recibir el pago, la exauxiliar condujo a las mujeres al despacho de Elizaur, quien manifestó que se allanaría a un pedido de suspensión condicional del procedimiento por dos años. Toda la conversación quedó registrada durante el operativo.
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Sindicatos de la comuna de Asunción amenazan con huelga general por el contrato colectivo
Ante la falta de homologación del Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo, las organizaciones sindicales de la Municipalidad de Asunción anunciaron la convocatoria a una huelga general, aunque no precisaron aún la fecha de la medida de fuerza.
El contrato ya cuenta con la firma del actual intendente Luis Bello, pero está varado por la falta de un dictamen y aprobación de la Junta Municipal.
En esta cuestión hay una disputa económica, ya que mientras concejales opositores afirman que el impacto económico rondaría los G. 38.000 millones anuales, los gremios sostienen que el monto real no superará los G. 11.738 millones.
La Junta Municipal actual tiene aún cuatro sesiones ordinarias para analizar el contrato colectivo, antes que asuman los nuevos concejales que fueron electos el domingo pasado, lo que está previsto para los primeros días de noviembre.
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Un aspecto que precisar es que mañana miércoles no figura en el orden del día de la sesión el tratamiento del contrato.
El Sindicato de Trabajadores de la Municipal de Asunción (Sitrama); el Sindicato de Obreros y Empleados de la Municipalidad de Asunción (Sinoema) y el Sindicato Municipal de Trabajadores de la Ciudad de Asunción (Simuca) se declararon en asamblea permanente y en caso de no conseguir la homologación del contrato de trabajadores paralizarán totalmente los servicios.
El secretario general de Sitrama, Alberto Gaona, dijo que defenderán las mejoras laborales acordadas, desmintiendo que el impacto presupuestario sea tan elevado como denuncia la oposición en el marco del actual escenario político.
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