La Cámara de Diputados se dio entrada a un proyecto de ley que busca crear un Registro Nacional de Personas Desaparecidas (Renad) que, a su vez, establecerá el Sistema de Alerta Mafe, en memoria de la adolescente María Fernanda Benítez. Este mecanismo se activará ante los casos de desapariciones, similar a la alerta AMBER, que se aplica en otros países.

En el programa “Fuego cruzado” del canal GEN/Nación Media estuvieron como invitados el diputado Rodrigo Blanco, uno de los proyectistas, y Rubén Riquelme, director de auditoría de gestión fiscal del Ministerio Público.

La propuesta surgió con el objetivo de socializar y visualizar esta problemática, teniendo en cuenta que solo en el 2024 se reportaron más de mil desapariciones de personas, de los cuales un importante número han vuelto a sus hogares, pero no se maneja con exactitud el número real de personas que no han sido encontradas.

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El diputado Blanco recordó que esta situación ya había sido ampliamente discutida a inicios de este periodo legislativo, cuando en el 2023 se había planteado un proyecto de ley similar, que buscaba un marco legal para la búsqueda y localización de personas.

Refirió que tomaron contacto con la Asociación de Familiares de Personas Desaparecidos del Paraguay; lo que muestra la magnitud del problema, ya que incluso ya existen organizaciones que ayudan a las familias que pasan por esta situación; y que incluso hablan de cifras mucho mayores a las que se manejan.

“De acuerdo a los reportes que nos brindaron, existirían entre 2.000 a 2.500 personas desaparecidas al año. De este número se menciona que el 50 % se tiene reporte sobre el retorno o aparición, y los motivos pueden variar por conflictos familiares, económicos. Ahora qué pasa con ese otro 50 %, hay una alta probabilidad de desaparición forzosa”, explicó el legislador.

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El diputado Blanco señaló que ahora lo que se busca con la nueva propuesta es abordar un marco legal que plantee establecer protocolos que ya son utilizados en otros países con éxito. Explicó que, por ejemplo, que, al reportarse una persona desaparecida, los ciudadanos reciben en el celular las alertas sobre la búsqueda de la persona, con su fotografía y las características que ayudarán a su identificación.

“Se hace un trabajo coordinado con los organismos de seguridad, la sociedad, los medios de comunicación, sector público y privado de forma masiva y sobre todo en las primeras 24 horas para poder tener mínimas chances de poder dar con el paradero de la persona buscada”, describió.

Mencionó que las estadísticas señalan que, en el caso de desaparición forzosas hoy en el Paraguay, el 70 % corresponde a niñas y adolescentes de entre 11 a 17 años. Blanco cuestionó qué está pasando en el Paraguay con estos casos de niñas desaparecidas y que en muchos casos tienen que ver con el crimen organizado, la trata de personas y el comercio ilícito de órganos.

“El proyecto habla de una respuesta rápida como acción para que las familias sepan dónde tienen que ir a denunciar, ante qué autoridad, cuál será el protocolo a seguir. Porque hoy las familias están a la deriva, y dentro de su desesperación van de institución en institución pidiendo auxilio y un mínimo de hoja de ruta sobre qué es lo que tienen que hacer”, especificó.

A su turno, el director de auditoría de gestión fiscal, Rubén Riquelme, comentó que, si la denuncia de desaparición de persona tiene algún matiz o sospecha de hecho punible, ahí la Fiscalía tiene la facultad de urgir la ordenar la búsqueda y localización. Si bien, la orden de búsqueda surge, en cualquier caso, a través del sistema de difusión que tiene la Policía Nacional.

“El proyecto de ley considero saludable su propuesta, al momento que delega la intervención, sobre todo en las primeras horas que se presente la denuncia, se activa de forma inmediata la difusión. Además, se crea un registro que facilita el seguimiento”, destacó.

Resaltó la importancia de que, aparte de hacer la difusión en todos los estamentos de la Policía Nacional, pase de manera automática y sin necesidad de una intervención judicial o fiscal a los medios de comunicación.

Además de los componentes de creación del registro de personas desaparecidas, y la activación del Sistema de Alerta Mafe, la propuesta incluye el aspecto financiero para dotar de las asignaciones presupuestarias necesarias para la Dirección de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional, que según el diputado Blanco, está muy debilitada por la cantidad de casos que existen.

“Si bien el trabajo es conjunto con el Ministerio Público, esta dirección debe contar con las herramientas que le permitan identificar qué es lo que pasa con cada caso, cuáles son los vínculos con el narcotráfico, microtráfico, trata de personas, tráfico de órganos. Se tiene que saber qué está ocurriendo en el Paraguay profundo, en la sociedad para que se puedan adoptar las medidas necesarias de prevención y de combate a estos hechos”, acotó.

Desde el Ministerio Público, el doctor Riquelme explicó que muchas veces a la fiscalía le toca acompañar el trabajo de búsqueda de la Policía Nacional, cuando se presenta como denuncia de desaparición. Ahora bien, si existe indicio de algún hecho punible, es ahí cuando se inclina a la persecución del presunto delito.

“La tarea es encontrar a esa persona, y justamente ese es el abordaje especial que hay que entender sobre lo que hay que comenzar a investigar. Cuando se mira la estadística, son niñas y adolescentes de 11 a 17 años el 70 % de los casos, es una señal de que algo está pasando en la sociedad y es lo que ocurre a nivel mundial, según nos explicaban. Por ello, es sumamente necesaria esta ley, para el protocolo, pero sobre todo para abordar como Estado esta problemática”, remarcó Blanco.

Finalmente, el doctor Riquelme insistió que las primeras horas son esenciales, y se debe evitar el centralismo. “Considero que crear una dirección o un departamento en la fiscalía solamente, no coadyuva en estos casos de desaparición. Debe ser en toda la República, usando los medios de comunicación y las plataformas para que de una forma casi automática al ingreso de la denuncia se active el sistema de alerta”, enfatizó.

Una operación conjunta entre efectivos policiales de distintas comisarías, con el acompañamiento de grupos tácticos, se realizó en la noche de ayer viernes y madrugada de este sábado. Se llevaron adelante diversas incursiones en la zona del Mercado 4 y los barrios aledaños con el objetivo de reforzar la seguridad.

Las calles del barrio Silvio Pettirossi, San Vicente, Añareta’i, la zona de la plaza de la Amistad y el Mercado 4 fueron los puntos focales de recorrido de las cuadrillas policiales, que trabajan en operativos de refuerzo para garantizar la seguridad de comerciantes, clientes y peatones en general, realizando guardias, relevamiento de datos y recorridos.

El subcomisario Lorenzo Vera manifestó que, si bien existe un trabajo constante en las áreas ya mencionadas, debido a la cantidad de reportes de inseguridad se ha establecido un método de trabajo para mantener la presencia policial activa en horarios críticos, previniendo así cualquier tipo de hechos delictivos.

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En conversación con los medios de prensa, el uniformado explicó que son zonas con mucha afluencia de peatones y que normalmente se da la detención de quienes estén en falta con la ley, al igual que la incautación de productos ilícitos y vehículos sin documentos, por lo que se puede considerar de exitoso este tipo de incursiones.

Hay que destacar que las fuerzas del orden cuentan con información de que estas zonas tienen varios pasillos y calles con salidas rápidas que, en la mayoría de las ocasiones, son utilizadas por los delincuentes para darse a la fuga u ocultarse cuando se ven perseguidos.

Desde la Dirección de Policía recordaron que este tipo de incursiones y operativos lo llevan adelante las 24 comisarías de Asunción con el fin de brindar seguridad a la ciudadanía de manera constante.

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Jimena Marset, hermana del narcotraficante confeso uruguayo Sebastián Marset, finalmente fue liberada en España, luego de que la Justicia de Bolivia disponga su sobreseimiento a las pocas horas de que fuera detenida en Madrid a partir de una alerta de la propia autoridad judicial boliviana.

Inicialmente, Jimena Marset contaba con alerta de búsqueda y detención por presuntos vínculos a la organización criminal encabezada por el narcotraficante uruguayo. La mujer había sido detenida este martes en Torrejón de Ardoz, en las afueras de Madrid, España.

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Inmediatamente, después se inició la gestión para su extradición, pero finalmente la Justicia boliviana la sobreseyó de esta causa.

Jimena Marset es la esposa de Sebastián Alberti Rossi, preso desde octubre de 2023, acusado por homicidio y condenado por fugarse de la cárcel.

Cabe recordar que Sebastián Marset desde la clandestinidad, había presionado para que su esposa Gianina García Troche, que ya está bajo custodia de la Justicia paraguaya sea liberada igualmente.

Su ubicación y detención por parte de las autoridades españolas se logró gracias al trabajo de cruzamiento de información entre el equipo de Búsqueda de Fugitivos de la Policía de España y el Departamento de Capturas Internacionales de Interpol Uruguay.

De acuerdo a las informaciones de los medios locales, la mujer de 29 años, estuvo en Uruguay hasta el 2024.

El requerimiento de la Justicia de Bolivia se dio a raíz de que había sido identificada en el grupo de personas que formó parte del grupo que huyó junto con el narcotraficante Sebastián Marset, tras un allanamiento que se realizó en Bolivia en julio del 2023.

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Jimena Marset, hermana del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, prófugo de la Justicia paraguaya y estadounidense, fue detenida en Madrid, España, en el marco de una operación conjunta entre la Policía de España e Interpol Uruguay.

La captura de la hermana de Marset, al igual que de su esposa, Gianina García Troche, se realizó en el municipio de Torrejón de Ardoz, confirmó el medio uruguayo El Observador.

La ubicación de la mujer se logró tras un cruzamiento de información entre el equipo de Búsqueda de Fugitivos de la Policía española y el Departamento de Capturas Internacionales de Interpol Uruguay.

Jimena, de 29 años, es requerida por la Justicia de Bolivia, de donde huyó en el 2023 junto con su hermano Sebastián, su esposo Sebastián Alberti Rossi y su familia.

Alberti tiene antecedentes penales en Uruguay, estuvo preso por homicidio y se fugó de la cárcel. Tras dos años prófugo, se entregó a la Policía. Luego vivió en Bolivia y la Justicia de ese país lo acusa de portar una identidad falsa.

De acuerdo a la investigación, Alberti Rossi, cuñado de Marset, circulaba bajo la identidad de Ademar Cheneybo Arauz, un boliviano que murió hace años.

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La esposa de Marset, Gianina García Troche, está detenida en la cárcel militar de Viñas Cué en Paraguay por el delito de lavado de activos proveniente del tráfico internacional de drogas.

La mujer, de 29 años, había sido arrestada en España y luego extraditada a Paraguay. La ciudadana uruguaya está en una celda individual y tiene restricción de contacto con otros internos, salvo autorización de la Dirección de la citada prisión.

El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, confirmó que el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset está vinculado al crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci Albertini como uno de los posibles autores intelectuales. Indicó que esta información fue compartida por el Ministerio Público de Colombia.

Rolón detalló que el prófugo uruguayo figura dentro del esquema criminal que acabó con la vida del agente fiscal antimafia, el 10 de mayo del 2022, cuando pasaba su luna de miel con su esposa, Claudia Aguilera, en la isla de Barú, en Cartagenas (Colombia).

“La búsqueda de los participantes del primer orden ya está concluido por Colombia y en ese orden están hoy abocados a la autoría intelectual. La fiscal Luz Adriana Camargo me habla de un segundo anillo de participantes intelectuales y lo ubica a Marset como uno de los que podría ser (actor intelectual de la muerte de Pecci)“, dijo el fiscal paraguayo.

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