La acción de inconsti­tucionalidad en el jui­cio caratulado “Ypytá Inmobiliaria Agroganadera sobre quiebras” está siendo estudiada por los ministros de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justi­cia, César Diesel, Víctor Ríos y Gustavo Santander.

De acuerdo a los representan­tes legales de Ypytá, la venta vía juicio de quiebre de una valiosa propiedad ubicada en Pedro Juan Caballero no reúne los requisitos legales para su admisión. Aparente­mente, los ministros Víctor Ríos y César Diesel estarían con la intención de dar trá­mite a la acción de inconsti­tucionalidad a favor de Braga Denis, quien habría adquirido de forma irregular la cos­tosa propiedad ubicada en la capital del departamento de Amambay, y en violación de la Ley de Quiebras.

Teniendo en cuenta los propios antecedentes de la Corte, la acción plan­teada por Ronaldo Braga Dinis debería ser recha­zada in limine, puesto que no cumple con las exigen­cias de admisibilidad. Cabe destacar que el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Primera Sala de la Capital, ya dejó sin efecto la venta irregular aprobada en primera ins­tancia y dispuso que la propiedad sea devuelta a la firma Ypytá.

La propiedad en litigio está ubicada en Pedro Juan Caballero y el hoy conde­nado exsíndico de quiebra, Blas Velázquez, regaló a pre­cio irrisorio la propiedad, a pesar que el inmueble tiene un costo de G. 8.000 millones aproximadamente. Actual­mente, en la propiedad fun­ciona la Universidad San Sebastián.

De acuerdo a los antecedentes a este caso, el exsíndico Blas Velázquez, en su momento, fue denunciado penalmente por la firma Ypytá por la venta a costo irrisorio generando un daño patrimonial a la agro­ganadera. Igualmente en el Tribunal de Apelación Civil y Comercial decidió revocar las ventas ilegales y ordenó la devolución de las propie­dades a Ypytá.

El decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción, profesor doctor Carlos Gustavo González Morel, y el profesor doctor Horacio Pettit, presentaron su libro de Derecho Procesal Civil II. El acto contó con la presencia de autoridades de la Corte Suprema de Justicia. Luego de la presentación se realizó un reconocimiento honorífico a destacados docentes jurídicos.

El Salón Auditorio “Dra. Serafina Dávalos” del Palacio de Justicia fue escenario del lanzamiento oficial de la obra. El acto contó con la presencia del presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Diesel, y de los ministros profesores Luis María Benítez Riera, Manuel Dejesús Ramírez Candia, Alberto Joaquín Martínez Simón y Víctor Ríos Ojeda, además de autoridades del Consejo de la Magistratura, del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y representantes del sistema de justicia.

Durante la presentación, el doctor Joel Melgarejo Allegretto ofreció un análisis crítico de la obra, destacando su rigor conceptual, su estructura acorde al programa oficial de la Cátedra de Derecho Procesal Civil II y su aporte a la consolidación doctrinaria del proceso civil en el Paraguay.

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El libro aborda el proceso ordinario, las medidas cautelares, el juicio ejecutivo y los procesos especiales, incorporando además herramientas prácticas, modelos, referencias al expediente electrónico y regulación de honorarios, constituyéndose en un manual integral para estudiantes y profesionales.

En sus palabras, el doctor Carlos Gustavo González Morel agradeció el acompañamiento de su familia y colegas, y señaló que la obra busca combinar la práctica judicial con los avances tecnológicos contemporáneos, garantizando que el proceso civil mantenga como eje central una justicia humana y equitativa.

Como parte central de la jornada, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNA procedió a la entrega de placas honoríficas en reconocimiento a la trayectoria de maestros del Derecho Procesal Civil, reafirmando el valor de la continuidad académica y el legado doctrinario.

Fueron distinguidos destacados docentes y juristas, incluyendo un homenaje póstumo, en un emotivo momento que puso en relieve la importancia de honrar las raíces sobre las cuales se edifica la ciencia jurídica nacional.

El evento no solo celebró la presentación de una nueva publicación académica, sino que reafirmó el compromiso institucional de la FDCS-UNA con la excelencia, la investigación jurídica y el fortalecimiento del pensamiento procesal en el país.

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El presidente de la República, Santiago Peña, reconoció que la ausencia del presidente del Brasil, Luiz Inácio “Lula” Da Silva, durante la ceremonia oficial de la firma del acuerdo de Libre Comercio entre el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Unión Europea, le ha dejado una “sensación mixta” o “agridulce”. El pacto fue firmado el sábado último en Asunción.

Durante una entrevista que brindó el mandatario paraguayo a la red de CNN Brasil, este lunes, explicó que esa sensación mixta se da, ya que, por un lado le guarda una gratitud y satisfacción, por el trabajo y el liderazgo que tuvo el presidente brasileño, que durante sus tres mandatos de gobierno ha llevado un arduo trabajo en las diferentes etapas de negociación que llevó este acuerdo birregional a lo largo de los 25 años de idas y venidas de esta negociación.

Recordó que durante su discurso le dedicó un reconocimiento público durante el acto, porque los países miembros del Mercosur, habían delegado en el liderazgo de Brasil de la negociación de este acuerdo.

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"Todos colaboramos para que esto sucediera, pero reconocemos el liderazgo del presidente Lula, que estuvo hablando con la presidenta del Consejo de la Unión Europea, Úrsula Von Der Leyen, con el presidente de Francia, Emmanuel Macron y con la presidenta del Consejo de Ministros de Italia, Giorgia Meloni y fue un diálogo muy importante para concretar esta negociación”, expresó.

No obstante, el presidente Peña reconoció que su ausencia en el acto central que se llevó el pasado sábado 17 de enero en el Banco Central del Paraguay, le dejó esa sensación agridulce en la boca, ya que el presidente Lula, finalmente no pudo llegar a Asunción para la firma de este acuerdo.

“Nos hubiera gustado que todos los presidentes estuvieran aquí, pero Lula consideró que la firma de la canciller era suficiente. La sensación fue un poco agridulce. Le envié una carta invitándolo, pero entiendo que su agenda es muy complicada”, acotó.

Por otra parte, el presidente Peña señaló que la incursión de Estados Unidos en Venezuela no fue “la mejor opción”, pero señala que no vio otra alternativa y justificó como “necesaria” para concretar la salida del poder venezolano, del líder Nicolás Maduro.

“La salida de Nicolás Maduro era necesaria. Al comenzar mi mandato, tomé la decisión de colaborar con el Acuerdo de Barbados, un refuerzo de muchos países para que Venezuela tuviera unas elecciones transparentes y abiertas. Eso no ocurrió”, comentó durante la misma entrevista que se desarrolló en Mburuvicha Róga.

Al respecto, el mandatario paraguayo cuestionó si ahora la cuestión está o en quedarse estancados en una discusión sobre si la incursión fue o no correcta; o bien; aprovechar el momento para restaurar la democracia en Venezuela. “Paraguay quiere trabajar por la restauración. Es necesario liberar a los presos políticos y permitir que los venezolanos regresen al país”, señaló.

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El presidente de la Corte Suprema de Justicia, César M. Diesel, presentó su informe de gestión y rendición de cuentas 2025. El acto se realizó en el Salón Auditorio “Dra. Serafina Dávalos”, con la presencia de la vicepresidenta primera, doctora Carolina Llanes Ocampos, y los ministros Luis María Benítez Riera, Eugenio Jiménez Rolón y Manuel Ramírez Candia.

Durante la presentación, Diesel expuso los principales lineamientos de la gestión institucional desarrollada durante el año, destacando el compromiso asumido para fortalecer el funcionamiento del sistema judicial y garantizar la continuidad del servicio de justicia en todo el país.

En ese contexto, explicó la manera en que se organiza y funciona el Poder Judicial, el proceso de toma de decisiones para sostener su operatividad y la responsabilidad permanente de una institución que debe responder diariamente a las necesidades de la ciudadanía. Al respecto, señaló que “en un sistema democrático, el servicio de justicia no puede depender de impulsos ni de coyunturas, debe sostenerse sobre reglas, procedimientos, control y continuidad”.

En materia de gestión, durante el 2025 se registraron avances en los procesos de modernización, digitalización y fortalecimiento del control interno. La expansión del expediente judicial electrónico, la incorporación de nuevos servicios digitales y las inversiones en infraestructura tecnológica permitieron optimizar la tramitación de causas y reforzar la trazabilidad de las actuaciones judiciales.

En ese marco, todas las circunscripciones del país incorporaron el Trámite Judicial Electrónico en Primera y Segunda Instancia, lo que facilitó el seguimiento de causas, contribuyó a la reducción de los tiempos de respuesta y favoreció un uso más eficiente de los recursos. A la fecha, se registran más de 6,6 millones de actuaciones electrónicas.

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Asimismo, se destacó la implementación del Registro Unificado Nacional (RUN), orientado a unificar y mejorar la organización administrativa, así como la realización de concursos públicos a nivel nacional, que fortalecieron los procesos de selección y dotación de personal en el Poder Judicial.

El presidente señaló además que la conducción de una institución de la magnitud del Poder Judicial exige equilibrar gestión y liderazgo, preservar la autonomía funcional, garantizar derechos y contar con mecanismos de evaluación permanente que permitan mejorar su desempeño. En ese sentido, indicó que el informe presentado refleja ese ejercicio de conducción institucional.

La gestión correspondiente al período 2025 estuvo guiada por el Plan Estratégico Institucional 2021–2025, lo que posibilitó la ejecución de proyectos prioritarios y el cumplimiento de objetivos en las distintas áreas estratégicas.

En su intervención, el titular de la Corte subrayó que la rendición de cuentas también implica reconocer desafíos y asumir la mejora del servicio judicial como un proceso permanente. En esa línea, señaló que el perfeccionamiento del servicio de justicia exige evaluación constante, correcciones responsables y decisiones orientadas a consolidar el funcionamiento institucional y el servicio público.

Sobre esa base, informó que se diseñó el Plan Estratégico Institucional 2026–2030, concebido como una hoja de ruta que ordena prioridades, consolida aprendizajes y orienta las decisiones del próximo período. La implementación de este plan permitirá avanzar en la transformación digital, optimizar la gestión jurisdiccional y fortalecer las estructuras administrativas, con una perspectiva de largo plazo.

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