El ejército israelí ordenó este sábado evacuar siete pueblos del sur de Líbano antes de lanzar nuevos ataques, después de que el primer ministro, Benjamín Netanyahu, anunciara que sus tropas siguen avanzando en el país vecino. En los últimos días, Israel ha intensificado sus operaciones aéreas y terrestres en Líbano, donde afirma que su objetivo es el grupo chiita Hezbolá, aliado de Irán.

Pese a esta escalada, Israel y Líbano mantuvieron el viernes una reunión a nivel de mandos militares en Washington. Contactos que tienen como contexto más amplio las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, en las que se busca incluir el frente libanés en un acuerdo que ponga fin a la guerra en Oriente Medio.

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Los bombardeos israelíes del viernes contra una treintena de localidades dejaron 11 muertos en la región de Tiro, entre ellos un socorrista, y ocho heridos, según el Ministerio de Salud libanés. El ejército israelí ordenó este sábado la evacuación de siete pueblos del sur antes de lanzar ataques, pese a que en teoría rige desde el 17 de abril un alto el fuego que no se ha respetado.

Gran parte de estos pueblos se encuentran cerca de la ciudad de Nabatiyeh. El viernes, Hezbolá declaró haber atacado a tropas israelíes que intentaban avanzar en la zona del castillo medieval de Beaufort, cerca de Nabatiyeh. El grupo también se atribuyó varios ataques contra objetivos militares en Israel, cerca de la frontera con Líbano.

El movimiento chiita concentró inicialmente sus disparos contra los soldados israelíes desplegados en el sur, pero multiplicó después los ataques con drones explosivos contra el norte de Israel tras el asesinato de uno de sus líderes militares en un bombardeo israelí en los suburbios del sur de Beirut el 6 de mayo.

Este sábado al amanecer, el ejército israelí indicó que había destruido varios proyectiles lanzados contra su territorio desde el sur de Líbano, aunque uno de ellos cayó sin ser interceptado, sin causar heridos.

Israel declaró esta semana que considera gran parte del sur de Líbano como una “zona de combate”, y Netanyahu afirmó ayer que su ejército había “cruzado el Litani”, un río situado a unos 30 km de la frontera. En este panorama de hostilidades incesantes, Líbano e Israel iniciaron negociaciones en abril, auspiciadas por Estados Unidos, para alcanzar un acuerdo de seguridad.

Hezbolá, cuyo desarme exige Israel al gobierno libanés, se opone frontalmente a cualquier pacto. En Washington, responsables militares israelíes y libaneses mantuvieron este viernes una reunión calificada de “constructiva” por el Pentágono.

Según el número dos del Pentágono, Elbridge Colby, las discusiones servirán “de base para la parte política”, en referencia a las negociaciones previstas el 2 y 3 de junio en Washington. El presidente libanés, Joseph Aoun, le dijo al jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, que un alto el fuego es “un primer paso esencial” para cualquier avance en las negociaciones.

Ayer viernes, cientos de personas se congregaron en los barrios de la ciudad vieja de Tiro, una pequeña zona que ha quedado al margen de las órdenes de evacuación israelíes. Muchos duermen en sus coches o en tiendas de campaña, según los corresponsales de la AFP.

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“Pusimos colchones en el suelo para dormir”, cuenta Karam Amin, que duerme con su familia de siete personas en su comercio de ropa del barrio cristiano. “Tiro es una ciudad pacífica y turística. Nunca imaginamos pasar por algo así”, lamenta este comerciante de 43 años.

Desde el inicio de la guerra, los bombardeos han causado 3.355 muertos y más de un millón de desplazados en Líbano, según las autoridades. Solo en la última semana, 15 niños han muerto y 62 han resultado heridos, según Unicef.

Fuente: AFP

Al menos 25 personas entre civiles y policías murieron el jueves en dos ataques del crimen organizado en el norte de Honduras, informaron las autoridades, en momentos en que el país alista una ofensiva contra esas bandas. El hecho más letal se produjo en la madrugada en el municipio de Trujillo (departamento de Colón), donde al menos 19 personas fueron ejecutadas con armas largas.

Esa localidad se halla bajo el azote de dos bandas rivales que usurpan dos fincas de una empresa privada para explotar palma africana, además de pelearse rutas del narcotráfico, según las autoridades. “Hay dos equipos trabajando en dos lugares. El primer equipo lleva ya el reconocimiento de 13 fallecidos y el segundo lleva un conteo de seis personas que perdieron la vida”, dijo a la televisora local HCH Yuri Mora, vocero de la fiscalía.

En tanto, en Omoa (departamento de Cortés), región fronteriza con Guatemala, la policía nacional reportó cinco agentes y un civil muertos en un enfrentamiento entre un escuadrón antipandillas y presuntos narcotraficantes. “Los encontramos en un sector montañoso de la frontera entre Honduras y Guatemala (...), ahí les habrían quitado la vida”, dijo a la AFP el portavoz de la policía hondureña, Edgardo Barahona.

Más temprano, la policía reportó un civil fallecido en ese hecho.

El presidente del país, Nasry Asfura, aseguró en un mensaje a la nación que van “a encontrar a quienes hicieron esto y lograr sus condenas (...). Esta es una herida más que Honduras no merece. Esto no se olvida y eso no se va a quedar impune”.

Ambos ataques ocurrieron en la misma semana en que el Congreso aprobó una serie de reformas para combatir la violencia criminal, que mantiene la tasa de homicidios en Honduras en más de 24 casos por cada 100.000 habitantes.

Las medidas autorizan a los militares a participar en tareas de seguridad pública. Además, crean una nueva división de lucha contra el crimen organizado y permite catalogar a pandillas y carteles de la droga como grupos terroristas.

Al parecer “las personas asesinadas (en Trujillo) eran empleados de un grupo armado”, dijo telefónicamente a la AFP un líder campesino de una comunidad colindante con Rigores, la aldea donde ocurrió la matanza, que pidió mantener su nombre en reserva.

Videos difundidos más temprano por un canal regional mostraron varios cuerpos ensangrentados y esparcidos en una de las haciendas.

“Es una escena dantesca”, señaló a periodistas el ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, quien indicó que las víctimas al parecer “fueron ejecutadas con fusiles y escopetas”.

Varios de los fallecidos fueron trasladados a sus viviendas por familiares, informó la fiscalía en un comunicado, lo que ha dificultado su labor.

“Son campesinos miembros del Movimiento Campesino de Rigores”, comentó por su parte a la AFP Adilia Castro, líder comunitaria de la zona.

A raíz de los ataques, la embajada de Alemania en Honduras pidió a sus ciudadanos mantener una “precaución especial” en las zonas afectadas.

Sobre los hechos en Trujillo, el ministro sostuvo que se trata de un suceso inédito en una zona que, sin embargo, está “en conflicto desde hace muchos años” por el accionar de bandas dedicadas al narcotráfico y la invasión de terrenos agrícolas.

El jefe de la policía de Trujillo, Carlos Rojas, explicó a un noticiero local que estas organizaciones ocupan y explotan ilegalmente dos fincas de palma africana.

“Pertenecían a una corporación y con el tiempo se fueron apoderando. Ese dinero les permite dotarse de armas para controlar la zona”, señaló Rojas.

Por años, el movimiento campesino en la zona ha acusado a empresas agroindustriales de auspiciar a esos grupos y simular la ocupación para evitar que las tierras pasen a manos de los pobladores.

Debido al revés en Omoa, el gobierno suspendió al director y otros dos altos oficiales de la división antipandillas porque el operativo que terminó con el secuestro y el asesinato de los policías no siguió los “protocolos de legalidad, seguridad y acompañamiento judicial”.

Fuente: AFP.

El fiscal Deny Yoon Pak presentó acusación por lavado de dinero y asociación criminal contra Gianina García Troche, pareja del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. La mujer se encuentra recluida en el complejo penitenciario de máxima seguridad de Emboscada en el marco del caso A Ultranza Py.

El agente del Ministerio Público solicitó a la jueza de crimen organizado Rosarito Montanía elevar la causa a juicio oral y público. Parte del documento presentado por el fiscal indica que García Troche manejó, entre los años 2020 y 2021, una flota de aeronaves perteneciente al grupo criminal que era utilizada para traslados de Asunción al departamento de Alto Paraná.

Indica además que accedió a beneficios económicos sin haber desarrollado actividad lícita alguna que justifique sus ingresos. La mujer es sindica como pieza clave dentro del esquema de blanqueo de activos montado por la organización criminal de Marset.

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El Ministerio Público señala que la ahora acusada tuvo conductas orientadas a ocultar, disimular e incluir dentro del sistema financiero los fondos que provenían del narcotráfico. García Troche afronta proceso por lavado de dinero, asociación criminal y transgresión a la ley 1340/88, que reprime el tráfico ilícito de estupefacientes y drogas peligrosas y otros delitos afines.

En febrero pasado, García Troche fue trasladada de la cárcel militar de Viñas Cué al Centro Penitenciario de Reinserción Social Martín Mendoza de la ciudad de Emboscada, Cordillera, donde fue recluida en el pabellón de máxima seguridad para mujeres.

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El acusado de narcotráfico enfrenta un proceso judicial en los Estados Unidos.

El capo narco uruguayo Sebastián Marset podría declararse culpable con la finalidad de evitar una con­dena de hasta 20 años de cárcel en el proceso judicial que enfrenta en los Estados Unidos por lavado de acti­vos derivados de ganancias del narcotráfico internacio­nal. La información cobra fuerza teniendo en cuenta que su audiencia preliminar prevista para en el estado de Virginia fuera postergada hasta el 1 de julio para per­mitir negociaciones entre la Fiscalía federal y su defensa sobre un eventual acuerdo de colaboración.

El medio de comunicación Ámbito señala que la deci­sión de postergar la audien­cia fue adoptada de común acuerdo entre los fisca­les estadounidenses y la defensa legal de Marset, y posteriormente avalada por el juez federal Rossie Als­ton Jr., quien extendió el plazo para que ambas par­tes sigan negociando una posible declaración de cul­pabilidad.

Si Marset acepta el acuerdo de culpabilidad, deberá cola­borar con información rele­vante en torno a las ope­raciones y vínculos de su organización criminal, a cam­bio de una eventual reducción significativa de la pena.

En cambio, si decide ir a jui­cio y es condenado, podría enfrentar la pena máxima prevista de 20 años de pri­sión, tres años de libertad supervisada y multas supe­riores a los USD 500.000.