El presidente del Congreso Silvio Ovelar se refirió al tratamiento del Presupuesto General de la Nación (PGN), documento que sufrió modificaciones en su paso por la Comisión Bicameral por más de G. 250.000 millones a lo planteado por el Poder Ejecutivo. El parlamentario aseguró que existe una tendencia en la Cámara Alta de aprobar un monto cercano a lo propuesto por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a fin de no aprobar un plan de gastos ficticio.
“Mantener los mismos números y ver la posibilidad de racionalizar en algunos casos, aprobar lo más cercano posible a lo presentado por el Ministerio de Economía, creo que esa es la tendencia, no precisamente aceptar a libro cerrado como se ha planteado”, expuso el senador.
Asimismo, aseguró que el plan de gastos del 2024 no contemplará aumentos salariales para el Poder Ejecutivo, ni para el Legislativo, uno de los temas más controversiales y cuestionados por la ciudadanía. “Conversando con los colegas referente a lo del aumento para ministros, viceministros y parlamentarios ya está determinado de que no va a acontecer”, aseveró.
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El presupuesto es la ley más importante de la nación dado que marca el camino que tomará el gobierno, manifestó Ovelar y adelantó que ya ha iniciado conversaciones con sus colegas para que exista una postura uniforme teniendo en cuenta las modificaciones que se hicieron en la Bicameral.
“Lógicamente Diputados va a tener que tratar y luego cae la pelota en nuestra cancha y el Senado, el único momento en donde impone su autoridad en la República es en el momento del tratamiento del PGN porque es la Cámara revisora”, expuso e indicó que la intención es hacer las correcciones necesarias.
La intención de la Cámara Alta es evitar que que se inflen las proyecciones de recaudación del Estado con el fin de aumentar los gastos. Para el presidente del Congreso esto sería un grave error que desembocaría en la aprobación de un presupuesto ficticio, según refirió el senador ante la 1330 AM.
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Legisladores abren diálogo para analizar alternativas ante deudas
La diputada Cristina Villalba, presidenta de la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja, indicó que lo primero que se debe conocer es cuánto es el monto real de estas deudas.
Desde el Poder Legislativo apuntan a abrir el diálogo para buscar posibles alternativas ante la deuda del Gobierno con empresas proveedoras del Estado, como son las firmas constructoras y las farmacéuticas, planteándose una ampliación en el Presupuesto General de la Nación (PGN). Se estima que la deuda acumulada superaría los USD 1.000 millones. La diputada Cristina Villalba, presidenta de la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja, indicó a La Nación/Nación Media que lo primero que se debe conocer es cuánto es el monto real de estas deudas.
“Nosotros tenemos que sentarnos primero a hablar con las respectivas ministras de carteras, ver realmente la deuda que existe, porque nosotros estamos entrando ahora en abril, mayo, y ya se pueden presentar las ampliaciones presupuestarias”, manifestó. Apuntó a un proyecto que amplíe el presupuesto del Ministerio de Salud y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) de ser necesario. “Para hacer las ampliaciones presupuestarias podemos ir viendo con el Ministerio de Economía cuánto tenemos la disponibilidad y para ver cuánto todavía tenemos disponible el PGN para ellos y si va faltar vemos una ampliación presupuestaria o también se puede hacer una modificación del presupuesto”, explicó.
CONVOCATORIA AL MEF
Villalba adelantó que la comisión asesora también convocará al ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, para analizar esta situación. “Ya hemos conversado en la Comisión de Presupuesto, este martes o el otro martes está previsto la ida del ministro de Economía y vamos a abordar con él cuánto es lo que disponemos, cuánto es lo que falta y cuál sería el mecanismo para poder ver las partidas presupuestarias para ir ajustando, no en forma completa, pero sí en forma gradual”, detalló.
Por otra parte, sostuvo que, desde la Cámara de Diputados, el espíritu es de seguir apoyando la administración del presidente Santiago Peña. “El Gobierno de Paraguay sabe que tenemos la muy buena predisposición para poder ayudar. Nosotros estamos abiertos al diálogo, nosotros sí queremos reunirnos en forma institucional, tanto con los ministros de carteras como con las empresas afectadas, en este caso las vialeras y farmacéuticas”, sentenció.
Se reconoció el problema y se planteó un plan de corrección
El diputado Rodrigo Gamarra sostiene que este es un problema que el país viene arrastrando desde hace años.
El diputado Rodrigo Gamarra se refirió al problema que enfrenta el gobierno con las deudas, principalmente a proveedores farmacéuticos y obras. Sostiene que este es un problema que el país viene arrastrando desde hace años y el actual gobierno heredó varias de esas deudas.
“Lo primero que hay que decir con claridad es que este no es un problema nuevo, es un problema estructural que Paraguay arrastra hace años. De hecho, al inicio de este gobierno, desde el Congreso ya se había acompañado un proceso para honrar deudas acumuladas de administraciones anteriores por montos muy importantes. Pretender instalar que esto apareció ahora es faltar a la verdad”, señaló para La Nación.
ESTE GOBIERNO HIZO ALGO DISTINTO
Agregó que en la actualidad “este gobierno hizo algo distinto: reconocer el problema y poner sobre la mesa un plan concreto de solución. Hoy hay un compromiso claro de ordenar las cuentas, establecer un cronograma de pagos y dar previsibilidad a los proveedores”. Aseguró además que existe una decisión política de fondo: “pagar las deudas sin subir impuestos y sin trasladar este problema al próximo gobierno, eso es responsabilidad, no improvisación”, expresó.
Mientras tanto, aseguró que su postura no es defensa a los retrasos de las deudas, ya que esta no es la situación ideal, pero también hay que entender el contexto real: “el Estado no puede detenerse mientras ordena sus compromisos”, y “el desafío no es elegir a quién pagar, sino sostener el funcionamiento de los servicios y al mismo tiempo normalizar gradualmente la deuda”.
ATACAN SIN PROPONER SOLUCIONES
Por otra parte, cuestionó a los que solo atacan sin proponer soluciones concretas. “Gobernar no es teoría (como dictan muchos que nunca ganaron nada y no administraron ni un almacén). Es administrar realidades complejas, ingresos que dependen de variables externas, como el comercio o el tipo de cambio, y gastos rígidos en guaraníes que no pueden detenerse de un día para otro”, refirió
Finalmente, aseguró que desde el Congreso Nacional la intención es seguir apoyando al Gobierno. “Desde el Parlamento, nuestro rol no es agravar la situación con discursos alarmistas o simplificaciones oportunistas, sino acompañar soluciones: generar herramientas financieras, facilitar acuerdos y garantizar que este proceso de normalización se cumpla porque al final, es fácil hablar y hacer ruido, lo difícil es sentarse y solucionar el problema”, puntualizó.
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IPS responde a observaciones de la Contraloría ante Comisión Bicameral
La Comisión Bicameral, encargada de considerar el informe y dictamen de la Contraloría General de la República sobre la liquidación del Presupuesto General de la Nación del ejercicio fiscal 2024, presidida por el senador Dionisio Amarilla, recibió al presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Dr. Jorge Brítez, acompañado de su equipo técnico.
Durante la sesión, las autoridades del ente previsional respondieron a observaciones formuladas en el marco de la auditoría realizada por la Contraloría. El titular del IPS señaló que dicha auditoría fue solicitada por la propia institución tras su asunción, ante la detección de problemas administrativos que requerían una evaluación integral.
La directora general de Control Gubernamental de la CGR, Dra. Gladys Fernández, indicó que el informe presenta un dictamen con salvedades. Entre las principales observaciones se mencionan pagos de bonificaciones por G. 3.471 millones que superaron lo establecido en la normativa vigente, así como la asignación de beneficios a funcionarios de alto rango que no correspondían.
También se detectó el ejercicio de funciones por parte de profesionales de la salud sin habilitación vigente, quienes percibieron remuneraciones en contravención a las disposiciones institucionales.
Desde el IPS, la directora de Recursos Humanos, Diana Giménez, informó que se realizaron ajustes en los pagos y procedimientos administrativos. Asimismo, se suspendieron ciertos beneficios hasta contar con dictámenes vinculantes y se iniciaron procesos de revisión interna.
En relación con otras observaciones, se reportaron auditorías internas y sumarios administrativos por casos de reposos médicos falsificados. En situaciones de faltas graves, se aplica la desvinculación de contratados o la instrucción de sumarios para funcionarios permanentes, conforme a la normativa.
Otras irregularidades
El informe también refiere acerca de irregularidades como pagos fraccionados de subsidios, falta de registro en el sistema SINAR, omisión en la publicación de remuneraciones, inconsistencias en contrataciones y pagos sin respaldo documental.
En el área asistencial, se identificaron limitaciones en la cobertura de servicios, escasez de profesionales en algunas especialidades y deficiencias en infraestructura y equipamiento. Las autoridades atribuyeron estas situaciones a factores como reducción de carga horaria, renuncias y restricciones presupuestarias, señalando que se trabaja en el fortalecimiento del sistema.
Finalmente, la Contraloría informó que continúan las auditorías en distintas áreas del IPS y que se prevé la presentación de un informe ampliado en los próximos meses, instando a la institución a reforzar sus mecanismos de control interno.
Cuarto intermedio
Seguidamente, los legisladores integrantes de la Comisión Bicameral recibieron a los viceministros del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), quienes respondieron sobre observaciones de la auditoría realizada por la Contraloría General de la República.
Posteriormente, el senador Dionisio Amarilla, en consulta con los miembros de la comisión, resolvió declarar un cuarto intermedio hasta este viernes a las 10:00, a fin de recibir a Silvia Leiva, decana de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción, y a Viviana Morínigo, decana de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la misma casa de estudios.
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El MOPC plantea factoraje para saldar deudas con vialeras
El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) anunció la implementación de un esquema financiero basado en factoraje y emisión de letras del Tesoro con garantía soberana, con el objetivo de regularizar deudas con empresas constructoras y asegurar la continuidad de las obras públicas sin generar nuevos retrasos.
La ministra Claudia Centurión explicó que la estrategia contempla la cesión de certificados de obra a entidades financieras, lo que permitirá a las empresas cobrar de forma anticipada sin presionar directamente el presupuesto vigente. “Es un mecanismo diferente, diseñado para dar previsibilidad a los pagos y sostener el ritmo de ejecución”, afirmó.
El esquema prevé la emisión por USD 150 millones, respaldados por garantía soberana a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), como parte de una solución estructural para evitar la acumulación de pasivos con el sector vial. Según detalló, el instrumento cubrirá capital y se espera interés por parte de entidades bancarias locales en su colocación.
Centurión señaló además que el borrador del instrumento ya fue remitido al sector privado para recibir observaciones y ajustes antes de su implementación.
En paralelo, la ministra añadió que el Gobierno evalúa un proyecto de ley que permita al MEF emitir bonos para honrar cerca de USD 80 millones en intereses acumulados de administraciones anteriores.
Pagos y disciplina fiscal
La titular del MOPC indicó que entre enero y marzo se canceló una parte de los compromisos pendientes, lo que permitió reducir la deuda con las empresas viales.
También indicó que el presupuesto contempla un piso de USD 460 millones para el sector, con prioridad en el cumplimiento de obligaciones y la prevención de nuevos atrasos, según lo conversado con el ministro de Economía.
“Estamos enfocados en gastar lo que se tiene. El objetivo es mantener el nivel de inversión, pero sin volver a acumular deuda”, remarcó.
Financiamiento y cartera de proyectos
La ministra destacó que cerca del 70 % de los proyectos de infraestructura se ejecutan con financiamiento externo o esquemas de inversión mixta.
Entre las principales iniciativas mencionó la Alianza Público-Privada (APP) de la ruta PY01, así como adjudicaciones recientes en la ruta PY10 por alrededor de USD 120 millones, con respaldo de BID Invest.
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Ejecución del gasto público alcanza G. 10 billones a febrero
La ejecución presupuestaria de los Organismos y Entidades del Estado (OEE) de la Administración Central alcanzó G. 10 billones al cierre del primer bimestre de 2026, equivalente al 12,3 % del Presupuesto vigente, estimado en G. 81 billones, de acuerdo con el informe de la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Del total ejecutado, el 85 % fue orientado al financiamiento de servicios esenciales dirigidos a la ciudadanía, consolidando la prioridad del gasto público en áreas estratégicas como educación, salud, infraestructura, protección social y seguridad interna.
En detalle, el MEF lidera los niveles de ejecución con obligaciones por G. 3 billones, de los cuales el 77 % (G. 2,3 billones) se destinó principalmente al pago de jubilaciones y pensiones de la función pública, así como al cumplimiento del servicio de la deuda.
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Por su parte, el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) ejecutó G. 1,7 billones, concentrando el 65 % (G. 1,1 billones) en el financiamiento del sistema educativo, incluyendo los distintos niveles de la Educación Escolar Básica, la Educación Media y programas de formación para jóvenes y adultos.
En el ámbito sanitario, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) registró una ejecución de G. 1,3 billones, destinando G. 905.000 millones a servicios de atención integral, diagnóstico y tratamientos especializados, incluyendo salud materno-infantil y otras patologías de alta complejidad.
En infraestructura, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) comprometió G. 1 billón, de los cuales el 67 % (G. 680.000 millones) se destinó al Programa de Red Vial Pavimentada. Entre las principales obras destacan la ampliación y duplicación de las rutas 2 y 7, con una ejecución de G. 346.000 millones, la construcción de la Ruta PY12 (Chaco’i – General Bruguez) con G. 67.000 millones y el mejoramiento del tramo Cruce Centinela – Pozo Hondo (320 km), con G. 81.000 millones.
En materia social, el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) ejecutó G. 807.000 millones. De este monto, G. 500.000 millones fueron destinados a la Pensión Universal para Adultos Mayores, mientras que G. 200.000 millones financiaron el programa de alimentación escolar “Hambre Cero en Nuestras Escuelas” en Asunción, Central y Presidente Hayes. Asimismo, G. 92.000 millones fueron dirigidos a transferencias monetarias del programa Tekoporã Mbareté.
Finalmente, el Ministerio del Interior registró una ejecución de G. 672.000 millones, destinando el 93% (G. 623.000 millones) al funcionamiento y operatividad de la Policía Nacional.