El titular del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), Javier Giménez forma parte de la delegación que acompaña al presidente de la República Santiago Peña en su agenda en Chile. El ministro manifestó que Paraguay cuenta con una buena imagen debido a su estabilidad, lo que se convierte en posibilidades de inversión para nuestro país.
“Paraguay está aprovechando su estabilidad para captar esa demanda de inversores que vienen de afuera a colocar su dinero en inmuebles”, expresó el secretario de Estado y señaló que uno de los objetivos es lograr inversiones destinadas a personas de clase media, de modo a que estas puedan acceder a su vivienda propia.
El objetivo respecto a estos inversores es lograr que se asienten en Paraguay y que existan herramientas financieras que permitan a las personas acceder a una casa propia y que puedan pagarla en plazos de 20 años. La percepción de los empresarios chilenos respecto a nuestro país es muy positiva dado que es uno de los pocos de la región con estabilidad económica y financiera, aseguró.
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“A los empresarios chilenos les sorprende que Paraguay sea un color verde en un mar de colores rojos. Cuando habla de un mapa de América del Sur, el color rojo significa inestabilidad, inflación, riesgo político y una serie de cosas de las cuales el Paraguay se está distanciando”, expuso.
Paraguay se ubica en los primeros lugares en cuanto a estabilidad y se convierte en un destino atractivo para un país como Chile que siempre fue un ejemplo en la región desde varios aspectos, pero que también atravesó un momento de inestabilidad hace dos años que generó una reforma en la constitución, que tiene sus efectos a la fecha, refirió Giménez.
“Estos viajes que hace el presidente, entre el 75 y 80% es en el orden económico, es mostrar el país, atraer inversores, muchas de estas inversiones chilenas ya están en Paraguay y están por entrar en una segunda etapa. Este tipo de reuniones le convencen al empresario a duplicar el nivel de inversiones. El presidente Peña está preocupado por lo que prometió en campaña que es la generación de empleo a través de la inversión”, señaló el ministro del MIC ante la 800 AM.
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Caso Ueno: Fiscalía imputa por asociación criminal a Peña y cinco autoridades del BCP
La Fiscalía formuló este viernes 13 de noviembre una nueva imputación por el supuesto hecho punible de asociación criminal contra el expresidente de la República Santiago Peña y cinco autoridades y exautoridades del Banco Central del Paraguay (BCP), en el marco de la investigación por las presuntas irregularidades financieras que derivaron en el colapso de Ueno Bank.
El Acta de Imputación N.º 9, correspondiente a la causa penal N.º 92/2026, sostiene que los investigados habrían integrado una estructura organizada y jerárquica dentro del aparato estatal para favorecer los intereses del conglomerado empresarial Grupo Vázquez, controlador de la entidad bancaria.
La nueva imputación alcanza a Santiago Peña Palacios, expresidente de la República; Carlos Carvallo Spalding, expresidente del BCP; Holger Insfrán Ibarrola, exsuperintendente de Bancos; y los exdirectores Marco Aurelio González Maldonado, Liana Emilce Caballero Krauze y Miguel Ángel Mora.
En el caso de los tres exintegrantes del directorio, la Fiscalía también atribuye otros hechos punibles relacionados con presuntas omisiones de supervisión y el manejo de documentos oficiales.
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Peña habría encabezado la presunta estructura criminal
Según la hipótesis del Ministerio Público, Santiago Peña habría utilizado su posición como presidente de la República para colocar y mantener en cargos estratégicos a personas de su confianza o con vínculos corporativos previos.
Los investigadores sostienen que estas designaciones habrían permitido establecer un esquema de protección institucional para Ueno Bank, mediante la participación de autoridades encargadas de regular y supervisar el sistema financiero.
La Fiscalía señala que Peña habría actuado como jefe de la presunta organización, mientras que los demás integrantes habrían cumplido funciones específicas desde sus respectivas responsabilidades públicas.
En ese contexto, el documento menciona la designación de Carlos Carvallo, expresidente de financiera ueno, como titular del BCP, además de la permanencia de Holger Insfrán en la Superintendencia de Bancos y la actuación de los tres integrantes del directorio. La imputación sostiene que el objetivo de la presunta estructura habría sido subordinar los mecanismos de control financiero a los intereses particulares del Grupo Vázquez.
Reuniones reservadas con Miguel Vázquez en Mburuvicha Róga
Otro de los aspectos centrales del acta fiscal es la presunta relación entre el expresidente Peña y Federico Miguel Vázquez Villasanti, principal referente del conglomerado empresarial. Los investigadores sostienen que ambos habrían mantenido reuniones reservadas en Mburuvicha Róga para coordinar necesidades e intereses del grupo financiero.
De acuerdo con la imputación, Peña habría impartido directivas destinadas a evitar la intervención de Ueno Bank y frenar las alertas públicas relacionadas con su situación de insolvencia.
El documento también menciona el presunto hallazgo y entrega de USD 200.000 en efectivo, distribuidos en sobres dentro de la residencia presidencial, como parte de las contraprestaciones ilícitas que la Fiscalía atribuye al exmandatario. Estas afirmaciones forman parte de la hipótesis fiscal y deberán ser acreditadas durante el proceso penal.
Carvallo habría ocultado información sobre la insolvencia
La imputación también señala a Carlos Carvallo Spalding, expresidente del Banco Central, como uno de los presuntos responsables de impedir la aplicación oportuna de los mecanismos regulatorios. Según el Ministerio Público, Carvallo habría paralizado procedimientos de regularización y suscrito documentación dirigida al Congreso Nacional que no reflejaba íntegramente las advertencias técnicas sobre la situación financiera de Ueno Bank.
En particular, se cuestiona la Nota BCP/P N.º 016/2026, remitida a la Cámara de Senadores, cuyo contenido habría omitido información relevante sobre operaciones financieras investigadas. La Fiscalía sostiene que estas actuaciones habrían contribuido a mantener la operación del banco sin restricciones, pese a los informes que advertían sobre su deterioro patrimonial.
En cuanto a Holger Insfrán, la Fiscalía sostiene que habría utilizado su posición al frente de la Superintendencia de Bancos para evitar la aplicación de medidas correctivas. Entre los hechos investigados figura la venta de una cartera crediticia de Ueno Bank a Vinanzas S.A. por USD 74,4 millones, operación que, según los informes técnicos, habría sido financiada indirectamente con recursos del propio banco.
El Ministerio Público también cuestiona el tratamiento dado a un informe elaborado por el exgerente de Supervisión Fernando Rivarola, fechado el 10 de julio de 2026, que advertía sobre presuntas irregularidades en esa operación. De acuerdo con la hipótesis fiscal, la falta de aplicación de sanciones y medidas preventivas habría permitido que la entidad continuara captando fondos del público.
Exdirectivos del BCP habrían permitido continuidad de operaciones
La imputación atribuye a Liana Caballero, Miguel Ángel Mora y Marco Aurelio González presuntas omisiones en sus deberes de control como integrantes del directorio del Banco Central. Según la Fiscalía, los tres habrían conocido las alertas relacionadas con el deterioro patrimonial de Ueno Bank desde junio de 2026, sin impulsar oportunamente las medidas previstas en la legislación bancaria.
El acta señala que, pese a los informes técnicos disponibles, el directorio se habría limitado a disponer la apertura de un sumario administrativo, sin ordenar la suspensión preventiva de determinadas operaciones. En particular, la Fiscalía atribuye a Marco Aurelio González una presunta participación directa en la modificación de un informe institucional remitido al Senado, que habría omitido observaciones técnicas relevantes.
Respecto de Liana Caballero, sostiene que habría recibido una versión del documento cuestionado sin promover posteriormente una rectificación oficial. En cuanto a Miguel Ángel Mora, los investigadores señalan que habría presidido interinamente una sesión del directorio en la que no se impulsaron medidas más restrictivas contra la entidad financiera.
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Captación de depósitos pese a advertencias
El Ministerio Público sostiene que la presunta actuación coordinada de los investigados permitió que Ueno Bank continuara operando entre junio y octubre de 2026, pese a las observaciones sobre su solvencia. En ese periodo, la entidad habría desarrollado campañas comerciales para atraer nuevos depósitos y certificados de depósito de ahorro, incluyendo promociones con reintegros del 50 %.
La Fiscalía considera que la continuidad de estas operaciones habría incrementado la exposición del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) y comprometido recursos públicos y previsionales. El acta señala que, al 30 de septiembre de 2026, los fondos públicos depositados en la entidad ascendían a aproximadamente G. 3,6 billones y USD 233,4 millones.
La situación desembocó en el procedimiento de resolución dispuesto por el BCP el 2 de noviembre, luego de constatarse que la solvencia del banco había caído por debajo del límite establecido por la normativa.
Prisión para González y arresto domiciliario para Caballero y Mora
La nueva imputación también contiene solicitudes de medidas cautelares contra los exintegrantes del directorio del BCP. El Ministerio Público requirió la prisión preventiva de Marco Aurelio González Maldonado, mientras que para Liana Caballero Krauze y Miguel Ángel Mora solicitó arresto domiciliario.
Asimismo, pidió la inhibición general de vender y gravar bienes de los tres imputados y la identificación de sus cuentas, depósitos, inversiones y otros activos financieros, a fin de determinar eventuales medidas de inmovilización.
Nueva dimensión en la investigación
La imputación por asociación criminal representa una ampliación de la investigación que inicialmente apuntaba a presuntas irregularidades financieras, omisiones de supervisión y decisiones administrativas relacionadas con ueno bank.
Ahora, el Ministerio Público sostiene la hipótesis de que los hechos no habrían respondido únicamente a actuaciones individuales, sino a una presunta organización que habría funcionado mediante una división de tareas entre autoridades del Poder Ejecutivo y del Banco Central. La Fiscalía atribuye a Santiago Peña el supuesto liderazgo político de esa estructura y a las autoridades del BCP la presunta utilización de sus cargos para favorecer la continuidad operativa del banco.
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Fiscalía aguarda autorización judicial para peritaje al teléfono de Peña
La fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Verónica Valdez, indicó que el Ministerio Público aguarda una autorización judicial para proceder al peritaje del teléfono celular del expresidente de la República, Santiago Peña, imputado por lesión de confianza y administración en provecho propio, en calidad de autor, en el marco de la causa Ueno Bank.
“Todavía no tenemos un resultado porque debe realizarse un proceso técnico con autorización judicial, entonces, una vez que tengamos esa autorización, vamos a poder conocer el contenido del teléfono”, dijo en una conferencia de prensa acompañada por sus colegas Nancy Salomón y Francisco Cabrera.
El Ministerio Público incautó un teléfono celular de Peña el pasado domingo 8 de noviembre, luego de que el exmandatario, destituido vía juicio político, haya negado en reiteradas ocasiones (durante su audiencia de imposición de medidas ante el juez Humberto Otazú y en su declaración ante la Fiscalía) poseer o utilizar un aparato móvil.
El proceso se concretó mediante el aporte de informaciones extraoficiales que indicaban que el economista contaba con comunicación libre en su lugar de reclusión. El aparato celular fue encontrado oculto en su equipaje dentro del Regimiento Escolta Presidencial, donde cumple prisión preventiva.
Desde el órgano extrapoder detallaron que los procedimientos en la causa judicial que salpica al expresidente de la República y en la otra referente a los directivos de Ueno Bank, que se encuentran ligadas entre sí, se centran actualmente en la recolección de elementos probatorios, la reconstrucción del esquema de operaciones y la preservación precautoria de bienes para su eventual recuperación a favor del Estado paraguayo.
Con relación a la detención de los exdirectivos del Banco Central del Paraguay (BCP), Marco Aurelio González, Liana Emilce Caballero Krause y Miguel Ángel Mora, concretado este viernes, la agente mencionó que durante el allanamiento de sus respectivas viviendas se logró “obtener elementos que consideramos relevantes para el avance de las investigaciones”.
Valdez agregó que “se recabaron documentos, también dispositivos electrónicos, y se dispuso la detención de las tres personas que serán citadas a fin de que presten declaración indagatoria si lo consideran o se abstengan y posteriormente se tomarán las determinaciones que el equipo considere pertinentes”.
A la vez, los agentes reiteraron que la calificación legal actual es de carácter provisional. La ausencia momentánea de imputaciones por tipos penales más severos, como por ejemplo lavado de dinero o asociación criminal, no restringe la investigación de estas conductas a medida que surjan nuevos elementos.
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Mipymes accederán a herramientas digitales para potenciar sus negocios
Las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) contarán con nuevas oportunidades para incorporar herramientas digitales y de innovación a sus modelos de negocio, a partir de acuerdos de cooperación impulsados por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) con representantes del sector privado.
Los convenios fueron suscritos con una empresa de telecomunicaciones y la Cámara Paraguaya de Diseño e Innovación, en el marco del Paraguay Business Week 2026. El objetivo es facilitar el acceso a soluciones que contribuyan a mejorar la competitividad de los emprendimientos y ampliar sus posibilidades de crecimiento.
Uno de los acuerdos apunta a fortalecer la presencia de las mipymes en el comercio electrónico, mediante herramientas que faciliten el aprovechamiento de internet para concretar ventas. La iniciativa busca que los pequeños negocios puedan ampliar sus canales comerciales, llegar a nuevos consumidores y explorar mercados más allá de sus espacios habituales.
Al respecto, el viceministro de Mipymes, Gustavo Giménez, adelantó que la cartera estatal también prepara un nuevo documento de cooperación que contemplaría un paquete de soluciones digitales, en conjunto con la Cámara Paraguaya de Comercio Electrónico. Esta propuesta buscará profundizar el acompañamiento a las empresas en sus procesos de digitalización.
Por otra parte, el convenio con la Cámara Paraguaya de Diseño e Innovación se orienta a incorporar el diseño y la innovación como herramientas para agregar valor a los productos y servicios de emprendedores y mipymes del sector creativo. La propuesta contempla el desarrollo de talleres y la generación de vínculos con instituciones como la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapi).
De esta manera, los acuerdos buscan acercar capacidades y recursos al segmento empresarial de menor tamaño, con énfasis en la transformación digital, el desarrollo de productos y la apertura de nuevas oportunidades comerciales. La incorporación de estas herramientas representa una alternativa para que las mipymes fortalezcan su oferta y respondan a las nuevas exigencias del mercado.
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Caso Ueno Bank: fiscal general amplió equipos investigativos con la designación de más fiscales
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, amplió el equipo de trabajo que investiga el caso Ueno Bank, el Grupo Vázquez y las causas vinculadas al expresidente de la República, mediante la incorporación de dos agentes fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción.
A través de la Resolución FGE n.º 4610/2026, fue designada la agente fiscal Belinda Bobadilla Biscouto, de la Unidad n.º 4 de Asunción, para integrar el equipo que interviene en la causa penal n.º 89/2026, caratulada “Federico Miguel Vázquez y otros s/ lesión de confianza y otros”.
Con esta incorporación, el equipo queda conformado por Francisco Cabrera, Silvio Corbeta Dinamarca, Jorge Arce Rolandi, Yeimy Adle, Ruth Benítez, Luz Guerrero, Luis Piñánez y Belinda Bobadilla Biscouto.
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Por otra parte, mediante la Resolución FGE n.º 4611/2026, el fiscal general del Estado dispuso la incorporación de la agente fiscal Marlene González, de la Unidad n.º 10 de Asunción, al equipo que investiga la causa penal n.º 92/2026, caratulada “Santiago Peña Palacios y otros s/ lesión de confianza y otros”.
El equipo queda integrado por Elena Fiore Franco, Silvia González Vester, Christian Manuel Benítez Cáceres, María Verónica Valdez, Laura Mercedes Giacummo, Ruth Karina Benítez y Marlene González. Ruth Karina Benítez pertenece a la Unidad Especializada de Delitos Informáticos.
Ambos equipos desarrollan sus actuaciones bajo la coordinación de la fiscal adjunta Nancy Salomón Marín. Las designaciones fueron dispuestas a solicitud de la fiscal adjunta, conforme a criterios de eficiencia, unidad de actuación y optimización de la labor fiscal.
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