El esquema de repartija de honorarios entre clanes familiares en la oenegé Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD), que fue expuesto a través de una publicación periodística de la Unidad de Investigación de Nación Media, generó fuertes críticas por parte de la ciudadanía en general.
El repudio guarda relación con el proyecto de “Reactivación económica poscovid” lanzado durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, mediante el Ministerio del Trabajo, en ese entonces encabezado por Carla Bacigalupo y el Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (Sinafocal), presidido por Alfredo Mongelós.
Los entes estatales destinaron la millonaria suma de G. 6.093 millones para la citada institución no gubernamental que de acuerdo a datos corroborados actúa como una agencia de empleos para los familiares de los altos directivos Agustín Carrizosa Gubetich, presidente del CIRD; y Francisco Alcaraz, coordinador del proyecto “Más Ciudadanía, Menos Corrupción”, otro de los proyectos encarados por la ONG.
“A nivel familiar se reparten millones de dólares, todo es joda”, dijo Manfre Velázquez, quien comentó que la oenegé dará próximamente una chala contra la corrupción en la ciudad de Minga Guazú. “Que joda todo, vayan a escuchar lo que dicen, es importante, pero seguro la contraloría ciudadana no sabe nada de esto, en fin nunca saben nada y no verán nada en el futuro”, indicó cuestionando también la ineficiencia de un grupo de ciudadanos que actúa como contralores del correcto uso del dinero público.
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Mientras que Arístides Agüero Caballero sostuvo que “siempre se dijo que no todo lo que brilla es oro. Pensar que esta gente de la fundación CIRD se creen los impolutos, son igual o peor de corruptos, que los que ellos dicen combatir”, dijo.
Agüero Caballero continuó alegando que “lo más probable es que salgan a decir que se trata de una persecución periodística o política; estas estructuras se creen blindadas por las organizaciones o personas con quienes reparten el dinero”. Por su parte, José Peña puntualizó que “están obligados a salir a aclarar y rendir cuentas a la ciudadanía de qué hacen con todos estos fondos que reciben”.
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IPS urge avance en investigación por supuesto fraude de oenegeísta del CIRD
Desde la Dirección Jurídica del Instituto de Previsión Social (IPS) señalaron que la investigación sobre posible fraude al seguro contra el coordinador del proyecto “Más ciudadanía, menos corrupción” en el Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD), Francisco Alcaraz, sigue en pie y que recientemente solicitaron a la Dirección de Aporte Obrero Patronal un informe sobre los registros de personal de la consultora BEAS, de Isabel Benítez, en el que se detallen los horarios y funciones que supuestamente cumple Alcaraz, con el fin de aclarar si se trata o no de un fraude al seguro social.
- Unidad de Investigación Nación Media
El Instituto de Previsión Social (IPS) sigue investigando al coordinador anticorrupción del Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD), Francisco Darío Alcaraz, por presunto fraude al seguro. Esto luego de revelarse que en los registros de la previsional, el coordinador del proyecto “Más ciudadanía, menos corrupción” figura como empleado de Isabel Benítez Espínola, quien a su vez es una de las consultoras contratadas en el marco del proyecto que coordina Alcaraz en la fundación.
La jefa del Departamento Jurídico Administrativo de la Dirección Jurídica del IPS, abogada María Graciela Cabral, señaló que están urgiendo un informe sobre las documentaciones de la firma unipersonal de Benítez, BEAS Consultora, con el fin de determinar si se trata o no de un caso de fraude al seguro social. “Se están haciendo los pedidos de informe para hacer el cruzamiento de datos. Porque en el CIRD, él (Francisco Alcaraz) tiene un contrato de prestación de servicios, pero (en el IPS) está asegurado por esta otra persona (Isabel Benítez)”, sostuvo.
Según explicó Cabral, tras este pedido la Dirección de Aporte Obrero Patronal deberá “unificar y solicitar informes de lo declarado por la unipersonal ante el Ministerio de Trabajo, nutriéndose de la información necesaria para determinar si estaríamos o no ante un caso de fraude”.
Entre las documentaciones solicitadas se puede mencionar un informe de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), esto con el fin de confirmar si la unipersonal está inscripta o no ante el Ministerio de Trabajo, o si además del oenegeísta anticorrupción, la consultora tiene otros trabajadores inscriptos, así como sus salarios, carga horaria, entre otros.
“Vimos que el salario, por esta persona (Francisco Alcaraz) aporta el mínimo, entonces, ¿cuál sería la función que esta persona desempeña? Como para poder determinar si realmente la función que esta persona cumple corresponde al salario que le es retribuido, si cumple o no un horario laboral, entre otras cuestiones”, dijo la abogada.
Vale recordar que dicha investigación se inició el pasado 10 de noviembre, fecha en la que un equipo fiscalizador conformado por personal de la Dirección de Aporte Obrero Patronal del IPS, con el apoyo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), intervino las oficinas de la fundación CIRD y de la consultora BEAS.
Según manifestó en su momento el director de la Asesoría Jurídica de la previsional, abogado José González, la investigación nació a partir de las publicaciones de la Unidad de Investigación de Nación Media, que revelaban que el coordinador anticorrupción del CIRD figura como un asalariado en la referida consultora con una remuneración que rondaba apenas los G. 2,4 millones y G. 2,6 millones, es decir, el sueldo mínimo.
“Nosotros le podemos denunciar penalmente si es un fraude al seguro social. Hay que ver cuáles son las condiciones de esa persona y de la empresa, en calidad de qué está”, advirtió en su momento González.
Por otro lado, en la Contraloría General de la República también se encuentran investigando al CIRD, en su caso verifican las rendiciones de cuentas de las transferencias recibidas por la ONG con fondos estatales. Esta investigación se inició luego de que varios operadores del movimiento político del expresidente Mario Abdo Benítez fueran identificados en la lista de cobros provenientes del dinero público durante la pandemia a través de la fundación. En dichas planillas también figuran cobros a favor del clan familiar del presidente del CIRD, Agustín Carrizosa Gubetich, incluido él mismo, su hija, su pareja, una cuñada y también el hijo de Alcaraz.
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ONG no presentó documentos por el uso de fondos estatales
El titular de la Contraloría General de la República, Camilo Benítez, dijo que una de las organizaciones no gubernamentales que más recursos del Estado recibió es el Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD) y denunció que no presentó documentos que avalen el uso de esos fondos. La Unidad de Investigación de Nación Media publicó una serie de notas sobre un presunto esquema de repartija de honorarios con dinero público de un proyecto de reactivación económica poscovid por G. 6.093 millones.
La iniciativa fue lanzada en 2022 por la entonces ministra de Trabajo, Carla Bacigalupo, junto con Alfredo Mongelós, secretario técnico de Sinafocal, y el titular del CIRD, Agustín Carrizosa Gubetich, cuyo clan familiar y allegados se vieron sumamente favorecidos con el festín de los recursos económicos del Estado.
El contralor acudió ayer al Congreso nacional, convocado por la Comisión Bicameral que preside el senador Dionisio Amarilla, para participar de la reunión conclusiva del estudio de las irregularidades detectadas en el Informe y Dictamen de la Contraloría, correspondiente al ejercicio fiscal 2022. También participaron el fiscal general, Emiliano Rolón, y el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos.
“Una de las oenegés que más fondos recibieron del Estado paraguayo fue esta organización CIRD, en su rendición de cuentas no presentó documentaciones respaldatorias. Como un motivo de la falta de rendición de cuentas debidamente, nosotros estamos haciendo una fiscalización especial de los fondos que fueron transferidos a esta oenegé. Se puede y se debe fiscalizar el dinero del Estado paraguayo”, manifestó Benítez.
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CIRD también contrató a comadre del diputado Olmedo en proyecto poscovid
Ana María Ramos, que en la práctica se dedica a una tienda de ropas, figura con cobros por consultorías, asesorías e investigaciones en el proyecto de reactivación económica poscovid ejecutado por el CIRD con G. 6.093 millones provenientes del Estado. La mujer facturó G. 150 millones a través de F&F Bussines& Consultancy SA, pero ante la pregunta por la consultoría realizada, dijo que su marido puede responder: “Yo estoy como presidente, pero él maneja todo. ¿Pillás?”.
- Por Rossana Escobar M.
- rossana.escobar@nacionmedia.com
Ya no caben dudas de que el Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD) hizo un festín con el proyecto de reactivación económica poscovid repartiendo honorarios, jornales y asesorías entre el clan del presidente de la organización, amigos y operadores políticos, gracias a una transferencia de G. 6.093 millones que le hizo el Estado a través del Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (Sinafocal).
El clan familiar de Agustín Carrizosa, presidente del CIRD, compuesto por su pareja, su hija, una cuñada y el joven Carlos Francisco Alcaraz, hijo del coordindador anticorrupción, Francisco Darío Alcaraz, se repartió G. 1.113 millones en jornales y honorarios por consultorías gracias a varios convenios. En la gran comilona se identificaron 10 políticos entre operadores y candidatos seccionaleros del equipo proselitista del sector de Mario Abdo Benítez en las elecciones pasadas.
Tras esto, aparece la firma F&F Bussines & Consultancy SA, que registra 4 cobros que totalizan G. 150 millones en el mencionado proyecto poscovid del Sinafocal, ejecutado por el CIRD.
En F&F Bussines & Consultancy SA figuran como accionistas Ana María Ramos y su hijo Alejandro Maximiliano Fernández Ramos. La mujer dijo ser la presidenta de la consultora y confirmó que es comadre del diputado Édgar Olmedo, se dedica a vender ropa, no tiene idea del trabajo consignado en las planillas del CIRD, pero aparece facturando en concepto de consultorías, asesorías e investigaciones.
Cuando le preguntamos por la contraprestación en el marco del sensible proyecto, Ana María respondió muy amablemente: “Te voy a dar el contacto de mi esposo y le llamás, porque él es el que te va a dar una respuesta más cierta. Yo estoy como presidenta, pero él es el que maneja todo, ¿pillás?”.
Cumpliendo con las indicaciones de la mujer contactamos con su esposo, Ricardo Fernández Ramírez, para entender cómo es que sin figurar en la empresa contratada era el que manejaba todo con el CIRD, y este nos manifestó: “Nosotros somos familia, nosotros no tenemos separación de bienes. Ella figura por una cuestión, porque sí nomás, no hay nada detrás. Ella es igual que yo en términos jurídicos y en términos de lo que sea. Lo que pasa es que ella tiene una tienda. Te cuento cómo es la historia, nosotros tenemos una tienda que se llama Rosas y Chocolates en Coronel Oviedo, y la tienda pasó a formar parte también de la consultora, de la SA y una de las alas de la empresa es consultorías también, por ahí viene la mano, y como ella ya es accionista con Maximiliano, no hacía más falta que yo sea”. Sin embargo, en los documentos proveídos por el Ministerio de Economía no aparece la tienda de ropas como parte de la consultora mencionada.
Fernández explicó que hicieron “una base de datos con una aplicación para que se puedan encontrar los alumnos del Estado, del Sinafocal, en una plataforma, tipo un buscador”.
Tanto Ana María como su esposo confirmaron que el diputado Olmedo es su compadre. “Édgar Olmedo es mi superamigo, mi vecino, mi compadre, pero laboralmente yo no tengo relaciones con él”.
La pareja, muy amiga de Olmedo, comparte fotos en redes sociales de encuentros sociales, religiosos, políticos con el diputado frecuentemente. Entre las fotografías posteadas aparece, por ejemplo, un aporte a la campaña de Olmedo días antes de las elecciones de 2018, cuando el mismo se postulaba a gobernador.
G. 2.502 MILLONES POR REUNIONES INDÍGENAS
Compadre, con adjudicación veloz
Ricardo Fernández, esposo de Ana María Ramos, que aparece con cobros en proyecto poscovid, se adjudicó dos jugosos contratos para eventos indígenas en menos de un mes en 2022.
A través de su empresa Desarrollo y Negocios Sustentables SA, Ricardo Fernández, esposo de Ana María Ramos que gracias al CIRD facturó en proyecto poscovid, se adjudicó dos jugosos contratos en plena campaña electoral y en tiempo récord el año pasado para servicio de logística en eventos indígenas.
Según el portal de Contrataciones Públicas, la citada empresa se estrenó en el rubro de licitaciones y en menos de un mes se alzó con dos importantes contratos.
El 10 de noviembre de 2022, el Ministerio de Agricultura (MAG) le adjudicó G. 321 millones por “servicio de apoyo logístico para la realización de eventos de participación de pueblos indígenas para el censo agropecuario nacional 2022″, con fondos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de los cuales G. 145 millones son reembolsables.
El 7 de diciembre ya volvió a adjudicarse G. 1.894 millones también para organización de reuniones de líderes indígenas, ferias, con fondos provenientes del Banco Mundial, de los cuales G. 1.183 millones son gastos reembolsables.
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CIRD no presentó documentos por uso de fondos estatales, denunció contralor
El titular de la Contraloría General de la República, Camilo Benítez, dijo que una de las organizaciones no gubernamentales que más recursos del Estado recibieron es el Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD) y denunció que no presentó documentos que avalen el uso de esos fondos. La Unidad de Investigación de Nación Media publicó una serie de notas sobre un presunto esquema de repartija de honorarios con dinero público de un proyecto de reactivación económica poscovid por G. 6.093 millones.
La iniciativa fue lanzada en el 2022 por la entonces ministra de Trabajo, Carla Bacigalupo, junto con Alfredo Mongelós, secretario técnico de Sinafocal, y el titular del CIRD, Agustín Carrizosa Gubetich, cuyo clan familiar y allegados se vieron sumamente favorecidos con el festín de los recursos económicos del Estado.
El contralor acudió este lunes al Congreso Nacional, convocado por la Comisión Bicameral que preside el senador Dionisio Amarilla, para participar de la reunión conclusiva del estudio de las irregularidades detectadas en el Informe y Dictamen de la Contraloría, correspondiente al ejercicio fiscal 2022. También participaron el fiscal general Emiliano Rolón y el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos.
“Una de las oenegés que más fondos recibieron del Estado paraguayo fue esta organización CIRD, en su rendición de cuentas no presentó documentaciones respaldatorias. Como un motivo de la falta de rendición de cuentas debidamente, nosotros estamos haciendo una fiscalización especial de los fondos que fueron transferidos a esta oenegé. Se puede y se debe fiscalizar el dinero del Estado paraguayo”, manifestó Benítez.
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El objetivo marcado del proyecto fue supuestamente la “capacitación y fortalecimiento de mipymes y del Sinafocal, para promover el incremento del empleo formal y la posibilidad de que los beneficiarios puedan convertirse en profesionales”. Sin embargo, los primeros en asegurar el empleo y reactivar su economía fueron los miembros del clan Carrizosa.
Entre los detalles de gastos figuran varios cobros de jornales de G. 4,5 millones de Paola Carrizosa Bradshaw, hija del presidente de la ONG. Así también, se registran reiterados cobros de honorarios por “consultorías, asesorías e investigaciones” de María Berta Rojas Aveiro, pareja de Carrizosa, que solo en el proyecto poscovid facturó G. 212 millones.
También se suma al clan de privilegiados con honorarios por “consultorías, asesorías e investigaciones” Marta María Rojas Aveiro, que es hermana de Berta y, por ende, cuñada del presidente del CIRD, que facturó por G. 109 millones. El esquema también beneficia al entorno de Francisco Darío Alcaraz, coordinador de proyecto del CIRD “Más ciudadanía, menos corrupción”, cuyo hijo Carlos Francisco Alcaraz fue ampliamente favorecido con varios cobros de jornales.
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