El ministro de Defensa Nacional, Óscar González, defendió el presupuesto asignado a su institución para el 2026, que registra un incremento en comparación al vigente periodo fiscal. Explicó que el incremento obedece al crecimiento vegetativo y por el equilibrio que debe tener con el salario mínimo vigente. El secretario de Estado se presentó este lunes ante la Comisión Bicameral de Presupuesto, que preside el senador Silvio Ovelar.

Previo al inicio de la reunión, el ministro se refirió al presupuesto asignado al Comando de Operaciones de Defensa Interna y las Fuerzas de Tarea Conjunta (CODI - FTC), teniendo en cuenta la importante gestión que realizan en la zona Norte del país, sumado a la creación de las FTC del Sur, que cumple funciones en los departamentos de Itapúa, Misiones y Ñeembucú.

El ministro resaltó que falta poco para dar de baja por completo a los grupos terroristas. Teniendo en cuenta que en los departamentos donde intervino la FTC desde el 2014, se ha logrado liberar de la influencia de estos grupos criminales.

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“Ganaderos, agricultores, están pudiendo trabajar tranquilamente; el producto interno bruto que se genera en esa parte del país fue incrementado gracias a la presencia de las FTC. Por supuesto, no podemos decir que estamos satisfechos, ni contentos teniendo aún secuestrados, pero haciendo una evaluación general es positivo el beneficio que ocasiona la presencia de las FTC tanto en el norte como en el sur” enfatizó.

Insistió que corresponde seguir fortaleciendo a estas fuerzas, por todo el sacrificio que están haciendo el personal uniformado que no solo está enfrentando a los grupos terroristas, también están enfrentando a los grupos del crimen organizado, narcotráfico y otros.

“No hay que olvidar que en Canindeyú se tuvo un grupo que se quiso poner encima del Estado, que gracias a la presencia de las FTC con el incremento del área número 5, ese grupo por lo menos ya dejó de alardear, y estamos a poco de llegar a los principales líderes para dar por terminado definitivamente”, precisó el ministro.

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Mencionó que para el ejercicio fiscal 2026, si se prevé la compra de equipamiento, pero menor cantidad, no obstante, resaltó que sí se está previendo la compra de mayor volumen de combustibles para los aviones súper Tucanos.

“Son incrementos absolutamente necesarios y ajustados. No vamos a pedir absolutamente nada que sea o que vaya en detrimento de algún otro ministerio. Porque si bien, desde el gobierno consideramos que la Defensa es demasiado importante, ya que de la misma depende igualmente el desarrollo del país, pero somos conscientes que no somos los únicos en el Estado” remarcó.

• Víctor Pavón (*)

Si una sociedad produce 100 y el Estado se lleva 40 y luego 10, entonces antes disponía de 60 y ahora de 90. Solo por esta situación, el nivel de capitalización se incrementa por cuanto que habrá más dinero genuino (producto del ahorro y la inversión privada) circulando en el mercado.

Si ese país que antes disponía de 60 y ahora utiliza 90 en la creatividad e innovación empresarial creando negocios y haciendo mejoras, contratando recursos humanos y aumentando los salarios, todo ello es un hecho sensacional por sus inmensos beneficios en la sociedad.

Sin embargo, la cuestión no pasa únicamente por disponer de más dinero. No es la cantidad de dinero la que permite el mejoramiento de las condiciones de vida. Es el capital previo ahorro y esto solo puede darse en el sector privado.

Se trata de que el dinero como medio de intercambio se convierta en capital para elevar la productividad. Me refiero a que esto no solo es una cuestión mercantil. Es también un tema de valores que hace a la dignidad de las personas.

Es un asunto de propiedad privada supeditada a la libertad de elegir. De hacer o no hacer con lo que logramos por medio de nuestro esfuerzo, talento y conocimientos. Si se acepta la existencia del Estado, entonces su función debe ser limitada.

Debe interferir lo menos posible sobre la creación del ahorro y la inversión de individuos, familias y empresas. Esto es menos impuestos, deudas, trámites y oficinas.

Luego de los portentosos logros del capitalismo liberal, no obstante, lo que está pasando en el presente en las democracias modernas es muy diferente. Se viene aumentando el peso del Estado; crece el gasto público en todas sus facetas como porcentaje del producto interno bruto (PIB) siendo negativo el impacto sobre el crecimiento, la creación de empleos y los salarios.

Considero, por ello, ser precavidos sobre aquello de que nuestro país es rico pero está mal administrado. La mala administración se traduce en medidas de más gasto para financiar programas innecesarios de multimillonarias sumas de dinero administradas por inmensas burocracias muy difíciles de desechar dados los intereses políticos en juego.

Es el insaciable Estado convertido en Leviatán, como acertadamente dijo Thomas Hobbes en su magna obra.

La mala administración, finalmente, se debe a que como se cuenta con suficientes recursos, el despilfarro es su nota dominante para así originar riquezas mal habidas. Surgen la injusticia y el privilegio. Pocos se benefician en detrimento de la mayoría. No hay de otra, hay que reducir al mínimo el gasto estatal.

(*) Presidente del Centro de Estudios Sociales (CES). Miembro del Foro de Madrid. Miembro del Consejo Internacional de la Fundación Faro. Autor de los libros “Gobierno, justicia y libre mercado”; “Cartas sobre el liberalismo”; “La acreditación universitaria en Paraguay, sus defectos y virtudes” y otros como el recientemente publicado “Ensayos sobre la libertad y la república”.

El viceministro de Economía del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Felipe González Soley, aseguró que la desaceleración del gasto público está permitiendo al Gobierno mantener la inversión en sectores estratégicos sin comprometer la meta de convergencia fiscal.

En conversación con La Nación/Nación Media, explicó que a inicios de año el gasto crecía a un ritmo del 12 %, pero actualmente se ubica entre el 5 % y el 6 %. “Esto nos da un margen importante para sostener obras y programas clave, al mismo tiempo que avanzamos hacia el objetivo de cerrar el año con un déficit fiscal del 1,9 % del producto interno bruto (PIB), tal como lo establece la Ley de Responsabilidad Fiscal”, señaló.

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Si bien reconoció que la comparación interanual todavía muestra un incremento cercano al 10 %, enfatizó en que la tendencia es descendente, lo que fortalece la proyección oficial de cumplimiento de la meta fiscal.

Hay que recordar que en el informe de Situación Financiera (Situfin) el MEF informó que al cierre de julio de 2025, el déficit fiscal se ubicó en 0,5 % del producto interno bruto (PIB), equivalente a G. 1,74 billones, unos USD 221 millones.

En tanto que la inversión pública mostró un comportamiento positivo, con G. 3,42 billones ejecutados a julio, lo que equivale al 0,9 % del PIB y representa un aumento del 11,9 % frente al mismo período del año pasado.

En cuanto a los reclamos del sector de la construcción sobre intereses impagos por alrededor de USD 100 millones, el viceministro de Economía aclaró que se trata de contratos heredados de la gestión anterior y que actualmente están bajo análisis.

“El Estado no desembolsará fondos sin la certeza jurídica de que los compromisos son válidos y que las tasas de interés aplicadas son correctas. Antes de financiar, debemos confirmar que existe una obligación real de pago”, sostuvo.

González Soley subrayó que este control estricto forma parte de una estrategia para proteger las finanzas públicas y garantizar que la inversión se oriente a proyectos que impulsen el desarrollo, sin poner en riesgo la convergencia fiscal prevista para 2025.

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La Cámara de Senadores remitió este martes el informe proveniente de la Comisión Bicameral de Investigación de Hechos Punibles de Lavado de Activos, a la Contraloría General de la República y al Banco Central del Paraguay (BCP), para que puedan indagar respecto a los varios indicios de lavado de dinero detectados por el cuerpo bicameral del Congreso.

No obstante, desde la Cámara Alta señalan que aún falta remitir estos documentos que están desarrollados en varios tomos, al Ministerio de Economía y Finanzas; al Ministerio de Defensa Nacional y a la Procuraduría General de la República.

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Durante su proceso de investigación la CBI se basó en cuatro ejes principales, que son los vínculos sobre lavado de dinero, que a su vez estuvieron ligados eventualmente con el financiamiento político mediante los recursos recibidos por organizaciones sin fines de lucro. Igualmente se indagó el lavado de activos provenientes del tráfico de armas.

También contiene información relevante respecto al lavado de activos provenientes de actividades ilícitas, blanqueadas e ingresadas al sistema financiero vía bancos y empresa.

Este frondoso informe elaborado por miembros de la CBI que conforman legisladores de ambas cámaras, contiene además conclusiones y recomendaciones para varias instituciones del Estado.

A los documentos escritos se les adjuntó pendrives con audios, videos, notas varias, documentos, entre otros, que guardan relación a los casos investigados por la Comisión.

Ayer lunes, estos mismos documentos ya tuvieron entrada en el Ministerio Público y se aguarda que la Fiscalía general designe a los agentes fiscales que indagarán sobre el caso. Igualmente, se había enviado copias de los documentos a la Cancillería Nacional, para que a su vez remita vía diplomática al Departamento de Estado y de Justicia de los Estados Unidos.

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