• Guayaquil, Ecuador. AFP.

Disputas a muerte y frágiles alianzas. Una explosión de bandas de curiosos nombres componen el nuevo mapa del crimen en Ecuador, un país acorralado por las mafias y ante el desafío de elegir a un presidente capaz de doblegarlas. Los Freddy Krueger provocan pesadillas en las calles, los sofisticados Peaky Blinders se disputan el dominio del golfo de Guayaquil y El Cuartel de la Feas controla las prisiones. Estos se suman a los ya famosos Choneros, Lobos y Tiguerones.

La misma violencia cambia de nombre cada tanto debido a una atomización de los grupos armados y a un cóctel perfecto que allanó el terreno de la guerra: puertos estratégicos para la salida de droga, vecindad con Colombia y Perú -los mayores productores de cocaína-, una economía dolarizada y entidades corruptas.

Y en el medio, la gente. Una comerciante extorsionada recuerda el día en que explotó una bomba en su restaurante en Guayaquil, capital económica y del crimen del país. “Decían que eran de la mafia, pedían 15.000 dólares para no matarnos”, cuenta a la AFP la mujer que mantiene su identidad bajo reserva.

Los tentáculos de las organizaciones no conocen fronteras. Se engendran en la costa del Pacífico con apoyo de carteles de México y Colombia, así como de la mafia albanesa. Luego cruzan la cordillera andina hasta ciudades como Quito, Ambato o la minera Ponce Enríquez (sur ecuatoriano), según expertos. La seguridad está en el centro de las campañas presidenciales de cara al balotaje del domingo que enfrenta al mandatario Daniel Noboa y la candidata izquierdista Luisa González.

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En enero y febrero Ecuador registró un muerto cada hora, según cifras del ministerio del Interior. Es el inicio de año más sangriento desde que se tiene registros. “La guerra es por territorio. Ya no hay cabezas conocidas como antes, cada quien quiere su independencia”, señala bajo reserva el cabecilla de una agrupación.

Esta fragmentación dificulta el control de las bandas por parte de las autoridades. “Vemos una asociación de pequeños grupos y menos rígidos. Esto ya pasó en la Colombia de los 1990 tras la muerte de Pablo Escobar”, sostiene la experta en seguridad Carla Álvarez.

Las jerarquías empezaron a romperse en 2018, cuando se dividió una de las mayores organizaciones. La muerte en 2020 del líder de los Choneros, Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, ahondó las pugnas. En Quito, Marianela recibe amenazas e intentos de extorsión por WhatsApp. “Los bloqueo”, dice bajo reserva esta empleada de un restaurante.

La angustia se instaló en el convulso barrio Martha Bucaram de la capital, donde policías y militares suelen realizar operativos en busca de armas y droga. “Acá a la vuelta hubo como dos muertos” durante una balacera, recuerda. Apenas suenan los disparos, los negocios cierran.

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De los 1.300 barrios de Quito, unos 100 son considerados conflictivos. Para las mafias, la ciudad es “un mercado de consumo de drogas, como sucede en diferentes capitales latinoamericanas”, explica Carolina Andrade, secretaria de Seguridad municipal. Quito, enclavada en los Andes, también se percibe “como un espacio seguro para venir a esconderse”, pues no tiene el mismo control policial o militar de la costa.

Renato Rivera, del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, explica que los grupos tienen ciertas especialidades. El Cuartel de las Feas, por ejemplo, opera en las prisiones con extorsiones y microtráfico. Esta banda desató enfrentamientos entre los reos por la alimentación. El preso que no pagaba la “vacuna” (extorsión), no comía, comenta. Y en el puerto de Guayaquil, los Peaky Blinders, Choneros y Tiguerones chocan por las rutas de la droga, a veces camuflada en contenedores de banano o camarón.

En Quito pequeñas pandillas buscan entrar a “organizaciones más grandes para tener mayor presencia, mayor legitimidad y mayor control” territorial, señala Andrade. En la cima de la pirámide criminal de la capital están los Lobos y Latin Kings. Las mafias “han ido ganando espacio, es complejo combatirlas”, admite el comandante policial de Guayaquil, Pablo Dávila.

“Los ruidos de las balas no nos dejan dormir”, dice una líder de un empobrecido barrio guayaquileño, donde solo en una tarde mataron a 22 personas. El presidente Daniel Noboa aplicó una política de mano dura contra las bandas que logró bajar el índice de homicidios de 47 por cada 100.000 habitantes en 2023 a 38 en 2024.

Pese a la caída, el centro de estudios Insight Crime sostiene que esta última tasa es la más alta de América Latina y “enmascaró” un año de violencia persistente. “La intervención militar obligó a los grupos criminales a transformarse en lugar de desaparecer”, señaló.

• Quito, Ecuador. AFP.

Un líder de una banda narco en Ecuador fue capturado por ser el principal sospechoso del asesinato de cuatro menores en el puerto de Guayaquil, en un caso que además involucra a 16 militares, informó el ministerio de Defensa. Los tres adolescentes y un niño fueron retenidos por una patrulla militar en diciembre en esta ciudad al suroeste del país y luego se perdió su rastro. La noche de Navidad la policía halló sus cuerpos calcinados cerca de una base de la Fuerza Aérea en las afueras.

Los 16 soldados están en prisión preventiva y su defensa sostiene que los menores fueron liberados en la localidad rural de Taura, donde este lunes fue capturado por la policía un cabecilla de la banda de “Los Águilas”, identificado como “Momo”. “Momo es quien habría sido el principal implicado en la muerte y desaparición de los 4 niños de las Malvinas desde la cárcel”, señaló la cartera en un comunicado.

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Durante la investigación, un testigo mencionó que, tras ser abandonados por los militares, un grupo criminal retuvo a Saúl Arboleda, Steven Medina y a los hermanos Josué e Ismael Arroyo. La autopsia reveló que los menores murieron a causa de un disparo en la parte posterior de la cabeza.

El hecho estremeció a Ecuador y encendió las alarmas por presuntas violaciones de derechos humanos en el contexto de la política de mano dura contra el narcotráfico que impulsa el presidente Daniel Noboa. Aún no hay condenados por este caso. Según el ministerio de Defensa, Momo salió de prisión en diciembre “gracias a un dictamen judicial a su favor” en un caso que lo involucraba como líder de una banda que robaba camiones.

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La Policía Nacional de San Pedro del Paraná logró detener a un hombre que era buscado por un horrendo crimen que ocurrió en Buenos Aires, Argentina y será extraditado en las próximas horas. Además, realizaron dos allanamientos en búsqueda de otras dos personas que estarían involucradas en el crimen y que se presume que también están en el departamento de Itapúa.

Según el reporte policial Iván Giménez González, fue detenido en la vía pública en el distrito de San Pedro del Paraná. Este contaba con una orden de detención y extradición por estar vinculado a un caso de homicidio ocurrido en una vivienda en la ciudad de Recoleta. En el lugar una mujer fue encontrada muerta, atada de manos y pies, con una bolsa de plástico en la cabeza.

“Ahora se encuentra detenido en la comisaría primera y está a cargo del Juzgado que está realizando los trámites para la extradición. El detenido será extraditado a la Argentina y seguimos buscando a su hermana y a la pareja de esta, que estarían involucrados en el crimen”, detalló el comisario Javier Jiménez, en entrevista con la corresponsal de Nación Media, Rocío Gómez.

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La detención del hombre se realizó mediante el operativo conjunto “Finis Unita” encabezado por el departamento de Antisecuestro y Antiextorsión, departamento de Interpol y el Ministerio Público. Posterior a la detención se realizaron una serie de allanamientos donde se incautaron de varios elementos que estaban relacionados con el crimen. El procedimiento fue dirigido por la agente fiscal Rocío Valdez y supervisado por el subcomisario Erwin Cáceres.

En el primer allanamiento, realizado a las 21:00 en la zona rural de Jagua Kua’i, se incautaron de una camioneta Renault Duster de color gris, documentos y un teléfono celular. Luego a las 23:44 horas, se realizó otro procedimiento en la casa de la familia de Iván donde se incautaron de ropa deportiva, una mochila negra y dinero en efectivo en diversas monedas.

El 7 de marzo de 2025, el marido de Magalí Levy, de 28 años, la encontró maniatada con una bolsa de plástico en la cabeza y ya sin signos de vida. La mujer fue asesinada luego de que dejó a sus dos hijos en la escuela y regresó a su casa, donde se encontró con los delincuentes quienes acabaron con su vida. Se presume que el hecho se reportó en medio de un robo domiciliario por lo que el caso es investigado como un homicidio en ocasión de robo.

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Medios de prensa colombianos informaron que el Tribunal Superior de Cartagena remitió a la Corte Suprema de Justicia la demanda de casación presentada por la defensa de Margareth Chacón, condenada en segunda instancia por el crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. La máxima instancia judicial es ahora la que deberá decidir si admite este trámite y revoca su condena o bien, si confirma la sentencia.

La Justicia colombiana había condenado a Chacón a 35 años de cárcel, luego que la Fiscalía general de la Nación de dicho país demostrara que fue la coordinadora logística y financiera del homicidio de Pecci. Ahora, la Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena hizo lugar al recurso extraordinario de casación que planteó la defensa de la mujer, procesada por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.

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Esta acción de la Sala Penal se dio en respuesta a la demanda interpuesta por la sentencia del 27 de septiembre del 2024, que ratificada la condena interpuesta inicialmente el 15 de febrero del año pasado, por el juzgado Tercero Penal del circuito judicial de Cartagena. Luego de que se diera lectura al fallo en segunda instancia, dictado en enero de este año, la defensa presentó el recurso dentro del plazo legal.

La resolución expedida este 25 de marzo fue remitida a la Corte Suprema de Justicia de Colombia, que deberá decidir si admite el recurso y revoca la condena o bien, si confirma la sentencia, según medios colombianos.

Chacón es considerada como pieza clave en el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, al igual que su esposo Andrés Pérez Hoyos y su cuñado Ramón Pérez Hoyos. La mujer había sido sentenciada por su participación en el asesinato de Marcelo Pecci, el 10 de mayo de 2022 en Colombia, considerado su papel como fundamental en el atentado e incluso uno de los cerebros.

La procesada fue la única de los involucrados que no aceptó su culpabilidad en la causa, lo que sí hicieron los demás involucrados y lograron penas menos gravosas. En una de sus últimas declaraciones ante las autoridades, la mujer denunció supuestas torturas y maltratos en un búnker para declarar en contra de un expresidente, cuyo nombre nunca antes había escuchado.

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