El director de Declaraciones Juradas de la Contraloría, Armindo Torres, comunicó que el órgano fiscalizador inició los sumarios contra un total de 16 exparlamentarios que incumplieron con la obligación de presentar sus declaraciones juradas de bienes al concluir sus respectivas gestiones. La medida busca analizar posibles sanciones a ser aplicadas contra los dirigentes políticos.
Torres manifestó que tanto los diputados y senadores que asumieron sus respectivos cargos el pasado 1 de julio como los que concluyeron sus mandatos contaban como plazo límite el 21 de julio para presentar sus declaraciones juradas de bienes.
“Los que asumieron cargos durante el presente periodo (2023-2028), todos presentaron sus declaraciones juradas de bienes, sin embargo, hay legisladores salientes que no han presentado sus declaraciones juradas. La Contraloría abrió los sumarios para poder sancionarlos con una multa del 100 % de sus salarios. Ellos serán comunicados para que se puedan defender”, dijo a la 1020 AM.
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La lista de los exparlamentarios que se encuentran en la mira de la Contraloría está conformada en su mayoría por militantes de la oposición, quienes son: Eri Rumilio Valdez Vega, Jorge Antonio Brítez González, Carlos Antonio Noguera Cano, Juan Félix Bogado Tatter, Blanca Lila Mignarro, Gilberto Antonio Apuril, Daniel Rojas López, Octavio Schatp Bogado, Abel Alcides González Ramírez, Eligio Daniel Villordo Delgado y Pedro Santa Cruz. La nómina sigue con los colorados Ángel Mariano Paniagua Peralta, Miguel Jorge Cuevas Ruiz Díaz, Edwin Reimer Buhler y Rubén Balbuena Figueredo.
Además de los legisladores, la Contraloría inició los sumarios administrativos para 96 concejales departamentales y 4 gobernadores de periodos anteriores que no han presentado sus declaraciones juradas y contra 30 concejales departamentales que asumieron sus funciones en el nuevo período y violaron las leyes.
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Contraloría abre sumario a leal de Prieto ligada a disco-constructora
La Contraloría General de la República (CGR) abrió un sumario a Lumma Silva Battochi, funcionaria de la Municipalidad de Ciudad del Este, por no presentar declaración jurada de bienes. La empleada municipal aparece ligada a una firma constructora mimada por la administración de Miguel Prieto.
- Por Juan Carlos Lezcano.
Lumma Silva Battochi, incorporada a la Municipalidad de Ciudad del Este por el intendente Miguel Prieto, no presentó declaración jurada de bienes y renta ante el órgano extrapoder, obligación establecida en el artículo 104 de la Constitución Nacional y regulada por la Ley 6919/2022.
La funcionaria comunal aparece ligada a SCDE Sociedad Anónima, empresa constructora que recibió más de USD 1,5 millones de contratos con la comuna esteña en poco más de un año. De acuerdo con documentos que constan en la Abogacía del Tesoro, la funcionaria municipal se sumó al cuadro accionario de la firma en 2021. En ese entonces, la empresa todavía figuraba con la denominación Golden Rouge SA y era un club nocturno.
MODESTA FUNCIONARIA
Según consta en la web de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Silva Battochi ingresó en 2021 a la Municipalidad de Ciudad del Este como contratada. Su sueldo era de G. 3 millones y sufrió un ligero aumento desde enero pasado, cuando empezó a percibir G. 3.350.000. Es decir, Silva Battochi ingresó a la comuna en la misma época en la que se convirtió en accionista de la empresa.
La funcionaria municipal es una de las señaladas en la denuncia presentada semanas atrás por supuesta asociación criminal y lesión de confianza. El caso apunta también al intendente de Ciudad del Este y jefe de Lumma Silva Battochi, Miguel Prieto, por las millonarias adjudicaciones de contratos a la empresa ligada a esta última.
CIEN VECES SU SUELDO
Un punto que no deja de ser llamativo es que, según actas asamblearias de la sociedad, Lumma Silva Battochi aportó G. 320 millones como capital para ser accionista de la firma. Esto es cien veces el sueldo que percibe como funcionaria comunal.
La accionaria mayoritaria es Lilian Gregoria Graciela Benítez Villalba, quien declara acciones por G. 680 millones. Básicamente, para poder cumplir con su aporte accionario, Silva Battochi debería ahorrar cien meses de su remuneración como funcionaria comunal sin gastar siquiera en comida o servicios básicos.
RELACIÓN FAMILIAR
Actas posteriores revelan que a partir de 2022, Lilian Graciela Benítez seguía apareciendo como accionista con G. 680 millones, pero en lugar de Lumma Silva Battochi comenzó a figurar Samara Clarisse Aguirre Benítez. Para ese entonces, Silva Battochi ya había ingresado a la comuna esteña. Samara declaró acciones por G. 320 millones, el mismo monto declarado por su hermanastra, la funcionaria comunal. De acuerdo con publicaciones en las redes sociales de Silva Battochi y Aguirre Benítez, ambas mantienen una estrecha relación. De hecho, se declaran “amor de hermanas” en posteos realizados sobre fechas especiales para ambas. Tampoco existen registros de que Silva Battochi haya presentado declaración de conflicto de interés alguna, esto debido a que la empresa en la que figura su familiar tiene estrechos vínculos con la institución en la que cumple funciones.
DE GOLDEN ROUGE A SCDE
SCDE opera con el RUC número 80105163-0, de acuerdo con los datos que figuran en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). La firma fue constituida el 30 de julio de 2018 ante la escribana Rogelia Zarza Lima. En ese entonces, el nombre de la empresa era Golden Rouge Sociedad Anónima y declaraba, entre sus actividades, el “servicio de bebidas”. Golden Rouge es un club nocturno que inicialmente tenía su local en la zona de la Supercarretera que une Ciudad del Este con Hernandarias, pero que tiempo después debió a mudarse a una nueva sede. Golden Rouge SA pasó a convertirse en SCDE Sociedad Anónima en 2021 y en contratista favorita de Prieto con adjudicaciones que suman G. 10.706 millones en menos de dos años.
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Bernal solicita a la Contraloría una auditoria de su gestión en la Essap
El presidente de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay SA (Essap), Luis Fernando Bernal, informó que solicitó a la Contraloría General de la República (CGR) una auditoria permanente de su gestión. El mismo explicó que el objetivo es enviar una señal clara de trasparencia en su administración.
“Hace algunos días solicitamos a la CGR una auditoría permanente de mi gestión y el proceso administrativo que venimos desarrollando”, indicó en entrevista a la 1020 AM.
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Asimismo, refirió que con este el control del manejo de los recursos y el sistema de trabajo, la finalidad es demostrar transparencia en la institución a su cargo, y principalmente dar esa seguridad a los usuarios del servicio y a la ciudadanía en general.
“Es para transmitir señales claras de transparencia. Es importante dar señales claras a los dueños de lo público sobre cómo manejamos los recursos y qué mejor que abrirnos a los controles técnicos y especializados”, apuntó.
Por otra parte, Bernal explicó que existe un debate si la Essap está sujeto al control de la CGR al ser una sociedad anónima, sin embargo, Bernal indicó que al ser administradores públicos deben ser controlados en su gestión.
“Siempre está el debate sobre si deberíamos ser sujetos de control por parte de Contraloría, aun así, para nosotros como hombres públicos al estar al frente de una sociedad anónima con carácter público donde el mayor accionista es el Estado paraguayo”, dijo en entrevista a la 650 AM.
Refirió que, más allá del categórico control, realizó la solicitud a la Contraloría. “Nos vamos un poco más de lo taxativamente tipificado en la Ley y solicitamos a la Contraloría que haga un control permanente de nuestra gestión, desde la compra de un tornillo hasta la posibilidad de una inversión”, sentenció.
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Funcionarios públicos vinculados a empresas de Líder Amarilla, se burlan de la Contraloría
Históricamente al frente de firmas contratistas a las que el hoy senador de la Nación, el liberal Líder Santiago Amarilla adjudicaba millones en obras de forma directa en sus tiempos de intendente, funcionarios públicos que, aparecen como accionistas, presidente, vicepresidente en estas empresas omiten estos vínculos en sus declaraciones juradas presentadas ante la Contraloría General de la República (CGR).
Por Rossana Escobar M.
Sergio Manuel Espínola Villalba y Renán Leguizamón Garcete. El primero es un modesto funcionario municipal hoy día en la comuna de J.A Saldívar que había ingresado a la Función Pública con el padrinazgo de Líder Amarilla que lo contrató como chófer en la municipalidad de Villa Elisa y en el segundo caso se trata de un funcionario del Instituto de Previsión Social (IPS).
Los mencionados funcionarios figuran en las empresas Mármol S.A y Las Primas S.A contratistas a las que Líder Amarilla y el ahora gobernador de Central, Ricardo Estigarribia habían favorecido con millonarias adjudicaciones cuando eran intendentes de Villa Elisa.
Así también, Sergio Espínola y Renán Leguizamón figuran en cargos de vicepresidente, presidente, síndico en distintos años en Terranova Inmobiliaria S.A, sociedad denunciada por supuesta usura por parte de un concejal de Itá.
Sergio Manuel Espínola además aparece en Amarilla & Asociados S.A, playa de autos del senador Líder Amarilla, empresa en la que el legislador declara G. 2.000 millones en acciones, según el documento presentado a la Contraloría al asumir el cargo en el Congreso Nacional.
El funcionario municipal Sergio Espínola en 10 años nunca había presentado una manifestación de bienes hasta que saltó su nombre en los negocios que se atribuyen al hoy senador Líder Amarilla. Tras la serie de nuestro medio, el empleado de la comuna de J.A Saldívar remitió su declaración jurada a la Contraloría y en el documento aparece como un modesto servidor público, pese a que en informes proveídos por el ministerio de Economía y Finanzas revelan su participación en importantes empresas, entre ellas las que ganaron millones en licitaciones durante la administración de Líder Amarilla y Ricardo Estigarribia en Villa Elisa.
Un salario de G. 4,4 millones en la municipalidad de J.A Saldívar, una deuda con cuota mensual de G. 500 mil al mes, un ahorro de G. 3,4 millones y un automóvil usado es todo lo que aparece en la declaración jurada que Sergio Espínola presentó por primera vez a la Contraloría.
Por su parte, Renán Leguizamón, el funcionario de IPS que también aparece en las contratistas de obras como en la sociedad denunciada por usura, omite su participación en empresas burlándose magistralmente de la Contraloría.
Desde el ente de control confirmaron que abrieron un sumario a Sergio Espínola, funcionario de la municipalidad de J.A Saldívar que en 10 años ninguneó la Ley de Declaraciones Juradas, sin embargo, no se pronuncian sobre las empresas en la que aparecen los mencionados más arriba, pero que no consignan en sus respectivas manifestaciones de bienes.
Cabe subrayar que Líder Amarilla tampoco menciona su participación en Terranova Inmobiliaria S.A, empresa denunciada por usura y la que el denunciante edil de Itá vincula directamente al parlamentario liberal y al funcionario municipal, Sergio Espínola.
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Contraloría abre sumario a modesto funcionario, socio de Líder Amarilla
La Contraloría General de la República (CGR) inició un sumario a Sergio Manuel Espínola Villalba, quien empezó como chofer en la Municipalidad de Villa Elisa durante la administración de Líder Amarilla y con humilde condición pasó a ser dueño de empresas que, coincidentemente, ganaban licitaciones en la época del padrino, hoy día senador de la República. El funcionario público no presentó declaraciones juradas de bienes ante el órgano extrapoder.
- Unidad de Investigación Nación Media
De chofer en Villa Elisa a encargado de contrataciones en la Municipalidad de J. Augusto Saldívar y a dueño de empresas con millonarios contratos. El caso de Sergio Manuel Espínola Villalba es objeto de estudio.
Tanto es así que la propia Contraloría General de la República (CGR) inició un proceso de sumario con respecto a Espínola Villalba, quien es primo y socio comercial del senador Líder Amarilla (PLRA).
NO PRESENTÓ DECLARACIONES JURADAS
Espínola Villalba figura actualmente como funcionario de la Municipalidad de J. Augusto Saldívar, con un sueldo mensual de G. 4,4 millones. Su deambular por la función pública había iniciado hace un par de años, cuando su primo, entonces intendente de Villa Elisa, lo contrató como chofer en la institución.
Sin embargo, pese a su ya largo camino como funcionario público, Espínola Villalba no presentó siquiera una sola declaración jurada de bienes y rentas, obligación constitucional para cualquier persona que se encuentre en el servicio estatal.
Esto se desprende de la web de Datos Abiertos de la CGR, donde se publican los documentos presentados por los funcionarios de todas las instituciones del gobierno central, departamentales y municipales.
Sergio Manuel, según las planillas salariales, ingresó a la Municipalidad de Villa Elisa en el 2013, periodo del gobierno de Líder Amarilla. El joven, con 24 años de edad y siendo jornalero de la comuna, aparecía en el 2017 firmando contrato con el exintendente Estigarribia mediante la empresa Las Primas SA que, coincidentemente, fijaba dirección en una propiedad de su primo, el senador Líder Amarilla.
Las publicaciones periodísticas sobre los vínculos del funcionario comunal con varias empresas y la ausencia de presentación de sus manifestaciones de bienes empujaron a que la CGR inicie un proceso de sumario con respecto a Espínola Villalba, por incumplimiento de la ley que regula la presentación de estos documentos.
LIGADO A VARIAS EMPRESAS
Espínola Villalba aparece ligado, por ejemplo, a la firma Terranova Inmobiliaria SA, donde también aparece el senador Líder Amarilla.
Espínola Villalba registra el 10% de las acciones y alternaba cargos de vicepresidente y presidente en la inmobiliaria.
Renán Leguizamón Garcete, funcionario del Instituto de Previsión Social (IPS), aparece también como vicepresidente de Terranova Inmobiliaria SA en algunos años y Adrián Leith Calonga, un modesto sereno con sueldo de G. 2.200.000 en el Ministerio de la Defensa Pública, a quien se le atribuye firmas en varias asambleas societarias como secretario.
Tanto Espínola como Leguizamón también aparecen como accionistas y representantes de las firmas Las Primas SA y Mármol SA a las que, en sus tiempos de intendente de Villa Elisa, Líder Amarilla y el hoy gobernador de Central, Ricardo Estigarribia, adjudicaban millonarios contratos y que operaban a cara descubierta en propiedades de Amarilla. Cabe subrayar que el funcionario de IPS Renán Leguizamón tampoco declaró las empresas en las cuales figura ante la Contraloría General de la República.
DENUNCIADOS POR USURA
En febrero pasado el concejal de Itá Fidel León había por usura, estafa, producción mediata de documentos públicos de contenido falso y asociación criminal al senador Líder Santiago Amarilla, al funcionario municipal Sergio Manuel Espínola Villalba y la escribana Blanca Cilda Núñez. Según el edil, la empresa Terranova Inmobiliaria SA de la que forman parte el legislador como el funcionario público citado era acreedora hipotecaria de una propiedad suya en una transacción que tuvo origen con un préstamo de G. 250 millones por parte de Líder Amarilla, y pese a haber pagado más del doble del crédito recibido fue despojado de su casa y varios otros bienes.
SENADOR TAMPOCO DECLARÓ
En las declaraciones juradas presentadas por Amarilla tampoco aparecen registros de Terranova.
La única empresa que figura en la última manifestación de bienes que presentó el senador liberal es Amarilla y Asociados SA, donde registra acciones por G. 2.000 millones. No consignó las acciones, transferencias o capital proveniente de posibles ventas de las mismas en la firma denunciada por usura.