El diputado por el Partido Liberal, Carlos Pereira, planteó una modificación de ley de transporte público, con el objetivo de que las licencias de cada transportista se vayan renovando anualmente. “Con esto también buscamos empoderar al ciudadano que utiliza este servicio todos los días, para que evalúe y califique el servicio recibido por el pago realizado”, explicó el legislador, en conferencia de prensa.
La iniciativa plantea una modificación a la Ley 1.590/2000, donde se habla de que las permisionarias de transporte público no tienen la necesidad de volver a competir por las líneas por las cuales fueron adjudicadas. Para el parlamentario, esto genera una superioridad y un privilegio para dichas empresas, sobre las demás, cuando debería apuntarse a una competencia constante para ir mejorando el servicio ofrecido.
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“Hoy en día no se puede hacer eso; no existen evaluaciones ni sanciones para aquellas empresas que generan reguladas o el hacinamiento de los pasajeros en los transportes públicos, debido al bajo número de transportes públicos o de servicios en determinadas horas del día, donde las necesidades son superiores”, expresó Pereira.
Remarcó que al observar las nulas respuestas ante las acuciantes urgencias ciudadanas con el servicio del transporte público, se plantea el proyecto de modificación, con el objetivo de incluir un sistema de subasta a la baja. Esto se aplicaría a las líneas y a los horarios considerados como los más importantes en los que se observa un mayor flujo de pasajeros.
“Queremos también brindar la oportunidad de conocer cuál es el precio real del transporte público, para ya no contar con la tarifa técnica; con esto queremos decir a los empresarios del transporte y las personas que se encuentran fuera del negocio, que pueden venir a invertir y competir en el transporte público urbano, el cual mueve a la población”, señaló el diputado.
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Reforma busca descentralizar funciones del sistema de transporte y mejorar servicio
Luego de un largo debate en el pleno de la Cámara de Senadores, el proyecto de Ley de Reforma del Transporte Público quedó con media sanción aprobado con modificaciones a la propuesta planteada por el Poder Ejecutivo. La normativa busca descentralizar las funciones del sistema del transporte lo que permitirá mejorar el servicio.
Al respecto, el senador Natalicio Chase, líder de bancada de Honor Colorado y presidente de la Comisión de Obras Públicas aseguró que, durante todo el proceso de estudio del proyecto de Ley, el usuario ha sido el centro de atención con el único fin de que pueda sentir en poco tiempo las mejoras en el servicio del transporte público.
Mencionó que tras el debate durante la sesión extraordinaria que se llevó a cabo en la fecha quedaron aprobados los 122 artículos que contempla la propuesta de Ley enviada por el Ejecutivo para la transformación del sector. El documento pasa ahora a la Cámara de Diputados para su estudio y consideración.
Remarcó que se tuvieron en cuenta todas las preocupaciones de los distintos sectores y las condiciones laborales de los trabajadores del sector transporte están garantizadas y no existe ningún vacío legal, ni ningún punto que se pueda reclamar. Recordó que el Código Laboral cumple con el 100 % de las condiciones y lo mismo se cumplirá con las nuevas normas de contrataciones.
“Este proyecto lo que busca es descentralizar las funciones, es por eso que se establece un sistema que sea más controlable en las diferentes etapas del sistema del sector transporte. Creemos que va a mejorar considerablemente la calidad del servicio, la calidad de los ómnibus; el usuario debe percibir esos cambios, ya que ha sido durante todo el proceso de estudio se puso al usuario como centro del proyecto de ley”, enfatizó.
Asimismo, explicó que la reforma prevé durante un proceso de 4 años, donde el Estado estima en este primer año una inversión de 50 millones de dólares para la transformación inicial del sistema. No obstante, explicó que aún desconocen cómo se llevarán a cabo esos procesos licitatorios.
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Incluyen trazabilidad
En tanto, la senadora colorada Blanca Ovelar, logró que el plenario le acompañará en su propuesta de trazabilidad para brindar mayor transparencia al proceso de reforma. Indicó que se debe garantizar la trazabilidad de la información.
“Los ciudadanos deben tener acceso a las informaciones, los datos sobre tarifas. Aquí debemos garantizar la trazabilidad de la información. Cuando se deciden cosas sobre el ciudadano, el ciudadano debe saber cuál es el origen de todo eso, y cuando surgen denuncias deben saber dónde se deriva, en cuánto tiempo va a tener una respuesta” explicó.
Resaltó que por lo menos se logró incluir dentro de la propuesta los conceptos, pero que ya será luego la forma de aplicación de la reglamentación.
Respecto al tema de fideicomiso, señaló que no afecta lo que está establecido en el Código Laboral, ya que el fideicomiso no tiene nada que ver con los contratos laborales y que eso se explicó en el plenario.
“Lo que explicó el presidente de la comisión de Obras, es que el fideicomiso no reemplaza a las empresas, solamente reemplaza el papel del Estado en la provisión de los recursos, que hoy se otorga en forma de subsidios. Entonces, los trabajadores tienen las garantías del Código Laboral con las empresas prestadoras del servicio”, acotó.
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Elevar a 10 años las penas no disuadirá a conductores ebrios, sostiene Preda
El abogado Ricardo Preda se refirió al proyecto de ley que plantea elevar las penas, de 8 a 10 años, a quienes cometan un accidente fatal en estado de ebriedad. Sobre la iniciativa, indicó que no cree que tal medida tenga un efecto real, dado que el aumento es ínfimo y se debería buscar trabajar en otras alternativas.
“Yo no veo un impacto en ningún sentido, tampoco en que esto vaya a acabar o reducir las muertes que se produzcan en ese marco de personas que conducen bajo los efectos del alcohol”, expuso el abogado en contacto con la 650 AM.
Preda realizó observaciones sobre esta iniciativa y señaló que tampoco se puede alegar que vaya a vulnerar los derechos de las personas, puesto que apenas se plantea elevar dos años más de lo que se establece en la normativa vigente, dejando en claro que este no es el defecto del proyecto.
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En esta línea, detalló que al ser ínfima la diferencia entre lo que se propone y la ley actual, la que dispone 3 años como mínimo y ocho como máximo, no tendrá un efecto preventivo o disuasivo a conducir bajo los efectos del alcohol o de otras sustancias.
“No me refiero a este caso en particular, pero muchas veces los políticos toman la ley penal como una cuestión de oportunismo político, haciéndole creer a la gente que eso va a cambiar, pero ya hubo una agravación de la pena y no ha habido ningún impacto”, afirmó.
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Propuesta más viable
La iniciativa mencionada es planteada por el senador Eduardo Nakayama, y desde la óptica del abogado, lo más adecuado sería trabajar en la educación y en la prevención, tomando como ejemplo lo que ocurre en otros países, donde hay un gran despliegue policial para controlar a aquellos que estén bajo sospecha de conducción bajo los efectos de alguna sustancia.
“Tendría que controlarse a aquel que está conduciendo bajo ciertas circunstancias, que es lo que ocurre en otros países, que solo se le controla a quien genera una sospecha en la conducción. Para eso se necesita la cantidad suficiente de agentes que estén en las calles para poder determinar la sospecha”, explicó.
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Reforma del Transporte Público: no reducirá empleos ni derechos laborales, aseguran
El senador Natalicio Chase, presidente de la Comisión de Obras, aseguró que el proyecto de ley de Reforma de Transporte Público, en particular, no puede ir en contra a lo que ya está establecido en el Código Laboral, en relación a la preocupación de los choferes sobre sus puestos de trabajo.
Previo al inicio de la sesión extraordinaria de la fecha, el legislador explicó que en caso de que la empresa de transporte público vaya a la quiebra, se le retire el itinerario o cierre, el Código Laboral establece que primero se deben pagar los pasivos laborales; por tanto, todos los choferes están 100 % protegidos en sus derechos adquiridos.
Resaltó que no se puede modificar nada de lo que ya contempla el código con una ley de Reforma, que ya cuenta con media sanción de la Cámara Alta, con las correspondientes modificaciones en sus articulados.
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Chase aseguró que durante el estudio que se llevó a cabo mediante un trabajo conjunto de ocho comisiones asesoras, se ha tratado con mucho cuidado todo lo referente a la relación laboral que los trabajadores del volante tienen con las empresas transportistas, teniendo en cuenta que son relaciones independientes a la concesión de las rutas.
“Dentro del proceso de contratación que va a existir, las empresas que tienen las rutas actuales tienen ventajas en la licitación que se va a llevar adelante. Entonces, creo que seguirán manteniendo, porque tienen una ventaja considerable en el proceso de licitación de los tramos y creo que eso seguirá igual”, explicó.
Mencionó que tampoco se contempla la disminución de los puestos laborales. Respecto a la evaluación que contempla, señaló que siempre las empresas van a tomar a aquellos trabajadores más idóneos, teniendo en cuenta la protección y seguridad de los pasajeros. Indicó que incluso está de acuerdo en que se intensifiquen los controles, pero aclaró que ese punto no está incluido en el proyecto de Ley.
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“Debería ser así, porque cuántas veces hemos visto la irresponsabilidad de los choferes del transporte público que han jugado carreras, o que fueron responsables de accidentes de tránsito, justamente por la falta de evaluación, ya sea psicológica o laboral, que deberían tener”, acotó.
Derecho a la huelga
El senador Chase remarcó además que la propuesta normativa no está cercenando el derecho a la huelga, ya que está garantizado igualmente en todo momento por el código laboral.
“En la reforma se establece como imprescindible el servicio de transporte, pero no se establece un tope, ni mínimo ni máximo, ya que eso se contemplará en el decreto reglamentario que el Poder Ejecutivo deberá regular, tener en cuenta las libertades y lo que corresponde al tema de las huelgas”, explicó.
Aclaró igualmente que el Ministerio de Obras Públicas no absorbe a la Dirección Nacional de Transporte (Dinatram), ya que la misma seguirá manteniendo su autonomía.
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El Senado aprobó en general el proyecto de Reforma del Transporte Público
En sesión extraordinaria de este martes, el pleno de la Cámara de Senadores aprobó en general y con propuestas de modificaciones el proyecto de ley de Reforma del Sistema del Transporte Público, que remitió el Poder Ejecutivo.
La moción fue planteada por el senador Derlis Maidana, presidente de la Comisión de Legislación, quien destacó que la propuesta fue analizada en profundidad por ocho comisiones asesoras de la Cámara Alta, que son: Asuntos Constitucionales; Legislación; Obras Públicas; Energía; Producción y Desarrollo Sostenible; Industria y Comercia; Ciencias y Tecnología; así como Hacienda.
Maidana puntualizó que fueron objetados un total de 98 artículos e indicó que emitieron sendos dictámenes, donde se aceptaron 20 puntos, y uno en que se plantea una corrección de forma para mejorar la redacción.
Por lo que propuso al pleno la aprobación en general del proyecto de reforma, para luego proceder al debate en profundidad de los artículos que fueron objetados. La moción fue acompañada por la mayoría, quedando aprobada la ley con propuestas de modificación.
A su turno, el senador Luis Pettengil, que preside la comisión de Industria y Comercio, resaltando que la propuesta busca modificar y ampliar disposiciones vinculadas al sistema de transporte de la Ley 1590/2000 que regula el sistema nacional de transporte terrestre.
Indicó que se busca abordar problemas de gobernanzas, instituir procesos competitivos para todas las concesiones y por último, sentar las bases de un nuevo modelo de transporte público metropolitano proyectado a futuro.
Resaltó además que la regulación del servicio de transporte público metropolitano se declara imprescindible, a fin de garantizar su prestación continua y regular.
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Control exhaustivo de los recursos
El senador Dionisio Amarilla recordó que el tema de transporte público ha sido uno de los asuntos más debatido en los últimos tiempos y producto de esto, han surgido modificaciones que surge a presión de la clase política que “se ha puesto los pantalones largos” ya que ha sido un verdadero acierto de la clase política.
Resaltando que se han introducido modificaciones importantes al proyecto de Ley, teniendo en cuenta que se han detectado situaciones que debieron ser modificadas. “Aquí se inició el debate, reconociendo que la propuesta planteada por el Ejecutivo es un proyecto interesante y nadie en su sano juicio puede salir en contra de la reforma del transporte público” acotó.
Asimismo, Amarilla remarcó que desde su banca anuncia al pueblo paraguayo que se está dando el primer paso en esta reforma y remarcó que mantendrá un exhaustivo control sobre todo en el uso y aplicación de los recursos.
“Que no crean que le vamos a dar este proyecto y un cheque en blanco y nos vamos a olvidar que se habla de unos 300 millones de dólares cuanto menos. Seguiremos siendo rigurosos en el control de los recursos, guaraní por guaraní y dólar por dólar”, enfatizó.
Explicó que estos recursos, en gran parte serán utilizados para la compra de nuevos buses del gobierno de China Taiwán, pero también una parte importante será utilizada en el país para mejorar el sistema. Aseguró que en todos los casos el cuerpo legislativo ya tiene la lupa puesta para el control en la ejecución de esos recursos.
Inclusión ciudades del interior
El senador Colyn Soroka mencionó que, así como sufre la gente de Central con el caótico tráfico, y el pésimo servicio de transporte actual, igualmente sufren las áreas metropolitanas del interior del país.
Citó el caso de Encarnación que no cuenta con un sistema de transporte público adecuado, sobre todo luego de que se le cambiara el lugar de vida de los encarnacenos, que se les envió prácticamente a 15 kilómetros del centro del casco urbano, donde antes no pagaban pasaje y ahora sí lo tienen que pagar.
Indicó que trajo a colación este caso, teniendo en cuenta el compromiso del presidente de la República que serán incluidos en esta reforma las ciudades del interior del país.
“Este problema tampoco pudieron solucionar otra gente, no acusemos solamente al coloradismo que no pudo solucionar el problema de la corrupción o la mafia de los empresarios. No pudo mi amigo Fernando Lugo, tampoco pudo su aliado Federico Franco, cuando estuvieron en el gobierno. Ojalá que a Santiago Peña le salga la jugada y pueda resolver este problema que lleva años”, expresó.
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