El ministro de Justicia, Ángel Ramón Barchini, manifestó que la institución se encuentra gestionando junto con la cartera de Obras Públicas y la Itaipú Binacional la finalización de la construcción de las tres penitenciarías en Emboscada y Minga Guazú, que fueron anunciadas con bombos y platillos en junio de 2019 por el gobierno del exmandatario Mario Abdo Benítez, aunque solo dejó un proyecto irregular ante las exigencias de seguridad.
El alto funcionario de Estado comentó que una vez habilitadas las nuevas cárceles, el objetivo principal será dividir la población de reclusos. “Estos 3 centros penitenciarios fueron mal construidos, hay problemas de falta de agua, del servicio de electricidad, así como de comunicación”, puntualizó.
A través de una entrevista con el programa “Fuego cruzado”, emitido por el canal GEN/Nación Media, Barchini refirió que “la falta de previsión y compromiso con el Paraguay nos llevó a la situación actual. Esos centros están infuncionables, sin equipamientos, el de Alto Paraná tiene solo 50 % de equipamiento”.
El proyecto original presentado en ese entonces por el exministro de Justicia Julio Javier Ríos y el exministro de Obras Públicas y Comunicaciones Arnaldo Wiens refiere que las penitenciarías tendrán la capacidad para albergar a 3.960 reclusos y que debían estar operativas desde el año 2021. El costo de la adjudicación fue de G. 190.965 millones.
Una política penitenciaria
“Nuestro compromiso es que en la menor brevedad posible terminar las mismas para trasladar a las personas condenadas de las procesadas. No podemos nosotros como Estado paraguayo seguir con esta alta violación a los derechos humanos, esto es indignante. Tenemos 18 centros penitenciarios en total, hay mucho trabajo por hacer, estamos desarrollando una política de Estado penitenciario que no existía”, indicó Barchini en el estudio de GEN.
Comentó que en el gobierno de Santiago Peña están dadas las condiciones para impulsar una política penitenciaria, con el trabajo conjunto entre el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo, además del Ministerio Público y la Defensoría Pública, con la finalidad de buscar la transparencia, la justicia, la reinserción y que el Estado vuelva a tomar de nuevo el poder en las cárceles.
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“Los que están privados de libertad no tienen que verle al Gobierno como un enemigo; al contrario, nosotros queremos cumplir nuestra función de darle salud, protección, comida, la reinserción, posibilidad de que puedan encontrar trabajo al salir, lo que no podemos permitir es que se siga delinquiendo desde las cárceles”, señaló el ministro al programa de Nación Media.
“Una persona que cometió un delito de menor o mayor grado de gravedad no puede ser una escoria humana, tenemos que tener como Estado paraguayo una política de reinserción no para proteger a las personas que salgan en libertad, sino para buscar que no vuelva a reincidir y eso tenga una consecuencia en la seguridad del pueblo paraguayo”, dijo Barchini.