Desde la Municipalidad de Asunción hicieron extensiva la invitación para realizar el recorrido de siete iglesias durante el Viernes Santo, una tradición que se desarrolla todos los años en la comuna. Este año se contará con el recorrido en bus panorámico y bicicleta, en algunas iglesias descenderán para conocer el sitio mientras que en otros solo harán una parada para escuchar un poco de su historia.

Según Alberto Vera Maciel, encargado de Productos Turísticos de la municipalidad, el recorrido será de dos formas, pero que ambos grupos partirán a la misma hora y del mismo lugar, e incluso, recorrerán las mismas iglesias. El punto de partida será el Santuario María Auxiliadora ubicado en Don Bosco y Humaitá, este será a las 9:00, el viernes 18.

“Uno es a través de un bus panorámico. Al parecer, ya no hay disponibilidad de cupos, porque es un producto bastante atractivo. La otra modalidad es en bicicleta, es decir, uno puede llevar su bicicleta y acompañar el recorrido durante todo el trayecto”, afirmó Vera en entrevista con la 650 AM.

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Resaltó que van a visitar algunos lugares históricos, culturales, otros ya tradicionales, en el caso de que no cuenten con bici pueden alquilar de los puestos que estarán disponibles ese día. “En algunos casos, vamos a bajarnos del bus y en otros, la visita va a ser panorámica, vamos a quedarnos brevemente a hablar de la historia y luego vamos a continuar el camino”, puntualizó.

El recorrido de las siete iglesias es una tradición en Asunción y muchas ciudades turísticas, esta actividad se realiza el Viernes Santo. Este año en la capital del país recorren las siguientes iglesias: el punto de partida será en María Auxiliadoras, San Jerónimo, La Encarnación, Capillita Perpetuo Socorro, San Francisco, San Roque y para finalizar el recorrido la Catedral de Asunción.

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En la próxima sesión de la Cámara de Diputados, del martes 8 de abril, se estudiará el proyecto “que establece el régimen especial para la regularización de la tenencia y ocupación de los inmuebles que forman parte de las fincas que fueron expropiadas por la Ley N° 517/95 (Antebi Cué)”.

Esta iniciativa busca dar una solución definitiva a los ocupantes de estas tierras, la regularización y el pago de deudas por expropiaciones; adquisición de nuevas tierras e inversiones que fomenten el arraigo de las familias campesinas.

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El documento señala que el Estado paraguayo no está recibiendo ningún ingreso por estas propiedades, a pesar de haber realizado una erogación de USD 86 millones, por lo que se busca que los actuales ocupantes puedan adquirir las tierras o pagar un arrendamiento.

Así también, se pretende determinar el precio de cada parcela de tierra para que, mediante la regularización y el pago, esto pueda incidir considerablemente en los ingresos del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), con miras al fortalecimiento de capital.

Esta solución definitiva ya arrastra una lucha de más de 30 años por parte de los ocupantes de estas tierras. Esta iniciativa estará a consideración de la Cámara Baja, en su primer trámite legislativo, de ser aprobado pasará a la Cámara de Diputados.

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El papel crucial de la nueva Ley de Alianza Público Privada (APP) para el fomento de inversiones privadas en infraestructura pública fue resaltado en un conversatorio entre el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, el procurador general de la República, Marco Aurelio González, y el exministro de Hacienda, César Barreto, quienes coincidieron en que esta normativa impulsará proyectos en sectores estratégicos de infraestructura.

La Cámara de Comercio Paraguay Brasil organizó un conversatorio sobre la Ley de APP en el que se deliberó en torno a los desafíos y eventuales ajustes para su implementación. El presidente de la Cámara, Rubén Jacks, explicó que la normativa promulgada en enero de este año busca modernizar la anterior ley para darle mayor agilidad. “Como país tenemos situaciones nuevas como el poco espacio fiscal que ya tiene el país para endeudarse, entonces, más que nunca necesitamos que el sector privado realice obras de infraestructura y realice servicios que el Estado quizá no pueda”, afirmó.

El ministro Fernández Valdovinos resaltó que esta nueva ley es fundamental para el impulso de proyectos en sectores estratégicos como transporte, energía, agua y saneamiento, en un contexto de restricciones fiscales. Mencionó que el financiamiento de estas obras se complementaría con fondos obtenidos por la renegociación de Itaipú, que aportarán USD 650 millones a las arcas del Estado.

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Asimismo, resaltó que obras como la ruta PY02 demuestran la calidad de las obras realizadas bajo la Ley de APP y que se busca replicar ese mismo modelo en proyectos como la ruta PY01, cuya adjudicación señaló que debería definirse en las próximas semanas. El ministro de Economía agregó que se están ajustando los requisitos financieros para la participación de empresas, reduciendo la exigencia de capital mínimo con el fin de promover mayor participación en las licitaciones.

“La cuestión de la APP va a ser fundamental para proveer de infraestructura al país dadas las restricciones fiscales que vamos teniendo. Entonces, es uno de los instrumentos pensados por el Gobierno de manera a seguir mejorando no solo nuestras rutas sino también la transmisión de energía, agua y saneamiento. Complementa muy bien el presupuesto que se tiene cada año dentro del Presupuesto General de Gastos de la Nación y también complementa muy bien los recursos que van a venir después de la renegociación de Itaipú”, destacó.

Por su parte, el exministro de Hacienda, César Barreto, mencionó que el espíritu del mecanismo de las APP es que exista también mayor participación privada en las inversiones en infraestructura, atendiendo a que los recursos son escasos y la reducción en inversión pública en los últimos años en proporción del producto interno bruto (PIB). “Todos aquellos proyectos que puedan generar ingresos vía tarifas, precios o peajes, para financiar por lo menos una parte importante de los proyectos, creo que deberían encararse bajo la Ley de APP. Faltan proyectos y hay que avanzar en esa línea lo más rápido posible”, explicó el economista.

El procurador general de la República, Marco Aurelio González, explicó que la nueva ley establece mecanismos de resolución de controversias para evitar que los proyectos queden estacados por incumplimientos. Detalló que los conflictos se resolverán en primera instancia a través de un arbitraje que ya estará estipulado en los pliegos de bases y condiciones de cada contrato.

Mencionó que si una empresa incumple sus obligaciones, los financistas del proyecto podrán sustituir al contratista, a fin de que las obras no se paralicen. “La finalidad es que el proyecto culmine y avance a pesar de las dificultades y los incumplimientos que se puedan dar en el camino”, precisó.

González señaló que el Estado ofrece garantías tanto para los contratistas como para los inversores, pero que también cuenta con formas de asegurar el cumplimiento de las obras como, por ejemplo, la posibilidad de volver a licitar la obra en caso de que la firma seleccionada no pueda continuar con los trabajos. “La seguridad para el financista es que puede prendar o fideicomitir a su favor los derechos presentes y futuros, incluso del flujo de caja de los contratos públicos-privados de las prestaciones o los derechos que tenga el contratista”, ejemplificó.

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• Por Juan Marcelo Pereira

“Es nuestra obligación resguardar y recuperar el dinero público. Existe una firme indicación del gobierno para combatir la corrupción y la impunidad”, dijo el procurador general de la República, Marco Aurelio González, tras detallar que bajo la administración presidencial de Santiago Peña, su institución impulsó por primera vez cuatro demandas de reparación del daño por hechos punibles cometidos contra el patrimonio del Estado.

A través de una entrevista con el diario La Nación/Nación Media, González detalló que el mecanismo permite una recuperación más expedita de los fondos públicos malversados, en comparación con un juicio civil ordinario de indemnización.

“Es la primera vez e iniciativa nuestra. La vía penal es más rápida y más segura. Si planteáramos en el fuero civil, se podría plantear que primero debe terminar el proceso penal. Y si se planteara en lo civil después de quedar firme el proceso penal, hay tesis que sostienen que ya operó la prescripción (2 años a contar desde el ilícito y un proceso penal suele durar mucho más). Entonces, para no correr ese riesgo”, manifestó.

El funcionario de Estado detalló que entre las demandas de reparación del daño se encuentra la impulsada contra el exministro de la Niñez y Adolescencia, José Orué Rolandi, quien fue hallado culpable por el delito de lesión de confianza junto con Carlos Centurión, Laura Gamarra, Gloria Arroyo y Araceli Cotillo, en la causa por el desvío de dinero perteneciente al programa de vaso de leche.

Otra de las demandas guarda relación con el exministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Enzo Cardozo y la exdirectora administrativa de la cartera estatal, Maristela Azuaga, quienes fueron condenados por lesión de confianza en el desvío de fondos públicos mediante proyectos ficticios y documentos falsos en connivencia con directivos de la Federación Nacional de Productores Frutihortícolas del Paraguay.

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En la nómina se encuentra la demanda promovida contra el exrector de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), Froilán Peralta y su exdirectora de Recursos Humanos, María del Carmen Martínez, conocida como “La comepapeles” quienes fueron condenados por lesión de confianza y estafa tras la designación irregular de personal y malversación de fondos universitarios.

Igualmente figura la demanda contra la exministra de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Gladys Cardozo y su exdirector de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), Aníbal Benítez, quienes fueron condenados por lesión de confianza por el millonario desvío en la adquisición de víveres para enviar a tres departamentos del Chaco, entre los meses de marzo y abril del 2012.

La Ley 6837/2021, en su artículo 23, proporciona a la Procuraduría la facultad de intervenir en calidad de víctima en los procesos penales por delitos contra el patrimonio estatal. Asimismo, le confiere la atribución de ejercer la acción civil para la reparación de los daños causados, permitiéndole representar a organismos y entidades públicas sin personería jurídica y asistir, a solicitud, a aquellas con autonomía legal.

Desde la institución indicaron que tras sus últimas intervenciones en los procesos penales en calidad de víctima, ha aumentado la cantidad de notificaciones de oficio de los juzgados para intervenir en salidas alternativas que incluyan reparación del daño, en audiencias preliminares y juicios orales.

Señalaron también que los jueces de garantía solicitan la postura de la Procuraduría General de la República, en estos procesos para asegurar que la posición del Estado sea considerada al evaluar acuerdos de reparación y decisiones sobre hechos punibles que afectan el patrimonio público.

Detallaron además que se ha identificado que, en muchos casos, al momento de ejercer la acción de reparación del daño, los condenados por corrupción ya no poseen bienes registrables a su nombre, con el objetivo de mitigar este problema, la institución se encuentra trabajando en conjunto con el Poder Judicial y la Fiscalía en la implementación de medidas cautelares preventivas, como la prohibición de innovar sobre bienes al dictarse sentencias condenatorias. Este enfoque apunta a garantizar la efectividad de las sentencias de reparación del daño.

Monto demandado: G. 3.010.768.440

Estado procesal: la PGR obtuvo sentencia de reparación del daño; apelada, en estudio en el Tribunal de Alzada

Monto demandado: G. 68.965.418.419

Estado procesal: audiencia de conciliación fijada para el 25 de marzo de 2025, tras múltiples recusaciones

Monto demandado: G. 958.785.549 (Peralta) y G. 248.089.375 (Martínez)

Estado procesal: pendiente en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la resolución de una contienda de competencia; embargos preventivos ya ordenados

Monto demandado: G. 2.482.950.000

Estado procesal: presentada la demanda con una recusación en trámite, con embargos preventivos ordenados

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