El concejal departamental de Misiones, Augusto Galeano, que pertenece al bloque de la Concertación, explicó que el nuevo gobernador Richard Ramírez informó que más de 70 obras que debían llevarse a cabo en el departamento han quedado inconclusas y, a la fecha, existen grandes problemas de financiación para que puedan continuar.
El edil departamental confirmó que estará realizando pedidos de informes sobre esas obras inconclusas. “Es malversación de fondos, hay obras que también constituyen lesión de confianza, por eso solicite los informes correspondientes, obras por obras para que los casos que necesiten ser denunciado al Ministerio Público por lesión de confianza o estafa para poder hacerlo”, anunció Galeano en comunicación con 1020 AM.
El concejal explicó que el anterior administración departamental estuvo a cargo de Carlos Arrechea, que pertenece al bloque de Fuerza Republicana, electo para el periodo 2018-2023, pero que renunció en enero de este año para postularse a una banca en Diputados, la cual está ocupando actualmente; y, en su reemplazo, asumió Javier Ferreira, que pertenece al mismo sector, electo por sus pares de la Junta Departamental.
“Al asumir Richard Ramírez la gobernación anuncia a través de conferencia de prensa, junto a su equipo político y su gabinete, que una cantidad de 70 obras están paralizadas e inconclusas en el departamento de Misiones, responsabilizando al gobernador anterior. Y que los recursos que recibió la gobernación para las obras licitadas, la mayoría en la administración de Carlos Arrechea, no van a poder continuar, ni ser pagadas, porque el gobernador interino, Javier Ferreira, ha tomado la decisión política de, en vez de pagar las certificaciones de las obras, ha llevado al rubro de transferencia de comisiones y que ya fueron todas otorgadas”, comentó Galeano.
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Tras destitución de Prieto, piden a Fiscalía indagar supuestos hechos de corrupción
Luego de la decisión de la Cámara de Diputados de destituir del cargo de intendente a Miguel Prieto, el concejal colorado Richard Alfonso señaló que espera que ahora el Ministerio Público haga su trabajo de investigar los supuestos hechos de malversaciones y corrupción que pesan sobre el destituido jefe comunal.
En conversación con La Nación/Nación Media, sostuvo que esta decisión que tomó en la fecha la Cámara de Diputados se veía venir, desde el momento en que la Contraloría General de la República detectó una serie de irregularidades en el manejo de los recursos del municipio, los cuales fueron corroborados igualmente por el interventor Ramón Ramírez.
“Nosotros esperamos que el Ministerio Público haga su trabajo porque no pueden quedar en la nada estos casos, si es que hay hechos de corrupción, o hechos irregulares de malversación de los recursos del municipio. Automáticamente, la Fiscalía debería actuar ya de oficio”, expresó.
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Elección del interino
El concejal Alfonso indicó que el siguiente paso inmediato es aguardar la notificación de la destitución del intendente Prieto a la Junta Municipal, para que la misma convoque a una sesión extraordinaria para la elección del nuevo intendente interino, mientras se lleva a cabo el proceso de elección del nuevo intendente municipal en el plazo de 90 días, para que concluya el mandato vigente.
Señaló además que Miguel Prieto no puede hablar de persecución política, ya que las denuncias en su contra comenzaron incluso mucho antes de que él anunciara su intención de postulación a la Presidencia 2028.
“Caen de maduro todas las tergiversaciones y manipulaciones de Miguel Prieto y su equipo, que trataron de instalar que esto es una persecución política porque él es candidato a la Presidencia 2028. Cuando se hicieron las primeras denuncias, mucho antes de que Prieto diera a conocer sus intenciones, ni los concejales, ni la Contraloría Ciudadana, ni ciudadanos, teníamos la bola de cristal para saber que Prieto lanzaría su candidatura”, comentó.
Dos imputaciones
El concejal Alfonso aclaró que desconoce cuál es la situación de la carpeta fiscal contra Prieto, ya que de las casi 50 denuncias que se habían formulado en su contra, incluso antes del inicio de la intervención, a la fecha solo existen dos imputaciones fiscales contra el exintendente esteño y su equipo político y colaboradores de la municipalidad.
Señaló que esta situación demuestra que existe un serio problema en el Ministerio Público. “Ya sea, porque no se han presentado correctamente las documentaciones, o no actúan como deben de actuar los fiscales, o es que no quieren, o hay algo ahí que no sabemos qué será del por qué no están actuando como tienen que ser”, cuestionó.
Insistió en que solo existen dos imputaciones a la fecha contra Miguel Prieto, y que justamente en estas dos imputaciones Prieto se ha pasado chicaneando y recurriendo a cuanto artilugio y artimañas jurídicas pudiera para entorpecer el proceso investigativo.
Finalmente, el concejal celebró la decisión de la Cámara de Diputados, destacando que está dejando un buen precedente para cualquier otro intendente municipal y para todos los que manejan fondos públicos tienen que hacer bien su trabajo, tienen que administrar bien el dinero público para evitar que ocurra este tipo de situación como la que se dio hoy con la destitución del intendente esteño, Miguel Prieto.
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CDE: edil destaca que intervención destapó la malversación de fondos en gestión de Prieto
El concejal esteño Richard Alfonso manifestó que mediante la intervención se comprobó la presunta malversación de los recursos de la Municipalidad de Ciudad del Este, bajo la gestión del intendente Miguel Prieto, siendo el segundo municipio más grande del país en lo que respecta al manejo presupuestario.
En comunicación con La Nación/Nación Media, el edil se refirió a la manifestación de una turba de funcionarios afines de Miguel Prieto, el jueves pasado, en el predio municipal. Mientras que, esa noche, se denunció que fue violentado el despacho del interventor Ramón Ramírez.
“Al final de cuentas, no entiendo por qué hicieron toda esa turba que hicieron el jueves, siendo que el interventor vino para eso, para hacer su trabajo de auditar y controlar todo y encontró irregularidades en el manejo de la municipalidad. La cual no se trata de un hecho menor, porque estamos hablando de la segunda municipalidad más grande hablando presupuestariamente”, comentó.
Remarcó que, conforme al informe del interventor Ramírez, se corroboró que se malversaron los recursos de la comuna, dando un mal uso del dinero de los contribuyentes y eso quedó plasmado en el informe final. Destacó que el propio interventor confirmó que la forma que se manejaron esos recursos no fue la correcta.
“La forma en que se hizo todo, pareciera que fue con el fin de evadir todos los controles de las instituciones encargadas, recurriendo a contratos directos. Ese es el mecanismo para evadir controles, que es el nuevo modus operandi no solo de la municipalidad de CDE, sino de varios otros distritos, a fin de evadir todos los sistemas de control”, precisó Alfonso.
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Elección de nuevo intendente
En otro momento, señaló que, atendiendo que ya Prieto anunció en varias ocasiones que no va a renunciar al cargo, entonces esperan que la Cámara de Diputados decida su destitución, ya que el informe de intervención y su dictamen final son contundentes.
“No hay que sorprenderse si el lunes amanezcamos con su renuncia, cosa que dudo, pero bueno, si no renuncia, entonces nos vamos a elecciones. En esos tres meses que dure el proceso de elección, la Junta debe decidir quién quede como interino”, acotó.
El concejal afirmó que espera que la ciudadanía esteña pueda comprender lo que está ocurriendo en el municipio y que no se trata de una simple persecución política como está queriendo presentar Prieto y su equipo para tapar todas las irregularidades que cometieron.
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Intervención en CDE detecta presunta malversación por G. 29.000 millones
La intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este, liderada por Ramón Ramírez, detectó una presunta malversación por G. 29.000 millones en la administración del intendente Miguel Prieto. El desfalco guarda relación con dinero que debía destinarse en obras y bienes de capital, pero habría sido desviado para cubrir gastos corrientes, transferencias y pago de deudas, según reveló el economista, este martes, en conferencia de prensa.
La administración del líder del movimiento Yo Creo contaba con una partida presupuestaria equivalente a G. 83.000 millones, que estaba asignada al financiamiento de gastos de capital. La utilización irregular de este recurso fue reportado por la Contraloría General de la República (CGR), y forma parte de los puntos claves que sustentaron el requerimiento de indagación.
“Transcurrido este tiempo lo que podemos afirmar es que en la medida que avanzamos en la intervención nos encontramos con hechos que profundizan nuestra preocupación. Nosotros venimos a defender los intereses de la ciudadanía esteña, la confianza de las instituciones y por supuesto venimos a reportar el mal o buen uso de los recursos", indicó Ramírez a los medios de comunicación.
Por otra parte, informaciones desprendidas de la revisión administrativa y financiera hecha sobre recursos canalizados mediante el Consejo Local de Salud, entre el 2019 y 2022, que alcanzaron más de G. 10.500 millones en dicho periodo, demuestran serios incumplimientos a las normativas vigentes.
De dicho monto, G. 6.000 millones se destinaron a obras y refacciones que fueron ejecutadas sin ningún tipo de control técnico ni administrativo, lo que impide determinar si esas inversiones realmente se realizaron como figuran en las facturas presentadas, o siquiera si se hicieron.
Las irregularidades incluyen transferencia sin documentación técnica ni aprobación del Ministerio de Salud Pública, pagos sin certificaciones de avances de obras, y la elusión de procesos legales de contratación. Además las obras no contaron con supervisión y actas de recepción final, por lo que no existe garantía alguna sobre su calidad, seguridad ni cumplimientos de estándares mínimos.
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Hechos documentados
El informe de Ramírez refiere que una situación particularmente grave detectada en la gestión de Prieto fue que el entonces director de Desarrollo Social de la comuna (actual presidente de la Junta Municipal, Sebastián Martínez) también se desempeñaba como sindico titular del Consejo Local de Salud, cumpliendo simultáneamente funciones de control y ejecución, hecho que debilitó aún más los mecanismos de fiscalización.
Martínez fue denunciado por los miembros de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este, en agosto del año 2023, por integrar un supuesto esquema irregular de transferencias a comisiones vecinales para obras. Cuenta con doble imputación por lesión de confianza y asociación criminal.
Asimismo, el economista detalla en su informe que los hechos comprobados constituyen una conducta de altísima gravedad, que debería ser investigada por las instancias judiciales correspondientes, es decir el Ministerio Público.
“Todo lo que revelamos en nuestros informes no son presunciones, conjeturas, son hechos documentados que formarán parte de nuestro dictamen que presentaremos dentro de los 60 días de la intervención", puntualizó.
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Legisladores apuntan a la cooperación internacional para dilucidar el caso Abdooffshore
El senador Derlis Maidana resaltó que si bien las islas Seychelles eran consideradas un paraíso fiscal, desde el 2013, este país es miembro del Grupo contra el Lavado de Dinero de África Oriental y Meridional (ESAAMLG), similar al Grupo Acción Financiera Internacional (GAFI). Por tanto, existen mecanismos de cooperación a los que podría acceder la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o bienes (Seprelad) para buscar esclarecer la denuncia contra el expresidente Mario Abdo Benítez publicada por la prensa argentina.
En conversación con La Nación/Nación Media, explicó que existen los mecanismos de cooperación internacional, así como Interpol coopera entre los países para ayudar a establecer un crimen o a localizar a un detenido. Así también Gafilat o la Gafi, del cual Seprelad es parte, es un grupo de países asociados que promueven un comercio internacional más justo y que lucha contra el lavado de dinero, lavado de activos.
El legislador explicó que la Cámara Alta aprobó la declaración en apoyo a la eventual investigación atendiendo que los hechos denunciados afectan a la investidura de un expresidente de la República, por lo que corresponde que las instituciones del Estado, afectadas abran una investigación para deslindar todas las responsabilidades.
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La investigación periodística del portal argentino PeriodismoyPunto señaló supuestos fondos ocultos que rondarían los 21 millones de dólares, que estarían canalizados a través de empresas offshore, específicamente Star Capital y Exchange Contract, que habrían recibido depósitos desde otras firmas creadas en Hong Kong y Dubái, que se sospecha serían empresas de maletín.
El legislador señaló que las islas de Seychelles trabajan por dejar atrás la imagen de paraíso fiscal desde el año 2013. Por lo que la Seprelad Paraguay puede solicitar cooperación de informes a su par de esa isla, que es la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF Seychelles), a fin de saber a nombre de quién o quiénes figuran las empresas que han realizado los depósitos bancarios, así como sus presuntos beneficiarios.
“Con los informes en mano; en el caso de que sea afirmativa la existencia de dichos fondos en las islas de Seychelles, exparaíso fiscal, naturalmente tienen que entrar a tallar todas las otras instituciones, como la Fiscalía General del Estado, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y, por supuesto, la Contraloría General de la República para hacer un examen de correspondencia”, precisó.
Investigación confiable
El senador Maidana insistió en que es una denuncia muy grave que no se debe dejar pasar, por más de que el expresidente Abdo Benítez haya salido a decir que no tiene esas cuentas en ese lugar. Señaló que la información se dio a través de medios de comunicación en la Argentina, que en el pasado también habían investigado a la familia Kirchner y que luego se confirmaron que fueron veraces.
“Entonces, nada cuesta que las instituciones del Estado, puedan recabar los informes pertinentes y actuar en consecuencia”, acotó, destacando que la Seprelad cuenta con técnicos muy capacitados, y protocolos para actuar en la materia, para realizar la correspondencias entre las cuentas millonarias que figuran en el sistema financiero de las islas Seychelles a nombre de un total de seis empresas o firmas, y la declaración de bienes entre sus ingresos y egresos, que presentó el jefe de Estado al término de su mandato.
“Lo importante es poder determinar el rumbo a seguir. Nosotros no decimos todavía con certeza, sino que hay una denuncia de dos portales argentinos con cierta credibilidad y que lo que corresponde es que actúe las instituciones. Acá no hay subjetividad, queremos saber si hay, o no esos 21 millones de dólares a nombre del presidente; o a nombre de algunas empresas de maletín vinculado al exmandatario”, explicó.