Argentina se había comprometido a realizar tres pagos de USD 12 millones de modo a saldar la deuda de USD 36 millones que tiene con Paraguay en concepto de cesión de la energía de la Entidad Binacional Yacyreta (EBY), pese a que hubo un compromiso de depositar el primer desembolso el pasado martes 26, a la fecha no ha efectuado dicha transacción, así lo confirmaron desde la hidroeléctrica.
“Hasta ayer no hubo absolutamente nada, hoy sí hubo un mensaje de que estaban por depositar si no era esta hoy lo harían mañana, una parte de aquellos USD 18 millones que tenía que recibir Yacyreta, no el gobierno paraguayo, por la cesión de energía para los gastos de funcionamiento de la entidad, eso es lo que están a punto de depositar”, explicó el ingeniero Ángel Recalde, consejero de la binacional.
Los USD 18 millones corresponden a la compra de energía de Argentina a Yacyreta, mientras que los USD 12 millones por la cesión de la energía paraguaya al vecino país y cuyo destino es el tesoro nacional. El compromiso argentino apuntaba al pago de ambos conceptos, es decir, USD 30 millones, pero sólo han comunicado sobre el pago del primer ítem.
“El gobierno argentino es el que tiene que realizar la transferencia y ahí se complica un poco más, pero está abierta la posibilidad de que la realicen esta semana, están con esa intención”, manifestó Recalde en comunicación con la 1080 AM.
Días atrás, el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, comunicó sobre el compromiso argentino de saldar la deuda con Paraguay tras el anuncio de nuestro país del retiro del 100% de la energía paraguaya, justamente motivados en el incumplimiento de Argentina de promesas de pago.
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Milei busca preservar el valor de la moneda argentina con reforma del Banco Central
El presidente argentino, Javier Milei, detalló el domingo su proyecto de reforma del Banco Central, centrado en una estricta disciplina monetaria y una mayor independencia, una reforma considerada clave para la segunda mitad de su mandato. En una columna publicada en el diario Clarín, Milei expone los principales ejes del proyecto de reforma del Banco Central (BCRA), “el cual se suponía que tenía como misión fundamental preservar el valor de la moneda y “no sólo no cumplió con su objetivo, sino que la obscenidad del registro hace ineludible el debate acerca de si debiera existir o no un Banco Central y de decidirse su existencia, bajo qué reglas debería operar”.
La columna irrumpe en la antesala de una visita a la Argentina de Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), entidad que tiene a Argentina como principal deudor. El FMI expresó su apoyo al proyecto de reforma, considerándolo clave para facilitar el regreso de Argentina a los mercados financieros y el acceso al crédito.
El proyecto de ley, que pasará próximamente al Parlamento para su discusión apunta a modificar la carta orgánica del BCRA, estableciendo “la misión fundamental del BCRA vuelve a ser el de preservar el valor de la moneda”, escribe Milei. Otro eje de la reforma “prohíbe de modo taxativo la financiación del Estado, esto vale tanto para el Tesoro Nacional como para los Estados Provinciales y los Municipios, y toda compra de títulos públicos del Estado Nacional en el mercado primario”.
El proyecto también buscará blindar a las autoridades del BCRA, presidente y directorio, cuya eventual remoción será más difícil, requiriendo los dos tercios de ambas cámaras del Parlamento.
“La experiencia muestra que todas las remociones intempestivas siempre estuvieron ligadas a conseguir una mayor laxitud en la política monetaria”, sostiene Milei.
Fiel a su estilo confrontativo, el mandatario concluye que la reforma de la entidad monetaria “junto a las nuevas reglas fiscales (...) pondrá fin a 91 años de saqueo, expropiación, impunidad y decadencia que nos permitirá hacer a la Argentina grande nuevamente”.
Presidente desde diciembre de 2023, Milei ha aplicado una drástica austeridad fiscal, que ha permitido reducir la inflación —161 % interanual al asumir el poder, frente al 33,5 % actual—, pero que afectó el empleo, la actividad industrial y el consumo. Milei considera la reforma del Banco Central como una herramienta clave para domar definitivamente la inflación, conteniendo la emisión monetaria.
Fuente: AFP.
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Brasil convocó al embajador argentino tras “ofensas” de Milei a Lula
En una crisis diplomática vertiginosa, la Cancillería brasileña convocó ayer domingo al embajador de Argentina en Brasil para transmitirle “repulsa” y pedirle explicaciones por las “agresiones” del presidente argentino Javier Milei contra su par Luiz Inácio Lula da Silva y otras autoridades, informó un comunicado oficial.
Brasil ya había llamado a consultas a su embajador en Buenos Aires por los dichos del ultraliberal Milei, durante un acto político el sábado en Sao Paulo, en el que sin nombrarlos llamó “ladrón” y “presidiario” al izquierdista Lula y “basura calva” al juez de la corte suprema Alexandre de Moraes.
Tras esa primera medida, que suele tomarse ante problemas bilaterales con otro estado, Milei redobló la apuesta y acusó el domingo al “gobierno de Brasil” de haber financiado una supuesta “campaña antiargentina”, de la que no aportó pruebas.
Brasilia convocó al embajador argentino Daniel Raimondi para “transmitirle la repulsa del gobierno brasileño a los improperios” de Milei, durante la oficialización del derechista Flávio Bolsonaro como candidato para enfrentar a Lula en las presidenciales de octubre, y “cobrarle explicaciones sobre el comportamiento del mandatario argentino”.
Según el comunicado oficial, “no hay precedentes” de un “episodio infamante” como este, en que “un presidente extranjero en territorio nacional haya acumulado agresiones y ofensas contra el jefe de Estado” y otras instituciones.
“Riesgo Lula”
Figura de la derecha latinoamericana, el mandatario argentino advirtió en el acto junto a su aliado Bolsonaro -hijo del expresidente preso Jair Bolsonaro (2019-2022)- sobre “el riesgo Lula” en las elecciones y llamó a Brasil a salir de “su sometimiento al zurdo”.
Milei volvió a referirse el domingo a Brasil, vecino y principal socio comercial de Argentina.
“¿Quién puso más plata en esta campaña antiargentina? El gobierno de Brasil. El 25 % de los recursos salió del gobierno de Brasil”, afirmó a la radio local Mitre, en aparente alusión a críticas en redes sociales a su país durante el Mundial de Fútbol.
Aseguró que la “campaña” también fue “financiada” por otras “cabezas progresistas” de México y el Partido Demócrata estadounidense.
“Y después me vienen a hablar de interferencia”, dijo Milei, y sostuvo que “un grupo de brasileños que mandó Lula (...) jugaron activamente” en su contra durante la campaña que lo llevó a la presidencia en 2023.
Lula dijo ayer domingo en un acto con sindicalistas que seguirá gobernando “sin injerencia de nadie” porque “en Brasil no aceptamos que nadie meta la nariz donde no es llamado”, sin ser más específico.
El presidente brasileño sostiene desde 2025 un pulso con el gobierno estadounidense de Donald Trump, aliado de Bolsonaro y Milei, que ha impuesto aranceles y sanciones a la potencia sudamericana leídas por Brasilia como intentos de influir políticamente.
“Referencia irrespetuosa”
Sin nombrar al juez Moraes, Milei dijo el sábado en Sao Paulo que “la basura calva” le impidió visitar a su “amigo injustamente encarcelado” Jair Bolsonaro, preso por un intento de golpe de Estado en 2022.
Considerado un enemigo por el bolsonarismo, Moraes negó a Milei un permiso para visitar a Bolsonaro en su prisión domiciliaria en Brasilia.
Milei también cosechó el rechazo del presidente de la corte brasileña, Edson Fachin, quien criticó en una nota su “referencia irrespetuosa” a Moraes y deploró sus “manifestaciones incompatibles con el civismo que debe caracterizar las relaciones entre Estados”.
Lula tiene una fría relación con Milei desde que asumió la presidencia de Argentina.
Aunque se cruzaron en citas multilaterales, nunca mantuvieron una reunión bilateral. En su último viaje a Argentina en 2025, Lula visitó en cambio a la expresidenta y actual opositora Cristina Fernández de Kirchner, en prisión domiciliaria por corrupción.
Fuente: AFP.
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IPS busca reprogramar su deuda a 10 años para liberar fondos y abastecer sus farmacias
El asesor de la presidencia del Instituto de Previsión Social (IPS), Carlos Pereira, reveló la estrategia de “alivio financiero” que impulsa la previsional para que el 75 % del presupuesto para medicamentos se pueda pagar en cuotas bancarias de corto plazo. La propuesta de Pereira no es solo desplazar vencimientos en lo inmediato, sino buscar un marco legal que permita reestructurar la deuda a 10 años (con 2 años de gracia) y emitir bonos.
Invitado en el programa “Fuego cruzado” del canal GEN/Nación Media, señaló que el actual presidente del IPS, el doctor Isaías Fretes, inició una serie de visitas a los distintos centros de atención, acompañado de la gerencia de abastecimiento y logística. Justamente, para empezar a inventariar no solamente las necesidades insatisfechas y la falta de medicamentos, sino también para medir la fuerza laboral médica.
Señaló que, a partir de ahí, están inventariando, incorporando una auditoría médica, acompañando a la auditoría a la administrativa normal como para medir las distintas órdenes de servicio que se solicitan. “El reto va a estar en, primero, saber cuánto tenemos y en base a eso dosificar lo que se necesita y en vez de tener para dos años para ir acortando en base al universo de los más de 500 medicamentos que componen el vademécum”, precisó.
Ganar tiempo
Mencionó que está acompañando esta etapa difícil para poder concretar financieramente todos los pasos que se puedan dar, no solamente para corregir esta situación desplazando vencimientos a fin de ganar tiempo. Pero, aclaró que de ninguna manera tiene que ser un sustituto a una reprogramación integral de la deuda.
Reconoció que la deuda total del IPS asciende a unos USD 1.265 millones (USD 800 millones con bancos y USD 400 millones con proveedoras) y que actualmente solo se cubre el 25 % de las necesidades operativas/medicamentos debido a la asfixia de las cuotas bancarias.
“Ese 25 % que resulta insuficiente, eso se deriva de la concentración en su mayor porcentaje, que es el 75 % restante, en atender las cuotas que el Fondo de Salud tiene con el sector bancario. Como esas deudas provienen de arreglos de deudas anteriores, créditos sindicados, cesiones de crédito de años anteriores, pero que todos son de corto plazo, ese cortoplacismo hace de que las cuotas sean demasiado grandes”, comentó.
Reestructuración parcial
El asesor del IPS aclaró que no se trata de una refinanciación, que se realiza cuando la deuda ya está vencida, y que la institución no se encuentra en incumplimiento de ningún tipo de obligación. La reestructuración parcial “es apenas una medida paliativa para tener un semestre más tranquilo y asegurarle a la gente que no le falte medicamento”, remarcó.
Pereira explicó que ahí recién empieza el verdadero desafío de aprovechar esta situación crítica y establecer un mecanismo legal que le permita al IPS poder tomar una deuda o emitir bonos local, de manera de que se pueda tener una reprogramación de deuda a 10 años, con mínimo 2 años de gracia y con un mecanismo de blindaje.
El asesor señaló que estará trabajando para que el IPS cuente un instrumento legal que contemple sus características de entidad autónoma, autárquica y descentralizada, con el objetivo de que pueda depender de sí misma porque tiene flujos importantes. “También trabajamos en forma simultánea y multifrontal, porque no solamente acá es arreglar la deuda, también tenemos que tomar medidas para aquellos que le deben al IPS, empezando por el Estado”, señaló.
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Cifarma avanza con la cesión de créditos mientras Capaco busca otra alternativa
El Gobierno avanza en conversaciones con la Cámara de la Industria Química Farmacéutica del Paraguay (Cifarma), para implementar un esquema de cesión de créditos por USD 300 millones, con el objetivo de cancelar parte de la deuda que mantiene con las empresas proveedoras de medicamentos e insumos del sistema público de salud, pasivo que ronda actualmente los USD 1.000 millones.
La propuesta consiste en que las empresas puedan ceder sus derechos de cobro a entidades financieras, obteniendo liquidez inmediata sin tener que esperar los plazos de pago del Estado. Posteriormente, el Gobierno cancelaría esas obligaciones directamente a la entidad que adquirió los créditos.
En conversación con La Nación/Nación Media, el secretario de Cifarma, Luis Ávila, señaló que el gremio considera que esta herramienta financiera representa una alternativa viable para aliviar la situación de las empresas del sector, que desde hace varios años enfrentan importantes retrasos en los pagos por parte del Estado.
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Explicó que el mecanismo permitiría recuperar liquidez, cumplir con proveedores internacionales y mantener el abastecimiento de medicamentos mientras continúa el proceso de regularización de la deuda pública.
No obstante, la propuesta no cuenta con el respaldo de todos los sectores. Desde la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (Capaco) sostienen que la cesión de créditos o factoraje no constituye una solución adecuada para las empresas constructoras, ya que implica trasladarles el costo financiero de una obligación que corresponde exclusivamente al Estado.
El presidente de Capaco, José Luis Heisecke, explicó a La Nación que, si bien la cesión de créditos es una herramienta financiera válida en determinados escenarios, en este caso obliga a las empresas a aceptar descuentos sobre el valor de las acreencias para obtener liquidez inmediata, absorbiendo pérdidas derivadas de los atrasos en los pagos estatales.
En ese sentido, el gremio constructor insiste en que la salida debe pasar por un cronograma de pagos claro, transparente y sostenible, que contemple tanto la deuda principal como los intereses generados por la mora. Según Heisecke, contar con previsibilidad permitirá a las empresas normalizar su situación financiera, cumplir con proveedores y trabajadores, acceder nuevamente al crédito y reactivar las inversiones. La deuda del gobierno con las constructoras ronda los USD 350 millones, incluyendo el certificado de obras más los intereses acumulados.