Este martes el titular de la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben), Fernando Ortellado, impulsó una denuncia en el Ministerio Público sobre supuestas irregularidades que salpican al gobierno del expresidente de la República, Mario Abdo Benítez.
La acusación se centra en la posibilidad de que se haya cometido el hecho punible de lesión de confianza en cuanto a lo que fue la aplicación del programa denominado Pytyvõ Medicamentos, subsidio que fue habilitado exclusivamente para los pacientes en terapia intensiva durante la época de la crisis sanitaria por el covid-19.
El programa de asistencia fue implementado por la Diben desde el 13 de abril hasta el 31 de diciembre del 2021. “Estamos hablando de un programa de G. 40.000 millones que se desarrolló en apenas 9 meses, ahora está a cargo de la Fiscalía para esclarecer si hubo un daño patrimonial”, manifestó.
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Señaló también que las irregularidades hacen hincapié en la falta de rendición de cuentas. “No se encuentran documentos respaldatorios que demuestren que la gente recibió la ayuda”, sentenció. Ortellado manifestó que la lista de beneficiados por el programa, que desde un inicio reflejó diversas falencias para su aplicación, ya fue auditado de manera parcial por la Contraloría General de la República (CGR) y la auditoría del Poder Ejecutivo.
“Los informes de ambas instituciones de control revelan muchas irregularidades. Esta denuncia se realizó de manera innominada, pero si nombramos a la extitular Carmen Alonso”, mencionó el titular de Dirección de Beneficencia y Ayuda Social.
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Incineran más de 40.000 kilos de marihuana incautada en Arroyito
En el marco de la investigación iniciada tras un procedimiento conjunto entre el Ministerio Público y agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) en el distrito de Arroyito, el agente fiscal Pablo Zárate coordinó la realización del procedimiento judicial de incineración de 40.048 kilos de marihuana ordenada por el Juzgado Penal de Garantías del Cuarto Turno de la Circunscripción Judicial de Concepción.
La diligencia se llevó a cabo ayer viernes 18 de setiembre en la sede del Comando de Operaciones de Defensa Interna (Codi), ubicado en el distrito de Arroyito, en cumplimiento a lo dispuesto en el Auto Interlocutorio n.° 620 dictado por el juez Héctor Daniel Morán.
Durante el acto procesal, el Ministerio Público hizo entrega de la supuesta sustancia estupefaciente incautada en la causa n.° 2904/2026, caratulada “Innominado s/ Trasgresión a la Ley 1340/88 y sus modificaciones en el Parque Nacional Paso Bravo”. En el lugar, agentes del Departamento de la División Regional n.° 7 de la Senad procedieron a la cuantificación, pesaje con balanza de precisión y al análisis primario de campo mediante el sistema Narcotest.
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Posteriormente, conforme al proceso, se extrajeron muestras mínimas destinadas a su agregación al cuaderno de investigación y para su remisión al Laboratorio Forense de la Senad. El remanente de la carga fue trasladado e incinerado en el predio contiguo al Palacio de Justicia.
Asimismo, a fin de garantizar las reglas del debido proceso y el control de los actos definitivos e irrepetibles, se contó con la intervención del defensor público de turno para la representación correspondiente, al no registrarse imputados individualizados a la fecha.
Como siguiente etapa pericial de esta prueba anticipada, el juzgado fijó audiencia para el 6 de noviembre de 2026, a las 10:15, en la sede del laboratorio de la Senad en Asunción, oportunidad en la que se tomará juramento a la perito designada y se entregará la muestra extraída para determinar con precisión la naturaleza química y el grado de pureza de la sustancia.
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Intensivistas, héroes de la pandemia
- Por Arturo Peña Villaalta
- arturo.pena@nacionmedia.com
Desde el 2021, cada 19 de setiembre se recuerda en nuestro país el Día del Intensivista. La conmemoración nos remonta directamente a ese tiempo de la historia reciente que marcó al mundo: la pandemia de covid-19.
Paraguay estaba quizás entre los países menos preparados para un desafío de tal magnitud. Según los registros del Ministerio de Salud, para el 2020 había 194 profesionales intensivistas censados. Con estos soldados y unas 380 camas en las UTI del país fuimos a la guerra contra el covid.
Para el 2021 la cantidad de camas se duplicó pero se abría la crisis de la falta de personal. Muchos fueron formados en el campo de batalla. Escasez de medicamentos, falta de oxígeno, nuevos equipos que había aprender a manejar, el temor por sus propias vidas y las de sus familias… Es imposible dimensionar lo que los trabajadores de la salud pasaron durante ese tiempo. En especial aquellos que trabajaron horas y horas encerrados en las unidades de terapia intensiva.
Durante la pandemia el trabajo periodístico tampoco se detuvo. Las salas de prensa pasaron obligadamente a trabajar a distancia, sin embargo, muchos periodistas, fotógrafos, camarógrafos y choferes siguieron realizando la cobertura desde las calles, desde los hospitales, informando a diario sobre el transcurrir de esos difíciles días.
El Facebook me recordaba esta semana una edición especial del diario La Nación del 6 de setiembre de 2020, en homenaje al personal de blanco que daba batalla en hospitales en momentos en que la curva de contagios iba en ascenso. Fue un compendio de notas realizadas en diferentes puestos sanitarios, con testimonios de primera mano del personal de salud, sus vivencias, sus temores. Con un equipo de prensa fuimos a realizar un reportaje al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente Prof. Dr. Juan Max Boettner, el Ineram. Este hospital se había vuelto la principal trinchera de la lucha contra el covid. Allí pudimos conversar con trabajadores de varias áreas, quienes –algunos entre lágrimas– contaron cómo la pandemia les había llevado al límite de su capacidad tanto profesional como humana.
“Una vez que un paciente ingresa, ya se queda 100 % a nuestro cuidado. El personal de blanco también tiene que estar viendo no solo la parte pulmonar o cardiaca, sino también la parte psicológica, la contención. Hacemos también enfermería psicológica”, relataba el jefe de la UTI de adultos del Ineram. Mencionaba el impacto que tenía en muchos pacientes los trajes especiales que se utilizaban. Algunos intensivistas llegaron a imprimir fotos de sus rostros y pegarlos sobre las máscaras, para que los enfermos pudieran reconocerlos y no se sintieran tan intimidados.
Con la aprobación de la Ley n.º 7.159/2023, los especialistas en medicina crítica e intensiva pudieron alcanzar algunas reivindicaciones y beneficios. Según Salud, a los cerca de 300 existentes actualmente, este año se sumó la contratación de otros 270 nuevos médicos asignados a las UTI.
La pandemia, que se extendió desde el 2020 al 2023, dejó lecciones muy duras que nunca debemos olvidar. Una de ellas es la importancia de un sistema de salud fuerte y de equipos humanos suficientes, especializados y remunerados de forma acorde.
“Nos cambió la vida realmente este virus y nos hizo saber que hay cosas más importantes por las que luchar y no por cosas banales puramente”, me decía en aquel reportaje el entonces director del Ineram, el doctor Felipe González.
Mientras nos perdemos en discusiones banales y torcidas en las redes sociales, en las UTI del país, en este momento, se libra la batalla cotidiana por preservar la vida. Por lo menos en este día, el del Intensivista, tomemos conciencia de ello.
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Presunta trata en Asunción: ciudadanos brasileños serían explotados laboralmente
El comisario Humberto Aquino, jefe del Departamento Especializado en la Lucha contra la Trata, dio detalles de la investigación por presunta trata internacional de personas con fines de explotación laboral, en base a una denuncia hecha por un brasileño.
Las autoridades investigan la situación migratoria y laboral de unas 200 personas que se encontraban trabajando en un edificio ubicado sobre avenida Aviadores del Chaco casi Santa Teresa de Asunción.
La Dirección contra la Trata de Personas en conjunto con otros organismos de seguridad y control ejecutaron una intervención en el Edificio Aura Paraguay, por presunta trata internacional de personas con fines de explotación laboral.
El jefe policial explicó que la investigación se inició a partir de una denuncia presentada por un ciudadano brasileño que llegó a través de la Cancillería y fue derivada al Ministerio Público. “Esa denuncia pasó a la Cancillería y derivó a la Fiscalía. Entonces, nosotros, de la Unidad Especializada de Trata de Personas, procedimos a la investigación”, relató en la 1020 AM.
Una vez conseguida la información sobre el lugar y la forma en que trabajaban, procedieron a allanar el local con una orden del Juzgado Penal de Garantías encabezado por la fiscal María Isabel Arnold.
Los agentes encontraron a alrededor de 200 personas trabajando en un call center. “Constatamos que se encontraban cerca de 200 personas, específicamente ciudadanos brasileños y algunos paraguayos, trabajando en diferentes niveles del edificio”, mencionó el investigador.
Precisamente, lo más llamativo para los intervinientes fue la cantidad de personas que se encontraban en el lugar, la mayoría ciudadanos brasileños. “Todos tenían su forma de captar clientes a fin de darle una inversión dentro del territorio nacional a sus conciudadanos brasileños”, puntualizó.
Las primeras informaciones señalan que la empresa sospechosa realizaba rotaciones constantes de personal y estaría implicada en esquemas de estafa, lavado de dinero y tráfico de personas. Según Aquino, la Dirección Nacional de Migraciones confirmó la presencia de ciudadanos extranjeros en situación irregular y algunas personas no contaban con la documentación laboral correspondiente.
“Convocamos al Ministerio del Trabajo y a la Dirección Nacional de Migraciones. Y comprobaron que existían ciudadanos brasileños en situación irregular dentro del territorio nacional. Y se presume que estaban también en forma irregular porque algunas personas no contaban con la documentación correspondiente”.
En el procedimiento, incautaron documentos y equipos informáticos para la investigación.
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La ONU denuncia la concentración de poderes en Nicaragua
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos lamentó el miércoles la concentración de poderes por parte del Ejecutivo y del partido en el poder en Nicaragua, país donde gobiernan con mano de hierro desde 2007 el presidente Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo.
“El poder está cada vez más concentrado en manos del Ejecutivo y del partido gobernante”, advirtió el miércoles el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, con motivo de la publicación de un informe que detalla “el desmantelamiento progresivo de las instituciones democráticas y del Estado de derecho” en Nicaragua.
Ortega, exguerrillero sandinista de 80 años, y su esposa, Rosario Murillo, cinco años más joven, gobiernan con mano dura, particularmente tras las protestas de 2018 que dejaron al menos 300 muertos, según la ONU.
El informe divulgado el miércoles documenta una “toma de control casi total”, así como “abusos sistemáticos de poder que han debilitado los contrapesos institucionales”, declaró el Alto Comisionado, citado en un comunicado.
El texto recuerda que a principios de setiembre, la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad una reforma constitucional que impide a los opositores participar en las elecciones, blindando aún más el poder del presidente Ortega.
Según el informe, “el partido gobernante, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), cuenta actualmente con mayoría absoluta en el poder legislativo, en los 153 municipios y en ambos consejos regionales de las regiones autónomas de la Costa Caribe”.
Un análisis de las 185 votaciones plenarias registradas en el sitio web oficial de la Asamblea Nacional entre junio de 2025 y mayo de 2026, indica que “no hubo votos en contra ni abstenciones, ni siquiera entre los 15 diputados de partidos que no forman parte oficialmente de la coalición de gobierno”.
El reporte subraya que “este hecho refleja un contexto más amplio de concentración del poder político y la ausencia efectiva de una práctica democrática pluralista”.
Los autores también remarcaron las detenciones arbitrarias como principal herramienta de represión y registraron al menos ocho casos de desaparición forzada y cuatro muertes bajo custodia atribuidas a las autoridades.
El informe, al referirse a “una impunidad generalizada”, indica que estas cifras, no exhaustivas, podrían ser más elevadas debido especialmente a la falta de acceso al país, a la negativa de las autoridades a cooperar y al temor a represalias entre las víctimas y los testigos.
Durante el último año, cuatro nuevas organizaciones de la sociedad civil se han visto obligadas a cerrar, elevando a 5.539 el número de entidades disueltas arbitrariamente en los últimos ocho años.
Las autoridades también ordenaron el cierre de un nuevo medio de comunicación, elevando al menos a 56 el número de medios clausurados en el mismo período.
“Casi no queda nada por cerrar”, comentó el Alto Comisionado. “La situación es absolutamente indefendible”, añadió Türk.
- Fuente: AFP
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