El estudiante sanlorenzano José Rosa Aguirre Silvero, quien cursa el cuarto año de la carrera de Medicina en la Universidad de Integración de las Américas (UNIDA), obtuvo el segundo puesto en la categoría In Extenso durante el XXII Congreso Paraguayo de Cirugía 2026, que se llevó a cabo del 16 al 19 de septiembre en el Centro de Convenciones de la Conmebol.

“Para mí, como estudiante sanlorenzano de Medicina, este resultado representa una enorme satisfacción personal y académica”, expresó José Rosa en declaraciones a la prensa, valorando la oportunidad de representar a su casa de estudios y a la comunidad de San Lorenzo en una plataforma de alto nivel científico.

Aguirre participó como autor principal y expositor del trabajo de investigación titulado “Lesiones traqueobronquiales secundarias a trauma cerrado de tórax en adultos: tipos, incidencia y tratamiento en el Hospital de Trauma, 2020–2025”, desarrollado en colaboración con destacados profesionales del Hospital de Trauma y de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción (UNA).

El logro cobra singular relevancia considerando la alta competitividad del encuentro científico, en el cual se postularon 203 trabajos en diversas modalidades. De ese total, únicamente 15 investigaciones fueron preseleccionadas para la fase final de “Mejores Temas Libres – Categoría In Extenso”, instancia en la que el joven universitario logró posicionarse en el segundo lugar del podio.

La Fiscalía de Bolivia anunció el lunes el inicio de una nueva investigación contra el expresidente izquierdista Evo Morales por los presuntos delitos de asesinato y tortura relacionados con un operativo policial que dejó tres europeos muertos en 2009.

Hace 17 años, un comando policial intervino un hotel en la ciudad de Santa Cruz (este) y abatió a tiros al boliviano-croata Eduardo Rózsa Flores, al irlandés Michael Dwyer y al húngaro-rumano Arpad Magyarosi.

Salieron con vida Mario Tadic (boliviano-croata) y Elöd Tóásó (húngaro), que denunciaron torturas tras ser detenidos.

El gobierno de Morales sostuvo entonces que un grupo liderado por Rózsa Flores buscaba impulsar un movimiento separatista, con el financiamiento de la elite económica de derecha de Santa Cruz.

El fiscal general interino, José Armando Urioste, anunció esta nueva investigación preliminar contra el exgobernante indígena, una semana después de haber sido nombrado por el Congreso tras el arresto de su antecesor, Roger Mariaca, acusado de narcotráfico y lavado de activos.

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En un oficio dirigido al Tribunal Supremo de Justicia, Urioste notifica “el inicio de la fase de acumulación de antecedentes” contra Morales y su exvicepresidente Alvaro García Linera “por la presunta comisión de los delitos de asesinato, vejaciones y torturas y privación de libertad”.

La medida responde a una denuncia interpuesta por los congresistas derechistas Tomasa Yarhui y Rodrigo Antonio. El legislador confirmó a la AFP que se trata del caso denominado “Hotel Las Américas”.

Familiares y víctimas llevaron el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en 2021 concluyó que el Estado boliviano había cometido violaciones a los derechos humanos y lo remitió a la Corte Interamericana.

El parlamentario Antonio señaló que “no hubo un enfrentamiento entre las fuerzas del orden con estas personas”, sino que “fueron ejecutados extrajudicialmente”.

Ese día, durante una visita oficial a Venezuela, Morales dijo a la prensa haber ordenado el operativo para detener a los extranjeros, a quienes acusó de “mercenarios”, una declaración que para Antonio significa que el exmandatario “había dejado instrucciones precisas para que esto sea ejecutado”.

Ni Morales ni su exvicepresidente se han pronunicado de momento.

Refugiado en su feudo cocalero del Chapare (centro), Morales ya tiene dos órdenes de captura activas por investigaciones sobre su rol en las protestas que este año paralizaron al país por 53 días y por una acusación de presunta trata de una menor con la que el expresidente habría tenido una hija. Él niega los cargos.

• Fuente: AFP

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• Dr. Juan Carlos Zárate Lázaro
• MBA

Vivimos en nuevos entornos de alta competencia y sofisticación, hecho que obliga a las familias empresarias a una evolución de sus planteamientos de gestión, formas de actuar y establecimiento de prioridades.

Muchas veces se enfrascan en estériles debates internos, gestionando conflictos basados en poner sobre la mesa cuestiones personales, confundiendo el respeto a la tradición y la estabilidad con el inmovilismo.

Empresas familiares, hoy líderes, han entendido esta nueva situación y deben servir para marcar la pauta al resto. Son las empresas familiares del siglo XXI. Muchas de ellas han encontrado fórmulas muy exitosas para la dirección en la que mezclaron el aprendizaje académico con la experiencia adquirida trabajando codo a codo con los fundadores.

Estamos hablando de empresarios de vanguardia que han respetado la tradición, han conservado valores y sobre esta base han innovado en modelos de negocio, ya sea mejorando su gestión gerencial o en productos y servicios.

Hasta hace algunos años, escenarios de economía más cerrada permitían la existencia con cierto éxito de pymes familiares dirigidas de manera artesanal, pero que hoy en cambio están obligados al rigor, el manejo institucional, al crecimiento o a la búsqueda del liderazgo para ser competitivos en mercados muy dinámicos, competidos y globales.

El tránsito hacia un negocio de familia pasa por el desarrollo de una cultura corporativa que va a sentar las bases para el futuro.

Las organizaciones familiares fuertes, han ido perfilando toda otra serie de valores que van a marcar sus señas de identidad. Se trata por tanto de imaginar las pautas de un futuro compartido, en el que la familia hará crecer el negocio creado por el fundador.

Cuando estos valores están definidos, cobra sentido además dotarse de otras herramientas que van a ayudar a estructurar y transformar el emprendimiento fundacional en un negocio de familia.

El emprendimiento familiar con vocación de dar el salto hasta convertirse en un negocio de familia viable y con potencial de futuro debe estar sustentado por una fuerte cultura y dotarse de unas herramientas que permitirán gestionar mejor las singularidades de la empresa familiar.

Las familias que han desarrollado un proyecto empresarial de largo plazo siempre señalan como una de sus grandes ventajas competitivas haber sido capaces de forjar un proyecto que une y aglutina sus intereses. Donde cada miembro del grupo pone lo mejor de sí mismo con el objetivo de hacer realidad los sueños compartidos de la familia.

Debemos trabajar la idea de perfilar un proyecto común, eso que muchos han denominado sueño común, dando una carga de emotividad al concepto, y que otros, con un lenguaje más frío, denominan misión.

Hay empresas de éxito que lo han alcanzado no solo por contar con ventajas competitivas que emanan de su modelo de negocio sino además porque cuentan con determinados valores que también han sido fuente de competitividad.

Una empresa familiar debe tener alma, valores que han estado encarnados en sus fundadores y continuadores y que constituyen el código genético de la familia empresaria y que van a marcar el estilo de cara al futuro, siendo un legado para quienes se involucren en la empresa, en el futuro sean miembros o no.

Debe existir espíritu empresarial que se manifiesta en una vocación por ser pioneros, por innovar, por estar en la vanguardia, por mejorar productos y procesos, por abordar nuevos mercados y nuevos proyectos que sustenten el crecimiento a futuro.

Responsabilidad social, para contribuir en la medida de lo posible en la mejora de la sociedad y revertir en ella parte de lo que se recibe. Y excelencia para crear altos estándares de calidad en todo lo que se hace.

La agente fiscal Sandra Ledezma, coordinadora designada por la Fiscalía General para las Elecciones Municipales, informó que en el segundo corte del control que lleva adelante el Centro de Monitoreo Ministerio Público se contaba con un total de 18 detenidos por distintos hechos. Entre los casos figuran presunta compra de votos, violación del secreto del voto y usurpación de identidad. También se registraron denuncias por toma de fotografías al voto y personas que intentaron sufragar más de una vez.

Durante una conferencia de prensa desde el Ministerio Público mencionó que todos los casos continúan bajo investigación de la Fiscalía y no descartó que el número de detenidos podría ir en aumento.

En ese sentido, recordó que en el primer corte de la mañana se registraron 4 detenidos, que para el segundo corte se sumaron otros 14 detenidos, lo que hace un total de 18 detenidos. Al respecto, fue detallando cada caso, conforme a la localidad y fiscales intervinientes:

• Guairá: la fiscal Jaqueline Ortiz ordenó la detención de 3 personas por violación al secreto al voto.
• Mayor Otaño: la fiscal Mabel Martínez dispuso la detención de 1 persona por fraude electoral, se presentó a votar con cédula de otra persona.
• Itakyry: el fiscal Fernando Galeano dispuso 1 detenido por toma fotográficas de su voto en el cuarto oscuro.
• Comunidad Itanará Canindeyú: el fiscal Rodrigo Gianninotto recibió denuncias de que 3 indígenas de la parcialidad Avá Guaraní utilizaron la cédula de otra persona para votar. Se procedió a la aprehensión de personas por usurpación de identidad art. 317 Ley 834/96 del Código Electoral Nacional.
• Luque: la fiscal Sophia Galeano ordenó la detención de una persona en la Escuela Cañada San Rafael y otro en el Colegio Héroes de la Patria por sacar fotos al voto.
• Minga Guazú: el fiscal Enmanuel Santacruz ordenó la detención de 1 persona por toma fotográfica en el cuarto oscuro.
• Limpio: el fiscal Víctor Villaverde dispuso la detención de 2 personas por compra de votos.
• Pdte. Franco: el fiscal Alberto Torres dictó la detención de 1 persona por la compra de votos.
• Asunción: la fiscal Sandra Ledesma ordenó la detención de 1 persona que tenía 9 papeletas e intentaba depositarlas en la urna.

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Durante el monitoreo correspondiente al segundo corte de las jornadas electorales, las autoridades fiscales intervinieron ante diversas irregularidades reportadas en distintos puntos del país. Entre los reportes figuran casos de supuesto voto asistido y firma anticipada de papeletas en la Universidad Católica de Asunción y el colegio CPB de Encarnación, además de una denuncia sobre cámaras que apuntarían hacia el cuarto oscuro en un local de votación de J. Augusto Saldívar.

Mencionó que se recibieron denuncias por presunta compra de votos en Tomás Romero Pereira y en el Colegio Inmaculada Concepción, donde también se reportó la venta de bebidas alcohólicas en las inmediaciones de un local electoral. En Pirayú recibieron una denuncia por la presencia de dos puestos de comando político (PC) ubicados a menos de 200 metros del local de votación, mientras que en otro caso se denunció que una persona habría intentado votar en nombre de otra.

Entre otros hechos reportados, la Fiscalía mencionó la verificación policial de un toldo ubicado dentro del Colegio Verbo Divino, que supuestamente correspondía a la ANR, pero que finalmente no fue atribuido a ningún sector.

En Encarnación también se recibieron pedidos de allanamiento a raíz de disputas entre grupos políticos, mientras que en Ciudad del Este fueron incautadas credenciales presuntamente falsas. La Fiscalía indicó además que continúa monitoreando los reportes y denuncias difundidas a través de las redes sociales.

Sobre el caso puntual registrado en el Colegio María Auxiliadora de Loma Pytã, donde se habría detectado a una persona con varias papeletas previamente firmadas, indicó que la persona ya se encuentra detenida y será convocada este lunes para continuar con el proceso penal. También se investigará a los miembros de mesa para determinar si tuvieron participación en la firma de las papeletas.

Asimismo, explicó que los 18 detenidos fueron aprehendidos en flagrancia; pero que en comparación al reporte de la Policía Nacional, que habla de 24 detenidos, aclaró que algunos de ellos contaban con órdenes de captura por hechos anteriores y fueron identificados en los locales de votación y que no tienen que ver con delitos electorales.

Entre los elementos incautados durante los procedimientos figuran celulares, papeletas y cédulas de identidad. Las personas detenidas deben ser puestas a disposición del juez penal de garantías dentro del plazo establecido de 24 horas.

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