La diputada Rocío Abed se refirió al legado de deudas que dejó el gobierno del exjefe de Estado, Mario Abdo Benítez, como consecuencia del terrible manejo administrativo en varios ministerios y secretarías, que fue detectado a través de un informe de auditoría presentado por la Contraloría General de la República, tan solo del ejercicio 2022. El débito flotante a las arcas del Estado treparía la suma de USD 1.000 millones.

“El nivel de endeudamiento al que se llegó debe estar justificado, por un lado, pero, por otro lado, también se deben investigar las razones por las que no se pagaron deudas a proveedores, y cómo se gastó el dinero de la gente“, manifestó Abed, este sábado, en una entrevista con el diario La Nación/Nación Media. “El señor Mario Abdo Benítez debe explicar mucho; ya lo decíamos antes, no tiene excusas, tuvo nuestro respaldo total, lo hicimos por la gente, porque incluso en los peores momentos tratamos de mantener la institucionalidad y la estabilidad del país”.

La actual administración presidencial, encabezada por mandatario Santiago Peña, se vio obligada a remitir al Congreso Nacional el proyecto de ley por el cual se autorizan medidas extraordinarias de gestión para las finanzas públicas con el objetivo de cancelar las millonarias deudas que fueron generadas durante el gobierno de Mario Abdo Benítez a las empresas constructoras y farmacéuticas.

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“Yo estuve como diputada prácticamente 4 años en el periodo anterior, me tocó el tiempo de pandemia, tuvimos una actitud de facilitar todo lo que necesitaba el Poder Ejecutivo para enfrentar la situación, y sabemos que eso generaría deudas, pero además ahora tenemos las deudas de préstamos, y las deudas por los supuestos trabajos por obras, por medicamentos, por todo, entonces llegamos a un nivel de descalabro administrativo que no vivimos en mucho tiempo”, indicó.

La propuesta del Ejecutivo apunta al pago de una deuda de USD 600 millones, 250 millones de dólares por medicamentos y 350 millones de dólares por obras públicas, no obstante, todo deberá pasar por una revisión y una auditoría que confirmen las cifras finales.

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Se comprueban las denuncias

Por otra parte, la congresista se refirió a los presuntos indicios de corrupción que fueron expuestos por la Contraloría General de la República (CGR) en un informe de auditoría a varias instituciones públicas en el ejercicio 2022, durante el gobierno de Abdo.

“Lastimosamente, vemos con mucha tristeza y hasta te diría con rabia que varias de las cuestiones que se venían denunciando están siendo finalmente comprobadas. Estamos hablando de irregularidades que se están presentando en diversas instituciones. Lo del Indert (Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra), lo del IPS (Instituto de Previsión Social), que incluso tiene como principal muestra una auditoría de la propia Contraloría, son todas cuestiones que deben ser investigadas por la justicia y se debe caer con todo contra los responsables”, sentenció.

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