Kemper aboga por articular herramientas válidas para luchar contra la trata infantil en Paraguay
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El senador del Partido Hagamos, Patrick Kemper reflexionó sobre la trata de personas y en particular sobre la trata infantil, durante la sesión ordinaria que se llevó adelante este miércoles. Al respecto, enfatizó en la necesidad de articular herramientas válidas para que el Ministerio de la Niñez y Adolescencia genere soluciones, legislaciones y coadyuvar en la generación de protocolos que puedan ir contra este mal del cual Paraguay no es ajeno.
El parlamentario usó como disparador del análisis la película “Sonidos de Libertad”, que trata este tema y que hoy en día es taquilla en varias partes del mundo. El legislador que ya va por su segundo periodo legislativo, recordó que ya el año pasado se había realizado sendos pedidos de informes respecto a la situación de la infancia en Paraguay.
Dijo además que de acuerdo a los datos, la trata de personas, y sobre todo de menores de edad es el negocio de mayor crecimiento, el delito transnacional de mayor crecimiento que está viviendo la humanidad. Indicó que se calcula que en estos momentos, hay más esclavos que en la época más oscura de la historia pasada.
“No quería dejar de mencionar esto para que reflexionemos juntos, para que seamos una herramienta válida para el Ministerio de la Niñez y Adolescencia, que podamos articular la generación de soluciones desde esa Cartera de Estado y desde las atribuciones que tenemos, de generar leyes y coadyuvar en la generación de protocolos que puedan ir contra este mal”, enfatizó.
Menores desaparecidos en Paraguay
Al respecto, informó ante el plenario que las cifras del 2021 señalan que en Paraguay 1.358 niños, niñas y adolescentes fueron reportados como desaparecidos, de los cuales 1.040 son niñas. Al año siguiente se reportó la desaparición de 1.263, de los cuales 333 eran varones de acuerdo a los datos brindados por la Coordinadora de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en Paraguay.
“En ambos años, el dato extraoficial que tenemos es que el reporte que manejan es que retornaron a sus hogares el 60%. Para complementar datos de enero del 2023, en medios digitales se publicó que 117 niños, niñas y adolescentes fueron reportados desaparecidos, de los cuales 52 retornaron a sus hogares, 88 niñas entre 13 y 17 años”, señaló.
Sostuvo que ya escuchó al nuevo titular de la Niñez y Adolescencia que está impulsando un nuevo proyecto de ley, que sería inspirado en protocolos que se utilizan en Argentina, Estados Unidos y otros países, donde en teoría ese protocolo tiene una mejor respuesta ante situaciones de desaparición de menores. En otro momento, señaló que una de las cosas que más le llamó la atención de la película, es la diferencia entre la bolsita de cocaína de uso de una sola vez; mientras que a un niño, niña o adolescente se lo puede vender entre 5 a 10 veces al día.
“Estamos hablando de cientos de niños, niñas y adolescentes que en Paraguay desaparecieron, y puede ser que muchos de ellos están sufriendo este mal que estoy hablando. Sin duda alguna, no es un tema menor, nuestros niños son el futuro de nuestra República y tiene que ser nuestra responsabilidad hacer nuestro mayor esfuerzo para que un mal tan asqueroso no sea una práctica en Paraguay”, concluyó.
Histórico: el Senado argentino cambia la ley y baja a 14 años la edad de imputabilidad
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El Senado argentino convirtió en ley el viernes una iniciativa que reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad, un proyecto impulsado por el presidente Javier Milei que el gobierno festejó como “un acto de justicia hacia la sociedad”.
El proyecto, que ya había sido aprobado por la Cámara de Diputados, obtuvo 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención en el Senado. Modifica el sistema penal juvenil que data de 1980.
“Quien tiene la capacidad de comprender la gravedad de sus actos asume, sin excepciones, la responsabilidad de responder ante la ley. Delito de adulto, pena de adulto”, publicó en X la Presidencia minutos después de la votación.
Argentina mantenía la edad punible más alta de Sudamérica, donde en la mayoría de los países es de 14 años. Brasil y Ecuador son los países donde es más baja (12 años).
Según los estándares internacionales la edad mínima de responsabilidad penal es aquella en la que un menor no puede ser considerado penalmente responsable de sus actos y por lo tanto no puede ser juzgado.
“Venimos a terminar con una doctrina terriblemente peligrosa, la doctrina de que el delincuente es una víctima del sistema”, dijo la senadora y exministra de Seguridad Patricia Bullrich, principal promotora del proyecto.
Legisladores opositores denunciaron que el oficialismo aceleró el tratamiento en comisiones pese a que la mayoría de los expertos convocados se pronunciaron en contra, y advirtieron que los plazos para adecuar las instalaciones de detención y el presupuesto previsto resultan insuficientes.
“Queremos un Estado que brinde una respuesta integral, que incluya educación, resocialización”, dijo el senador Martín Soria (peronismo, oposición), que votó en contra de la nueva ley. “Del lado de enfrente únicamente la respuesta es penal”, añadió.
El debate parlamentario se da en un momento de gran sensibilidad social por delitos cometidos por adolescentes que tuvieron fuerte repercusión mediática.
La sanción de la nueva ley se produjo en una jornada en la que el Senado se apresta a ratificar la reforma laboral, que también impulsa Milei.
Juzgarán en Valladolid a clan paraguayo de trata por explotación sexual de mujeres
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La Audiencia de Valladolid celebra, desde este próximo martes 2 de marzo, el juicio contra los cinco presuntos integrantes de una red de trata de seres humanos que fue desarticulada en noviembre de 2022 por traer a la capital mujeres desde Paraguay con el fin de someterlas a explotación sexual, actividad que ejercían en condiciones de verdadera esclavitud y bajo un control férreo de los acusados. Los encausados se enfrentan a un conjunto de penas que suman más de 112 años de cárcel.
El juicio por la ‘Operación Tentaciones’ en la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia de Valladolid se extenderá al jueves y viernes, y al mismo la Fiscalía vallisoletana se presenta con un escrito en el que, en distinto grado, imputa al clan paraguayo encausado un total de catorce delitos, según la información del Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León recogida por Europa Press.
De ellos, cinco son por trata de seres humanos con la finalidad de la explotación sexual de la víctima, en concurso medial con otros tantos de prostitución coactiva, uno de ellos en grado de tentativa; tres delitos de aprovechamiento de la prostitución ajena, un delito de tráfico de drogas en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud, un delito continuado contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, un delito de blanqueo de capitales, un delito de grupo criminal y un delito de grupo criminal.
Operación contra una organización criminal dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual en Valladolid. Foto: Archivo/ICAL
La mayor de las penas solicitadas recae en la presunta jefa del entramado, L.C.P, alias ‘Lorena’ o ‘Nicole’, quien se expone a un total de 52 años de cárcel, multa de 9.300 euros, libertad vigilada por espacio de diez años una vez cumplida la sentencia y la inhabilitación especial por espacio de veinte años para cualquier profesión, oficio o actividad, sea o no retribuido, que suponga contacto regular y directo con menores de edad, mientras que su prima, M.A.P.G, podría ser condenada a 25 años, con idénticas medidas que la anterior, y multa de 15.600 euros. Para los otros tres acusados, M.G.G, H.J.A.A. y J.R.A, la acusación pública interesa condenas de 18, nueve años y ocho meses y ocho años de cárcel, respectivamente.
Además, en concepto de responsabilidad civil, se solicita que los cinco, de forma conjunta y solidaria, indemnicen a cada una de sus víctimas con 80.000 euros por daños morales. A mayores, la supuesta jefa de la organización tendría también que abonar 50.000 euros a las víctimas de cuya prostitución se ha aprovechado.
Por auto de fecha 24 de noviembre de 2022, se autorizó la entrada y registro en varios domicilios de la organización que al menos desde la segunda mitad del año 2021 y hasta finales de noviembre del año 2022 se habría estado dedicando a la captación de mujeres jóvenes con graves problemas económicos y familiares, procedentes de zonas deprimidas de Paraguay, al objeto de financiar y facilitar su llegada, a territorio español, donde eran explotadas en una vivienda en la Avenida de Burgos.
A la cabeza de dicho entramado, tomando todas las decisiones principales, se encuentra la acusada L.C.P, natural de Paraguay, alias ‘Lorena y Nicole’, residente legalmente en España con un permiso de larga duración y principal beneficiaria de toda la actividad delictiva.
Fotos en lencería o semidesnudas
El proceso comenzaba por la captación, traslado y acogimiento de las chicas hasta la vivienda mencionada para su explotación sexual. Ya en el piso de la Avenida de Burgos, las ‘turistas’ eran informadas de la deuda contraída que iban a tener que satisfacer trabajando en la prostitución, para lo cual, en primer lugar y como trámite previo, la acusada contrataba los servicios de un fotógrafo profesional que tomaba unas fotografías sugerentes de las mujeres, siempre sonriendo y mirando a la cámara, vestidas con lencería o incluso semidesnudas, al objeto de poder publicitar en las páginas especializadas de contactos sexuales.
La propia acusada asignaba a cada víctima su ‘nick’ o nombre que iba a utilizar en los intercambios sexuales, comenzando de inmediato a prestar los mismos, cuyas citas concertaba ‘Lorena’, fijando el importe, la duración y contenido del servicio sexual contratado.
Las víctimas tenían que estar disponibles las 24 horas del día, arregladas y maquilladas en espera de los clientes y solo podían abandonar el domicilio durante dos horas al día, de una en una, previa solicitud, que no siempre se concedía, debiendo de regresar inmediatamente al mismo si fuera requerida para ello por la presencia de algún cliente.
Chat ‘Nicole Relax’
Normalmente, existía un chat compartido por la acusada y las víctimas, ‘Nicole Relax’, a través del cual se las comunicaba la presencia de un cliente o bien a través de comunicación de WhatsApp directa. Además de los servicios prestados en la vivienda, que era lo habitual, también se ofrecía la posibilidad de salidas a domicilios de clientes y hoteles, con diferentes tarifas y abono del importe del taxi que utilizaría la víctima, que, hasta el pago de la totalidad de la deuda contraída, sólo percibían una pequeña cantidad para poder vivir.
La vivienda utilizada como prostíbulo contaba con tres cámaras de vídeo vigilancia y audio al objeto de poder controlar todo lo que allí sucedía y en especial los clientes que accedían, el tiempo que estaban con las víctimas y si éstas hablaban con los clientes de cosas particulares más allá del servicio contratado.
Dicho inmueble estaba distribuido en nueve habitaciones y tres cuartos de baño, de tal manera que la persona que hacía de encargada tenía una habitación para ella sola a modo de oficina, mientras que el resto de víctimas vivía hacinado en una o dos habitaciones, en literas, ocupando entre cuatro o cinco personas una habitación. El resto de estancias disponibles eran para la prestación de los servicios sexuales.
Distribución de droga
En la vivienda mencionada, además de prestarse servicios sexuales, como oferta adicional, con unos códigos previamente establecidos en el sector (fiesta, fiesteras, fiesta blanca), para aquellos clientes que lo solicitaran se distribuía droga, concretamente cocaína y en alguna ocasión pastillas de viagra, si bien las víctimas, que no podían negarse a prestar este servicio, no participaban del beneficio generado, que recogía únicamente a la acusada.
En la adquisición y traslado de la droga a la vivienda de la Avenida de Burgos colaboraba el también acusado J.R.A, pareja sentimental de la jefa. La situación narrada se mantuvo prácticamente intacta hasta febrero del año 2022, momento en el que la acusada, obsesionada con su propia seguridad personal, empezó a tomar medidas de protección más eficaces para evitar ser responsabilizada, llegado el caso, de la actividad narrada.
A partir de ese momento, sería su prima y también acusada M.A.P.G, natural de Paraguay y en situación irregular en territorio español, quien asumiría diversas funciones de gestión y control de la actividad para que la anterior pasara a un discreto segundo plano.
En las tareas de captación de mujeres participarían también, siempre según la acusación pública, los otros dos acusados, una mujer con iniciales M.G.G, y el varón H.J.A, quien trabajaba en una empresa de paquetería en Valladolid entregando y recogiendo paquetes principalmente para ciudadanos de Paraguay.
Operaciones de defensa interna: “Va ser la lucha frontal contra la delincuencia”, asegura Chase
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El senador Natalicio Chase se refirió al decreto firmado por el presidente de la República, Santiago Peña, por el cual “dispone el empleo de elementos de combate de las Fuerzas Armadas de la Nación en operaciones de defensa interna y define su ámbito territorial en la Región Oriental”. Para el legislador, será una herramienta para la lucha frontal contra el crimen organizado y la delincuencia.
“Yo le tengo más miedo al crimen organizado y al terrorismo que exista un abuso de poder. Las Fuerzas Armadas están preparadas para cumplir una función específica de acuerdo a lo que dice el decreto y va ser la lucha frontal contra la delincuencia”, señaló en conversación con los medios de prensa en el Senado.
Indicó que el Ejecutivo tomó esta decisión por hechos que ocurrieron últimamente. “Existen nuevos secuestros, existen informes de inteligencia que habrá tenido en cuenta el Poder Ejecutivo, nosotros en particular no tenemos los detalles de los análisis que han hecho el sistema de seguridad del país”, apuntó.
Por otra parte, sobre las críticas de algunos sectores, principalmente de opositores, que señalan que el despliegue de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) requiere de mucho presupuesto y poco resultado, respondió que la FTC es responsable de detener el avance de los grupos criminales como el Ejercito del Pueblo Paraguayo (EPP), Ejercito del Mariscal López (EML), y otros.
“Creo que los grupos narcoterroristas, porque así funcionan estos grupos, han casi desaparecido y ese es un logro, principalmente de las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales, y la Fuerza de Tarea Conjunta, es decir, sí ha habido resultados a diferencia de momentos anteriores cuando el EPP, el grupo Mariscal López y todos estos grupos armados tenían un dominio que no tenía alcance la fuerza de seguridad”, sentenció.
Con relación al decreto, refirió que probablemente al inicio de las actividades parlamentarias, la próxima semana, el Ejecutivo podría remitir el documento al Congreso para su debate.
Núñez asegura a gremios que no habrá sanción ficta de proyecto sobre caja fiscal
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El titular del Congreso Nacional, el senador Basilio “Bachi” Núñez, garantizó este miércoles a los gremios afectados por la reforma de la Caja Fiscal que no se producirá la sanción ficta del proyecto, cuyo plazo legislativo fenecerá en mayo próximo. La propuesta ya cuenta con la aprobación de la Cámara de Diputados y deberá ser tratada por la Cámara Alta el próximo 25 de marzo.
“La sanción automática en el Senado está totalmente descartada, ya que con la postergación de su estudio en el Senado, ya estábamos hablando de hacer modificaciones. Es más, una sanción automática del proyecto hablará de que las cámaras no están trabajando y mal haríamos que eso suceda", dijo el parlamentario a los medios de comunicación.
Núñez no descarta que la iniciativa pueda tratarse antes del 25 de marzo, siempre y cuando haya un acuerdo entre los gremios y el Congreso Nacional. Este miércoles celebran el segundo encuentro de una mesa de trabajo. “Se están teniendo en cuenta sus propuestas”, refirió.
El legislador incluso manifestó que al retomar sus funciones el próximo 1 de marzo, como titular del Congreso Nacional, convocará en los siguientes días a los líderes de las diferentes bancadas de la Cámara Baja con la finalidad de asegurar que los cambios planteados desde el Senado, en consenso con los diferentes gremios, para que sean acompañados por los Diputados cuando el proyecto sea devuelto a dicha institución.
Proyecto aprobado por Diputados
El proyecto aprobado por los Diputados y rechazado por los gremios establece que, para los docentes y magistrados, se plantea una edad mínima de 57 años para la jubilación ordinaria, con un aporte mínimo de 25 años, y una tasa de sustitución de 70 % hasta llegar a un 85 %. Mientras que, para la extraordinaria, se dispone de una edad mínima de 55 años, con un aporte mínimo de 30 años, además de una tasa de sustitución de 70 %.
El cálculo promedio tendría como base los últimos 5 o 10 años de aporte, dependiendo de cada caso. Para las fuerzas públicas se propone una edad mínima de 57 años, con 25 años de aporte y tasas de 60 % a 85 %. Sus haberes serían promediados con base en los últimos cinco años de servicio.