Durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, la administración del IPS exoneró el pago de sumas millonarias a la empresa de su familia política. Los documentos sobre el cobro del Instituto de Previsión Social (IPS) a la empresa hotelera muestran una verdad irrefutable: la exoneración de multas e intereses millonarios por parte del ente, pese a litigios ganados. En la administración de Jorge Brítez la situación se revirtió y de G. 5.557 millones “arreglados” en la era Abdo se logró ingresar G. 9.391 millones a las arcas de la institución.

Los hechos son muy claros y hablan por sí solos, pese al redireccio­namiento de cuestionamientos que se quiere hacer del sonado caso del Consorcio Hotelero Sudamericano SA, propiedad de la familia política del expre­sidente de la República Mario Abdo Benítez, que arrastraba multimillonarias deudas con el Instituto de Previsión Social (IPS) en concepto de aporte obrero patronal.

Después de un largo litigio por el cobro de la mencionada deuda y pese a los juicios ganados para cobro de capital, intereses y multas, por una resolución de fecha 6 de diciembre de 2018, el entonces Consejo de Adminis­tración perdonó estas obligacio­nes a la empresa de la familia de la esposa de Abdo Benítez. Con esta decisión, el monto a perci­bir por la previsional se redujo a G. 5.557 millones, con facilida­des de pago en cómodas cuotas para la firma deudora que apro­vechó sus privilegios al punto de incumplir hasta lo acordado. La situación mencionada cambió en el 2024 cuando la Dirección Jurídica de la previsional veri­ficó el incumplimiento y exigió el pago correspondiente por medio de ejecución de cobro, logrando así el IPS cobrar en una primera instancia la suma de G. 7.500 millones y posterior­mente la suma de G. 1.891 millo­nes, sumando así un ingreso total de G. 9.391 millones a las arcas de la institución.

Se impulsó igualmente una causa penal por evasión, habiéndose verificado que se descontaba a los empleados, pero no se aportaba al IPS, pri­vando así el Consorcio, familia política de Abdo Benítez, a sus trabajadores de las prestacio­nes médicas y del derecho a la jubilación, pese a los descuentos que les realizaban en concepto de seguridad social.

Así, surgió un primer acuerdo con la empresa Consorcio Hotelero en 2018 con el com­promiso de cancelar la deuda a noviembre de ese año, pero esto iba atado a millonaria exone­ración de G. 5.224 millones, es decir, casi el 50 % de la deuda, incluso de obligaciones que ver­saban al año 2003. Por si fuera poco, desde noviembre del 2018 hasta el inicio de la ejecución en febrero de 2024, el Consorcio Hotelero no cumplió con nin­gún punto del acuerdo homolo­gado, pese a todos los beneficios. Con la actual administración se revirtió la concesión que le dieron en el gobierno ante­rior a la empresa de la familia política de Abdo Benítez y el IPS logró el cobro de G. 7.500 millones inicialmente y luego, en el primer semestre de 2025, se canceló el total adeudado a la fecha de pago, lo que llevó a que en menos de un año se cobre la suma de más de G. 9.391 millo­nes a favor de los asegurados. Es importante remarcar que, si es que se aceptaba el acuerdo ante­rior del 2018, IPS iba a tener G. 1.900 millones menos en recur­sos y deja en evidencia a quienes intentaron sacrificar los dere­chos de los asegurados con rega­lías que constituyen un saqueo a la previsional.

Además del pago de millonarias multas e intereses, el Consorcio fue obligado a pagar las costas del juicio, decisión judicial uti­lizada como revancha mediá­tica del abdismo y redireccionó el tema colocando en centro de escándalos al exdirector jurí­dico y su equipo. Los tiroteos mediáticos ignoran que el pro­pio Consorcio realizó propues­tas de pago, e incluso de dación en pago de inmuebles, que fue­ron rechazadas por no ser con­venientes a los intereses del IPS. La empresa tuvo que asu­mir lo que correspondía, el pago del capital que adeudaban con intereses. En la misma pro­puesta presentada, solicitaron el pago del 5% (mínimo legal) a los abogados, todo ello abo­nado y pagado por el Consorcio. Si el propio Consorcio moroso planteó este pago, conforme a las costas que veía venir y con­siderando todo el regateo a la previsional para esquivar deu­das históricas, ¿que presunción puede haber sobre su sorpresiva iniciativa de cubrir los gastos que conlleva cualquier juicio?

Los costos que recayeron en la parte perdidosa, ejecuta­dos conforme a propuesta de la misma en el marco de la Ley, se convirtió en gigantesca cam­paña mediática con medias verdades. La prensa sangra por la herida de la empresa de la familia política de Abdo Bení­tez antes que defender el interés de los asegurados e IPS.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia des­trabó el proceso que enfrenta Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña, acusado por narco­tráfico y otros delitos, en el marco del operativo Berilo. Ahora, la máxima instancia judicial otorgó vía libre al juez penal de Garantías Miguel Palacios para fijar la fecha de la audiencia preliminar.

Los ministros Manuel Ramírez Candia, Luis María Benítez Riera y Euge­nio Jiménez Rolón resolvie­ron declarar inadmisible el recurso de apelación for­mulado por Yamil Ramón Cabaña, interpuesto contra la resolución que confirmaba la competencia del juez Pala­cios en el caso.

Cabe señalar que el Tribu­nal de Apelación en lo Penal (primera sala de la capital) ya había rechazado la recu­sación contra dicho magis­trado, decisión que ahora fue ratificada por la Sala Penal.

De esta manera, Palacios recu­pera la potestad para convo­car a la audiencia preliminar de Cabaña y los demás proce­sados por tráfico de drogas, lavado de dinero y asociación criminal. Esta diligencia fue suspendida en reiteradas oca­siones debido a las sucesivas chicanas presentadas por la defensa con el fin de dilatar el proceso. Tras esta resolución, se aguarda que el juez defina finalmente si los imputados enfrentarán o no un juicio oral.

El ingeniero José Tomás Rivarola, excoordinador del proyecto Metrobús, expresó su satisfacción en torno a la decisión del Ministerio Público de impulsar una investigación contra el exministro abdista de Obras Públicas, Arnoldo Wiens, por lesión de confianza y daño a obras construidas. Agregó que el expresidente Mario Abdo Benítez no puede evadir su responsabilidad en el fallido proyecto vial.

“Me da satisfacción que el exministro Wiens sea al menos investigado. La gente no lleva en cuenta que el gobierno de Horacio Cartes y la gestión de Ramón Jiménez Gaona dejaron un proyecto en marcha, con problemas severos, no vamos a decir que todo era perfecto, pero tenían soluciones. Se entregó un proyecto con financiamiento asegurado. Una decisión de este tipo (suspender las obras), un ministro de Obras Públicas no toma si no tiene al menos la anuencia y condescendencia del presidente de la República“, afirmó Rivarola sobre la implicancia de Abdo, ayer domingo en el programa “Cara o cruz” de Unicanal.

“La ideología política no formaba parte del proyecto Metrobús, hasta que llegó el gobierno de Mario Abdo Benítez. Esta actitud del gobierno del señor Abdo condenó a cientos de miles de personas a vivir peor. Creo que es de justicia que la historial real se conozca y que los responsables sean investigados, acá no no hay nadie que este por arriba de las leyes, no debe haber nadie“, refirió el ingeniero.

El acta de imputación fiscal refiere que Wiens, al asumir el cargo de ministro de Obras Públicas en agosto del año 2018, tenía la obligación de resguardar el patrimonio estatal y garantizar la continuidad de las obras del Metrobús, adjudicadas a la firma portuguesa Mota Engil.

Señala también que, antes de la administración de Wiens, el proyecto del Metrobús registraba un avance físico del 40 %. En ese contexto se habían construido seis estaciones, por las cuales el Estado paraguayo pagó la suma de G. 6.924.624.006. Por otro lado, el MOPC, bajo la gestión de Wiens, desembolsó G. 8.030.693.029 para la rehabilitación del tránsito en la zona afectada, mediante obras no contempladas en el contrato y la demolición de lo ya construido.

“Personalmente me generaba una angustia que las acciones del ministro Wiens no se investigaran cuando yo sabía exactamente lo que ocurrió. Fue en el gobierno de Mario Abdo Benítez que se decidió evitar que en el Paraguay exista un sistema de transporte mejor. El interventor de la obra en su informe final dictaminó que la obra debía continuar, era categórico. El Metrobús inició ya en el gobierno de Fernando Lugo, siguió con Federico Franco, luego Horacio Cartes y finalmente Mario Abdo, a través de Wiens, fue el que liquidó y mató este proyecto", sentenció.

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El Tribunal de Sen­tencia Especializado en Delitos Económi­cos y Corrupción presidido por la jueza Adriana Planas libró un exhorto a las auto­ridades judiciales de Bra­sil para que colaboren en la declaración, por medios tele­máticos, del supuesto narco­traficante Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua, quien es testigo en el juicio oral y público que debe ini­ciarse este miércoles contra Arnaldo Giuzzio, acusado por cohecho pasivo agravado por recibir favores del presunto pez gordo del narcotráfico.

De acuerdo a las informa­ciones oficiales, el testigo se encuentra privado de liberad en Brasil, por lo que se pidió la cooperación internacional bajo reglas de reciprocidad. Una vez que las autoridades del vecino país cooperen con la declaración de Marques de Padua se deberá designar a los peritos que van a tener a su cargo traducir la declara­ción del testigo.

El inició de la audiencia oral del hombre fuerte del gobierno de Mario Abdo Benítez está previsto para este miércoles a las 8:00 de la mañana luego de lograr la suspensión en varias opor­tunidades.

El Tribunal de Sentencia que debe juzgar el caso está con­formado por Adriana Pla­nas, Yolanda Morel y Mathías Garcete.

La acusación contra Giuzzio fue presenta el 16 de agosto de 2023 por los fiscales anti­corrupción Diego Arzamen­dia y Jorge Arce, quienes sos­tienen que el exfuncionario del gobierno de Mario Abdo Benítez tenía pleno conoci­miento de las intenciones de Marcus Vinicius de obtener contratos con el Estado para­guayo, concretamente con el Ministerio del Interior, ins­titución que Giuzzio lideraba hasta febrero del 2022.

La Fiscalía construyó su hipótesis conforme a supues­tas conversaciones vía What­sApp que fueron anexadas a la documentación de la causa, concluyendo que dichas evi­dencias exponen que hubo más de un encuentro entre Giuzzio y Marcus Vinicius. Entre las pruebas presen­tadas por los agentes fisca­les se menciona también que Giuzzio usó una camioneta del capo narco para vacacio­nar en Brasil entre diciembre de 2021 y enero de 2022.

También aparece el narco brasileño, Lindomar Reges Furtado, quien formaría parte del grupo criminal del también capo narco brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua. Se sospe­cha que Giuzzio recibió obse­quios por parte de Reges Fur­tado y que habría colaborado en su fuga del barrio cerrado en el marco del fallido opera­tivo Turf.