El senador Sergio Rojas manifestó que es urgente la necesidad de comprar radares para el control aéreo en el marco de la lucha contra el crimen organizado. El parlamentario señaló que se requieren por lo menos de 10 radares, teniendo en cuenta que Paraguay actualmente solo cuenta con 2 radares y ambos se encuentran inactivos.
“Tenemos 2 radares primarios que son de poco alcance, están inactivos hace 6 años. La empresa israelí nos dice que pueden mandar a reparar porque la empresa que vendió quiere cobrar una suma de dinero para diagnosticar lo que ocurrió, por eso pedimos al canciller que gestione trabajos ante el Gobierno y la empresa”, indicó Rojas en entrevista a la 1020 AM.
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Agregó que Paraguay es el único país sudamericano que no cuenta con radares para localizar el ingreso ilegal de aeronaves en su territorio; y que para su adquisición se requiere de un presupuesto, lo que se planteará en el Presupuesto General de la Nación (PGN) para el año 2024.
“Hay que comprar 10 radares. Si existe voluntad de combatir el crimen organizado, necesitamos la compra de radares. Pretendemos que la Comisión Bicameral fondee a las Fuerzas Armadas por lo menos 210.000 millones de guaraníes, unos 30.000 dólares, con los que se comprarían 3 radares de los 10 necesarios”, apuntó el parlamentario.
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El senador Rojas comentó que Paraguay cuenta con acuerdos con Brasil y Argentina para el control aéreo, sin embargo, Brasil dejó de realizar esos reportes. Además, se solicitó a la Cancillería Nacional para tener el mismo acuerdo con Bolivia.
“Tenemos convenio con Brasil y otro con Argentina que reporta el ingreso ilegal de aeronaves en nuestro país, pero Brasil hace rato dejó de reportar a pesar de que existe una ley. No sirve de nada porque Paraguay no tiene capacidad de control. No tenemos con Bolivia, entonces solicitamos a la Cancillería que tengamos el acuerdo con Bolivia”, explicó Rojas.
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Ministerio Público opera con 50 % de los fiscales requeridos y solicita mayor presupuesto para 2027
En el marco de la presentación de su plan financiero para 2027, el Ministerio Público detalló las prioridades estratégicas en recursos humanos, tecnología de investigación penal y obras edilicias. La institución fundamentó ante la Comisión Bicameral un requerimiento de G. 1.286 billones para el ejercicio fiscal de año que viene.
Durante la exposición ante la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso Nacional, las autoridades fiscales detallaron que los fondos serán destinados a cubrir necesidades críticas en tres áreas estratégicas:
- infraestructura
- tecnología de punta para el área forense
- y el fortalecimiento del talento humano.
Como argumento central para justificar el incremento de 1.286 billones de guaraníes, la institución expuso una marcada diferencia acumulada entre los presupuestos que se solicitaron y los que finalmente aprobó el Poder Legislativo en los últimos años. Entre 2023 y 2026, el Ministerio Público requirió un total de G. 4.211 billones, pero solo recibió G. 2.867 billones.
Esta brecha histórica dejó un descalce financiero de G. 1.344 billones, lo que ha limitado la capacidad de respuesta de la Justicia penal. El reflejo más inmediato de esta situación se dio en el presupuesto de 2026, año en que la institución solicitó G. 1.056 billones y sufrió un recorte de G. 293.000 millones, percibiendo únicamente G. 763.000 millones.
Durante la exposición indicaron que Paraguay necesita al menos 700 unidades fiscales, con sus correspondientes agentes fiscales titulares, mientras que actualmente la institución cuenta con aproximadamente 350 agentes fiscales, según los datos presentados.
”La solicitud presupuestaria para 2027 plantea la necesidad de contar con recursos que permitan ampliar la cobertura institucional, modernizar los servicios de investigación científica y mejorar las condiciones de atención a la ciudadanía", apuntaron.
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Inversión requerida
El Ministerio Público necesita laboratorios forenses, morgues judiciales, cámaras Gesell y depósitos de evidencias. Además de incorporar tecnología para el procesamiento de escenas del crimen, la identificación de personas y la preservación de los elementos probatorios.
Identificó limitaciones en infraestructura y disponibilidad de profesionales especializados, aspectos que requieren atención para fortalecer las investigaciones sustentadas en evidencia científica. Entre los proyectos mencionados se encuentra la conclusión de la sede del Ministerio Público en Encarnación.
“El fortalecimiento de la infraestructura, la tecnología y los recursos humanos constituye una prioridad expuesta por la institución para avanzar hacia una mayor capacidad de respuesta frente a los hechos punibles denunciados en todo el territorio nacional”, resaltaron.
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PGN 2027: titular del MEF expone sus prioridades ante la Bicameral
El ministro de Economía, Óscar Lovera, defendió ante la Comisión Bicameral de Presupuesto los principales lineamientos del proyecto de Presupuesto General de la Nación 2027, que ahora está bajo estudio del Congreso. Explicó que el 98 % del presupuesto institucional se destina al cumplimiento de las obligaciones del Estado y al servicio de la deuda pública, principalmente para cubrir jubilaciones, transferencias y compromisos financieros.
En el marco de las audiencias informativas de la Comisión Bicameral, presidida por la diputada Cristina Villalba, el alto funcionario junto a los legisladores miembros de esta mesa de trabajo evaluaron el proyecto de ley que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2027. El ministro Lovera confirmó que la propuesta presupuestaria asciende a G. 166.322.078.980.116.
Así también, sobre los gastos operativos, que representan el 2 % del total, señaló que se priorizan el capital humano y la tecnología, con el propósito de optimizar los demás gastos de funcionamiento. Asimismo, destacó el fortalecimiento del equipo técnico del Ministerio mediante la incorporación de profesionales calificados, con criterios de paridad de género y vocación de servicio público.
Ingresos tributarios y jubilaciones
El ministro también se refirió al impacto de la caída del dólar en los ingresos aduaneros y la recaudación tributaria. Al respecto, indicó que el crecimiento de la recaudación llegó al 2,3 % hasta septiembre, por debajo del 8 % previsto inicialmente.
Ante este escenario, anunció que el equipo económico convocará a representantes de diez gremios para analizar los efectos de la variación del tipo de cambio.
Por otra parte, informó que el proyecto de presupuesto contempla un incremento del 20 % en las transferencias destinadas a jubilaciones, debido a la actualización vinculada al salario mínimo y a las solicitudes de jubilación presentadas.
Intervención de legisladores
Durante el intercambio, el senador Ignacio Iramain sostuvo que la gestión de un ministerio no debe evaluarse únicamente por su capacidad para cumplir con las obligaciones financieras, sino también por los resultados obtenidos con el uso de los recursos públicos.
Si bien, Iramain valoró el cumplimiento de los compromisos del Estado, advirtió sobre la necesidad de prestar atención al desequilibrio entre los ingresos y los egresos.
En tanto, que la senadora Celeste Amarilla solicitó información detallada sobre la composición de la deuda pública, en particular, la identidad de los acreedores y los montos adeudados a cada uno. En ese sentido, sostuvo que estos datos deben estar disponibles para la ciudadanía, en cumplimiento de los principios de transparencia y acceso a la información pública.
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Sitrande anuncia movilizaciones por tarifa y presupuesto
Funcionarios de la Ande anuncian movilizaciones para la próxima semana. El 27 y 28 de octubre marcharán desde la sede central hasta el Ministerio de Economía, informaron en conferencia de prensa.
“Vamos a salir en protesta para que se fortalezca la Ande en cuanto a los recursos energéticos. Nosotros estamos interesados en que la tarifa de Itaipú baje al piso”, comentó ante los medios, Adolfo Villalba, representante de la Sitrande.
En ese contexto, aseguró que la tarifa intermedia beneficia solo a un sector. “Lo único que hace es que se hagan los gobernadores, pero se empobrece la institución donde nosotros trabajamos”, reclamó.
Asimismo, dijo que esta situación empobrece el servicio a los usuarios, por la falta de recursos, manifestó el sindicalista.
“Si se cumpliera el Tratado de Itaipú, la Ande iba a tener hoy como 400 millones de dólares más, para invertir en líneas de transmisión, en transformadores, en infraestructura, en subestaciones. Entonces, una de las cosas que exigimos es que se baje al piso la tarifa de Itaipú”, aseveró.
También van a pelear por el recorte que sufrió el ente en su presupuesto para el año que viene, anunció.
La movilización se hará en la explanada de la sede central de la Ande, sobre la calle España de nuestra capital, donde se concentrarán los funcionarios de las distintas oficinas. Luego marcharán hasta el Ministerio de Economía.
Por otro lado, mencionó que tienen un estudio técnico que señala que gran parte del programa Hambre Cero está siendo financiado por los fondos de la Ande. “Nosotros no criticamos que haya alimentación para los niños en las escuelas. Pero se le desvalija a la Ande, se le deja sin fondo, y se está haciendo rico a los gobernadores”, aclaró.
Entonces, saldrán a las calles a protestar para que también se discuta ese punto, “porque no se está hablando de eso”, expresó.
Operativo Verano
En otro orden, se refirió al operativo verano. “Como todos sabemos, estamos a las puertas del verano y se multiplican los recursos. Si en invierno, tenés una cuadrilla por turno, en el verano necesitás dos o tres cuadrillas por turno”, refirió.
Eso significa herramientas, móviles, funcionarios, “y se nos hace cuesta arriba para conseguir recursos. Tenemos siempre escasez de material. Se prioriza cualquier otra cosa”, apuntó.
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CSJ y Fiscalía General exponen sus necesidades presupuestarias para 2027
La Comisión Bicameral de Presupuesto, encargada de estudiar el proyecto de ley que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2027, recibió ayer lunes, al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, y al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, quienes expusieron las principales prioridades y necesidades presupuestarias de ambas instituciones.
En primer término, Martínez Simón presentó la propuesta presupuestaria de la institución, que establece como meta incrementar en un 5 % la resolución de causas ingresadas a nivel nacional, con el propósito de contribuir a reducir la congestión judicial.
Asimismo, destacó la integración del Registro Unificado Nacional (RUN), en el marco de la Ley N.º 7424/2025, y la necesidad de dar continuidad a la implementación tecnológica y financiera de este sistema, orientado a fortalecer la gestión registral y avanzar en el proceso de transformación digital.
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La propuesta presupuestaria de la CSJ asciende a G. 2.444.386.000.000, equivalentes a aproximadamente USD 428,4 millones. Los recursos se destinarán a servicios personales y no personales, bienes de consumo e insumos, inversión física, servicio de la deuda, transferencias, gastos judiciales y otros conceptos.
En comparación con el presupuesto vigente, la propuesta representa un incremento del 19 %, equivalente a G. 397.642 millones
Ministerio Público
Por su parte, el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, presentó la propuesta presupuestaria del Ministerio Público, estructurada en torno a ejes estratégicos vinculados con la eficacia y eficiencia de la gestión institucional, así como con el control de calidad de la gestión fiscal.
Entre los objetivos expuestos, mencionó el fortalecimiento del sistema de gestión fiscal, la promoción de una atención inclusiva y de calidad, y la mitigación de riesgos que puedan afectar el desempeño de la institución.
También señaló la necesidad de ampliar la cobertura de las unidades fiscales penales en los distintos departamentos del país. Según lo expuesto, la cantidad actual de fiscales permitiría cubrir únicamente las necesidades de las agencias de Asunción, Central, Caaguazú, Alto Paraná e Itapúa.
La propuesta del Ministerio Público asciende a G. 1.286.764.270.960 y contempla el financiamiento con recursos del Tesoro y recursos propios. Entre los principales requerimientos figuran la creación de nuevos cargos para el área misional, el apoyo técnico a la gestión fiscal y las áreas de administración financiera y apoyo.
En cuanto a la inversión física, se prevén la adquisición de vehículos, la modernización del laboratorio forense, la ejecución de obras institucionales, la compra de equipos informáticos, la renovación de chalecos antibalas y la adquisición de software especializado, muebles y útiles de oficina.
La Comisión Bicameral de Presupuesto es presidida por la diputada Cristina Villalba e integrada por senadores y diputados. Las reuniones se desarrollan en modalidad presencial y virtual, desde la sala de sesiones de la Cámara de Diputados.
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