El ministro de la Niñez y Adolescencia, Walter Gutiérrez, anunció que el Poder Ejecutivo se encuentran analizando la posibilidad de implementar dentro del sistema penal paraguayo la prisión permanente revisable, una alternativa que sí permite la Constitución y que difiere sustancialmente de propuestas que se encuentran actualmente dentro del Congreso.

“Estoy de acuerdo con que se puede incorporar la prisión permanente revisable, y lo estamos debatiendo en el Poder Ejecutivo, incluso en este debate está participando una eminencia del derecho como es la exministra de la Corte Suprema de Justicia, Alicia Pucheta, estamos hablando y viendo que si se hace bien, se puede. La prisión permanente revisable no es cadena perpetua, porque la cadena perpetua es inconstitucional en el Paraguay”, explicó.

En este sentido, el secretario de Estado detalló las diferencias entre ambas figuras. Cuando se habla de cadena perpetua, no hay posibilidad de que el individuo pueda reintegrarse a la sociedad, en cambio, con la prisión permanente revisable sí es posible, pero está sujeto a constantes análisis que determinen si realmente la persona está en condiciones de reinsertarse o si es mejor que continúe privado de su libertad.

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“Por ejemplo, si se le condena a una persona por 30 años en el marco de la prisión permanente revisable, cuando se cumplan los 30 años, lo que va a suceder es que un equipo especializado va a hacer un análisis profundo desde lo psicológico, psiquiátrico, socioambiental y otras aristas, verá si al momento del cumplimiento se encuentra en condiciones de ser reinsertado, si no es un peligro, recién ahí se le inserta”, añadió.

Gutiérrez señaló que esto no va en contra de lo que establece la Constitución, que en su artículo n.° 20 sobre el objeto de las penas habla de dos puntos, de la reinserción de la persona privada de libertad, pero también de la protección a la sociedad. “Acá uno no cae en una contradicción porque le estás dando la posibilidad de que pueda ser reinsertado, pero ponés como condicionante que le tenés que proteger a la sociedad, es equilibrar los dos pilares que están dentro de la Constitución”, sostuvo.

Esta propuesta en análisis difiere del proyecto presentado por el diputado Rubén Rubin, que estipula la posibilidad de elevar penas, llegando incluso a superar los 90 años. El ministro fue enfático ante la 1020 AM que la iniciativa del legislador, si bien fue presentada como una prisión permanente revisable, no lo es.

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“No lo digo solamente como ministro ni parte del Poder Ejecutivo, sino como profesional del derecho, tengo un doctorado y soy del área constitucional. Así como está planteada la propuesta, es inconstitucional. A lo que se presentó se le dio el nombre de prisión permanente revisable, pero no es, no se compadece de esa figura, es como querer llamarle gato al caballo”, aseveró.

• Por Lourdes Torres - Periodista - lourdes.torres@nacionmedia.com.

Los diputados de la bancada oficialista, Rocío Abed y Derlis Rodríguez, consideran que la propuesta presentada por su colega Rubén Rubin que plantea la prisión permanente revisable sería inconstitucional porque en esencia es una cadena perpetua solapada al plantear elevar las condenas a 90 años.

En comunicación con La Nación/Nación Media, la diputada Abed, líder de la bancada oficialista, comentó que los casos de crímenes que tuvo por víctimas a niñas como Melania y María Fernanda, han destrozado la moral y verdaderamente interpela a todos como sociedad, porque el sistema falló y no se pudo proteger a esas niñas.

Indicó que, si bien esta situación genera un sentimiento colectivo, lo que corresponde es llevar adelante un pensamiento reflexivo en el ámbito legislativo. Señaló que el proceso de creación de leyes es dinámico, se debe tener mucho cuidado sobre todo en el Derecho Penal, y tener en cuenta que la norma se debe fundamentar en principios de racionalidad, justicia y estabilidad del sistema legal.

“El proyecto presentado y muy promocionado por el colega, al que le pone el rótulo de la figura de Prisión Permanente Revisable, pero en realidad el contenido del proyecto es totalmente diferente. No tiene los elementos, los principios, ni las características de ese tipo de sanción penal. El proyecto del colega plantea una cadena perpetua simple y llanamente bajo otro título”, explicó Abed.

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Señaló que el planteamiento deviene inconstitucional, en razón de que al establecer penas excesivamente elevadas (90 años) no se abre la posibilidad, en ningún caso, de prever un margen de acceso a uno de los preceptos constitucionales consagrados en su artículo 20, que es el de la reintegración del individuo a la sociedad.

“Debemos evitar caer en el populismo punitivo. Si bien, la Prisión Permanente Revisable es una figura interesante, adoptada por varios países democráticos, esta debe basarse en dos principios fundamentales: 1) la proporcionalidad de la pena frente a crímenes particularmente aberrantes y 2) la posibilidad de revisión que garantice el respeto a la dignidad humana”, puntualizó.

Agregó que estaría de acuerdo en una propuesta seria, estudiada y a luz de lo que establece el artículo 20 de la Constitución Nacional, con el aporte de expertos, la cartera competente y legisladores podría ser factible, legítima y sobre todo compatible con la Carta Magna. Teniendo en cuenta la doble finalidad constitucional de las penas privativas de libertad, las cuales son la protección de la sociedad y, por el otro, la readaptación del condenado.

A su turno, el diputado Rodríguez indicó a esta redacción que esta semana última tuvieron dos audiencias públicas, donde contrariamente al planteamiento de su colega Rubin, están analizando la posibilidad de mantener las penas privativas e incluso ver la forma de reducir incluso las prisiones preventivas, atendiendo la alta aglomeración de personas privadas de libertad en las cárceles, que están con el doble de su capacidad.

“Limitar la prisión preventiva a un máximo de 2 años busca reducir la sobrepoblación en las penitenciarías, garantizar los derechos fundamentales y mejorar la eficiencia del sistema judicial. La reforma no beneficia a corrupción ni a delincuentes, sino que busca promover una justicia más justa, rápida y respetuosa de los derechos humanos”, explicó.

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Igualmente, coincidió que lo que se debe trabajar más profundamente son en los planes de reinserción de las personas privadas de libertad. “Tenemos situaciones como las que se tuvo recientemente en Caazapá, justamente porque el sistema penitenciario no trabaja en lo que la Constitución y las leyes dicen que es la reinserción social del recluso”, señaló.

Por lo expuesto es que considera también que el planteamiento de su colega va en contra posición a lo que establece las leyes. “Por sobre todo, no es lo que el espíritu constitucional tiene. Además, debemos recordar que cualquier cambio legislativo debe estar en armonía con los principios fundamentales que rigen nuestra Constitución”, refirió Rodríguez.

Finalmente, indicó que la Constitución Nacional coloca un fuerte énfasis en la rehabilitación y reintegración de los condenados, lo cual es reflejado en el artículo 20. “Este enfoque busca no solo proteger a la sociedad, sino también ofrecer a los infractores la oportunidad de redimirse y contribuir positivamente a la comunidad, un principio que se encuentra en el corazón de la justicia restaurativa”, concluyó.

El Centro Cultural de la República El Cabildo, a cargo de Aníbal Sau­cedo Rodas, detalló las obras que realizarán con la amplia­ción presupuestaria de G. 1.880.000.000, en el Objeto de Gastos 522 – Construcción de obras de uso institucional, dentro del PGN 2025 del Con­greso Nacional. Y que forma parte de la ampliación presu­puestaria autorizada por el Decreto N.° 4309 del Poder Ejecutivo.

Señalan que la obra estará ubi­cada en el terreno colindante a la Casa Bicentenario de la Música Agustín Pío Barrios, en la calle Cerro Corá entre Tacuary y EE. UU., actual­mente utilizado como esta­cionamiento de dicha casa. Constará de 2 niveles y una terraza, con una dimensión de 170 m² por piso, incluye la anhelada sala de ensayos de la Orquesta Sinfónica de la Orquesta del Congreso de la Nación - OSIC, acondicionada con revestimientos acústicos y ajustada a las necesidades técnicas que una agrupación de este nivel requiere.

Asimismo, esta sala servirá para fines de ensayos de otras agrupaciones y como audito­rio para eventos musicales internos y externos. En el segundo piso se habilitará una sala de exposiciones de nuestro acervo permanente, como así también se podrá dotar, finalmente, de un espa­cio unificado y adecuado para el resguardo y acondiciona­miento de dicho patrimo­nio tangible, el cual por falta de espacio actualmente se encuentra resguardado en el Cabildo, en el Observato­rio Cultural y en la bóveda del BCP.

Completan la obra una terraza para múltiples usos y el estacionamiento en planta baja para mayor comodidad de los usuarios.

Destacan que todas las activi­dades y espacios del Cabildo y sus Casas del Bicentenario son de carácter gratuito. Los mismos se encuentran a dis­posición de la ciudadanía para la difusión de las disciplinas del arte y fortalecimiento de la consciencia y memoria his­tórica.

En ese contexto, conside­ran de suma importancia puntualizar que estos fon­dos contribuirán significa­tivamente a nuestra tarea de generar espacios nece­sarios para el cumplimiento de nuestros objetivos insti­tucionales; principalmente teniendo en cuenta el progre­sivo crecimiento del acervo cultural (obras de arte, docu­mentos, objetos y otros) y de la alta demanda que tenemos a diario, en cuanto a la reali­zación de actividades cultu­rales, tanto las generadas por el CCR Cabildo y las de inicia­tiva ciudadana o de sectores culturales.

El abogado Guillermo Duarte Cacavelos cuestionó duramente el proyecto de ley presentado por el diputado Rubén Rubin, que propone incorporar la figura de la prisión permanente revisable y elevar las penas privativas de libertad a niveles que podrían superar los 90 años. Según el constitucionalista, la propuesta es contraria a los principios establecidos en la Constitución y contiene además ciertos errores.

“No hay ninguna vuelta, es inconstitucional”, aseveró el abogado y explicó el por qué es inviable la propuesta presentada por el diputado independiente. “Se plantean cuestiones que hoy tienen una motivación claramente populista desde la misión de persona pública que está ahí por votos”, añadió.

Duarte Cacavelos afirmó que analizó la propuesta legislativa impulsada por Rubin y detalló que la redacción contiene problemas constitucionales dado que se habla de la cadena perpetua y de penas muy elevadas para lo cual se establece un límite en la regulación constitucional.

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“En el artículo n.° 20 establece claramente cuáles son los fines de la pena y cómo se justifica la aplicación de una pena que debe tener como finalidad, aparte de la protección a la sociedad, debe servir para readaptar a una persona, si se dispone de una cadena perpetua se está violando ese artículo que consagra que se tiene como misión que la persona se readapte a una vida sin delinquir”, señaló.

El abogado además mencionó que por la forma en que se plantea el proyecto, quedó en evidencia el gran desconocimiento del sistema jurídico penal, puesto que desconoce figuras que ya existen en el Código Penal Paraguayo, y como ejemplo, mencionó que se describe al “dolo eventual”, como si fuera un elemento que no existe actualmente en la normativa paraguaya.

“Lo cual es una falacia, actualmente están castigados los hechos punibles dolosos en todas sus formas. Después desconoce la punibilidad de la tentativa, porque empieza a describir que también se castiga la tentativa en ciertos crímenes y en la parte general del Código Penal se establece ya que la punibilidad de la tentativa se establece en todos los crímenes, solo en los delitos se debe regular la tentativa, y eso también se desconoce”, sostuvo.

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Como otro de los puntos cuestionados del proyecto, hizo mención del desconocimiento de la existencia de la regla para aumentar marcos penales en casos de concurso de hechos punibles. Indicó que si se aplica lo planteado por Rubin, se podrían llegar a penas de más de 130 años. “Claramente se desconocen las reglas vigentes y existentes”, enfatizó.