El presidente del Congreso Nacional, Silvio “Beto” Ovelar, defendió el proyecto sobre la creación de la superintendencia de jubilaciones y pensiones que propone junto con sus colegas Arnaldo Samaniego, Hermelinda Alvarenga y Dionisio Amarilla, y se encuentra en tratamiento en la Cámara de Senadores.
Al respecto, el parlamentario sostuvo que la finalidad de la iniciativa se centra en evitar un “colapso” de la caja fiscal a corto plazo. “Toda reforma genera reacciones, pero no podemos rehuir a la realidad que tenemos. Se cuenta con una caja fiscal que quebrará si seguimos con el mismo régimen, muchas veces los políticos tenemos que asumir posiciones, muchas veces puede resultar hasta a veces desagradable, pero tenemos que analizar muy bien el escenario que ahora tenemos. Esto no significa que se tenga que llevar adelante a rajatablas las modificaciones y las reformas”, manifestó.
La finalidad principal de la iniciativa, según los proyectistas, se centra en garantizar el otorgamiento de las prestaciones previsionales presentes y futuras en tiempo y forma, velando por las mejores condiciones de seguridad, plazo, garantía y rendimiento de los fondos en este orden de importancia, así como por la sustentabilidad financiera y actuarial del sistema.
“Yo creo que la reforma y la creación de la superintendencia mejorará notablemente el funcionamiento de la caja”, indicó el senador mediante una entrevista con los medios en la Cámara Alta.
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La propuesta es cuestionada por gremios de trabajadores y jubilados, además de los legisladores de la oposición, quienes expresaron el temor de que el fin principal sea “privatizar” el sistema jubilatorio o crear una entidad con “superpoderes”.
“Esto implica tener que debatir, dialogar, no debemos sorprendernos que haya berrinches en la democracia, lógicamente hay coincidencias y disidencias, se debe escuchar a todos, pero no se debe desconocer la realidad de la caja fiscal. Así como están las cosas esto va a colapsar en algunos años más y las medidas que se tomarán nos afectarán a los actuales beneficiarios, esto se va a legislar para el futuro”, puntualizó.
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Por ley buscan crear figura del “consorcio” para obras conjuntas entre municipios y gobernaciones
Un proyecto de ley que plantea crear la figura del “consorcio” para que municipios y gobernaciones puedan encarar obras conjuntas tuvo entrada oficial en la Cámara de Diputados.
La iniciativa es impulsada por los diputados colorados Miguel Del Puerto y César Cerini. Se trata de la modificación y ampliación del Artículo 19 de la Ley N° 3966/2010 - Orgánica Municipal.
La idea es agilizar las inversiones, el acceso a créditos y la ejecución de obras que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos.
El documento apunta a otorgar herramientas concretas a los gobiernos locales para trabajar de forma asociada y eficiente, según el proyecto.
El diputado Del Puerto explicó que la normativa actual limita el accionar conjunto entre municipios y deja fuera a las gobernaciones.
“Hoy un intendente solo no puede encarar un hospital regional o una ruta que cruce tres distritos. Con esta ley, podrán unirse, poner recursos en común y ejecutar obras que solas serían imposibles”, fundamentó.
Se plantea la creación de Consorcios Municipales y Departamentales, a fin de posibilitar que municipalidades y gobernaciones conformen una nueva figura jurídica con administración propia para encarar proyectos en común.
Así también, habilita la posibilidad del manejo de fondos conjuntos. “Las municipalidades y gobernaciones que integren un consorcio podrán disponer de una caja común para ejecutar obras y servicios, previa autorización de sus respectivas juntas municipales y departamentales”, refiere el texto legislativo.
Por otro lado, se autoriza el acceso a créditos y alianzas público privadas. “Los consorcios podrán adquirir créditos con entidades bancarias y establecer Alianzas Público-Privadas para financiar obras de gran envergadura, sin depender, exclusivamente, del Presupuesto General de la Nación (PGN)”, añade el proyecto de ley.
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Paraguay al peldaño del pleno empleo
Con una reducción del desempleo en 3,6 %, el sector privado liderando la creación de fuentes de trabajo, mayor participación femenina y debate por el ajuste salarial, Mónica Recalde explica la estrategia ante este nuevo escenario.
La cartera de Trabajo abarca muchas aristas, el empleo es un eje fundamental. ¿Cómo está evolucionando?
En el periodo 2024-2025 tuvimos un crecimiento bastante sostenido de la generación de empleo en Paraguay. Creció la ocupación, el empleo asalariado privado, mientras que el empleo público disminuyó y el trabado independiente se mantuvo constante.
Observamos que el mayor empuje que tuvo nuestro mercado laboral se dio por el sector empresarial, principalmente por la generación de puestos de trabajo en rubros específicos.
¿Qué sectores son los principales generadores de empleo?
El número uno es el sector comercio y servicios, que generó más de 100.000 empleos. Esto responde al modelo económico actual, basado principalmente en la actividad comercial y de los servicios, que tuvo un repunte muy importante en los últimos dos años.
Luego está el sector industrial, que tuvo un incremento muy importante, y después la construcción, que también creció, aunque de forma menos intensa que los otros sectores.
¿Y en materia de desempleo, cuál fue el comportamiento?
El nivel de desempleo cayó a un nivel muy bajo. Actualmente estamos en 3,6 %. Cuando empezamos esta administración estaba en 6,2 %, luego bajó a 5,6 % y ahora estamos en 3,6%. Es decir, hubo una caída de casi tres puntos porcentuales en dos años y medio, y lo interesante es que la reducción fue sostenida en casi todos los trimestres.
¿Realizando un comparativo con la región, cómo se encuentra Paragua en términos de desempleo?
Paraguay tiene uno de los niveles de desempleo más bajos de la región, comparado con países como Argentina, Uruguay, Chile o Brasil. Incluso México es el único país que está por debajo, con aproximadamente 2,6 %, pero en términos generales bien, ya que estamos rozando el pleno empleo.
¿Esto es un indicador más que positivo para la imagen país?
No necesariamente es negativo tener o mantener la tasa de desempleo, porque significa que todavía hay disponibilidad de la fuerza laboral en el mercado. Si llegan más inversiones o se expanden las industrias existentes, todavía hay personas disponibles para absorber, y eso evita tener que recurrir a mano de obra externa.
¿Qué otros movimientos se observaron dentro del mercado laboral?
Vimos un salto de personas que estaban en la inactividad y pasaron directamente a trabajar, sin pasar por la desocupación. Eso representa un dinamismo distinto. Además, el trabajo familiar no remunerado se redujo, con muchas personas que pasaron a empleos remunerados.
¿Podría aclarar la diferencia entre desempleo e inactividad?
El desempleo es una persona que estuvo buscando trabajo y no encontró. La persona inactiva es aquella que no trabaja ni está buscando empleo. Por ejemplo, amas de casa, estudiantes, jubilados o personas que no pueden incorporarse al trabajo. En tanto que el ocupado es quien tiene un empleo, ya sea asalariado, independiente, doméstico o incluso familiar no remunerado.
¿Respecto a la participación femenina, cómo se está desenvolviendo?
El incremento más importante que se dio en el 2025 de hecho fue la inclusión de mujeres al mercado de trabajo, con más de 74.000 mujeres que ingresaron, principalmente en el sector asalariado privado. Ese fue el posicionamiento más relevante dentro de la dinámica laboral reciente.
¿Qué acciones están encarando, alguna iniciativa que fomente el empleo formal?
Estamos en plena ejecución del programa de empleo circular con España, que Paraguay implementa por primera vez en el marco de un acuerdo. Permite que paraguayos vayan a trabajar de manera temporal, formal, con contrato, seguro social y visa laboral durante dure el programa o la campaña, porque son empresas agrícolas las que demandan de personal de campo.
¿Cómo se dio esta primera experiencia?
Tuvimos un primer grupo de 100 trabajadores que ya se encuentran en Huelva, que es una provincia de Andalucía, de las más de 2.000 postulaciones para esos puestos. El proceso incluyó reclutamiento, preselección y entrevistas con las empresas españolas.
¿Qué perfil tienen los trabajadores seleccionados?
Son personas entre 22 y 44 años, principalmente del sector agrícola. Se reclutó gente de zonas como San Pedro, Caaguazú, Caazapá, Misiones y Central. El grupo está compuesto por aproximadamente 60 hombres y 40 mujeres.
¿Cuáles son las condiciones laborales del programa, qué implica?
El salario es de alrededor de 60 euros por día, con seguro social incluido. También cuentan con alojamiento, pasaje de ida, y ya la vuelta es que deben costearse ellos con lo percibido. Como dije, es un trabajo temporal, durante la campaña agrícola, y este grupo estaría regresando en noviembre.
¿Cuándo culmine la campaña, pueden optar por quedarse o seguir?
Deben retornar al país, porque es un programa con retorno obligatorio. Sin embargo, pueden volver a participar hasta en cuatro ciclos, dependiendo de la demanda de las empresas.
¿Qué impacto se espera de este programa?
La idea es que los trabajadores adquieran nuevas habilidades, aprendan técnicas agrícolas y luego puedan aplicar ese conocimiento en sus propias fincas. También podrán ahorrar y acceder a créditos productivos al regresar.
¿Se puede esperar que se amplíe este programa a otros sectores?
Sí, especialmente en sectores como la construcción, porque España tiene una alta demanda de mano de obra por el envejecimiento de su población.
¿Por qué buscar a trabajadores de otro continente, por qué paraguayos?
Los extranjeros, inversionistas y en especial los españoles, valoran mucho la responsabilidad, capacidad de aprendizaje, adaptación y compromiso del paraguayo, además de la facilidad de integración cultural, y por el idioma mismo.
¿Con relación al salario mínimo, qué se está analizando?
Hasta el momento, como es de conocimiento, el salario mínimo tradicionalmente se ajusta por la inflación, pero hay que entender que la ley permite incorporar otras variables económicas. El análisis ya se inició en el Consejo Nacional de Salarios Mínimos (Conasam).
¿Qué otras variables podrían considerarse?
Se pueden incluir indicadores como el PIB que es el crecimiento económico, o parámetros regionales del salario mínimo. Lo cierto es que la discusión está abierta para evaluar nuevos mecanismos de ajuste, y que la misma normativa lo estipula.
¿Cuál es el principal desafío en este aspecto?
El alto nivel de endeudamiento de los trabajadores y el impacto del costo de vida, especialmente en alimentos, transporte y vivienda, que representan la mayor parte del gasto de los hogares.
Entendemos que el reajuste merece nuevas variables de medición, y la propuesta debe venir de Conasam, que integra a representantes de tres sectores, por un lado, el gobierno con la figura del director del Empleo; los trabajadores que es el sector obrero; y los empleadores o patronal.
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Ejecutivo reglamenta aporte jubilatorio para contratados que cotizarán a la Caja Fiscal
El Poder Ejecutivo promulgó el Decreto N.° 5929/2026, mediante el cual se reglamenta el régimen de seguridad social para los empleados públicos contratados de los Organismos y Entidades del Estado (OEE).
La normativa dispone la incorporación obligatoria de estos trabajadores al Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público, administrado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en cumplimiento de la Ley de la Función Pública y del Servicio Civil.
La medida será efectiva a partir del segundo semestre del presente ejercicio fiscal. Como paso previo, los empleados contratados deberán gestionar ante la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) la baja o suspensión de su registro en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a través del Sistema Marangatu, ya que dejarán de facturar como prestadores de servicios para pasar a ser cotizantes directos de la Caja Fiscal.
Implementación progresiva y antigüedad
Si bien los contratados dependientes del Poder Ejecutivo inician sus aportes este año, el decreto establece un cronograma para el resto de los Organismos y Entidades del Estado. Estos se incorporarán de manera gradual, teniendo como plazo máximo el 1 de enero de 2028.
Un punto clave de la reglamentación, basada en el artículo 84 de la Ley N.° 7445/2025, es la preservación de la antigüedad. En caso de que un empleado contratado pase a ser funcionario permanente mediante concurso o asuma un cargo electivo, seguirá aportando de forma ininterrumpida, y su antigüedad se computará desde el primer aporte realizado bajo la figura de empleado público.
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Retenciones y excepciones
Los OEE serán los encargados de efectuar las retenciones correspondientes sobre las remuneraciones imponibles. Para viabilizar la liquidación, cada contrato registrado en el Sistema Nacional de Recursos Humanos (SINARH) deberá incluir obligatoriamente el código de cotizante.
Quedan exceptuados de esta medida, los contratados por productos específicos; las consultorías; y los servicios profesionales independientes que no impliquen una relación de dependencia con el Estado. Estas categorías continuarán rigiéndose por las disposiciones tributarias y administrativas actuales.
Ajustes administrativos
El MEF será la autoridad encargada de reglamentar los procedimientos técnicos y contables. Asimismo, se realizarán los ajustes necesarios en el Sistema Integrado de Administración de Recursos del Estado (SIARE), para garantizar que la transición operativa y el flujo de los aportes jubilatorios se realicen de manera eficiente y segura.
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Gobierno ve con buenos ojos cambiar el IPC para fijar el salario mínimo
Mañana martes se reunirá el Consejo Consultivo Tripartito (CCT) para analizar propuestas sobre la fijación del salario mínimo. Al respecto, César Segovia, viceministro de Trabajo, dijo que la instancia es más amplia que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasam) y que hay planteamientos a ser analizados entre las partes. La visión del Gobierno consiste en ir más allá del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
El funcionario explicó que el CCT es más amplio que la Conasam, dando cabida a más entes del Estado, sindicatos y gremios empresariales. La instancia consultiva fue creada por decreto en el año 2014, precisó en diálogo con la 780 AM.
Segovia habló sobre las diferentes propuestas acercadas, tanto desde los sindicatos, los empresarios y la visión del propio Gobierno. “Son diferentes propuestas, sobre todo del sector sindical, una de ellas que plantea el reajuste del 20 %, una del 25 %, otra que plantea incorporar en el análisis una nueva canasta de productos, por sobre todo alimenticios, y apartarse un poco del IPC, que es lo que la normativa establece en el artículo 255”, explicó. “El sector empresarial ha manifestado su predisposición a escuchar, pero aparentemente están con la idea de mantener el IPC”, citó por otro lado.
Visión del Gobierno
En cuanto a lo que puede plantear el Gobierno en la fijación del salario mínimo, expresó que el IPC no sería un índice adecuado actualmente. “En el Gobierno estamos con la idea de que el IPC es un buen instrumento a nivel monetario, pero no para poder evaluar adecuadamente la pérdida del poder adquisitivo del trabajador asalariado y, por sobre todo, del salario mínimo, ya que el IPC contiene canasta muy amplia de productos, y muchos de los cuales no consume habitualmente el sector trabajador”, manifestó.
La normativa vigente establece que, a mitad de año, la Conasam debe establecer el reajuste del salario mínimo con base en la variación del IPC (inflación acumulada), fijado por el Banco Central del Paraguay (BCP).