El ministro de Justicia Ángel Barchini adelantó que la redacción definitiva de la reglamentación para la aplicación de las tobilleras o pulsaras electrónicas para los casos de arrestos domiciliarios u tras medidas similares, ya estaría lista esta semana y las mismas costarían entre USD 180 y USD 270 por mes por cada usuario. El secretario de Estado indicó que la instrucción del presidente de la República, Santiago Peña, es la de lograr la utilización de este dispositivo de seguridad.
“Estamos trabajando por instrucción del presidente de la República en la utilización de las pulseras o tobilleras electrónicas, creo que esta semana vamos a tener la redacción definitiva del decreto que va regular la ley y podamos aplicar definitivamente. Eso nos va a posibilitar un montón de situaciones, con el uso de la tecnología pudiéramos haber evitado por ejemplo esta desgracia que ocurrió la semana pasada (feminicidio de Katia Brítez)”, mencionó en entrevista para la prensa en el Senado.
El ministro señaló que ya cuentan con un presupuesto estimado de lo que costarán estos dispositivos y que el objetivo es arrancar con un plan piloto de 200 personas primeramente para que pueda ser implementado de manera definitiva, principalmente en los casos de violencia familiar y de la mujer.
“Tenemos varios presupuestos de cinco empresas que son a las que hemos recibido, escuchado con el ministro del Interior y varía más o menos un promedio de 175, 180 dólares a 270 dólares más o menos de promedio por cada una de las tobilleras por mes. Podemos empezar con un plan piloto, como hemos resuelto en la última reunión del Consejo de Seguridad, creo que estamos de 200 como plan piloto”, apuntó.
La idea inicial es que cada procesado que solicite o sea beneficiado con el arresto domiciliario o medidas alternativas similares sean responsables del pago de la utilización del sistema de seguridad. Mientras tanto, aquellos que no puedan pagar por el dispositivo tecnológico el Estado les proveerá.
“Hay dos situaciones, yo lo que creo es que el Estado paraguayo no tiene porqué pagar a personas privadas de libertad que estén en sus casas, controlados por el sistema tecnológico y que pueda ir a trabajar, mantener a su familia, no perder la raíz con su familia, que entonces pague la persona que está utilizando el servicio. Aquellos que no pueden, está contemplado también que nosotros podamos contemplar eso”, sentenció.
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