Un total de siete diputados presentaron un proyecto de ley denominado “Ley de Educación Cívica”, que busca establecer un marco jurídico para la implementación obligatoria en todo el sistema educativo del país. El objetivo es formar ciudadanos responsables y comprometidos con conocimiento profundo de sus derechos, deberes y obligaciones establecido en la Constitución Nacional.

Los proyectistas son el legislador independiente Jatar Fernández, junto con sus pares colorados Raúl Latorre presidente de la Cámara Baja; Saúl González; Santiago Benítez; José Domingo Adorno; Yamil Esgaib; y María Ida Cattebeke.

De acuerdo a la exposición de motivos, la propuesta resalta que la educación cívica no se limita a la transmisión de conocimientos, sino que se centra en inculcar valores aceptados socialmente y desarrollar competencias para la participación activa en espacios públicos y políticos.

Señalan que esta formación debe comenzar desde la primaria y extenderse hasta el final de la escolarización obligatoria, promoviendo discusiones sobre temas públicos y políticos relevantes para la realidad social del país.

“La educación cívica busca que el ciudadano no solo sea capaz y útil para sí mismo, sino también para la sociedad donde nace, se desarrolla y muere”, destacan los legisladores en el documento.

Además, se enfatiza que la Constitución de 1992 establece como deber del Estado garantizar la formación intelectual, moral y cívica de sus ciudadanos, lo que convierte a este proyecto en una herramienta clave para cumplir con ese mandato.

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El proyecto también resalta la oportunidad de liderar un cambio de paradigma en Paraguay, fomentando una ciudadanía informada que participe, activamente, en la gestión del poder público y el bien común.

“Es necesario que las futuras generaciones comprendan que de ellas depende generar los espacios de poder y gestionarlos en beneficio de la comunidad”, señala la exposición de motivos.

Objeto: Complementar la Ley General de Educación, asegurando que los estudiantes adquieran conocimientos sobre la Constitución Nacional, los derechos y garantías que ofrece, las obligaciones ciudadanas y los límites al poder del Estado en el marco de un Estado social de derecho.

Obligatoriedad: La educación cívica será de carácter obligatorio en todas las instituciones educativas, ya sean públicas, subvencionadas o privadas. Desde la primaria, se incluirá el estudio de la Constitución, mientras que en la secundaria se incorporarán contenidos de derecho civil, penal y laboral.

Finalidad: Garantizar que los ciudadanos estén informados sobre sus derechos y obligaciones, promoviendo una participación informada en el poder público, como lo establece la Constitución.

Ejecución: El Ministerio de Educación y Ciencias será el encargado de implementar la ley, proporcionando los recursos técnicos y pedagógicos necesarios. La puesta en marcha deberá completarse en un plazo máximo de dos años desde la entrada en vigencia de la ley.

Los legisladores proponentes consideran que la iniciativa busca no solo incluir la educación cívica como una asignatura más, sino integrarla de manera transversal en el currículo escolar, fomentando el debate y la reflexión sobre la realidad social y política.

“Con esta propuesta, buscamos formar ciudadanos que no solo dominen conocimientos técnicos o humanísticos, sino que también estén comprometidos con el ejercicio de la soberanía popular y la construcción de una sociedad más justa y participativa”, detallan los proponentes en el documento que justifica la presentación del proyecto.

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La Cámara de Diputados analizará en la próxima sesión ordinaria, el proyecto de ley que introduce importantes modificaciones al régimen actual de financiamiento de las campañas políticas.

El objetivo es mejorar los mecanismos de control y, al mismo tiempo, simplificar los procedimientos para partidos, movimientos internos y candidatos.

Esta iniciativa ya cuenta con media sanción de la Cámara Baja, pero fue nuevamente modificada por el Senado y ahora se encuentra en su tercer trámite constitucional, en el cual el plenario deberá definir si se allana a los cambios realizado por el Senado o se ratifica en su sanción inicial.

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Este proyecto tiene por acápite “Que modifica los artículos 64 inciso a), 66 y 278 inciso b) de la Ley Nº 834/1996, ‘Que establece el Código Electoral’, modificado por las leyes 4743/2012 y 6167/2018”.

La propuesta de legislación responde a una creciente preocupación por la transparencia en el uso de fondos durante los procesos electorales y a las dificultades operativas que enfrentaron las nucleaciones políticas a raíz de la normativa vigente, según la exposición de motivos.

El documento agrega que, si bien la legislación actual establece controles, estos resultan en muchos casos excesivamente complejos o poco accesibles para las agrupaciones políticas, en especial durante las elecciones internas.

Reconocimiento anticipado de movimientos internos: la actual ley no contempla un proceso previo de reconocimiento de los movimientos internos antes de la inscripción de candidaturas. El proyecto propone formalizar esta etapa, permitiendo a los movimientos gestionar de manera anticipada su identificador tributario y cuenta bancaria.

Digitalización de declaraciones: se propone que tanto la Declaración de Ingresos y Gastos de Campaña (DIGC), como la Declaración de Intereses Económicos Vinculados (DIEV) se presenten únicamente en formato digital ante los organismos de control, reduciendo el uso de papel y facilitando su análisis.

Presentación individual por candidato: a diferencia del esquema actual, en el que los movimientos presentan declaraciones de forma general, la modificación exige que cada candidato presente su propia DIGC y DIEV, incluso detallando su participación en sociedades o inversiones económicas.

Mayor transparencia y fiscalización: el nuevo texto prevé la publicación obligatoria, en un plazo de diez días hábiles, de todas las declaraciones e informes recibidos en el portal del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

Además, se establece la conformación de una unidad especializada de fiscalización que verificará la veracidad y autenticidad de los documentos.

Obligaciones bancarias claras: la apertura de cuentas únicas en instituciones financieras, establecidas en el artículo 278, se refuerza en el proyecto con plazos específicos. Las entidades deberán habilitar las cuentas en un máximo de 48 horas y justificar por escrito cualquier negativa. La omisión podrá ser sancionada por la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay.

Sanciones más severas: en caso de comprobarse la falsedad en la declaración de ingresos, el proyecto contempla la suspensión de la participación del candidato por diez años en cualquier tipo de elección, una medida que no figura en la normativa vigente.

Actualización institucional: se sustituye la mención a la Subsecretaría de Estado de Tributación por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), como organismo encargado de emitir el identificador tributario y colaborar en los controles financieros.

De acuerdo a la exposición de motivos aclaran que la iniciativa no busca eliminar los mecanismos de control establecidos por el TSJE, sino más bien adecuarlos a las nuevas necesidades administrativas y tecnológicas, según declaran los proponentes.

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El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, participó de una reunión interinstitucional sobre el uso de tobilleras electrónicas, encuentro impulsado por el ministro del Interior, Enrique Riera y donde también participaron representantes del Poder Judicial. Las autoridades abordaron sobre la posibilidad de que más personas puedan disponer de los dispositivos electrónicos.

“Coincidimos plenamente en celebrar que se haya abierto la aplicación de los dispositivos electrónicos de control a todos los hechos punibles, eso nos da una enorme herramienta para poder ofrecer a los jueces de ejecución penal y de Garantías la posibilidad de acuerdo al criterio que ellos vayan aplicando”, explicó Nicora.

El secretario de Estado detalló que esto permitirá que las personas que tienen procesos abiertos, puedan litigar con el fin de acceder a una prisión domiciliaria, con la utilización de las tobilleras, de modo a generar garantías para la seguridad de las personas. “Muchas veces ese es el temor, la sociedad necesita sentirse protegida”, expresó.

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En primera instancia, las tobilleras solo estaban disponibles para casos de violencia familiar o contra la mujer, sin embargo, con esta ampliación, se permite que personas procesadas por otros hechos, también puedan acceder al dispositivo. Esto enmarcado en una política del Gobierno para reducir el hacinamiento penitenciario, optimizar la gestión del sistema judicial mediante la implementación de tecnología.

Por su parte, el ministro Riera valoró la importancia de coordinar esfuerzos entre instituciones del sistema de justicia. Anunció la creación de una “Mesa por la Justicia”, enfocada en unificar las bases de datos entre organismos como la Policía Nacional, la Corte Suprema, el Ministerio del Interior, el Ministerio Público, el Consejo de la Magistratura, el Jurado de Enjuiciamiento y el Ministerio de Justicia.

Otras autoridades presentes fueron el director general del Sistema 911, Hernán Escobar; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Diesel, junto a los ministros Luis María Benítez Riera y Carolina Llanes.

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El director del Sistema 911, Hernán Escobar, ratificó que existe un contrato abierto de hasta 1.000 tobilleras electrónicas, tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de ampliar el uso de estos dispositivos a nivel nacional.

“Lo que nosotros habíamos solicitado el 18 de julio a la Corte es que esto se amplíe a todo el país y en todas las etapas procesales. Así como a todo el ámbito de aplicación de la Ley y la Corte, ayer fue eso lo que nos otorgó”, señaló al canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

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Recordó que con recursos de la Itaipú Binacional se invirtió en el equipamiento de la Policía Nacional con la adquisición de 600 patrulleras, 1.000 motocicletas y ahora está en proceso de entrega los chalecos.

“Y una de las partes es la parte de Comunicación, nosotros le dotamos a la Policía un nuevo sistema de comunicación. Hoy tenemos la posibilidad de ver en tiempo real en Asunción y en Central dónde están las patrulleras”, subrayó.

En cuanto a la dotación de tobilleras, Escobar mencionó que hoy diez dispositivos están colocados en seis hombres y cuatro mujeres.

Según manifestó, las tobilleras podrían tener 2.900 usuarios posibles dentro del sistema penitenciario, aunque aclaró que son los jueces los que deben otorgar el uso. Con ello se podría descomprimir el sistema penitenciario que está muy cargado, conforme expresó.

“El contrato que hicimos con el llamado por licitación pública fue a un servicio, o sea nosotros pagamos por equipos activos. Significa que hoy el Ministerio del Interior paga por diez y a medida que vaya subiendo va a pagar por la cantidad que tiene activo hasta completar 1.000”, añadió.

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