Hermelinda Alvarenga urge reglamentar uso de tobilleras electrónicas
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La senadora por el Partido Liberal y vicepresidenta segunda del Congreso, Hermelinda Alvarenga, habló sobre el uso de las tobilleras electrónicas ante el aumento del índice de violencia a nivel nacional. De este modo, remarcó que resulta urgente reglamentar dicho proyecto de ley, recordando que su aprobación se había efectivizado desde el 2017.
“En estos momentos se encuentra en poder del Ejecutivo emitir el decreto correspondiente, pero sobre todas las cosas la aplicación. Un proyecto de ley como este caso, que sea una propuesta muerta por su falta de aplicación, no resulta útil para nadie”, declaró la senadora, enfatizando en la importancia de reglamentar el proyecto, ante la delincuencia que permea en cada uno de los distritos del país.
Alvarenga destacó que con el nuevo gobierno se observa la voluntad política necesaria para apelar a la aplicación de la propuesta legislativa, que se encuentra desde el 2017 sin ningún tipo de continuidad. Con respecto al presunto caso de feminicidio registrado el pasado domingo, la parlamentaria indicó que es una de las claras muestras de la falta de control existente sobre los criminales.
“Aplicar el proyecto de tobilleras electrónicas creo que sería muy conveniente porque de cierta manera podría disminuir el nivel de delincuencia existente, que si bien no se podría erradicar completamente, con este tipo de medidas al menos se podría apelar a un mayor control o seguimiento para quienes se encuentran con medidas alternativas a la prisión”, expresó Alvarenga.
En cuando a la escalada de violencia hacia las mujeres que se viene registrando en el país en los últimos años, Alvarenga puntualizó que las políticas de protección para el mencionado sector, así como la visibilización de todo tipo de hechos violentos cometidos en su contra, deberían tomarse con mayor seriedad.
Plantean ley para que jueces intervengan de oficio ante casos de violencia doméstica
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Un proyecto de ley que plantea que los jueces puedan actuar de oficio ante los casos de violencia doméstica tuvo entrada oficial este miércoles durante la sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados.
Son proyectistas los diputados Saúl González y Santiago Benítez, quienes plantean la modificación del artículo 1º de la Ley Nº 1600/2000, Contra la Violencia Doméstica, y “el artículo 1º de la Ley Nº 6568/2020, Que modifica el artículo 2º de la Ley Nº 1600/2000, Contra la Violencia Doméstica”.
Fundamentan que la iniciativa tiene como objetivo fortalecer los mecanismos de protección judicial para las víctimas de violencia en el ámbito familiar, mediante la intervención oportuna de los jueces de Paz y la adopción de medidas urgentes. Esto, ante situaciones que puedan poner en riesgo la vida o la integridad de las personas.
Es así que el proyecto plantea que los magistrados puedan actuar de oficio cuando tomen conocimiento, por cualquier medio, de hechos que pudieran constituir violencia doméstica, aun cuando la persona afectada no haya presentado una denuncia formal.
De esta manera, se busca evitar que la falta de una denuncia impida o retrase la intervención de las autoridades ante situaciones que requieran una respuesta inmediata.
Los proyectistas señalan que las víctimas pueden enfrentar diversas dificultades para denunciar a sus agresores, entre ellas el temor a represalias, las amenazas, la dependencia económica y las presiones familiares.
Más de 4.420 personas no cuentan con tobilleras electrónicas
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Existen 700 tobilleras de alta tecnología que no están siendo utilizadas por los organismos competentes.
Un informe oficial del Ministerio del Interior correspondiente al periodo de enero a octubre de 2026 expuso una alarmante brecha en el sistema de protección a víctimas de violencia familiar. Según los datos oficiales, un total de 4.420 personas no cuentan con tobilleras electrónicas, en contraste con apenas 86 sujetos que disponen de orden judicial para la colocación y utilización del dispositivo de rastreo.
La revelación cobra mayor gravedad al constatarse que existen 700 tobilleras de alta tecnología que no están siendo utilizadas por los organismos competentes. La falta de implementación de estos mecanismos preventivos deja al descubierto la vulnerabilidad de cientos de víctimas que cuentan con medidas cautelares de protección. Las cifras presentadas en el documento exponen la diferencia abismal entre el volumen total de órdenes judiciales de prohibición de acercamiento tramitadas en los tribunales y la cantidad real de agresores sometidos al mecanismo de monitoreo electrónico, herramienta clave para evitar feminicidios y reincidencias. En lo que respecta a la distribución territorial de las restricciones, el departamento Central concentra un tercio de las prohibiciones de acercamiento registradas en todo el territorio nacional, sumando 1.501 medidas cautelares activas.
A la zona metropolitana le siguen en volumen de casos el departamento de Alto Paraná, con 581 restricciones, y el departamento de Caaguazú, que registra 363 órdenes de alejamiento vigentes en el mismo periodo.
La Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados evaluó el proyecto que busca renovar la declaración de emergencia nacional por consumo de drogas. Foto: Gentileza
Diputados analizan renovación de emergencia por consumo de sustancias psicoactivas
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La Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados analizó este lunes el proyecto de ley que busca renovar la emergencia nacional por consumo de sustancias psicoactivas.
Con esta medida se busca fortalecer las políticas públicas de prevención, tratamiento, rehabilitación y reinserción social de las personas afectadas por las adicciones.
La iniciativa surge tras el vencimiento, el pasado 6 de junio, de la declaración de emergencia anterior.
Su fundamentación sostiene que las circunstancias que motivaron aquella medida persisten y requieren una respuesta sostenida, coordinada e integral por parte del Estado.
Durante el tratamiento en la comisión asesora, se recordó que se realizó una audiencia con representantes de distintas instituciones, que coincidieron en la importancia de renovar la declaración de emergencia.
Además, se planteó la necesidad de introducir modificaciones al texto para precisar las competencias y responsabilidades de cada organismo.
Se apunta asimismo a fortalecer la coordinación interinstitucional, incluida la participación del Ministerio del Interior.
Considerando estas propuestas, el bloque asesor resolvió postergar el dictamen para realizar consultas con el proponente y avanzar en la elaboración de un texto consensuado.
Tobilleras electrónicas sin usar: más de 4.400 agresores carecen de monitoreo
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Un informe oficial del Ministerio del Interior correspondiente al periodo de enero a octubre de 2026 expuso una alarmante brecha en el sistema de protección a víctimas de violencia familiar. Según los datos oficiales, un total de 4.420 personas no cuentan con tobilleras electrónicas, en contraste con apenas 86 sujetos que disponen de orden judicial para la colocación y utilización del dispositivo de rastreo. La revelación cobra mayor gravedad al constatarse que existen 700 tobilleras de alta tecnología que no están siendo utilizadas por los organismos competentes.
La falta de implementación de estos mecanismos preventivos deja al descubierto la vulnerabilidad de cientos de víctimas que cuentan con medidas cautelares de protección. Las cifras presentadas en el documento exponen la diferencia abismal entre el volumen total de órdenes judiciales de prohibición de acercamiento tramitadas en los tribunales y la cantidad real de agresores sometidos al mecanismo de monitoreo electrónico, herramienta clave para evitar feminicidios y reincidencias.
En lo que respecta a la distribución territorial de las restricciones, el departamento Central concentra un tercio de las prohibiciones de acercamiento registradas en todo el territorio nacional, sumando 1.501 medidas cautelares activas. A la zona metropolitana le siguen en volumen de casos el departamento de Alto Paraná, con 581 restricciones, y el departamento de Caaguazú, que registra 363 órdenes de alejamiento vigentes en el mismo periodo.
Alerta por inacción
El funcionamiento operativo del sistema contempla tanto la tobillera de rastreo para el agresor como un teléfono celular asignado a la víctima, el cual cuenta con una aplicación gratuita de alerta temprana. Según especifica el informe del Ministerio del Interior, este esquema cruzado permite monitorear el cumplimiento de las medidas judiciales en tiempo real y facilita una respuesta policial más rápida ante situaciones de riesgo inminente para la denunciante.
Dentro del apartado enfocado en violencia de género o familiar, el documento consigna a 53 usuarios directamente vinculados a este tipo de contingencias y a 21 personas notificadas con orden de alejamiento bajo seguimiento. Sin embargo, el reporte oficial no precisa los criterios de selección aplicados para determinar qué casos críticos deben llevar la tobillera, dejando sin justificación la inactividad del grueso de los equipos.
Tampoco se aclaran los motivos por los cuales la inmensa mayoría de los agresores no posee la tobillera electrónica ni cuántas del total de medidas dictadas por los jueces reúnen las condiciones técnicas para la aplicación inmediata del dispositivo. Esta falta de precisión operativa mantiene paralizada la tecnología disponible, mientras las denuncias por agresiones intrafamiliares continúan en aumento en los principales centros urbanos del país.