El Instituto de Previsión Social (IPS) aprobó el pago del beneficio adicional anual a jubilados y pensionados junto con los haberes correspondientes a noviembre de 2026.

La propuesta fue aprobada por el Consejo de Administración durante la sesión del martes, con lo que se prevé que ambos conceptos sean abonados en el mismo periodo.

La decisión representa una medida de interés para los beneficiarios del sistema previsional, que recibirán el pago mensual y el beneficio adicional de manera conjunta.

La aprobación se da en el marco de las decisiones administrativas adoptadas por la institución para atender sus compromisos con los jubilados y pensionados.

El pago del beneficio adicional anual constituye uno de los puntos relevantes para este sector, debido a su incidencia en los ingresos que perciben los beneficiarios. No obstante, la información difundida por la previsional no detalla el monto total que será destinado a este desembolso ni la cantidad de jubilados y pensionados alcanzados por la medida.

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Durante la misma sesión, el Consejo de Administración también aprobó propuestas para dar continuidad a los procesos licitatorios que lleva adelante el IPS. Estos procedimientos están relacionados con el abastecimiento de medicamentos, insumos, equipos biomédicos, reactivos laboratoriales y gases medicinales.

La continuidad de estas contrataciones apunta a garantizar la disponibilidad de recursos necesarios para la atención de los asegurados en los diferentes establecimientos sanitarios de la institución. De esta manera, las decisiones adoptadas por el Consejo abarcan tanto el cumplimiento de obligaciones con los beneficiarios del sistema previsional como la provisión de insumos para los servicios de salud.

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La Cámara de Senadores aprobó este miércoles en su sesión extraordinaria el proyecto de declaración que exhorta al Poder Ejecutivo a convocar a una cumbre de poderes del Estado para el abordaje integral del hecho punible de feminicidio en la República del Paraguay.

El documento impulsado por la senadora de Cruzada Nacional, Yolanda Paredes, y aprobado por sus pares de forma unánime, refiere que “el feminicidio se presenta como una de las manifestaciones más extremas de violencia contra las mujeres y exige una respuesta estatal integral, coordinada y sostenida, pero lo más importante, con carácter urgente”, refiere.

Agrega que “la persistencia de estos hechos impone la necesidad de evaluar la eficacia de los mecanismos de prevención, protección, investigación y sanción, así como las eventuales falencias en la actuación de las instituciones competentes”.

La iniciativa sostiene que tanto el artículo 60 de la Constitución Nacional, que dispone que el Estado promoverá políticas para evitar la violencia en el ámbito familiar y otras causas que atenten contra su solidaridad, como la Ley N.º 5777/2016 “de protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia”, que establece responsabilidades estatales para la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres, cuya implementación requiere la articulación efectiva de distintos organismos e instituciones.

“En este contexto, una Cumbre de Poderes permitiría reunir a las máximas autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con la participación del Ministerio Público y de las instituciones especializadas, a fin de identificar obstáculos, fortalecer la coordinación interinstitucional y definir medidas concretas de actuación”, expresa.

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Señala también que los datos alarmantes arrojan que en el año 2025 se registraron un total de 37 víctimas de feminicidio y 55 víctimas de tentativa de feminicidio, lo que derivó en un saldo de 69 niños que han quedado huérfanos. Con respecto al año en curso, en el 2026 ya se registran 20 feminicidios y 28 víctimas de tentativa de feminicidio, según fuentes oficiales del Ministerio Público.

“​Por tanto, se considera necesario exhortar al Poder Ejecutivo a articular los mecanismos para la convocatoria a dicha instancia, en coordinación con las máximas autoridades de los demás poderes del Estado, con el propósito de establecer compromisos institucionales verificables y avanzar en una estrategia integral que fortalezca la prevención de los feminicidios, la protección efectiva de las mujeres en situación de violencia y la respuesta oportuna de los órganos competentes que se orienten a la protección integral de las familias paraguayas", indica la iniciativa.

A la vez, el plenario aprobó tratar dentro de 15 días el proyecto de ley para la creación de juzgados y tribunales especializados en violencia contra las mujeres, impulsado por la senadora colorada Lilian Samaniego.

La propuesta tiene como finalidad principal dar celeridad a las renuncias reales y desestimar las falsas. Se plantea que los juzgados y tribunales se encuentren conformados por jueces, fiscales, asistentes sociales, psicólogos, psiquiatras para asistir a las víctimas mediante la coordinación efectiva entre instituciones y la erradicación de la burocracia.

Dicha propuesta había sido objeto de controversia en el Legislativo, donde se sancionó una versión que creaba juzgados especializados de violencia en el grupo familiar, suprimiendo la especificación sobre las mujeres, punto que fue cuestionado por Samaniego. Finalmente, el proyecto de ley terminó siendo vetado por el Ejecutivo.

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Las inundaciones provocadas por la crecida de ríos y arroyos continúan causando graves estragos en distintos puntos de Paraguay. En Ciudad del Este, al menos 287 familias tuvieron que abandonar sus hogares, mientras que en la ciudad de Ayolas, departamento de Misiones, unas 60 familias fueron evacuadas y reubicadas en albergues y refugios temporales ante el avance del río Paraná. El titular de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Cnel. Arsenio Zárate, explicó que la contingencia en Alto Paraná responde al aumento del caudal del río Iguazú y la crecida del Acaray. El masivo volumen de agua del Iguazú genera un represamiento sobre el Paraná, lo que dificulta el vertido de los arroyos internos y agrava los anegamientos en las zonas urbanas.

El impacto del temporal se extenderá progresivamente a otras localidades ribereñas como Cerrito, en Ñeembucú, Yabebyry, en Misiones, y Coronel Martínez, en Guairá. En Ayolas, donde los espacios disponibles ya se encuentran totalmente ocupados, las brigadas construyen viviendas provisorias a la espera de que el nivel del Paraná alcance su pico máximo para comenzar su paulatino descenso.

Fiel a su estrategia procesal, el senador del Partido Democrático Progresista (PDP), Rafael Filizzola, en compañía de su abogado Guillermo Duarte Cacavelos, solicitó este miércoles la suspensión de su audiencia preliminar, posponiendo así el avance de su proceso judicial por presunta lesión de confianza en el caso conocido como “comisarías de oro”.

La audiencia preliminar del legislador había sido fijada por el tribunal para esta fecha a las 9:00; sin embargo, tras este nuevo recurso planteado por la defensa, la diligencia quedó reprogramada para mañana jueves, 15 de octubre. El dirigente opositor argumenta que se encuentra pendiente de estudio una acción de inconstitucionalidad presentada ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra la resolución de la Cámara de Apelaciones que revocó la prescripción de su causa y su sobreseimiento definitivo.

El juez Carlos Luis Mendoza Peña otorgó, por un plazo de 90 días, la prisión domiciliaria al exgobernador de Central, Hugo Javier González, quien se encuentra en etapa de recuperación tras permanecer internado en el Hospital Nacional de Itauguá debido a un cuadro de meningitis bacteriana y un traumatismo craneoencefálico por una caída ocurrida el pasado 6 de septiembre. La resolución del magistrado, emitida este miércoles 14 de octubre, detalla que el periodo de 90 días correrá desde mañana, jueves 15 de octubre, con vencimiento el 11 de enero del 2027. Agrega que la decisión podrá ser revocada ante cualquier violación grave de la misma.

Refiere también que el exanimador de radio y televisión “permanecerá bajo un estricto control de un trabajador social y un médico forense del Poder Judicial, quienes deberán constituirse en el domicilio en que guardará prisión y remitir, antes del vencimiento del plazo, informes actualizados al juzgado sobre su evolución clínica, autonomía funcional, tratamiento, necesidades de asistencia y condiciones socioambientales, a fin de resolver fundadamente la continuidad, modificación o cese de esta modalidad”.

Agentes Especiales del Grupo de Investigación Sensible (GISE) de la Senad, liderados por el fiscal Fernando Escobar de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico de Alto Paraná - Unidad 2, interceptaron un tractocamión a la altura del km 3,5 de la ruta PY02, en Ciudad del Este, a pocos metros del Puente de la Amistad, cuando se dirigía a San Paulo, Brasil. Mediante un trabajo de inteligencia, los agentes de la Senad ya tenían la sospecha de que el rodado transportaba una carga ilícita, por lo que lo retuvieron y lo revisaron. Efectivamente, hallaron un cargamento de cocaína oculto en un doble fondo en el techo de la cabina.

Al mando del camión iba Leonice Esser Pereira, quien presentó un documento en el cual consignaba una carga de arroz. En total encontraron 235 paquetes que contenían 261,9 kilos de clorhidrato de cocaína. Los paquetes estaban envueltos en cinta de embalaje transparente y llevaban la insignia de la marca de cigarrillos Marlboro. Según estimaciones, el cargamento tendría un valor aproximado de USD 3,9 millones en Brasil.

Un grupo de farmacéuticos y bioquímicos del Instituto de Previsión Social (IPS) lleva adelante una manifestación en la intersección de las calles Constitución y Herrera, en Asunción, frente a la Caja Central de la entidad. Los manifestantes se concentraron en el lugar a la espera de una audiencia con las máximas autoridades de la institución previsional.

El objetivo central de la movilización es entregar un petitorio formal que exige el fin de la precarización laboral y la actualización de sus ingresos. La medida de fuerza congrega a profesionales que, en numerosos casos, superan una década de antigüedad prestando servicios bajo el régimen de contratación temporal sin acceder a la estabilidad. Según la vocera del gremio, la Dra. María Arce, el sector está conformado por más de 1.200 profesionales, entre químicos, farmacéuticos y bioquímicos. De ese total, cerca del 50 % permanece en situación de contrato, lo que refleja la alta vulnerabilidad laboral en la que operan dentro del sistema de salud previsional.

El senador Gustavo Leite señaló que, a su criterio, el informe remitido al Senado por el Banco Central del Paraguay (BCP) es insuficiente, y adelantó que su postura será solicitar el cambio total de los miembros del BCP y del superintendente de bancos. El legislador se refiere a la respuesta remitida por la entidad financiera sobre la supervisión regulatoria, los procesos de absorción o fusión bancaria y los límites crediticios en entidades de plaza.

“Necesitamos la certeza de que el Banco Central está trabajando afanosamente, rápidamente y con equidad para desterrar todos los temores existentes. Yo dije la semana pasada que si la respuesta del Banco Central era cantinflesca (confusa), tendría que pedir la remoción de sus miembros. Ha sido una respuesta absolutamente insatisfactoria que no responde a nada”, declaró este miércoles a los medios de prensa en el Senado.

El Tribunal de Sentencia integrado por Ana Rodríguez, Karina Cáceres y Yolanda Morel advirtió a Miguel Prieto y a otros 10 acusados que deben preparar su defensa ante la posibilidad de que los hechos investigados en el caso Tía Chela sean ampliados a estafa y producción de documentos no auténticos. El aviso se dio durante el juicio que enfrenta Prieto por los hechos punibles de lesión de confianza y asociación criminal

Prieto está sindicado como responsable de liderar un esquema de corrupción en el año 2020, durante la pandemia del covid-19. En aquel tiempo, con las excepciones de la ley de emergencia y la habilitación para la adjudicación sin procesos licitatorios, Prieto, ordenador de gastos de Ciudad del Este, adjudicó un contrato por 2.949.650.000 para la compra de 25.000 kits de alimentos. El beneficio directo fue para la empresa Tía Chela SRL, una despensa minorista sin capacidad logística para la provisión de una cantidad industrial como la solicitada por la comuna esteña.

Representantes del Sindicato de Bioquímicos y Farmacéuticos (SINPROQUIPS) mantuvieron una reunión de trabajo con autoridades del Instituto de Previsión Social (IPS) para encauzar los principales reclamos del sector. Tras el encuentro, la institución previsional asumió el compromiso de elevar al Consejo de Administración una propuesta para reducir de forma gradual la carga horaria de los profesionales a partir del 1 de noviembre, asegurando previamente la continuidad de las atenciones.

Durante la mesa de diálogo, el gremio planteó implementar el esquema de reducción horaria mediante una resolución oficial del Consejo de Administración a nivel nacional. Los representantes sindicales manifestaron su comprensión ante las limitaciones presupuestarias del IPS y sugirieron aplicar la medida de manera progresiva, priorizando aquellos centros de salud donde la logística permita la reorganización sin requerir nuevas contrataciones.

Por su parte, la Presidencia del IPS confirmó que la iniciativa será evaluada formalmente por el Consejo de Administración para analizar su viabilidad como un plan piloto. Esta implementación inicial estará sujeta a un estricto seguimiento sobre la cobertura y calidad de los servicios; en caso de detectarse alguna afectación a la atención de los asegurados, la entidad contempla revertir la medida y retornar al esquema habitual.

Asimismo, se abordó la solicitud de ampliar los cupos para la desprecarización laboral del personal contratado. Al respecto, la dirección del IPS informó que se encuentra en estudio una propuesta para el presupuesto 2027 que proyecta la creación de 3.000 categorías financiadas, destinadas a incorporar de forma permanente a los funcionarios que integran la lista de elegibles del último concurso institucional.

Ambas partes destacaron que estas negociaciones buscan canalizar de manera dialogada las reivindicaciones de los profesionales sin comprometer la atención a los asegurados. La aplicación definitiva de la jornada reducida y las mejoras laborales quedará condicionada a las decisiones oficiales que adopte el Consejo de Administración en las próximas sesiones.