El contralor general de la República, Camilo Benítez, acudió este martes ante el Senado con la finalidad de profundizar sobre el informe emitido por su institución en torno a la ejecución del programa Hambre Cero en las escuelas. Durante la ocasión requirió al Congreso Nacional mayor presupuesto para garantizar los procesos de fiscalización.

“Que alguien te esté permanentemente vigilando hace que uno tenga la obligación mayor de comportarse de manera más decorosa. Nosotros estamos destinando mucho dinero en viáticos para hacer estos recorridos en el interior del país. Le ruego que nos siga apoyando desde el Congreso con la aprobación de recursos, la idea que tengo yo es que las fiscalizaciones se hagan todo el día del año escolar in situ de manera sorpresiva y aleatoria, solo que nuestro presupuesto ejecutado nos alcanza para unos meses más, después probablemente vamos a tener que solicitar una ampliación”, indicó.

El titular de la Contraloría fue convocado ante la Comisión de Cuentas y Control de la Cámara Alta, tras exponer la existencia de algunas irregularidades en un informe de monitoreo al programa Hambre Cero. El documento fue elaborado luego de realizar una fiscalización a un total de 350 escuelas.

“Este es el primer corte del año que realizamos, hemos encontrado aspectos tanto positivos y negativos. Entre los puntos positivos, vemos una mayor asistencia escolar, una satisfacción generalizada de la sociedad en cuanto a la política de distribución de la alimentación escolar, vemos mucho contento en toda la región especialmente en el interior del país”, dijo.

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En cuanto a las observaciones negativas, Benítez detalló que el punto central sigue siendo la falta de infraestructuras. “Existe una enorme falta de infraestructura, la mayoría de las escuelas no tienen comedores, vemos falta de utensilios, platos y cubiertos, esto se tiene que corregir inmediatamente”, puntualizó.

Benítez agregó que otra deficiencia es el faltante de alimentos, esto debido a la desactualización del Registro Único del Estudiante (RUE). Igualmente requirió el correcto funcionamiento del Sistema Integrado de Alimentación Escolar.

“Si es que esto funciona nos ayudará mucho a nosotros porque obliga a los directores de todos los colegios a que carguen la información completa día a día sobre la cantidad de niños que consumieron los alimentos y la calidad del servicio, pero esto no está funcionando”, comentó.

Señaló también otro aspecto negativo se centra en la existencia de empresas que no proporcionan a tiempo sus insumos para la preparación del almuerzo escolar. “Esto amerita una sanción, no queremos que esto se normalice”, sentenció.

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Designar a la Contraloría órgano rector es un movimiento estratégico del Estado paraguayo para consolidar la lucha contra la deshonestidad estatal, una decisión que otorga independencia a la Contraloría.

• Por Lourdes Torres Periodista
• lourdes.torres@nacionmedia.com

El contralor general de la República, Camilo Benítez, presentó al presidente de la República, San­tiago Peña, un listado de accio­nes enmarcadas en la Estrate­gia Nacional de Combate a la Corrupción (ENCC), que sur­gió durante la cumbre de pode­res del 20 de agosto de 2023.

Para saber en qué consisten, La Nación/Nación Media con­versó con el contralor Camilo Benítez, quien explicó que la ENCC busca reducir la corrup­ción abordando integralmente: aumentando la transparencia, disminuyendo la discreciona­lidad y promoviendo la inte­gridad, en línea con estándares internacionales. La Contraloría General de la República se cons­tituyó en el órgano rector de la prevención de la corrupción.

-La cumbre de poderes, impul­sada por el presidente San­tiago Peña, marca un hito en la lucha de nuestro país contra la corrupción sistémica. Reu­nió a las máximas autorida­des del Ejecutivo, Legislativo, Judicial y órganos extrapoder como la Contraloría General de la República (CGR) y el Minis­terio Público.

Este “ecosistema de control”, denominado así en otros paí­ses, busca alinear criterios para resultados eficaces, respetando la independencia constitucio­nal. La Estrategia Nacional de Combate a la Corrupción (ENCC) surgió en la primera reunión para establecer una hoja de ruta contra este pro­blema endémico.

-La ENCC se articula en cuatro ejes: transparencia, rendición de cuentas, control de recauda­ciones y seguridad ciudadana, abarcando 16 subtemas y 44 iniciativas.

Incluye digitalización, inte­ligencia artificial, reformas educativas y participación ciudadana. Una iniciativa clave fue el impulso de la Ley n.º 7389/24, que estableció el Régimen Nacional de Integri­dad y asignó a la Contraloría el rol de órgano de prevención de la corrupción. La ENCC busca reducir la corrupción abor­dando integralmente: aumen­tando la transparencia, dismi­nuyendo la discrecionalidad y promoviendo la integridad, en línea con estándares interna­cionales.

-Otorgarle ese rol a la CGR representa un movimiento estratégico del Estado para­guayo para consolidar la lucha contra este flagelo; esta decisión incluyó la independencia de la Contraloría. El mecanismo de designación del contralor gene­ral por el Congreso Nacional, sumado a la exigencia de un jui­cio político para su remoción, le confieren distanciamiento del poder administrador, cuyos integrantes son los principa­les sujetos de control. Este ele­mento permite garantizar la objetividad e imparcialidad en las labores.

También la autonomía funcio­nal y administrativa; su compe­tencia a nivel nacional y, final­mente, la sólida experiencia de la CGR en el control de recursos públicos.

En contraste, la dependencia jerárquica de la Senac al Poder Ejecutivo limitaba su compe­tencia, pero aún más delicado es que generaba interrogantes sobre su capacidad para detec­tar hechos de corrupción de manera imparcial. En otros paí­ses e incluso en el nuestro, se ha sostenido que este tipo de orga­nismos, al no contar con la inde­pendencia necesaria, pueden ser instrumentos de persecu­ción política, desviando su pro­pósito original y erosionando la confianza pública.

-La aprobación de la ENCC, la Ley n.º 7389/24 y la designa­ción de la CGR han generado interés internacional por su alineación con compromisos anticorrupción, posicionando a Paraguay como líder regio­nal. Estos avances despertaron el interés de países y organis­mos especializados y propició propuestas de proyectos de cooperación.

-Para que las medidas anti­corrupción se apliquen, en la Contraloría vamos a seguir emitiendo las pautas de cómo deben ser implementadas. No estamos solos, la ley nos habilita a contar con aliados en cada ente público, que son las Unidades de Trans­parencia y Anticorrup­ción (UTA), brazos ejecu­tores en cada institución y cuyo trabajo será objeto de supervisión. Además, la nueva ley creó el Con­sejo Nacional Anticorrup­ción, el CNA, un espacio de coordinación interinstitu­cional para el diálogo y coo­peración en la lucha contra la corrupción.

-Está conformado por el presi­dente de la República, el presi­dente de la Corte Suprema de Justicia, los presidentes de las cámaras del Congreso Nacio­nal, el fiscal general del Estado y el contralor general de la Repú­blica.

La elaboración, aprobación, implementación y seguimiento de una nueva Estrategia Nacio­nal Anticorrupción es una de sus funciones. Me reuní con el presidente Santiago Peña para pre­sentarle un listado de medidas o acciones a fin de iniciar el diálogo para su aplicación.

Por ejemplo, la necesidad de actualizar las nor­mas de financiamiento político. Este proceso debería ser liderado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral, promoviendo la par­ticipación de todos los intere­sados, para asegurar un debate amplio y enriquecedor que for­talezca el proceso electoral del país.

Otras acciones como el fortale­cimiento de las sanciones admi­nistrativas ante el incumpli­miento de reglamentos internos y normas éticas. La prohibición de actividades político-partida­rias en instituciones públicas y en horario laboral. La transpa­rencia de las agendas de altas autoridades, la protección inte­gral de denunciantes para pre­venir represalias.

-Pocos días después de la pro­mulgación de la ley, la CGR emi­tió una resolución que reestruc­turó su organización y, en el mismo mes, se expidió la regla­mentación de la ley.

Se presentó en el mes de febrero un Plan Estratégico para la Implementación del nuevo régimen. En la misma oportunidad, se puso en línea el nuevo Portal Nacional de Denuncias Ciudadanas; plata­forma que garantiza la protec­ción de datos del denunciante como mecanismo de salva­guarda contra represalias.

-Trabajamos en varias cosas: el desarrollo de plataformas digi­tales para que la gente pueda ver cómo vamos con cada medida; la puesta en marcha de un Centro de Participación Ciudadana con herramientas que permitirán informar avances y resulta­dos. Y, desde el CNA, esta­mos trabajando en actua­lizar los reportes sobre la ENCC para que todos puedan ver el progreso. Esta tarea de luchar contra la corrupción es de todos, por lo que reconocemos la importancia del involucramiento de la ciudadanía.

El presidente de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci), Nelson Peralta, dijo estar preocupado por el proyecto de ley, que se encuentra en la Cámara de Diputados, para otorgar la licencia de conducir a menores de 16 años. Peralta indicó que como institución aún no cuentan con una postura oficial.

“En forma personal, un poco preocupado por esta situación, sobre el proyecto de ley. Aclaro que la Opaci aún no tiene una postura”, refirió en entrevista a la 780 AM. Indicó que ya son varias las instituciones del Estado que muestran su postura de rechazo ante esta iniciativa.

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La iniciativa cuenta con ciertos requisitos para otorgar las licencias a los menores, que “son buenos”, de acuerdo al titular de la Opaci, pero aún así causa preocupación. Detalló que incluso existe un dictamen del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (Minna) que rechaza este proyecto.

“Aparentemente, son muy buenos los requisitos (para otorgar la licencia a menores). Hemos consultado con el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, donde ellos por un dictamen hecho por asesoría jurídica, inclusive, enviaron a la Cámara de Diputados la contrariedad a ese proyecto, rechazando esa posibilidad”, indicó Peralta.

Citó que existen otros componentes preocupantes en este proyecto, que son la responsabilidad de un menor, tanto en lo civil como en lo penal, y la parte emocional. “Ante esa situación, nosotros nos reunimos con gente del Ministerio de Salud, con tres áreas del Ministerio, en forma verbal ellos también manifestaron estar en contra de ese proyecto, y les pedí que me documenten esa postura y lo van a hacer esta semana”, señaló.

Agregó que se encuentran evaluando todos los factores, técnicos, científicos y médico, y en lo jurídico, que también presenta un problema, además de convenios internacionales firmados por Paraguay que tiene que ver con el cuidado de adolescentes en todo lo que sea tránsito. “Estamos haciendo todas esas evaluaciones, pero sí preocupados por esa situación”, sentenció.

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El diputado Rodrigo Gamarra se refirió este jueves al proyecto de ley que permite la digitalización del historial clínico, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados. Explicó que la digitalización servirá para guardar todos los antecedentes del paciente y se podrá cruzar los datos tanto en el sector público como privado.

“Lo que estamos proponiendo simplemente es la modernización de lo que hoy ya existe, que son las fichas de los pacientes que hoy están siendo manuscritas, pero además de eso, estamos planteando algo que pueda servir de manera eficiente al paciente o a cualquier ciudadano que siempre está acudiendo al servicio de salud, ya sea público o privado”, indicó en entrevista al programa “Así son las cosas” de canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El legislador explicó que “el historial va quedando, independientemente si está en un público o un privado y en cualquier parte del país, en un registro único el cual le permite a los médicos y a la persona como paciente que puedan proporcionar la atención adecuada”.

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Gamarra señaló que lo que se busca es modernizar el sistema de salud y el historial clínico, validar todos los procesos clínicos, incluyendo el esquema de vacunación, con el circuito electrónico. También se garantiza la confidencialidad de los datos y hace que el acceso al historial sea mucho más ágil.

“Acá lo que nosotros simplemente planteamos es, darle una herramienta al sistema de salud y que el beneficiario final sea el que reciba realmente este beneficio, y en especial las personas más vulnerables que por lo general no tienen un sistema privado o no pueden estar dándole seguimiento a su propio historial clínico”, apuntó.

El diputado sostuvo además que, con la tecnología existente actualmente, es momento de digitalizar los datos y uno de ellos es en el sector de la salud. “Ya no podemos seguir en la era de las cavernas, hoy la tecnología está tan avanzada que tiene que ser parte de nuestra vida, pero para bien”, sentenció.

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