El senador Gustavo Leite manifestó que el festival de endeudamiento del gobierno anterior, liderado por Mario Abdo Benítez, no debe quedar impune. Actualmente, el débito flotante trepa a USD 1.000 millones, de acuerdo a los procesos de corte administrativo y auditorías impulsadas por la nueva administración presidencial, y se estima que el déficit fiscal cerraría con un 5 %.

“La gavilla se comportó así, la oposición fue cómplice, los organismos de control no existieron, la famosa Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), bien gracias. Esto es una prueba de fuego para la Fiscalía y la Contraloría, si este festival no termina con gente de alto voltaje presa, pero de por vida, la democracia corre peligro”, dijo Leite en una entrevista con el programa “La caja negra”, emitido por Unicanal.

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Entre las deudas pendientes del Estado figura el Minis­terio de Salud Pública, que debe USD 371,3 millo­nes por el abastecimiento de insumos y medicamen­tos. Mientras que el Ins­tituto de Previsión Social (IPS) adeuda USD 210 millones por la provisión de insumos y remedios. La deuda del Ministerio de Obras Públicas con las empresas vialeras ronda los USD 350 millones solo en capi­tal, sin contar los intereses devengados por los atrasos en los pagos por las obras viales.

“Este tema es indesviable porque es demasiado grande. En manos del fiscal general y del contralor está salvar la República, si no hay presos, esta democracia no se sostendrá, los que metieron la mano en la lata deben estar aunque sea imputados o procesados, pero lastimosamente hay una impunidad tremenda”, refirió Leite.

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También la lista de endeudamiento continúa con el Ministerio del Interior, donde se registra un clavo de USD 250 millones ante la falta de pago a los provee­dores, de los cuales unos USD 42 millones corres­ponden al Interior y USD 200 millones a la Policía Nacional, y están relacio­nados a gastos de seguri­dad.

Mientras que la Secreta­ría de Emergencia Nacio­nal (SEN) posee una deuda de ejercicios anterio­res que suman por encima de los G. 30.000 millones con sus proveedores. A eso se suman las llamati­vas contrataciones de per­sonal realizadas, a tambor batiente, durante el proceso de transición pre­sidencial.

“Esto es salvaje, cuando se escriba la historia esto será el mayor escándalo. Estamos demasiado mal y este también es una prueba de fuego para el Gobierno, nosotros vamos a apoyar todo lo que nos proponga, pero vamos a pedir que se hagan las imputaciones. Acá hubo un robo a siete manos y esto es lo que debe determinar la Contraloría, es terrible”, sentenció el legislador y economista.