Tarek William Saab, fiscal general de Venezuela durante 10 años hasta su renuncia ayer miércoles, se describe como defensor de los derechos humanos, abogado y poeta, pero sus detractores lo señalan de ser el artífice de la represión bajo Nicolás Maduro. Tras su renuncia fue designado defensor del pueblo de manera interina por parte de la Asamblea Nacional.

Repleto de tatuajes y promotor de sus propios libros de poesía, Saab era una de las grandes figuras del gobierno de Maduro, capturado en una incursión militar estadounidense el 3 de enero. La oposición lo considera símbolo de una justicia sometida por el poder. De perfil mediático, justificó en entrevistas y redes sociales las olas de represión en Venezuela durante 2017, 2019 y más recientemente los disturbios que siguieron a la reelección de Maduro en julio de 2024, que dejaron unos 2.400 detenidos y 28 muertos.

“Si nosotros no actuamos en ese momento en la manera como lo hicimos, Venezuela hubiera sido objeto de una guerra civil”, dijo a la AFP entonces. Saab recuerda regularmente su alineación con el chavismo, la doctrina ideológica inspirada en el socialismo del popular y fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013).

“Puso su identidad ideológica muy por encima de sus principios de defensa de derechos humanos”, explicó a la AFP Rafael Uzcátegui, defensor de derechos humanos, que lo conoció de cerca. “Fue un extraordinario fiscal”, dijo el poderoso ministro del interior Diosdado Cabello, que le auguró una buena gestión como defensor del pueblo.

El despacho de Saab en la Fiscalía es muestra de su carácter antimperialista: un cuadro del Libertador Simón Bolívar; fotos suyas con Chávez y otras con Fidel Castro; un bastón de madera con un grabado que reza “nunca más (Donald) Trump”. Irónicamente, fue la presión de Estados Unidos la que impulsó su salida. Trump dice estar a cargo de la Venezuela pos-Maduro.

Era muy activo en redes sociales. Ordenaba investigaciones desde X y publicaba constantemente fotos personales. Adepto al gimnasio, se calificaba como “poeta”, “libre” y “hippie”. Sus detractores lo tildan de “egocéntrico”. Nacido en 1962 en El Tigre (este) en el seno de una familia de origen libanés, Saab lideró movimientos estudiantiles de izquierda, a la vez que se adentraba en la poesía como una de sus grandes pasiones.

Abandonó sus estudios de literatura para dedicarse al derecho. “Quería defender los derechos humanos”, dijo a la AFP. En 1999 estrechó sus lazos con el recién electo Chávez, al participar en la redacción de una nueva Constitución que cimentó los 27 años de “Revolución Bolivariana”.

Afrontó la cárcel durante un intento de golpe de Estado sufrido por Chávez en 2002, un episodio que le gusta evocar. Fue liberado gracias a la presión de oenegés de defensa de derechos humanos. Fue gobernador de su estado natal Anzoátegui entre 2004 y 2012. En 2014 fue nombrado ya bajo el gobierno de Maduro como defensor del pueblo, un cargo que vela por la garantía de los derechos de la población ante posibles abusos del Estado.

“Expresó su idea de hacer un plan de trabajo con las organizaciones, pero la verdad es que de esa primera reunión no prosperó nada”, contó Uzcátegui. “Es extremadamente sensible a la crítica, a los cuestionamientos, y a la medida que las organizaciones fuimos exigiéndole cosas, interpelándolo en su rol como defensor del pueblo, pues él comenzó rápidamente a alejarse de las organizaciones y a considerarlas como enemigas”, acotó.

En 2017 la entonces fiscal general Luisa Ortega Díaz denunció una “ruptura del orden constitucional” en medio de una ola de duras protestas antigubernamentales, tras lo cual huyó del país. Saab fue designado como su sucesor. Como fiscal general se jacta de haber combatido eficazmente la corrupción, especialmente por ordenar la detención del poderoso ministro petrolero Tareck El Aissami.

Defensores de derechos humanos no ahorran duras críticas para su gestión. “No hay adjetivo negativo que pueda describir acertadamente cómo ha sido su gestión dentro de la fiscalía”, señaló Uzcátegui. “Una fiscalía absolutamente falta de independencia, que se convirtió permanentemente en un apéndice del Ejecutivo, que no garantizó el derecho a la justicia de las víctimas, que se convirtió en una herramienta de persecución”, añadió.

Recordó además que informes de organismos internacionales en materia de derechos humanos lo señalan como “cómplice de la comisión de graves violaciones de derechos humanos”. Saab contradice estas acusaciones y asegura que más de 600 funcionarios fueron condenados por abusos durante su mandato como fiscal.

Bajo sanciones estadounidenses desde 2017, Saab lamentaba no poder viajar más a París, en particular al festival musical Fiesta de la Humanidad. Saab no dejó de condenar la captura de Maduro, que llegó a considerar como evidencia de la “muerte del derecho internacional”. En las últimas semanas se enorgulleció de participar en la redacción de una histórica ley de amnistía que debe impulsar la liberación de cientos de presos políticos. Esperaba que la “pacificación” que justifica la ley pudiese abarcar a Maduro, preso en Nueva York.

Fuente: AFP.

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, renunció a su cargo, informó el miércoles la secretaria de la Asamblea Nacional, menos de dos meses después de la caída de Nicolás Maduro.

Saab, en el cargo desde 2017, abogaba por el regreso de Maduro, capturado en una operación militar estadounidense el 3 de enero, y condenó la incursión como ilegal y violatoria del derecho internacional.

El abogado se dice un defensor de los derechos humanos. La oposición le reprochaba que hiciera la vista gorda ante denuncias de abusos por parte de las fuerzas del orden.

El Parlamento recibió una comunicación dirigida a Jorge Rodríguez, jefe del Legislativo, suscrita por Saab, “mediante la cual remite (la) renuncia a su cargo como fiscal general de la república”, leyó la secretaria durante una sesión parlamentaria.

Asimismo, la secretaria informó de la renuncia de Alfredo Ruiz al frente de la Defensoría del Pueblo, un ente que tiene como función la promoción de derechos humanos.

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Rodríguez mostró a los parlamentarios las misivas que recibió tanto de Saab como de Ruiz “en donde expresan su decisión de renunciar al cargo respectivo como fiscal general de la república y como defensor del pueblo”, indicó.

Según el jefe parlamentario, el procedimiento constitucional estipula designar un comité de postulaciones. “Vamos a proceder a escoger a una encargada o un encargado para ambos cargos mientras se activa el comité de postulación”, indicó durante la sesión.

Saab está sancionado por Estados Unidos desde 2017 entre cuestionamientos por violaciones de derechos humanos en el país.

Es considerado uno de los más cercanos colaboradores de la llamada “Revolución Bolivariana” y sus detractores lo acusan de servir al chavismo.

• Fuente: AFP

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El Gobierno nacional impulsa una instan­cia de diálogo previo al tratamiento del proyecto de reforma de la Caja Fiscal, con el objetivo de fortalecer la iniciativa y sumar consen­sos entre los sectores involu­crados. El vicepresidente de la República, Pedro Alliana, soli­cita formalmente al Senado la convocatoria a una reunión de trabajo con gremios, sectores afectados y legisladores para este lunes 9 de febrero, un día antes de que el proyecto sea tratado en la Cámara Alta.

La propuesta legislativa, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, está incluida en el orden del día del Senado para el martes 10 de febrero. Sin embargo, desde el Poder Ejecutivo consideran clave abrir un espacio de diá­logo político y técnico antes del debate en plenaria, atendiendo la sensibilidad del tema y su impacto directo sobre miles de funcionarios públicos y las finanzas del Estado.

“En conversación con el pre­sidente del Congreso, Basilio ‘Bachi’ Núñez, solicitamos que el lunes se convoque una reu­nión de trabajo con los distin­tos sectores, a fin de dialogar sobre la reforma de la Caja Fis­cal”, señala Alliana a través de sus redes sociales. El vicepresi­dente remarca que la intención es escuchar planteamientos, aclarar dudas y evaluar even­tuales ajustes al texto apro­bado por Diputados.

Alliana explica que el pedido apunta a que las comisiones del Senado mantengan reu­niones previas con los actores involucrados, antes del trata­miento en sesión. “Yo pedí que las comisiones se reúnan antes de tratar. El martes se está con­vocando al Senado, pero antes quieren tener un diálogo. Si se quiere proponer algunas modi­ficaciones o sugerencias, estuvi­mos coordinando eso”, indica.

La reforma de la Caja Fiscal es considerada una de las iniciati­vas más relevantes de la agenda económica del Gobierno. El sis­tema previsional estatal regis­tra un déficit creciente desde hace más de una década, impul­sado principalmente por regí­menes especiales, jubilaciones tempranas y una relación cada vez más desfavorable entre aportantes activos y beneficia­rios. De acuerdo con datos ofi­ciales del Ministerio de Econo­mía y Finanzas, el déficit de la Caja Fiscal supera actualmente los USD 300 millones anuales y es cubierto con recursos del Tesoro, lo que genera presión sobre el presupuesto general.

El proyecto plantea ajustes en parámetros como la edad de jubilación, los años de aporte y la tasa de reemplazo, ade­más de cambios específicos en algunos regímenes especiales. Estas propuestas han gene­rado preocupación y rechazo en varios gremios del sector público, que reclaman mayor participación en la discusión y advierten sobre posibles efec­tos en derechos adquiridos.

En este contexto, el llamado al diálogo busca descomprimir tensiones y enviar una señal política de apertura. Desde el oficialismo sostienen que la reforma es necesaria para garantizar la sostenibilidad del sistema y evitar un colapso futuro, pero reconocen que el consenso social y político es clave para avanzar.

El encuentro previsto para este lunes se perfila así como una instancia decisiva para acercar posiciones antes del debate en el Senado. La expectativa del Gobierno es que el intercam­bio permita introducir mejoras al proyecto sin desnaturalizar su objetivo central: corregir el déficit estructural de la Caja Fiscal y asegurar su viabilidad a largo plazo.

“La reforma es la única alternativa real que tenemos para salvar la Caja Fiscal y garantizar que mañana puedan jubilarse”, dijo David Jara.

“Esta reforma no los perju­dica. Muy por el contrario, es la única alternativa real que tenemos para salvar la Caja Fiscal y garantizar que mañana puedan jubilarse”, fue el mensaje lanzado por el diputado colorado David Jara a los sectores afecta­dos por la iniciativa que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.

“Acá lo más importante es que puedan cobrar efectiva­mente sus haberes. La segu­ridad social solo puede ser digna si es sostenible”, dijo el legislador en medio de los anuncios de la continuación de movilizaciones en varios puntos del país teniendo en cuenta que el tratamiento del proyecto en la Cámara Alta se prevé para el martes 10 de febrero.

“Nos encaminaríamos a una quiebra que aún estamos a tiempo de evitar, pero única­mente si tomamos decisiones responsables y estructura­les”, advirtió el parlamenta­rio en caso de que la propuesta de reforma no prospere en el Congreso Nacional.

Las afirmaciones de Jara surgen teniendo en cuenta las declaraciones de legis­ladores opositores y disi­dentes colorados, quienes alegan que la iniciativa es solo un “parche” y que su tratamiento se dio supues­tamente de manera apresu­rada constituyéndose en un “atropello a los derechos de las personas”.

A dichas afirmaciones se suman las amenazas prove­nientes principalmente de los gremialistas docentes como el abdista Silvio Piris, señalado por percibir casi G. 48 millones mensuales en haberes, quien amenazó con la aplicación del voto castigo contra el oficialismo colorado en las elecciones municipales y de ir a una huelga para trun­car el inicio de clases previsto el 23 de febrero, en caso de concretarse la sanción de la reforma.

Mediante el Decreto N.º 5306, el Poder Ejecutivo dispuso la creación de una comisión para el desarrollo de industrias convergentes y una tarifa especial de la Administración Nacional de Electricidad (Ande), para las empresas que integran el sector.

Al respecto, el titular del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), Gustavo Villate, mencionó a la 1.000 AM que esta es una medida que tiene por objetivo impulsar la instalación y el desarrollo del país de industrias convergentes, orientadas a actividades de operadores de hiperescala, excluyendo a las actividades de minería de criptoactivos.

En el decreto se fijó una tarifa diferencial para las empresas que integran el rubro y en el cual se detalla que las industrias convergentes son aquellos ecosistemas productivos de alta sofisticación técnica. El Ministerio de Industria y Comercio (MIC), así como el Mitic, habían remitido un informe técnico, según el documento.

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A su vez, comentó que el decreto no vulnera los reglamentos de la Ande. “Uno tiene que mirar cuál es el excedente que se tiene y cuánto se transfiere al lado brasilero y cuánto nosotros dejamos de lado el potencial”, dijo Villate.

Añadió que pensando en el crecimiento industrial de nuestro país, se debe aprovechar el excedente de energía que tenemos. “Lo que busca este decreto es justamente posicionar al país aprovechando la energía y la potencia para hacer la atracción de las industrias que ayuden lo que es la competitividad país y que ayuden a generar mano de obra”, resaltó.

En ese misma línea, destacó que la energía puede convertirse en un valor agregado para seguir exportando. “No solamente en lo que hace a los commodities como la soja, sino también lo que son los servicios manufacturados o por qué no, cómputos de inteligencia artificial”, dijo sobre lo que busca el decreto.

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Las industrias son aquellas que integran de manera intensiva el recurso energético estable y renovable como insumo crítico para la generación de valor, ya sea a través de infraestructura computacional de vanguardia, procesos de manufactura avanzada o síntesis físico química de vectores sostenibles.

Asimismo, se caracterizan por operar bajo estándares de calidad certificados, regímenes de producción continua y por generar encadenamientos productivos, manteniendo al mismo tiempo la flexibilidad necesaria para incorporar innovaciones tecnológicas disruptivas.

La medida tendrá validez por 15 años y establece una tarifa para el Grupo de Consumo de Energía Eléctrica para Industrias Convergentes en los niveles de extra alta tensión hasta 500 kV, muy alta tensión hasta 220 kV, alta tensión 66 kV y media tensión de 23 kV.

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