El diputado Francisco Petersen, miembro del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino), adelantó que el próximo mes, en esta instancia la situación de los pueblos originarios de los diferentes países será analizada. Al respecto, indicó que este tema será abordado en un encuentro para el cual ya fueron convocados los parlamentarios, en la ciudad de La Paz, Bolivia, los días 7 y 8 de setiembre.
El tratamiento se dará en el marco del nuevo periodo de trabajo que se inicia en el bloque regional, y que integran 23 países, entre ellos Paraguay con 13 parlamentarios designados para esta instancia.
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“Ya fuimos convocados para los días 7 y 8 de setiembre, en La Paz, Bolivia, para hablar sobre la realidad indígena. El departamento al cual yo represento tiene una amplia mayoría de habitantes, hermanos de pueblos originarios. La situación del sector es un tema que nos atañe a todos los países y debemos brindar toda la atención y acompañamiento”, refirió el legislador.
El pasado lunes, el expresidente y actual secretario ejecutivo de la institución, Elías Castillo, se reunió con el diputado Carlos Núñez Salinas, quien también integra el Parlatino, donde abordaron sobre el trabajo y los desafíos de la nueva conformación del bloque. Mientras tanto, destacó el interés comercial que está generando Paraguay y el desarrollo.
“Paraguay está encaminado al desarrollo, varios ejecutivos de la Cámara de Comercio de Panamá vinieron muy interesados no solo en estar en este solemne acto (asunción presidencial), sino interesados en el intercambio comercial de Paraguay y Panamá”, expresó durante su visita a la Cámara de Diputados.
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Estabilidad laboral: abren espacio de diálogo entre empresarios y trabajadores
La estabilidad laboral de los trabajadores con 10 años de antigüedad es un tema que arrastra varias posiciones en el ámbito empresarial. Mientras algunos gremios consideran que el régimen vigente desincentiva la contratación y la permanencia de los trabajadores, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) sostiene que cualquier eventual reforma debe surgir del consenso entre todos los sectores.
En conversación con La Nación/Nación Media, el director de Trabajo, Jorge Rivas, explicó que la iniciativa de discutir el régimen actual proviene del sector patronal. Sin embargo, aclaró que el rol de la institución es actuar como articulador del diálogo y no tomar partido por una de las posiciones.
“Como autoridad administrativa tenemos que escuchar a todos: trabajadores y empleadores”, afirmó y señaló que la experiencia demuestra que las mesas de diálogo tripartitas han permitido alcanzar acuerdos importantes en materia laboral.
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Actualmente, la legislación establece que, cumplidos 10 años de antigüedad, un trabajador adquiere estabilidad especial. Esto no impide su despido, pero obliga al empleador a justificar judicialmente la causa cuando pretende extinguir la relación laboral.
Además, entre los 9 años y seis meses y los 10 años rige el denominado “período de sospecha”, en el que la ley presume que un despido sin causa podría buscar evitar que el trabajador alcance esa estabilidad.
Rivas también se refirió a una práctica conocida como la “compra de antigüedad”, mediante la cual algunos trabajadores son despedidos antes de cumplir los diez años y luego reincorporados.
Explicó que, si se comprueba que existió una simulación para eludir la estabilidad laboral, el caso puede derivar en investigaciones administrativas e incluso en acciones judiciales por fraude laboral.
El funcionario añadió que hoy los principales conflictos laborales que llegan a la institución siguen vinculados a la terminación de la relación laboral, especialmente por diferencias entre trabajadores y empleadores sobre si el despido fue con o sin causa, aspecto que define el pago de indemnizaciones y otros beneficios.
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La IA ya decide quién pierde el empleo
Una demanda presentada contra Meta reavivó un debate que preocupa cada vez más al mundo del trabajo: la posibilidad de que sistemas de inteligencia artificial no solo aceleren la automatización, sino que también intervengan en la selección de los empleados que perderán su puesto.
Si hasta hace poco la gran preocupación era que la inteligencia artificial eliminara millones de empleos, ahora emerge un escenario aún más inquietante para trabajadores y empresas: que los algoritmos también sean utilizados para determinar quiénes deben ser despedidos. La denuncia presentada contra Meta alimenta ese temor y abre un nuevo frente en la creciente disputa entre tecnología y empleo.
Una noticia de la que se hizo eco el medio RT indica que un grupo de 26 exempleados inició una demanda federal en Oakland, California, en la que acusa a la compañía de haber utilizado herramientas basadas en inteligencia artificial para identificar a los trabajadores que serían desvinculados durante su reciente proceso de reducción de personal.
Según la presentación judicial, los sistemas analizaban indicadores como la actividad registrada en los equipos, el uso del teclado y diversas métricas de desempeño. Los denunciantes sostienen que ese mecanismo perjudicó especialmente a empleados que se encontraban con licencias médicas, familiares o parentales, ya que su menor nivel de actividad habría sido interpretado como un bajo rendimiento.
El caso adquiere especial relevancia porque los demandantes integran el grupo de aproximadamente 8.000 trabajadores -cerca del 10 % de la plantilla de Meta- que fueron despedidos en mayo, en el marco de la estrategia de la empresa de redireccionar mayores recursos financieros hacia el desarrollo de inteligencia artificial.
Además de reclamar indemnizaciones, los exempleados solicitaron a la Justicia que frene una nueva ronda de despidos prevista para el 22 de julio, al considerar que podrían repetirse los mismos criterios cuestionados.
La controversia trasciende a una sola empresa y pone en el centro del debate económico el papel que desempeñará la inteligencia artificial en la gestión del capital humano. Mientras numerosas compañías incrementan sus inversiones en automatización para reducir costos y ganar eficiencia, sindicatos, especialistas en derecho laboral y organizaciones de trabajadores advierten sobre los riesgos de delegar decisiones sensibles en modelos algorítmicos cuyo funcionamiento muchas veces carece de transparencia.
Meta, por su parte, rechazó las acusaciones y aseguró que la inteligencia artificial no tomó las decisiones finales sobre los despidos. La empresa sostiene que los sistemas solo aportaban información de apoyo y que la determinación definitiva correspondió a responsables humanos.
Más allá del desenlace judicial, el caso instala una pregunta que comienza a inquietar a millones de trabajadores en todo el mundo: si los algoritmos ya participan en la contratación, la evaluación del desempeño y la organización del trabajo, ¿están también a las puertas de convertirse en los nuevos árbitros de quién conserva o pierde su empleo? En una economía cada vez más digitalizada, la respuesta podría redefinir las reglas del mercado laboral durante la próxima década.
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Francia aprueba el derecho a la muerte asistida tras años de debate
El Parlamento de Francia aprobó este miércoles el derecho a la muerte asistida o eutanasia para algunos pacientes con enfermedades incurables, una reforma polémica defendida por el presidente Emmanuel Macron.
Esta reforma estuvo años en tramitación antes de ser aprobada de forma definitiva por la cámara baja, por 291 votos a favor, frente a 241 en contra.
Pero la adopción de la reforma no marcará el final de su tramitación, ya que el primer ministro Sébastien Lecornu solicitó al Consejo Constitucional de Francia, la máxima autoridad constitucional, que examine la legislación una vez aprobada.
Y este órgano, cuyas decisiones son vinculantes, puede en casos extremos declarar inválida toda una legislación o expresar reservas sobre parte de la misma.
Si el Consejo Constitucional da su visto bueno, Francia se unirá a la lista restringida de países que autorizan la muerte asistida, desde Bélgica a Países Bajos pasando por Suiza, Canadá y Uruguay.
Macron agradeció en X a los legisladores por un “debate constructivo y respetuoso”.
“En 2022, me comprometí a abrir este camino junto a los franceses. Con seriedad, con humildad y respetando plenamente nuestra democracia, ese compromiso se cumplió”, declaró el presidente de centroderecha.
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En la Asamblea Nacional, la izquierda apoyó a la bancada del partido Renaissance de Macron, y la derecha y la extrema derecha votaron en contra, pero cada grupo dejó a sus miembros la libertad de actuar, en un tema sensible para la sociedad francesa.
En el caso de Francia, el derecho está reservado a los adultos que padezcan una enfermedad incurable, siempre que puedan expresar la necesidad de manera “libre e informada” y sufran físicamente.
Este dolor debe ser resistente al tratamiento o, en opinión del paciente, insoportable, en los casos en que haya optado por no seguir el procedimiento médico o interrumpirlo.
Un médico se encargará de verificar que el paciente cumple los requisitos, antes de que un comité evalúe los criterios.
En última instancia, el médico toma la decisión y el paciente puede retirar su consentimiento en cualquier momento.
El propio paciente se administrará la sustancia letal, salvo en el caso de quienes, por motivos físicos, no puedan hacerlo.
“Una ruptura grave en la historia”
Desde la tribuna, la diputada macronista Brigitte Liso celebró una ley que afirmó que marcará la “historia”.
“Podré decirles a mis nietos: ‘Yo estuve ahí’”, dijo.
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En el otro campo, el diputado del ultraderechista Agrupación Nacional (RN) de Marine Le Pen, Christophe Bentz, intentó por última vez convencer a los legisladores.
“Los invito a votar en contra de este texto de muerte, los invito a votar por la esperanza (...) para que la vida perdure”, argumentó.
La Iglesia católica no tardó en pronunciarse y declaró que la adopción del texto supone “una ruptura grave en la historia” de Francia.
“Los efectos de una legislación así todavía no se pueden valorar pero ya se están esbozando. Nuestra relación con la vulnerabilidad, la vejez, la discapacidad o la enfermedad, cambiará”, señalaron los representantes, incluido el presidente de la Conferencia Episcopal, Jean-Marc Aveline, en un comunicado.
El camino hacia la votación final fue largo, ya que la ley recibió la luz verde de la Asamblea Nacional pero fue rechazada por la cámara alta del Senado tres veces. Entonces el Gobierno decidió dar la última palabra a la cámara baja como le permite la Constitución.
Pesos pesados de Los Republicanos (LR, conservador), mayoritarios en el Senado, se opusieron. Grupos y organizaciones religiosas que hacen campaña contra el aborto y la eutanasia protestaron cerca de la Asamblea Nacional.
También se oponen a ella algunos organismos científicos e incluso colectivos de personas con discapacidad, que temen verse empujados a solicitar la eutanasia. El presidente Macron había prometido una ley de muerte asistida cuando fue reelegido para un segundo mandato en 2022.
Se considera una de las reformas sociales más importantes desde que Francia permitió el matrimonio entre personas del mismo sexo en 2013.
- Fuente: AFP
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Senador pide soluciones inmediatas y que responsables por la situación paguen
El senador Carlos Liseras instó a las autoridades del Instituto de Previsión Social (IPS) a dar una solución inmediata a la crisis que enfrenta la institución. Recordó que la previsional es fundamental para los trabajadores aportantes y sus familias.
“El IPS es fundamental, trascendental, porque el Instituto de Previsión Social da seguridad social a los trabajadores y a sus familias. El instituto debe funcionar realmente y cumplir con su rol; mensualmente recibe millones los aportes que hacen los trabajadores y los trabajadores necesitan tener acompañamiento cuando la situación así lo amerita y los familiares de los trabajadores también”, sostuvo a los medios de prensa desde el Senado.
Así mismo, aseguró que “el IPS tiene los recursos necesarios para dar soluciones a la problemática de salud y de jubilación de todos quienes aportan y aportaron durante años para que esa institución esté fuerte, sana, vigorosa y debe respuestas en forma inmediata”.
Por otra parte, expuso además que los responsables que dejaron a la previsional en esta situación deben pagar, refiriéndose a las múltiples denuncias que ya se han presentado ante el Ministerio Público por hechos irregulares registrados en la previsional.
“Creo que tiene que ser estudiado profundamente; tengo entendido que hay denuncias en la fiscalía y el Poder Judicial tiene que actuar. Los responsables de lo que se pudo haber hecho mal tienen que pagar con todo el peso de la ley, y se tienen que solucionar de manera inmediata los inconvenientes”, apuntó.
El presidente de la previsional, Issaías Fretes, fue convocado en el Congreso para el próximo lunes; en este sentido, el senador sostuvo que está de acuerdo en que rinda cuentas ante ambas Cámaras y exponga cuáles son sus planteamientos para dar una solución inmediata.
“El lunes va a ser convocada la plana mayor del Instituto de Previsión Social, incluso soy a favor de que ambas Cámaras tengan que recibir y solicitar al doctor Fretes, una persona de dilatada trayectoria que conoce el tema, pero la solución tiene que ser de forma inmediata. Estamos hablando de forma inmediata, nada más. Este venimos arrastrando desde hace tiempo, así que se tiene que solucionar”, sentenció.
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