Con el objetivo de brindar mayor protección a las mujeres trabajadoras en estado de gravidez, la diputada colorada Carmen Giménez de Ovando presentó esta semana un proyecto de ley “De protección a la trabajadora embarazada”. La iniciativa plantea que las embarazadas tienen derecho a ausentarse de su lugar de trabajo, tanto del sector público como privado, durante el tiempo que tome concurrir a las consultas de control, rutina o estudios adicionales durante el embarazo.
Igualmente, estipula que dichas ausencias se computarán como días trabajados a los efectos legales, no pudiendo ser descontados del salario o remuneración. “En nuestro país, las trabajadoras deben superar obstáculos cotidianos en el desempeño de sus funciones laborales; esos obstáculos tienden a complicarse aún más, cuando se trata de trabajadoras embarazadas; y es ahí donde el presente proyecto de ley quiere insertarse como protector, brindando un resguardo a las trabajadoras embarazadas”, manifestó al respecto la diputada Giménez.
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En la exposición de motivos, la proyectista aduce que el Paraguay cuenta actualmente con la Ley N° 5508/2015 “De promoción, protección de la maternidad y apoyo a la lactancia materna”, que es una herramienta fundamental de protección a la maternidad y lactancia materna, pero que, sin embargo, la misma no aborda, específicamente, el período de embarazo. “Las trabajadoras embarazadas deberán coordinar con el jefe o empleador previo a las consultas a fin de no interrumpir, en lo posible, el normal funcionamiento de la entidad o empresa”, expresa otra parte del proyecto.
El documento menciona además que las ausencias deben ser justificadas, oportunamente, con la presentación del correspondiente certificado o constancia expedida por el médico tratante, en el cual debe constar el nombre y apellido de la paciente embarazada, fecha y hora de la consulta, semana de embarazo y tipo de control o consulta.
Por último, la propuesta parlamentaria establece que la Secretaría de la Función Pública, en el sector público, y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en el sector privado, deberán diseñar y aplicar estrategias de control para el efectivo cumplimiento de la presente ley. La iniciativa será estudiada por las comisiones de Legislación y Codificación; Justicia, Trabajo y Previsión Social; Derechos Humanos, y en la de Equidad Social y Género.
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