El senador colorado Derlis Maidana explicó sobre el proyecto de ley que “Que regula la organización administrativa del Estado”. Este proyecto forma parte de un grupo de tres leyes que apuntan a mejorar la eficiencia de Estado para servir cada vez mejor al ciudadano. El legislador explicó que en todos los proyectos a ser presentados por el Ejecutivo actual, y con los cuales está de acuerdo el próximo presidente de la República, Santiago Peña, se garantizan la antigüedad y el régimen de jubilación, así como demás derechos adquiridos de los funcionarios públicos.

En comunicación con el diario La Nación/Nación Media, enfatizó que estas leyes no buscan achicar el Estado, sino más bien hacerlo más ágil y eficiente. Remarcó que el proyecto de ley que regula la organización administrativa del Estado se complementa con otras dos propuestas que son Ley del Servicio Civil, que actualmente está en estudio y la Ley de Suministros, esta última ya ha sido sancionada y cuya reglamentación se está trabajando actualmente.

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El legislador que forma parte de la bancada de Honor Colorado puntualizó que todos estos proyectos apuntan a mejorar la eficiencia de Estado para servir cada vez mejor al ciudadano. Aclaró que estos proyectos de la organización del Estado son independientes al proyectos de ley que crea el Ministerio de Economía y Finanzas, que tiene media sanción en el Senado; así como el que crea la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, que fue promulgado esta semana por el Ejecutivo. Destacó que estos proyectos forman parte de la visión política del próximo gobierno de Santiago Peña.

No obstante, el legislador señaló que a petición del mandatario electo, quiere aclarar uno de los puntos que está siendo atacado por ciertos sectores y medios de prensa que buscan generar intranquilidad en los funcionarios públicos. En ese sentido, mencionó que el artículo 51 menciona algunas propuestas de unificar algunos ministerios y entes del Estado, pero que los mismos deberán pasar por un largo debate en el Congreso.

“El presidente electo, Santiago Peña, nos pidió dar la tranquilidad a la ciudadanía que ese artículo 51 prevé un proceso largo de discusión en el Parlamento y de allí al término de las discusiones, si el Poder Ejecutivo considera que tiene que haber algunas fusiones o absorciones, allí recién se va enviar el proyecto de ley o carta orgánica de cada institución a ser creada o fusionada. Pero ahora mismo no hay nada y hay que darle tranquilidad a la ciudadanía, a los funcionarios públicos. Nadie va a dañar sus derechos jubilatorios, ni sus derechos adquiridos”, enfatizó.

No es una persecución política

Asimismo, remarcó que bajo ningún sentido estos proyectos implican algún tipo de persecución política a funcionarios que ingresaron en este o en anteriores gobiernos. “Es más, el proyecto lo presenta el gobierno saliente, que establece algunas generalidades para tener una administración más ágil, más eficiente, más transparente. Entonces, las fusiones, absorciones o creaciones de ministerios se darán luego de un largo proceso de discusión, que se va tener en el Parlamento nacional. Nosotros dijimos que como gobierno vamos a crear el Ministerio de Economía y Finanzas, la Dirección de Ingresos Tributarios y está en proceso; pero en este caso no es lo mismo, ahora lo que se inicia es el debate”, comentó.

Remarcó que en el artículo 51 del citado proyecto de ley prevé un plazo de 120 días desde la promulgación para permitir al Poder Ejecutivo el debido análisis y discusión para determinar la necesidad o no de reorganizar (fusionar, ordenar) y de generar cartas orgánicas explicando el sentido y espíritu de las reorganizaciones propuestas.

“Mucho se habla de la necesidad de que las instituciones funcionen de manera coordinada y usen mejor los recursos de todos los paraguayos. Esta ley se aboca justamente a eso, el proceso que se abre con la presentación de este grupo de leyes esperamos nos podamos unir como sociedad en un amplio debate en los grandes temas importantes para la nación y juntos podamos construir el Paraguay que anhelamos. Nuestro país evoluciona y así también las instituciones deben hacerlo para responder mejor a las necesidades ciudadanas”, concluyó el legislador.

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