Este jueves, el fiscal general del Estado Emiliano Rolón Fernández brindó una conferencia de prensa para referirse a las expresiones del diputado Yamil Esgaib, quien durante una sesión desarrollada ayer dijo que pueden removerlo del cargo, haciendo alusión a la potestad que tiene la Cámara Baja, esto, tras señalar la premura que requieren las denuncias realizadas ante el Ministerio Público, como la del expresidente Horacio Cartes, quien denunció una persecusión política desde el 2018.
Lo dicho por Esgaib fue tomado como “una amenaza” por grupos mediáticos y políticos, derivando en la conferencia de prensa esta mañana, en la que el fiscal general se refirió a la facultad del juicio político y minimizó la expresión individual del legislador, calificándola como una “bravuconada” que no tiene nada que ver con el manejo correcto de las instituciones.
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En este contexto, en las redes sociales se recordó la “amenaza” que había hecho la entonces diputada Kattya González a la anterior fiscal general, Sandra Quiñónez. El 22 de julio del 2022, la parlamentaria escribió “estamos trabajando en este momento en el libelo acusatorio contra la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez. O renuncia o la sacamos. No hay vuelta atrás”.
Lo expresado por González en aquel entonces no provocó escándalo alguno. Quiñónez fue sometida a cuatro intentos de juicio político durante su gestión.
Esgaib se ratificó
“Me ratifico, nosotros, la Cámara de Diputados, podemos hacer que salga el fiscal general cuando queremos”, dijo Esgaib ante medios de prensa, y precisó que si el fiscal general mete la pata realizará la denuncia correspondiente.
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Las brujas no existen, pero la corrupción en hospitales sí
El dicho popular de que “las brujas no existen, pero de que las hay, las hay”, expresa la idea de que aunque un hecho no esté comprobado no signafica que no se haya producido oficialmente. Este caso también se aplica en cuanto a la corrupción, cuando se cita un desvío o mal uso de insumos médicos.
Podría ser el caso de un funcionario encargado de un depósito del que desaparecen medicamentos, equipos o insumos y milagrosamente aparecen en locales para uso privado o venta ilegal, lo que afecta directamente a los pacientes y genera escasez en hospitales públicos.
Otros ejemplos podrían ser cuando se observan cobros indebidos o pedidos de coimas. No es raro que un personal de salud o administrativo exija dinero a pacientes para acceder a servicios que son gratuitos, especialmente para cirugías, turnos prioritarios o provisión de medicamentos. También es frecuente que los funcionarios se dediquen a cuesiones de índole personal y no presten prioridad a los pacientes que llegan con necesidades.
Entonces desde el Ministerio de Salud Pública se pregunta ¿cómo denunciar hechos de corrupción en hospitales públicos? Es la respuesta que la cartera ahora ofrece.
“La dirección Anticorrupción, dependiente de la Dirección General de Anticorrupción y Transparencia del Ministerio de Salud Pública recuerda a la ciudadanía y a los funcionarios de la institución que se encuentran habilitados diversos mecanismos para la recepción, registro, investigación y tratamiento de denuncias relacionadas con faltas administrativas y posibles hechos de corrupción dentro de los servicios dependientes del sistema de salud pública”, inicia.
Explica que esta dependencia tiene como misión promover la transparencia institucional, garantizar la correcta gestión pública y brindar protección a denunciantes, asegurando que cada caso sea tratado con la debida seriedad, confidencialidad y conforme a la normativa vigente.
Aclara que “todos los ciudadanos, usuarios del sistema de salud y funcionarios del MSPBS pueden presentar denuncias” sobre posibles irregularidades, hechos de corrupción o faltas administrativas.
Canales para denuncias
El horario de atención para estos casos es de lunes a viernes, de 07:00 a 15:00 con atención presencial en las oficinas del Ministerio (Brasil esquina Silvio Pettirossi) o a través del correo electrónico institucional: anticorrupcion@mspbs.gov.py
Para realizar una comunicación directa con un área específica, se puede llamar al número (021) 2374 y seguido los últimos 3 dígitos del interno 447.
También destacaron que existen dos canales para realizar las denuncias:
Para funcionarios:
- Plataforma web oficial a través del sistema interno de intranet institucional (incluye opción de denuncias anónimas).
Para funcionarios y ciudadanía en general:
- Nota dirigida a la Dirección General de Anticorrupción y Transparencia.
- Presentación de nota por Mesa de Entrada o Secretaría General del Ministerio.
- Atención presencial en oficinas, donde además se brinda orientación, derivación y reencauzamiento de denuncias.
Finalmente, la titular del MSPBS, María Teresa Barán, reiteró su responsabilidad y compromiso con una gestión ética, transparente y participativa, para promover “la denuncia responsable como una herramienta fundamental para prevenir, detectar y sancionar actos que afecten la integridad institucional y el derecho ciudadano a servicios de salud de calidad”.
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Gobierno evalúa aumento de fondos para la Fiscalía que requiere un 62 % de incremento
El presidente de la República, Santiago Peña mantuvo una reunión con el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández; con el ministro de Economía, Oscar Lovera y el director general de Administración y Finanzas del Ministerio Público, Expidio Palacios. El encuentro tuvo como eje central el análisis del proyecto de presupuesto correspondiente al Ministerio Público de Paraguay.
A través de sus redes sociales, el jefe de Estado destacó su compromiso de seguir trabajando en planes concretos para el fortaleciendo al Ministerio Público.
“La Fiscalía General del Estado es una institución clave para la justicia y la transparencia. Mi compromiso es acompañarla con los recursos y el respaldo que necesita para cumplir su importante misión”, expresó el jefe de Estado.
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El fiscal general Rolón Fernández señaló que el Ministerio Público depende exclusivamente del presupuesto asignado por el Poder Ejecutivo y no cuenta con recursos propios, lo que limita seriamente su funcionamiento y crecimiento.
“Desde hace aproximadamente 10 años, el presupuesto institucional se mantiene sin aumentos, pese a la ampliación de sus funciones y responsabilidades establecidas por la Constitución”, comentó.
Fortalecimiento institucional
En ese sentido, explicó que la institución requiere de al menos un 62 % más de presupuesto para cumplir adecuadamente sus objetivos.
Entre las que están incluidas la expansión de servicios en el interior del país, la creación de nuevas sedes, contratación de más fiscales (se estiman necesarios unos 700, frente a poco más de 350 actuales), y el fortalecimiento de áreas técnicas como laboratorios forenses, morgues y servicios especializados.
“Existen problemas en la ejecución presupuestaria y en el plan de caja, lo que dificulta el funcionamiento cotidiano. También se señala que, tras su separación del Poder Judicial, el Ministerio Público no accede plenamente a recursos del sistema de justicia, como tasas judiciales u otros fondos, quedando en desventaja financiera”, acotó.
El Dr. Rolón Fernández indicó que la insuficiencia presupuestaria impacta directamente en la capacidad operativa del organismo, generando deficiencias en infraestructura, tecnología obsoleta y escasez de peritos, factores que retrasan investigaciones y la prestación de servicios esenciales.
Finalmente, señaló que en este contexto, han gestionado ante el Poder Ejecutivo alternativas para incrementar recursos y mejorar la asignación presupuestaria, incluyendo posibles mecanismos de coordinación con el Poder Judicial, con el objetivo de garantizar el cumplimiento efectivo de sus funciones institucionales, concluyó.
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Caso Prieto: 53 denuncias y ninguna respuesta judicial en 2 años de impunidad
Este miércoles 22 de abril, se cumplirán dos años de la denuncia que realizó la Contraloría Ciudadana contra el exintendente destituido de Ciudad del Este, Miguel Prieto. Desde dicha agrupación señalan que a la fecha todo sigue prácticamente cajoneado en instancias del sistema judicial.
En una entrevista con el programa “Tarde de Perros”, que se emite por Universo 970 AM/Nación Media, Víctor Enriquez, asesor jurídico de la Contraloría Ciudadana de CDE, indicó que a pesar de que los propios funcionarios municipales saben que la Contraloría está sobre ellos con “una enorme lupa”, aún así continúan operando con esta empresa de maletín robando al municipio sumas millonarias.
“Mañana completamos dos años de impunidad. Yo soy abogado y vivo exclusivamente de la profesión, si una denuncia se hubiese quedado acá en Ciudad del Este, te aseguro que por lo menos hubiéramos visitado la carpeta fiscal una vez por semana. Somos más abogados trabajando en el equipo, estaríamos insistiendo contra esta impunidad”, explicó.
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Agregó que desde el momento que se llevó a la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía General, “recibió una feroz piedra encima y lo guardan”, acotó. Señaló que hasta ahora no fueron llamados si quiera a declarar en esta causa.
Según señaló, a la fecha existe como un total de 53 denuncias contra Prieto, de las cuales, la mitad las promovieron desde la Contraloría Ciudadana.
Sigue operando empresa de maletín
Recordó que en su momento, se armó incluso un festejo con torta incluida en el despacho de la intendencia municipal de Miguel Prieto, que fue por la denuncia de “un cuasi prostíbulo que de la noche a la mañana se convirtió en una empresa constructora que ganó varias licitaciones”, precisó.
Al respecto, señaló que de acuerdo a los datos recabados por el organismo ciudadano, hasta el momento sobrepasa los 25.000 millones de guaraníes de adjudicaciones que se hicieron a la firma constructora que en realidad es una empresa de maletín, integrada por los propios funcionarios afines a Miguel Prieto.
Explicó que el Ministerio Público hasta el momento no tomó los recaudos necesarios para impedir que continúe el festín de las adjudicaciones de licitaciones.
“Estos supuestos accionistas deberían estar todos presos. Siendo que varios de los integrantes de esta empresa son funcionarios de la municipalidad. Es decir, la municipalidad contrata a una empresa cuyos accionistas son funcionarios municipales”, explicó.
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Aumentaron las denuncias de hechos punibles en comunidades indígenas
Un total de 2.402 denuncias relacionadas con los pueblos originarios reportó la Oficina de Estadísticas de la Fiscalía al presentar un análisis de 2.443 causas ingresadas entre los años 2023, 2024 y 2025, en las que estarían involucradas víctimas indígenas de hechos punibles y, en otras, como presuntos autores. Esto en el marco del Día del Aborigen Americano, que se celebra cada 19 de abril.
El informe señala que el año 2023 cerró con 665 denuncias; en 2024 aumentaron a 767, y en 2025 se registró un incremento considerable, alcanzando 970 denuncias. En cuanto a los días de mayor frecuencia, los sábados, domingos y lunes concentran la mayor cantidad de denuncias, según el análisis del Observatorio del Ministerio Público.
En 1.245 denuncias aparece al menos un presunto autor perteneciente a una comunidad originaria, mientras que en 484 causas figuran dos o más, incluso con la participación de grupos de personas, según datos de la Oficina de Estadísticas de la Fiscalía. Los departamentos con mayor cantidad de denuncias en los últimos tres años son: Canindeyú (593), Caaguazú (410), Amambay (368), Concepción (179), Alto Paraná (135), Boquerón (126) y San Pedro (120).
Los 15 hechos punibles más frecuentes: violencia familiar, lesión, amenaza, homicidio doloso, abuso sexual en niños, lesión grave, hurto agravado, daño, hechos punibles contra la ley N.º 716/96 (delitos contra el medio ambiente), coacción, estupro, hurto, violación del deber de cuidado o educación, violación de domicilio.
Drama sin fin
El Ministerio Público puntualiza que los casos de abuso sexual en niños, el embarazo precoz en adolescentes, la violencia familiar y la influencia del crimen organizado son algunos de los hechos que más afectan a las comunidades de pueblos originarios. A esta situación se suman las migraciones hacia las ciudades, lo que genera discriminación y exclusión social. Al encontrarse fuera de sus comunidades, sin la guía y contención de sus líderes naturales y de la familia extendida, muchas personas pierden su identidad y autoestima étnica.
Ante hechos considerados de gravedad o faltas leves cometidos por miembros de estas comunidades, sus líderes analizan cada caso y solicitan que las sanciones se apliquen conforme a la legislación nacional o al derecho consuetudinario.
Trámite para denuncias
1- Comunicación inmediata: la Oficina de Denuncias Penales debe comunicar de forma inmediata el ingreso de la causa al agente fiscal competente y a la Dirección de Derechos Étnicos.
2- El agente fiscal debe solicitar la intervención de la Dirección de Derechos Étnicos, incluyendo la designación de un consultor técnico, y remitir todos los antecedentes del caso.
3- Un equipo de funcionarios de dicha Dirección debe constituirse en la comunidad para recabar más datos sobre el hecho denunciado. Asimismo, se debe informar al líder comunitario sobre los alcances de la investigación penal en curso, dejando constancia en acta. En la comunidad, el líder recomienda si corresponde aplicar la legislación nacional o el derecho consuetudinario, según cada caso.
Cuando existen víctimas que requieren evaluación, acompaña una profesional psicóloga. En casos de abuso sexual, coacción sexual o violencia familiar, la atención se realiza dentro de la comunidad, considerando que muchas víctimas no cuentan con recursos para trasladarse.
4- Finalizada la intervención, se elabora un dictamen jurídico-antropológico con recomendaciones al agente fiscal sobre el derecho aplicable, diligencias pendientes, medidas de protección indígena y posibles salidas del caso. Este documento incluye también la evaluación de la víctima.